La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo VI
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
la medida en que se imponía la necesidad de promover sus exportaciones para evitar o mitigar una crisis
cambiaria. Se creaban alianzas cambiantes entre trabajadores industriales, sectores medios, productores
industriales para el mercado interno y productores primarios para el mercado internacional 5 . En lo económico,
los industriales establecidos veían con sospecha el avance de nuevas industrias en encadenamientos hacia
atrás, ya que eso les obligaba a pagar más caro por sus insumos, lo que reducía la protección efectiva de
la cual gozaban. Las crisis externas hacían inevitable la desvalorización del tipo de cambio y contraían la
demanda interna sin estimular la demanda externa en la misma medida debido a la baja elasticidad-precio de
las exportaciones. Estos fueron límites políticos y económicos de primera importancia para el avance de la
industrialización (Hirschmann, 1968).
La adopción de las políticas del consenso de Washington (liberalización comercial y financiera, privatización
y desregulación) desde mediados de los años ochenta generó expectativas de una nueva era de expansión para
la región (Stalling y Peres, 2000). Estas políticas se racionalizaban en términos de reducir las oportunidades
de captación de rentas de los sectores protegidos (disminuir las rentas del privilegio). La idea era que bastaría
desmontar las distorsiones de las políticas intervencionistas del pasado para relanzar el crecimiento. Como
en el caso de la liberalización financiera de los años setenta, esa expectativa no se confirmó. La liberalización
comercial no generó aprendizaje donde no existían los agentes capaces de aprender, los procesos productivos
en los que se aprende o las instituciones que los apoyan. La desregulación y las privatizaciones dieron lugar
a transferencias masivas de rentas a los actores posicionados en lugares privilegiados, sin que, en la mayoría
de los casos, esto se tradujera en aumentos de la inversión o la productividad. Las reformas promercado y el
consenso de Washington fueron procesos con muy poca correspondencia con la impersonalidad del orden
de acceso abierto al que se refieren North, Wallis y Weingast (2009).
Más aún, aumentó la fractura o heterogeneidad entre los actores. En el plano microeconómico, se
incrementó la importación de insumos intermedios y se redujo el grado de integración de muchas cadenas
productivas, con un aumento de la eficiencia de las empresas líderes a costa de la desaparición de pequeñas
y medianas empresas (pymes). En el plano macroeconómico, la liberalización de la cuenta de capital abrió
un nuevo ciclo de apreciación del tipo de cambio que, en países como la Argentina, el Brasil y el Uruguay,
culminó con crisis externas muy fuertes (sobre todo en la Argentina y el Uruguay) a finales de los años noventa
y comienzos de la década de 2000. Esto generó un notable aumento del desempleo y la informalidad, y, con
ello, de la desigualdad.
Por último, aunque no por eso menos importante, las economías de la región han mostrado grados elevados
de informalidad del empleo y (con algunas excepciones) bajos niveles de sindicalización, lo que tiene un peso
significativo en la configuración del cuadro de fragmentación de intereses. El impacto se da en varios niveles.
Primero, la informalidad implica que ni los trabajadores ni los empresarios ven su relación como un vínculo
estable y de largo plazo, lo que reduce el interés de los primeros en los resultados de la empresa y de los
segundos en capacitarlos (en la medida en que un trabajador más capacitado puede migrar a una empresa
competidora). Segundo, la ausencia de formas de representación y negociación institucionalizadas hace más
difícil al arbitraje de los conflictos y la definición de metas distributivas y de productividad. El cambio técnico
se percibe como un sendero hacia el desempleo y no hacia la capacitación del trabajador y el aumento del
salario real. Tercero, el hecho de que una parte importante de los trabajadores se encuentre sin mecanismos
de defensa aumenta la inestabilidad del sistema político y abre espacios a políticas insostenibles porque
potencia al máximo la puja redistributiva, alimentando procesos inflacionarios y la sobrevalorización de la
moneda nacional.
En este contexto, se configura un estilo de desarrollo de capitalismo jerárquico (Doner y Schneider, 2016).
Muchas de las empresas clave en la economía son subsidiarias de transnacionales y, por lo tanto, están sujetas
a la planificación y el control de sus casas matrices; muchas de las principales empresas nacionales aún son
de propiedad familiar, y las relaciones entre capital y trabajo no disponen de los espacios de negociación que
5
Véase un análisis de estas alianzas y su inestabilidad en O’Donnell (1978).
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