La ineficiencia de la desigualdad

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La ineficiencia de la desigualdad Capítulo VI A pesar de sus limitaciones, el retorno a la democracia y su normalización ha sido un proceso civilizatorio de enorme importancia. Sin embargo, no ha ido acompañado de una expansión equivalente de la plena igualdad de derechos económicos y sociales. El efecto redistributivo de los regímenes democráticos ha sido limitado. Aún hay brechas en el goce de los derechos políticos, económicos y sociales, y no ha sido suficientemente cerrada la brecha entre ciudadanía política y ciudadanía social. No deja de ser una importante señal de alerta que, entre 1995 y 2016, el porcentaje de la población que considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno no supera el 60%. Además, un 20% considera que en algunas circunstancias es preferible un gobierno autoritario y un 20% es indiferente si se le da a elegir entre un régimen democrático y uno autoritario (véase el gráfico VI.4). Gráfico VI.4 América Latina: apoyo a la democracia, 1995-2016 a (En porcentajes) 70 60 50 40 30 20 10 0 Personas que creen que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno Personas que creen que en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible Personas a las que les da lo mismo un régimen democrático b 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Latinobarómetro 2017 [en línea] http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. a No se dispone de información para 1999, 2012 y 2014. En 1995 la información corresponde a ocho países (Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)). En el período 1996-1998 corresponde a 17 países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)). En el período 2000- 2002 corresponde a 17 países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)). En 2003 corresponde a 16 países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)). En el período 2004-2011 corresponde a 18 países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)). En 2013, 2015 y 2016 corresponde a 18 países (Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)). b No se incluye el porcentaje de personas que no sabe o no responde a la pregunta. Lo expuesto muestra que grandes segmentos de la población están insatisfechos con los resultados de una democracia poco efectiva a la hora de reducir las desigualdades, deficiente en el desempeño de los órganos del Estado, poco confiable en materia de probidad de servidores públicos y con alto riesgo de captura de las instituciones públicas por parte de los grupos de poder e interés. El insuficiente respaldo a la democracia como régimen y bien público no puede atribuirse mecánicamente a la persistencia de las desigualdades en la región, ya que también hay factores políticos, sociales y culturales en juego. No obstante, puede conjeturarse que la profundidad de las desigualdades, su persistencia y su resiliencia frente a políticas orientadas a reducirla juegan un papel en la indiferencia, el desapego y la limitada vida cívica y política en la región. Otra señal de alerta es la disminución de la percepción ciudadana del nivel de desarrollo de la democracia. A pesar de que la valoración de los regímenes de la región como totalmente democráticos subió del 6% al 11% entre 1997 y 2016, también aumentó del 5% al 11% el porcentaje de personas que los consideraron no democráticos (véase el gráfico VI.5). 225
Capítulo VI Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Gráfico VI.5 América Latina: percepción ciudadana del nivel de desarrollo de la democracia, 1997 y 2016 a (En porcentajes) 25 20 20 19 15 10 5 0 5 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No democrático 3 4 6 6 9 8 15 Escala de percepción ciudadana 16 11 11 12 10 4 4 6 11 Totalmente democrático 1997 2016 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Latinobarómetro 2017 [en línea] http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. La desigualdad y las privaciones asociadas a la pobreza tienen implicaciones en la participación de los sectores con menores ingresos y mayores carencias en los asuntos públicos. En los países en donde el voto no es obligatorio, la tasa de participación electoral de esos sectores es menor —en algunos casos notablemente menor— que la de los sectores de ingresos medios y altos, lo que debilita su capacidad de incidencia en los asuntos públicos. Además, es frecuente que entre los más pobres operen redes de clientela y mecanismos ilegítimos de inducción del voto. Se reproduce así una democracia insuficiente en calidad y capacidad redistributiva, que se alimenta de una ciudadanía con márgenes limitados de autonomía y capacidad efectiva de incidencia en las decisiones públicas. D. Cultura del privilegio, rentismo y desigualdad Pensar los desafíos del desarrollo desde la economía política pone de relieve la importancia de los actores, sus intereses y su poder para incidir en la política y en las políticas, así como de las instituciones que orientan sus comportamientos. Y nada está más enraizado en las instituciones y los actores que la cultura entendida como visión de mundo, valores y normas que orientan proyectos y acciones, y formas de relacionarse con la naturaleza y con los demás. Se habla, por ejemplo, de cultura política, de cultura cívica, de cultura ambiental e incluso de cultura productiva para enfatizar dimensiones del desarrollo que no son tanto objeto de política, sino rasgos que, al formar parte de un patrimonio intangible de la sociedad, pueden favorecer o trabar la profundización de la democracia, la transformación de la estructura productiva, la sostenibilidad en relación con recursos estratégicos y calidad de vida, o la solidaridad colectiva. Así como el ambiente institucional en que los agentes interactúan y deciden es clave para las trayectorias de crecimiento y distribución de sus frutos, también es clave la cultura como sustrato en que se asientan las instituciones o como conjunto de valores desde los cuales se debaten y formulan decisiones estratégicas. Aunque la cultura no determina de manera absoluta los estilos de desarrollo, la sostenibilidad del crecimiento y la distribución de sus frutos, sí los condiciona en una u otra dirección. Por ello, importa considerar la dimensión cultural del desarrollo, a sabiendas de que los cambios culturales tienden a darse en ciclos más largos de tiempo que los cambios tecnológicos o los cambios en políticas. De manera inversa, la cultura también puede moldearse y transformarse desde la difusión del cambio técnico y desde la política y las políticas. 226
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