La ineficiencia de la desigualdad

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La ineficiencia de la desigualdad Capítulo VI En el gráfico VI.2, que vincula el coeficiente de Gini con la tasa de homicidios en 18 países de la región, se muestra que muy pocos países se encuentran por debajo de la media de tasas de homicidio a escala global. Hay excepciones, como Chile, donde conviven una alta desigualdad con bajas tasas de homicidio, y situaciones contrarias, como las de El Salvador o Venezuela (República Bolivariana de), que dan cuenta de tasas de homicidios muy altas y niveles de desigualdad relativamente bajos. El Brasil y México, por su parte, parecen ajustarse mejor al patrón que asocia una elevada desigualdad con un alto nivel de violencia. Gráfico VI.2 América Latina (18 países): tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes e índice de Gini (valores entre 0 y 1), 2014 a 0,60 Índice de Gini 0,55 0,50 0,45 0,40 CHI PRY PAN DOM CRI BOL MEX ECU PER ARG NIC BRA GTM COL América Latina VEN SLV HND URY 0,35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Statistics [en línea] https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics.html, 2017; Base de datos CEPALSTAT [en línea] http://estadisticas.cepal.org/ cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e y Banco Mundial, Índice de Gini [en línea] https://datos.bancomundial.org/indicador/ SI.POV.GINI?locations=AR-BR-GT-NI-UY, 2017. a El índice de Gini corresponde al último año disponible (2014). En los casos de la Argentina y Nicaragua, el dato es del Banco Mundial. Para las tasas de homicidios se dispone de datos hasta 2015. Sin embargo, para comparar con el último dato disponible del índice de Gini se recuperaron las cifras de 2014, excepto en Bolivia (Estado Plurinacional de) y Nicaragua (2012). De acuerdo con la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, los homicidios intencionales incluyen: asesinato, matanza de honor, asalto grave que conduce a la muerte, muerte como resultado de actividades terroristas, asesinatos relacionados con la dote, feminicidio, infanticidio, homicidio voluntario, ejecuciones extrajudiciales, homicidios causados por el uso excesivo de la fuerza por agentes de la ley/funcionarios estatales. Los homicidios intencionales excluyen: muerte por intervenciones legales, homicidio justificable en legítima defensa, tentativa de homicidio intencional, homicidio sin el elemento de intención (homicidio no intencional); homicidio no negligente (no culposo) o involuntario, suicidio asistido o incitación al suicidio, feticidio ilegal, eutanasia, muerte por conflicto armado. En los estudios sobre violencia se distingue entre tasa efectiva y percepción subjetiva, esto es, entre el número de delitos cometidos y la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Conforme a datos de Latinobarómetro para 2016, un 43% de las personas en la región consideraba que podría ser víctima de un delito todo el tiempo o casi todo el tiempo, frente a solo un 13% que se consideraba completamente segura (véase el cuadro VI.1). Esta alta percepción de inseguridad, que llega a casi el 87% si se agregan las personas que se consideran posibles víctimas algunas veces u ocasionalmente, tiene implicaciones en la subjetividad social, la modificación de hábitos de conducta, la utilización de los espacios públicos, el aumento de los gastos en seguridad para el Estado, las empresas y las familias, la profundización de la segmentación territorial, la aceptación de medidas que restringen libertades, la indiferencia frente a los abusos en las políticas de seguridad e incluso el desprestigio del discurso sustentado en los derechos humanos. Importantes recursos públicos que podrían destinarse al financiamiento de la inversión, las políticas de ciencia y tecnología o la protección social se canalizan hacia los rubros de seguridad. En un contexto de creciente inquietud por la inseguridad, esos gastos son inelásticos a la baja y con tendencia al alza, en la medida en que reducirlos implicaría un costo político elevado. Las políticas de ajuste fiscal rara vez tocan los rubros de seguridad; más bien, tienden a reducir la inversión pública e incluso la protección social. Así, entre 2000 y 2015, la región aumentó el gasto en defensa, seguridad y orden público del 1,7% al 2,6% del PIB (CEPAL, 2017). 223
Capítulo VI Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Cuadro VI.1 América Latina (18 países): frecuencia con que las personas piensan que pueden llegar a ser víctimas de un delito a (En porcentajes) Frecuencia 2007 2009 2010 2011 2013 2015 2016 Todo o casi todo el tiempo 38 31 33 39 44 41 43 Algunas veces 35 39 35 37 28 28 29 Ocasionalmente 18 21 21 16 16 17 14 Nunca 8 9 10 7 12 13 13 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Latinobarómetro 2017 [en línea] http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. a La información corresponde a: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). Sin información para 2008. El aumento de los gastos en seguridad se relaciona con lo que los estudiosos del derecho denominan “demagogia penal”, que propugna castigos más severos, la disminución de los beneficios penitenciarios, la rebaja de la edad penal y la reinstalación de la pena de muerte, y que justifica, en casos extremos, las ejecuciones extrajudiciales. Esto se ajusta a la evolución del indicador de percepción de la seguridad. En 2015, en 18 países de la región, un 63% de las personas consideraba que vivir en su país se había vuelto más inseguro, al tiempo que solo el 9% pensaba lo contrario (véase el gráfico VI.3). Gráfico VI.3 América Latina (18 países): percepción de la seguridad en el país, 2007-2015 a (En porcentajes) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 63 26 58 58 58 55 63 28 30 31 34 9 12 10 9 8 9 1 1 1 2 1 1 2007 2008 2009 2010 2011 2015 27 Personas que creen que vivir en el país es más inseguro Personas que creen que vivir en el país es igual de seguro Personas que creen que vivir en el país es cada día más seguro Otro b Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Latinobarómetro 2017 [en línea] http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp. Nota: La suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido al redondeo de las cifras. a La información corresponde a: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). b La categoría Otro incluye los porcentajes de las personas que no contestaron o no sabían al momento de realizar la encuesta. 2. Insuficiente respaldo a la democracia Uno de los avances más importantes de la región es haber terminado con los regímenes y dictaduras militares frecuentes en el siglo pasado, que perpetraron graves violaciones a los derechos humanos. Hoy se realizan elecciones con regularidad y se ha consolidado la democracia política, aunque en un cuadro de gran heterogeneidad. Estos logros no están libres de riesgos y retrocesos. El respeto formal a la legalidad puede convivir con el debilitamiento de la democracia como orden político de plena vigencia de derechos y separación efectiva de poderes. 224
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