La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo V
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
La realidad de los países caribeños es especialmente ilustrativa de la tensión entre la contaminación global
y sus muy diferentes efectos en distintos países. Entre 1990 y 2017 se registraron en el Caribe 345 desastres
vinculados al clima, 12 por año. Este tipo de evento daña de manera considerable la infraestructura económica
de los pequeños Estados insulares en desarrollo, mengua sus logros sociales y profundiza las desigualdades.
El impacto anual de estos desastres en su acervo de capital sería, en términos relativos, muy superior al que
se daría en Europa o Asia Central: equivale al 20% de su gasto social anual (UNISDR, 2015). Esto lleva a un
desvío importante de la cartera de inversiones y de los recursos presupuestarios, que deben ser reorientados
para reconstruir estas economías y reducir el impacto en la población afectada. Eso sucedió, por ejemplo, en
el caso de los desastres originados por la temporada de huracanes de 2017, cuyos impactos en algunos de
los Estados insulares superaron el 50% del PIB.
Su naturaleza de pequeños Estados insulares —que les impide aprovechar economías de escala— y
los reiterados esfuerzos de reconstrucción los han llevado a crónicos déficits gemelos (fiscal y de cuenta
corriente) y, en consecuencia, a grandes niveles de endeudamiento. En 2016, la deuda pública de los
gobiernos centrales del Caribe variaba entre el 50% y el 125% del PIB (en el caso de Jamaica). Debido a
sus elevadas deudas, estos países deben tomar créditos con una mayor prima de riesgo y enfrentan una
mayor inestabilidad cambiaria y una gran fragilidad financiera, que los obliga a aplicar políticas restrictivas
y reducir la inversión pública. En promedio, el pago de intereses de la deuda pública absorbe en el Caribe
alrededor del 15% de las recaudaciones tributarias. En Jamaica y Barbados, 1 de cada 3 dólares recaudados
por impuestos se destina al pago de intereses. El servicio total de la deuda, incluida su amortización, conlleva
en promedio erogaciones del 30% de los ingresos del gobierno central (esta cifra alcanza el 84% en Jamaica
y el 47% en Antigua y Barbuda). Paradójicamente, cinco países del Caribe están clasificados como países
de ingreso alto (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Saint Kitts y Nevis y Trinidad y Tabago), por lo que
no pueden optar a créditos concesionales. Los ocho países restantes (Belice, Granada, Guyana, Jamaica,
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Suriname) se clasifican como de renta media-alta. Esta situación
debilita aún más su situación financiera.
El desarrollo sostenible es particularmente difícil en condiciones de grave riesgo de desastres. Por
ello, urge aumentar la resiliencia de las estructuras económicas en el Caribe e implementar estrategias de
adaptación al cambio climático. La CEPAL ha propuesto una estrategia de alivio de la deuda para la subregión
y la creación de un fondo caribeño de resiliencia. Esta iniciativa está dirigida a los países caribeños que tengan
un bajo crecimiento a pesar de haber llevado a cabo reformas para mejorar su desempeño económico, que
tengan una deuda insostenible a pesar de haber tomado medidas de consolidación fiscal, que tengan un
servicio de deuda que haya reducido su espacio fiscal y la inversión en infraestructura y que demuestren tener
considerables dificultades para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (incluida la adaptación al cambio
climático) debido a problemas fiscales.
La reducción de la deuda funciona de la siguiente manera: para los países con una elevada deuda oficial,
consistiría en usar fondos climáticos, como el Fondo Verde para el Clima, para saldar las deudas multilaterales
y bilaterales con una tasa de descuento. En el caso de deuda elevada con acreedores privados, se negociarían
planes de recompra. El fondo caribeño de resiliencia tiene tres componentes:
i) En el caso de desastres naturales: fondos para la recuperación de la actividad económica y la reconstrucción
de infraestructura con elementos de reducción del riesgo de desastres. Son recursos complementarios
a iniciativas como el Fondo de seguro contra riesgos de catástrofe para el Caribe (CCRIF).
ii)
En el caso de choques externos: financiamiento frente a estos choques para los países caribeños de
renta alta que no tengan acceso a financiamiento concesional.
iii) Cambio climático: recursos para proyectos de infraestructura, en particular medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático.
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