La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo VII
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
normativo que facilitaron la financierización, responsable de haber exacerbado los vaivenes del ciclo financiero
internacional y el efecto de los choques de la balanza de pagos en la dinámica macroeconómica. Para alcanzar
una nueva institucionalidad financiera son necesarias acciones globales y regionales sustentadas en coaliciones
sociales y políticas que las impulsen y sostengan en el tiempo.
B. Estado de bienestar: ejercicio de los derechos
y aumento de la productividad
Las transformaciones por las que pasa la economía mundial tienen fuertes repercusiones sobre los regímenes
de bienestar. Estos enfrentan riesgos de precarización y desprotección asociados a las nuevas formas de trabajo
y a los efectos de tendencias demográficas como el envejecimiento y la intensificación de las migraciones.
En la región estas tendencias se presentan en una coyuntura caracterizada por un crecimiento económico
débil, especialmente en los países de América del Sur.
En este contexto, el debate sobre la cuestión social es insoslayable. Pese a que persisten enfoques que
ponen el acento en la necesidad de un Estado mínimo, el principio de subsidiariedad, la preeminencia del
mercado y el impulso de políticas sociales en clave residual, cada vez es más evidente que por esa ruta no se
cierran las brechas de la desigualdad ni se abate la pobreza de manera sostenida, y que es necesario pensar
en una nueva institucionalidad social que enfrente los problemas del actual estilo de desarrollo y los desafíos
que emanan de los cambios globales analizados en el capítulo II.
En los enfoques más ortodoxos, las políticas sociales son concebidas como mecanismos compensatorios.
Sin embargo, en los últimos años han quedado cada vez más patentes los efectos beneficiosos a largo plazo
de las políticas igualadoras; la mirada sobre el papel de estas políticas y sus efectos ha cambiado. Se ha
reconsiderado la sinergia entre igualdad y crecimiento, en la medida en que muchas políticas sociales, por su
impacto en las capacidades humanas, contribuyen al incremento de la productividad de los individuos, por lo
que constituyen un estímulo al crecimiento económico.
La igualdad de derechos sigue siendo más una aspiración que una realidad. No solo hay brechas dentro
de los servicios provistos por el sector privado, los provistos por el sector público y entre ellos, sino también
una marcada desigualdad entre quienes acceden a los servicios y transferencias de tipo contributivo y los que
acceden a los servicios y las transferencias no contributivas. Estas diferencias se agudizan según el sexo, la
edad, la pertenencia étnica y racial, el territorio de residencia o la situación de discapacidad de las personas.
Por lo tanto, para avanzar hacia un estilo de desarrollo que coloque la igualdad y la sostenibilidad en el centro
y alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030, es necesario hacer del enfoque de derechos y la búsqueda de la
igualdad sustantiva los ejes estructurantes de los nuevos regímenes de bienestar.
1. La protección del gasto público social mediante
una tributación progresiva
Si bien el objetivo principal de las políticas sociales es asegurar el cumplimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales de la población, el gasto público social es también una inversión en las capacidades
humanas a lo largo del ciclo de vida, y un componente clave del gran impulso ambiental. Al lograr mejores
niveles de educación, salud, protección y cuidado en la población (mediante una sólida institucionalidad y una
gestión efectiva), se estimula la innovación, el crecimiento y el desarrollo sostenible 4 .
4
En términos de eficiencia económica, las políticas sociales orientadas a la primera infancia y a la infancia —etapas críticas del ciclo de vida, en las que se sientan
las bases para el desarrollo de las personas— tienen efectos mucho más marcados en la formación de capacidades que iniciativas similares llevadas a cabo
en edades subsiguientes (Heckman, 2013). Aunque sus frutos no sean evidentes a corto plazo, estas inversiones son un fundamento imprescindible del cambio
estructural necesario para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, así como para aprovechar el bono demográfico (Rofman, Amarante y Apella, 2016).
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