La ineficiencia de la desigualdad

Capítulo V
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Gráfico V.19
América Latina y el Caribe: población urbana que vive en tugurios, 1990-2014
(En millones y porcentajes)
600
40
500
400
300
33,7
313,9
31,5
355,1
29,2
396,3
432,8
25,5
467,6
23,5
495,9
21,1
35
30
25
20
200
100
0
106,1 112,5 116,9 112,1 112,7 104,8
1990 1995 2000 2005 2010 2014
15
10
5
0
Población urbana
(en millones, eje izquierdo)
Población urbana que vive
en tugurios (en millones,
eje izquierdo)
Proporción de la población
urbana que vive en tugurios
(en porcentajes, eje derecho)
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), “Global Urban Indicators Database”, Nairobi [base de datos en línea]
https://unhabitat.org/books/global-urban-indicators-database/.
b) Derecho a la ciudad
Como resultado del carácter desigual y excluyente de las ciudades, se ha comenzado a reivindicar con
fuerza el derecho a la ciudad, en gran parte gracias al impulso de movimientos sociales, tanto en los países de
la región como en el escenario internacional. Ejemplo de ello es la negociación de la Nueva Agenda Urbana,
aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III), celebrada en 2016.
El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que se fundamenta en el control democrático sobre el
proceso de desarrollo urbano, es decir, es un derecho más amplio que la libertad individual de acceder a
bienes y servicios urbanos (Lefebvre, 1968; Harvey, 2008) 12 . Además de insistir en el carácter público de la
ciudad, el derecho a la ciudad ofrece un marco para abordar problemas específicos y graves en la región: el
acceso desigual al suelo urbano, a vivienda adecuada y a servicios y equipamientos de calidad, cuya carencia,
además de efectos sociales, produce impactos ambientales negativos.
El derecho a la ciudad se manifiesta en las políticas a través de dos dimensiones. En primer lugar,
la participación ciudadana en la gestión urbana —el “derecho a participar”—, que incluye experiencias
innovadoras, como los presupuestos participativos que han surgido en la región. En segundo lugar, la promoción
de ciudades inclusivas mediante normativas urbanas —el “derecho a habitar”— (Fernandes, 2007). Con
respecto a la segunda dimensión, varios países de la región (de forma más avanzada, el Brasil, Colombia y
el Ecuador) cuentan con una legislación urbana que permite la aplicación de instrumentos de gestión del
suelo y planificación urbana, a fin de ofrecer vivienda social bien ubicada, inversión en infraestructura con
12
El sistema de las Naciones Unidas no cuenta con una definición oficial del derecho a la ciudad. Como resultado de la falta de consenso sobre su definición
y aceptación entre los Estados Miembros, en la Nueva Agenda Urbana se hace referencia a este concepto como “ciudades para todos.” En la resolución A/
HRC/35/L.30/Rev.1 del Consejo de Derechos Humanos, aprobada en junio de 2017, se definen las “ciudades para todos” rescatando conceptos que aparecen
también en la legislación urbana de varios países y ciudades de la región, como la función social de la ciudad. De esta manera, la resolución reafirma “el ideal de
ciudades para todos —refiriéndose al uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos en pie de igualdad, con el objetivo de alentar la integración
y velar por que todos los habitantes, de generaciones actuales y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan construir ciudades y asentamientos humanos
justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos—,
ideal que propugna ciudades y asentamientos humanos que, entre otras cosas, cumplan su función social”.
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