La ineficiencia de la desigualdad

La ineficiencia de la desigualdad
Capítulo VII
Se requiere una nueva articulación entre la estructura productiva y el régimen de bienestar que refleje
que lo social no se juega solo en lo social ni lo económico se juega solo en lo económico: estas dimensiones
son interdependientes. Las políticas de desarrollo social inclusivo, que brindan servicios y prestaciones
sociales de calidad y sensibles a las diferencias, aumentan la productividad de los trabajadores, permiten
un mayor cuidado del medio ambiente y refuerzan la resiliencia ante los desastres asociados a fenómenos
naturales (CEPAL, 2017b).
La experiencia de los países nórdicos ilustra cómo las políticas redistributivas y el incremento de la
tasa de crecimiento pueden ir de la mano. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia presentan
elevados niveles de igualdad y comparten características en cuanto a su nivel de desarrollo del estado de
bienestar y su organización del mercado laboral. En el modelo nórdico, eficiencia e igualdad se refuerzan
mutuamente. Aun cuando las instituciones y políticas surgieron para facilitar soluciones a problemas
sociales y laborales, están alineadas con la asignación eficiente de recursos y el crecimiento económico
(Vartiainen, 2014; Dølvik y otros, 2015). La determinación de los salarios por medio de mecanismos
institucionales no regidos exclusivamente por el mercado, una de sus principales innovaciones, se traduce
en una mayor productividad media y una menor distancia entre las empresas más y menos productivas
(Moene y Wallerstein, 2006) 5 .
En los años ochenta e inicios de los años noventa se produjo una retracción del estado de bienestar
en América Latina y el Caribe. En el último decenio y medio, esta se ha revertido parcialmente mediante
un aumento del gasto público social que ha permitido avances en la cobertura y los servicios educativos
y de la salud, así como incrementos en la cobertura de los sistemas de pensiones y de las transferencias
monetarias para familias con hijos y para adultos mayores (véase el gráfico VII.1). Se implementaron
también nuevas regulaciones y normas relativas al mercado laboral, además de políticas activas de empleo
(Filgueira, 2015; CEPAL, 2017c).
Gráfico VII.1
América Latina (19 países a ): gasto social del sector público, por funciones b , 2000-2015
(En porcentajes del PIB)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4,5
3,9
3,8 3,4 3,5
3,7
3,4
3,4 3,5
3,4
4,5
4,0 3,9 4,0 3,9 3,6 4,0 4,0 4,2
3,7
0,2
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
2,5 2,7 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,6 2,8
3,1
0,8 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
4,6 4,6 4,6 4,6
4,5
0,2
4,4
0,2
4,4
0,2
4,5
0,3
3,2 3,1 3,1 3,2
1,1 1,0 1,0 1,0
0,3 0,3 0,3 0,3
4,6 5,0
4,6
0,3
4,6
0,2
3,3 3,4
1,0 1,0
0,3 0,2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Protección social
Educación
Actividades
recreativas,
cultura y religión
Salud
Vivienda y servicios
comunitarios
Protección del
medio ambiente
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, 2017.
a
Promedio simple de 19 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú, donde existe una
cobertura mayor que la del gobierno central, y Chile, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República
Bolivariana de), donde existe una cobertura de gobierno central. En el caso de Bolivia (Estado Plurinacional de) y Panamá se cuenta con información hasta 2014 y en
el caso de Venezuela (República Bolivariana de), hasta 2009.
b
Esta clasificación proporciona información sobre el conjunto de las funciones del Gobierno y no coincide necesariamente con la información generada a través de
cuentas satélite de funciones específicas.
5
Moene y Wallerstein (2006) destacan el modelo de negociación de Rehn-Meidner en Suecia, que iguala los salarios de trabajadores comparables entre
diferentes empresas.
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