BOLETÍN MENSUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Nº 86

Boletín Mensual
N ° 8 6
M a y o d e 2 0 1 8
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Relatoría
En este boletín se destacan algunos de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo
de Boyacá proferidos en las diferentes acciones constitucionales, ordinarias y especiales.
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar
cortésmente, responder sabiamente, ponderar
prudentemente y decidir imparcialmente.”
Sócrates

Boletín Mensual
N ° 8 6
M a y o d e 2 0 1 8
C o n t e n i d o :
G rupo
Grupo 3
Nulidad y restablecimiento
del derecho
6
Reparación directa 14
Repetición 16
Ejecutivo 18
Validez de acuerdo
municipal
21
ulidad y restablecimiento del
N derecho
eparación directa
R
R epetición
E jecutivo
alidez acuerdo municipal
V
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CONSULTE LA
PROVIDENCIAS
PROVIDENCIA
VIDEOS
respectivamente la providencia, el
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video (si esta disponible) y el acta de la
radicación de cada proceso para consultar la providencia
audiencia .
SENTENCIAS
DE INTERÉS

P á g i n a 3
GRUPO
MAGISTRADO: Dr. FELIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 8 de marzo de 2018.
ACCIÓN: GRUPO
ACCIONANTE: NELLY CAMARGO FARÍAS Y OTROS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE TUNJA
RADICACIÓN: 15001333300420130008801
DESCRIPTORES – Restrictores:
ESTRATIFACIÓN DE INMUEBLES – Noción - Normatividad aplicable
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
Según la jurisprudencia, la estratificación se erige como un instrumento que permite conocer las
características de las propiedades inmuebles, así como el nivel de ingresos y la capacidad de pago
de las personas para concretar los principios de solidaridad y redistribución de los ingresos en la
elaboración del régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios, pues constituye un estudio
técnico que facilita la categorización social y económica por estratos en una localidad determinada
de la masa poblacional que la habita y por medio de sus viviendas, desde la óptica de las condiciones
objetivas similares de esos inmuebles y con base en una realidad material demostrable. De esta
forma se ha considerado que la estratificación, proporciona la información acerca de la capacidad
económica de las personas, que es indispensable para facturar el cobro de los servicios públicos
domiciliarios, con el fin de que los estratos altos contribuyan al financiamiento de los subsidios otorgados
a las personas de los estratos más bajos para el pago de las tarifas, para que así todas las
personas puedan disfrutar de los servicios públicos domiciliarios, independientemente de su nivel de
ingresos y teniendo en cuenta sus limitaciones económicas. En cuanto a su regulación, vemos que se
encuentra contenida en los artículos 101, 102 y 104 de la Ley 142 de 1994, y en las leyes 689 de 28
de agosto de 2001 y 732 de 25 de enero de 2002 modificatorias de la Ley 142 de 1994.
DESCRIPTORES – Restrictores:
TESIS:
ESTRATOS SOCIECONÓMICOS – Clasificación – Revisión.
En lo que respecta al estrato, el artículo 102 de la citada ley 142 dispone que los inmuebles residenciales
se clasificarán máximo en seis (6) estratos socioeconómicos (1, bajo-bajo; 2, bajo; 3, mediobajo;
4, medio; 5, medio-alto; 6, alto) dependiendo de las características particulares de los municipios
y distritos y en atención, exclusivamente, a la puesta en práctica de las metodologías de estratificación
previstas en esa Ley. En cuanto a la metodología, la misma normatividad señala que se
utilizarán las que elabore el Departamento Nacional de Planeación, las cuales deberán ser suministradas
directamente a los alcaldes con 6 meses de antelación a las fechas previstas por dicha Ley
para la adopción de la estratificación urbana y de centros poblados rurales. De igual forma la referida
disposición aclara que ninguna zona residencial urbana que carezca de la prestación de por lo
menos dos 2 servicios públicos domiciliarios básicos podrá ser clasificada en un estrato superior al 4.
Asimismo hace referencia la unidad especial de estratificación como el área dotada de características
homogéneas de conformidad con los factores de estratificación, señalando para el efecto, que
en el evento de encontrarse viviendas que no tengan las mismas características del conglomerado,
se les dará un tratamiento individual. La mentada ley, también otorga recursos a los usuarios al
señalar que toda&$ persona o grupo de personas podrá solicitar por escrito la revisión del estrato
urbano o rural que se le asigne, y en caso tal de estar inconformes, podrán presentar la reclamación
respectiva, la cual será atendida y resuelta en primera instancia por la alcaldía municipal, en un
término no superior a 2 meses, y las apelaciones se surtirán ante el Comité Permanente de Estratificación
de su municipio o distrito quien deberá resolverlo en un término no superior 2 meses.
B o l e t í n M e n s u a l

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P á g i n a 4
DESCRIPTORES – Restrictores:
ESTRATIFICACIÓN SOCIECONÓMICA – Ilegalidad de los actos que establecieron la estratificación en
conjunto residencial Mirador de Andalucía del Municipio de Tunja
ACCIÓN DE GRUPO – Imputación al Municipio de Tunja por daño causado a los residentes del conjunto
residencial Mirador de Andalucía por su equivocada estratificación
TESIS:
Encuentra la sala que el inconformismo de los recurrentes se centra en determinar, sí los actos mediante
los cuales el Municipio de Tunja estableció la estratificación del conjunto residencial Mirador de
Andalucía, se ajustaron a lo dispuesto por la normatividad que rige la materia y a la metodología dispuesta
por el DANE para el diligenciamiento del formulario previsto para establecer la estratificación
respectiva. (…)Observa la Sala que de las acusaciones realizadas en la demanda y las pruebas aportadas
y analizadas en esta oportunidad, puede determinarse en forma clara los perjuicios ocasionados
por la conducta irregular del ente territorial demandado, el cual se enmarca dentro del régimen de
responsabilidad subjetivo- de falla del servicio por el incumplimiento de una obligación Estatal y que
se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración. Así las cosas,
para esta Sala se encuentran acreditados, con las pruebas que obran en el proceso, los elementos que
estructuran la responsabilidad extracontractual por falla del servicio a saber: i) la existencia de un
daño, lesión o menoscabo de tipo patrimonial o moral, cierto y determinado, que afecta de forma
individual a una pluralidad de sujetos. ii) la conducta activa u omisiva de la autoridad que lo infiere, y
iii) la relación de causalidad entre ésta y aquél, es decir, que el daño se originó como consecuencia
directa de la actuación atribuida a la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o
ausencia del servicio. De lo anterior se deduce de manera inequívoca que en el presente caso, están
presentes los dos elementos que de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política hacen posible
la declaratoria de responsabilidad del Estado. En efecto la obligación de la Administración Municipal
de Tunja de efectuar el proceso de estratificación de los inmuebles con base en la normatividad y metodología
dispuesta por el DANE para tal fin. De allí que la imputación del daño alegado por los actores
se circunscriba a la falla de servicio de la administración al consignar datos inexactos dentro del
aplicativo diseñado para determinar la estratificación, como fue, en el caso específico, el correspondiente
a la zona geoeconómica a la que pertenecía el Conjunto Mirador Andalucía, pues dispusieron
sin ningún fundamento legal, que el mismo se encontraba en una zona geoeconómica diferente a la
que realmente pertenece. De esta manera, y de conformidad con el análisis probatorio ya anotado, es
palmario que la administración municipal de Tunja condujo, de manera inequívoca, al daño que en
esta sentencia se examina, pues resulta probada claramente la responsabilidad del Municipio de Tunja,
al momento de efectuar la estratificación del conjunto Mirador Andalucía pues las pruebas permitieron
acreditar, que en el proceso de diligenciamiento del aplicativo, no se consignaron los datos
reales para fijar el estrato socioeconómico, como lo fue la zona geoeconómica que solicita dicho software
para arrojar el resultado, pues se consignó la zona 2 cuando el conjunto pertenece a la zona 13,
sin tenerse ninguna justificación legal ni metodológica para ello, y sin que tal variación fuera puesta de
presente a los habitantes del mismo, pues como puede apreciarse de la lectura de los actos acusados,
en ninguno de sus apartes justifican porqué se efectuó la variación de zona, siendo obligación de la
Administración Municipal, explicar y dar conocer a los afectados las razones de variación de dicho
ítem, quedando de esta forma acreditado el hecho que dio origen al daño cuya indemnización se reclama.
En tales condiciones, es claro para la Sala que en el presente caso se encuentra acreditado de
manera cierta el daño, y que el mismo es imputable al Municipio de Tunja, razón por la cual se revocará
la decisión de primera instancia. De igual forma, asombra a la Sala que en el mapa oficial de zonas
geoeconómicas de 1998, existan anotaciones efectuadas a mano, cómo puede evidenciarse a folio
2692 -C-6, donde claramente señalan a mano una zona 2 en la que ubican a VILLAS DE ARANJUEZ,
urbanización con la que precisamente, como afirmó la Profesional Universitaria de la Alcaldía, compararon
al Conjunto residencial MIRADOR ANDALUCÍA; tal circunstancia es incomprensible, pues claramente
se trata de un documento oficial, el cual según la normatividad tantas veces mencionada, solo
puede ser modificado cuando el Municipio efectúe un nuevo estudio, en consecuencia el mismo no
puede ser alterado ni modificado por ningún miembro de la administración municipal, (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:

P á g i n a 5
ACCIÓN DE GRUPO – Metodología para liquidar la indemnización de perjuicios por equivocada
estratificación de conjunto residencial teniendo en cuenta el valor de los servicios públicos
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
Al respecto cabe precisar que la parte actora, con el escrito de demanda solicitó, el pago de las sumas
que han sido cobradas en exceso, debidamente indexadas, por concepto de servicios públicos
de energía, acueducto, alcantarillado y aseo y gas natural e impuesto predial. De esta forma, para
calcular la cuantía de la indemnización, la sala tendrá en cuenta la información suministrada por
SERVITUNJA, PROACTIVA, GAS FENOSA, EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE TUN-
JA; siendo del caso aclarar, que si bien en la información aportada, por tales entidades no se reportan
las sumas por concepto de agua, luz, gas e impuesto predial de los estratos socioeconómicos 4 y
5 en el periodo de tiempo que corre desde julio de 2015 hasta marzo de 2018, la Sala optó por promediar
los valores de las diferencias del cobro de los servicios públicos obtenidos desde enero de
2014 hasta febrero de 2018 (que obran en el expediente), para obtener una cifra completa, que
permitiera establecer el valor de los años faltantes para calcular el monto de la indemnización. Lo
anterior en razón a las características de la actividad económica que reviste el presente caso, que
según se observa en la operación aritmética efectuada no presenta modificaciones drásticas o evidentes,
para efectos de determinar la cuantía de la indemnización. Lo anterior aunado a que si bien
podría solicitarse nuevamente la información, ello generaría una tardanza considerable, mientras
dicha información se allega y una mora en la expedición de la decisión, razón por la cual la Sala, en
aplicación de los principios de celeridad y eficacia, procedió a promediar los valores para determinar
la cuantía de la indemnización; al respecto tenemos que en caso similar el Consejo expuso: (…)
Procede entonces la Sala a efectuar la liquidación tomando por separado cada servicio público así:
PROACTIVA (…) SERVITUNJA (…)GAS NATURAL FENOSA (…)SERVICIO DE ENERGIA-EBSA (….)PREDIAL
(…)En este orden de ideas, la sala determina que la indemnización de perjuicios corresponde a TRES-
CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CON SEISCIENTOS VEINTI-
CINCO PESOS ($377.639.625), que serán divididos en razón de cada uno de los inmuebles afectados,
ubicados en el Conjunto Mirador Andalucía. Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que en el
expediente se acreditó que el conjunto está conformado por 96 apartamentos, correspondería a
cada uno el valor de $3.933.746.10, tal y como se determinó en el cálculo de la indemnización
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
MAGISTRADO: DR. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha del 21 de febrero de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ROSALBA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
RADICACIÓN: 15001333301220160008701
DESCRIPTORES – Restrictores:
PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 -
Cambio de jurisprudencia respecto del IBL.
TESIS
En tomo al problema jurídico la jurisprudencia constante de esta Corporación, al resolver pretensiones
como las aquí debatidas de reliquidación de pensión de régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
venía sustentando que procedía reliquidar la pensión de los demandantes con la inclusión de todos los
factores salariales que hubieran devengando en el año anterior al retiro del servicio, siendo ese periodo
de tiempo el que debía tomarse para efectos de determinar el IBL, posición que se fundamentaba en el
principio de inescindibilidad de la norma y en el acatamiento del precedente jurisprudencial de unificación
del Consejo de Estado, fijado en sentencia de 4 de agosto de 2010, y en las reiteraciones que sobre
el asunto hizo la Sección Segunda de ese Alto Tribunal, considerando adicionalmente, que las sentencias
C -258 de 2013 y SU-230 de 2015 proferidas por la Corte Constitucional, no resultaban aplicables a
los casos aquí debatidos, por cuanto aplicaban únicamente al régimen pensional establecido en el artículo
17 de la Ley 4 a de 1992, sin extenderse a otros regímenes pensiónales especiales o exceptuados.
Sin embargo, con la expedición de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU - 395 de
2017, a criterio de este Tribunal se consolida la doctrina de esa Corporación adoptada en los fallos
mencionados, para estatuir que de manera general, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993
conlleva la aplicación del monto, edad, y tiempo de servicio del régimen pensional anterior, y por tanto
no incluye el ingreso base de liquidación de la pensión. A juicio de este Tribunal tal determinación obliga
a un cambio de jurisprudencia, pues los jueces de la República deben observar prioritariamente el
precedente constitucional, teniendo en cuenta que los pronunciamientos en esta materia se enmarcan
en la protección de la norma con mayor nivel jerárquico dentro del ordenamiento jurídico. (…) Así pues,
si dar una interpretación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, distinta a la señalada en la sentencia SU-
395 de 2017 conlleva una violación directa de la Constitución, tomando viable la acción de tutela por
violación del precedente constitucional y por violación directa de la Constitución, no tiene sentido seguir
aplicando el criterio que sobre el particular había fijado este Tribunal, de modo que para resolver
el presente caso se acatará dicho precedente.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN - Factores salariales a tener en cuenta para su liquidación.
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 - Contempla la edad, monto de pensión y tiempo
de servicio del régimen anterior, debiendo aplicarse las disposiciones de la Ley 100 para las demás
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez, esto es, el periodo de tiempo
y los factores que se debe computar para la determinación del IBL.
TESIS
Partiendo del hecho que la demandante se encuentra cobijada por el régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y que por lo mismo se le deben aplicar los requisitos establecidos en la ley anterior para su
pensión, procede la Sala a analizar qué factores salariales se deben tener en cuenta para liquidar la

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pensión, si los dispuestos en la citada norma como lo afirma la parte demandada, o al contrario, los
establecidos en la norma anterior como lo expuso el apoderado de la parte actora. La Ley 33 de
1985, modificada por el artículo 1 o de la Ley 62 del mismo año, señala: (…) Por su parte el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 se estableció en los siguientes términos: (…) Como se observa, la
norma estableció con precisión a qué trabajadores cobija el régimen de transición, esto es, a quiénes
debe aplicarse el régimen pensional anterior, y también qué requisitos de manera específica
deben cumplirse con las normas del régimen anterior, qué derechos se conservan y cuáles se someten
a la reglamentación de la nueva regulación. No debe olvidarse que el establecimiento de un
régimen de transición involucra un protección mayor a derechos que no tienen la condición de adquiridos,
que surge como una prerrogativa para quienes tienen una mayor expectativa de consolidar
el derecho pensional (expectativas legítimas), pero no puede entenderse como un reconocimiento
abierto en iguales condiciones al establecido en el régimen anterior, pues para ello bastaría con
determinar los efectos ex nunc en la vigencia de la norma, lo que resultaría menos favorable para el
trabajador. (…)Con todo lo anterior se establece que quienes son beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, tienen un trato pensional favorable claramente determinado, y que no
da lugar a interpretación frente al tiempo que debe tenerse en cuenta para la liquidación de la pensión
y la manera de establecer su monto, pues como se determinó en el artículo 36 transcrito, el
régimen de transición contempla la edad, monto de pensión y tiempo de servicio del régimen anterior,
debiendo aplicarse las disposiciones de la Ley 100 para las demás condiciones y requisitos necesarios
para acceder a la pensión de vejez, esto es, el periodo de tiempo y los factores que se debe
computar para la determinación del ingreso base de liquidación (IBL), aspectos sobre los que versa
el litigio en el presente proceso. Así, de acuerdo a lo ordenado en el citado artículo 36, el periodo
para deducir el ingreso base de liquidación de quien se encuentra en el régimen de transición corresponde
al promedio de los últimos 10 años de servicio, o al promedio del tiempo que le hiciera falta
para adquirir el estatus de pensionado luego de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 si fuera
menor a diez años. Y en cuanto a los factores que allí deben incluirse corresponde entonces remitirse
al artículo 21 ibídem que señala: (…) De manera que los factores sobre los cuales se determinará
el IBL de los trabajadores cobijados por el régimen de transición, será el promedio de los salarios
o rentas, únicamente, sobre los cuales ha cotizado el afiliado. Tal como se señaló en el acápite anterior,
este punto fue objeto de reciente unificación jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional
definiendo el criterio expuesto como la manera procedente de determinar el IBL en casos de
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, precedente que constituye la principal razón de la interpretación
normativa anteriormente realizada, como quiera que esta Corporación en pronunciamientos
anteriores sustentaba una posición diferente. (…)Se concluye así que siendo la demandante
beneficiarla del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no hay lugar a acceder a sus pretensiones
de reliquidar la pensión de vejez con el promedio de lo devengado en el año anterior al retiro del
servicio y con la inclusión de todos los factores salariales, pues el ingreso base de liquidación de su
pensión que en derecho corresponde, debe establecerse de acuerdo con el tiempo que le faltaba
para acceder a la pensión al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100, y únicamente sobre
los factores que realizó cotizaciones en el transcurso de ese periodo y que se incluyan en el Decreto
1158 de 1994. De las pruebas aportadas al proceso se tiene que la demandante, señora Rosalba
González Hernández ingresó a laborar al sector público el 6 de julio de 1983 (fl. 40 del expediente, y
archivo terminado en 15 del Cd obrante a fl. 98) y que nació el 19 de septiembre de 1955 (fl. 13) de
manera que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 o de abril de 1994) le faltaban más de
10 años para adquirir el estatus pensional, siendo procedente liquidar su pensión de jubilación con
el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años de servicio, con los factores sobre los que
materialmente cotizó, como en efecto lo realizó la entidad demandada en el acto administrativo
impugnado (Resolución GNR 369914 de 2015 fls. 23-28) al aplicar el Decreto 1158 de 1994 y otorgarle
la pensión que de acuerdo a su historia laboral le resultaba más favorable, correspondiendo en
consecuencia revocar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones.
MAGISTRADO: DR. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 23 de febrero de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ANGELA IGNACIA GALVIS RODRÍGUEZ
B o l e t í n M e n s u a l

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DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
RADICACIÓN: 15238333300120160016401
DESCRIPTORES – Restrictores:
PENSIÓN DE VEJEZ - La omisión en la afiliación y pago de los aportes no puede hacerse recaer sobre
el trabajador y afectar el derecho pensional.
TESIS:
Pretende la demandante obtener la nulidad de la Resolución GNR 149800 de 21 de mayo de 2015,
mediante la cual se le negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, decisión que fue confirmada
por medio de las resoluciones GNR 301025 de 30 de septiembre de 2015 y VPB 75879 de 22 de
diciembre de 2015, las cuales resolvieron respectivamente los recursos de reposición y apelación. Fundamentó
la entidad demandada su decisión, argumentando que la asegurada, no obstante ser beneficiaría
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al no tener acumuladas por lo menos 750 semanas
al 25 de julio de 2005, no le aplica la parte pertinente del Acto legislativo 01 de 2005, que extendió
el régimen de transición de la Ley 100 hasta el año 2014. Por su parte, alega la demandante que existen
periodos cotizados que no obran en su historia laboral y que de ser incluidos excedería el mínimo de
semanas necesarias para la conservación del régimen de transición y, por ende, para el reconocimiento
de una pensión de vejez conforme las disposiciones anteriores al Sistema General de Seguridad Social
establecido en la Ley 100 de 1993. Lo primero que se debe precisar es que la omisión en la afiliación y
pago de los aportes no puede hacerse recaer sobre el trabajador y afectar el derecho pensional, tal
como lo ha sostenido la Corte Constitucional al señalar: "... a cargo del empleador recae la responsabilidad
de cancelar los aportes a su cargo, y los de sus trabajadores. Esta obligación solo finaliza cuando
el trabajador: (i) cumpla con las condiciones exigidas por la ley para la obtención de su pensión mínima
de vejez, (ii) cuando en razón de la pérdida de capacidad laboral obtenga pensión de invalidez, o (iii)
cuando obtenga la pensión de forma anticipada. Ahora bien, la omisión del empleador en el aporte de
las cotizaciones al sistema, no puede ser imputada al trabajador, ni podrá derivarse de ésta consecuencias
adversas. Estos resultados negativos se traducen en la no obtención de la pensión mínima, la cual
se configura como una prestación económica que asegura las condiciones mínimas de subsistencia, y
pondría en riesgo los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana y seguridad social del
trabajador. (….).
DESCRIPTORES – Restrictores:
EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 - Reconocimiento de pensión por
aportes.
PENSIÓN POR APORTES - Reconocimiento con aplicación de la extensión del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 y del inciso tercero del artículo 187 del C.P.A.C.A.
TESIS
En tales circunstancias, queda esclarecido que la demandante es beneficiaría del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, dado que a la entrada en vigencia de dicha disposición tenía con más de 35 años
de edad. Así mismo, toda vez que a 25 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas cotizadas,
también es pasible de aplicación de la extensión del régimen de transición, en los términos del Acto
Legislativo 01 de 2005. Ahora, respecto del alcance del Acto legislativo 01 de 2005 para los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado
señaló: "De acuerdo con lo anterior, es claro que el acto legislativo contempló el respeto por los derechos
adquiridos, fijando como término máximo de vigencia para los regímenes pensiónales especiales y
exceptuados el 31 de julio de 2010. Señaló además que el régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, no se extendería más allá de la fecha citada, excepto para los trabajadores
que estando en dicho régimen tuvieran como mínimo 750 semanas cotizadas a la entrada en
vigencia del acto legislativo, a quienes se les mantendría dicho régimen hasta el año 2014. No se advierte
que el acto legislativo trascrito haya impuesto como requisito a los beneficiarios del régimen de
transición como fecha máxima para reclamar las prestaciones el 31 de diciembre de 2014; lo que dispo-

P á g i n a 9
ne es que se deben respetar los derechos adquiridos. Por lo tanto, no existe soporte legal para que la
Dirección Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones de la Alcaldía de Pasto afirme que no
procede la aplicación del régimen de transición en el caso del señor Tobías Carlosama, porque la
solicitud de la pensión no se presentó durante ese término. Por el contrario, lo que es claro al tenor
de la ley es que se deben respetar sus derechos adquiridos, de manera que es menester amparar su
derecho a la pensión bajo el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 151 de la Ley
100 de 1993 y en el artículo 2 del Decreto 691 de 1994, el Sistema General de Pensiones de los servidores
públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entró a más tardar en vigencia el 30 de
junio de 1995, y a esa fecha el señor Tobías Carlosama Metieses contaba con más de cuarenta (40)
años de edad. Es así que, independientemente del momento en que el interesado efectúe la reclamación
tendiente al reconocimiento de su pensión, el respectivo fondo pensional debe respetar sus
derechos adquiridos, lo que en el caso del derecho pensional ocurre en el momento que se consolidan
los requisitos de edad y tiempo de servicio, a partir de lo cual se obtiene el estatus pensional. Así
las cosas, dado el desmonte del régimen de transición en los términos del Acto legislativo 01 de
2005, el asegurado tenía hasta el 31 de diciembre de 2014 para consolidar los requisitos para pensión
en aplicación de las normas anteriores al régimen general de pensiones establecido en la Ley
100 de 1993. Concordante con lo anterior, es posible establecer el total de tiempos válidos para
pensión de la demandante a 2014, así: (…) En tales circunstancias, teniendo en cuenta la condición
de empleado oficial que debe ostentar el pretendido beneficiario, se tiene que, adicional a los requisitos
de edad y tiempo de servicios para pensión, los 20 años a que alude la norma deben haber sido
laborados en instituciones públicas, con lo que resulta válido el argumento de la entidad demandada,
según el cual para calcular el número de cotizaciones en aplicación de precitada disposición
tendrían que restarse del total de semanas consignadas en la historia laboral los tiempos cotizados
por la demandante con el sector privado y como independiente. En virtud de lo anterior, resulta fácil
inferir que si al total de 1197 semanas cotizadas por la asegurada a 31 de diciembre de 2014 se le
resta el número de cotizaciones efectuadas por fuera del sector público, las cuales superan las 400
semanas, no alcanzaría la actora a completar las mil semanas exigidas para el reconocimiento pensional
en aplicación de la Ley 33 de 1985, razón por la que se deberá modificar la decisión de primera
instancia, que ordenó reconocer pensión de vejez a la demandante en los términos de la aludida
disposición. Sin embargo, teniendo en cuenta que la actora superó las mil semanas cotizadas, es
viable que un nuevo estudio le confiriera el derecho pensional a la luz de lo que comúnmente se ha
denominado pensión por aportes, la cual se encuentra prevista en la Ley 71 de 1988, aplicable por
remisión del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y que en términos generales permite la
acumulación de aportes públicos y privados para calcular el número de cotizaciones para pensión,
así: (…) Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo con las facultades establecidas en el artículo
187 del C.P.A.C.A., para restablecer el derecho particular al juez le está dado estatuir disposiciones
nuevas, en remplazo de las acusadas, así como modificar o reformar las mismas, lo cual no riñe con
la prohibición de fallar extra o ultra petita, menos en el caso particular, en el que tanto en la petición
realizada en sede gubernativa como en las pretensiones de la demanda, la actora solicitó el
reconocimiento de una pensión de vejez sin delimitar su pedido a la aplicación de un régimen pensional
específico, lo cual implica tener que explorar todos los escenarios normativos en los que pudiera
otorgarse el beneficio deprecado. Así las cosas y conforme las reglas expuestas en precedencia,
toda vez que a diciembre de 2014 la demandante contaba con más de 55 años de edad y más de
20 años de servicio, tiene derecho a pensionarse conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 71
de 1988, razón por la que se ordenará a la entidad demandada reconocer a la actora una pensión
de jubilación en los términos de dicha disposición, teniendo en cuenta para el efecto las semanas
pendientes de cargue de los años 2001 y 2003.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PENSIÓN POR APORTES - Salario base para su liquidación
TESIS
El Decreto 2709 de 1994, por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, estableció el
salario base para la liquidación de la pensión por aportes y el monto de la misma de la siguiente
manera: (…) El artículo 6 o del Decreto 2709 de 1994 fue derogado por el artículo 24 del Decreto
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1474 de 1997, por lo que la liquidación de la pensión por aportes ha encontrado diversas posiciones en
el Consejo de Estado, desde admitir que dicha norma seguía siendo aplicable en la medida en que si el
asegurado se encontraba en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 su pensión se regía íntegramente
por las normas anteriores aplicables al régimen al cual estuviera afiliado, hasta señalar que el
IBL de los beneficiarios del régimen de transición con derecho a pensión por aportes es el establecido
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.En torno a lo mismo, la jurisprudencia de esta Corporación,
al resolver pretensiones de reliquidación de pensión de empleados públicos en régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, venía sosteniendo que procedía reliquidarla con inclusión de todos los
factores salariales que se hubieran devengando en el año anterior al retiro del servicio, siendo ese el
periodo que debía tomarse para efectos de determinar el IBL, posición que se fundamentó en el principio
de inescindibilidad de la norma y en el acatamiento del precedente jurisprudencial de unificación
del Consejo de Estado, fijado en sentencia de 4 de agosto de 2010. Sin embargo, a raíz de la expedición
de la Sentencia de Unificación SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional , la cual consolida su jurisprudencia
para estatuir que, de manera general, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 conlleva la
aplicación de los conceptos de monto, edad y tiempo de servicio del régimen pensional anterior, excluyendo
el de ingreso base de liquidación, esta Corporación se vio abocada a un cambio jurisprudencial,
atendiendo al deber que tienen los Jueces de la República de observar prioritariamente el precedente
constitucional, a partir de lo cual se instituye que el ingreso base de liquidación para los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe calcularse aplicando el artículo 36 de la misma
disposición, esto es, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, o del tiempo
que hiciere falta para adquirir el estatus de pensionado al momento de entrada en vigencia de la Ley
100, si fuese menor a 10 años. En el mismo pronunciamiento, la Corte precisó que los factores salariales,
al no determinar el monto de la pensión sino parte de la base de liquidación de la misma, serían los
señalados por la normativa actual, en este caso, por el Decreto 1158 de 1994, siempre que sobre los
mismos se hubiesen efectuado cotizaciones para pensión. Concordante con lo expuesto, la pensión por
aportes del demandante se deberá liquidar con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos
10 años de servicio, teniendo en cuenta los factores salariales del Decreto 1158 de 1994, sobre los
cuales se efectuaron aportes para pensión. Finalmente, dado que no se encuentra acreditado el retiro
definitivo del servicio por parte de la demandante, y toda vez que los efectos fiscales del reconocimiento
pensional se surten a partir del día siguiente a la fecha del retiro, no hay lugar a declarar la prescripción
en relación con el pago de mesadas pensionales, por lo que también se modificará la decisión del a
quo en ese aspecto.
MAGISTRADO: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 8 de febrero de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MARÍA ELVERENA PULIDO AVENDAÑO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
RADICACIÓN: 15001333300320160006601
DESCRIPTORES – Restrictores:
FALSA MOTIVACIÓN - Acto de insubsistencia.
ACTO DE INSUBSISTENCIA - Su motivación no puede ser engañosa, fingida o contraria a la situación
fáctica y jurídica en que se encuentre el empleado en provisionalidad.
TESIS:
De acuerdo con lo anterior, el empleo de Auxiliar de Servicios Generales, Código 470 Grado 01 de la planta
de personal del Municipio de Sotaquirá es de carrera administrativa En el mismo, fue nombrada en
provisionalidad María Helverena Pulido Avendaño el 1 o de julio de 2014, fecha desde la que prestó sus servicios
al Estado hasta el 1 o de febrero de 2016, cuando se expidió la Resolución N° 028 que la declaró
insubsistente. Como fundamento de esta decisión, se adujo lo siguiente: "Que el Concejo Municipal de
Sotaquirá aprobó (Sic) Acuerdo Municipal No.027 de II de octubre de 20/3, mediante el cual se determina
la estructura orgánica, las funciones de las diferentes dependencias y establecen las escalas de

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remuneración para los diferentes niveles de la administración municipal. Que el Alcalde Municipal
de Sotaquirá, adopta la planta de personal mediante el decreto N" 056 del 1H de diciembre de
2013, estableciendo la planta de personal de Municipio. Que el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES, tiene prevista las siguientes funciones: DESCRIPIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES.
1. Mantener en perfecto estado de aseo y presentación las parales, pisos, muebles, sanitarios, puestas
y equipos de las diferentes dependencias de la Alcaldía. 2. Prestar eficientemente los servicios de
cafetería, de conformidad con las instrucciones recibidas del jefe inmediato. 3. Responder por iodos
tos utensilios de aseo, loza, electrodomésticos y demás asignadas, en desarrollo de sus funciones. 4.
Mantener informado al jefe inmediato las necesidades pedidas de café, azúcar, papel y demás elementos
para el aseo y la ejecución de las labores asignadas. 5. Cuidar las plantas ornamentales que
se encuentran en la alcaldía y parque principal del municipio. 6. Participar en la formación de una
cultura de auto control y mejoramiento continuo en la gestión del municipio, que contribuya al cumplimiento
de la misión institucional. 7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente,
las que reciba por delegación, y aquellas inherentes a la naturaleza del cargo de las funciones y a la
formación del empleado. Que el cargo de AUXILIAR DE SERVCIOS GENERALES Código 470 Grado 1,
tiene previstos las siguientes contribuciones individuales: (...) CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO). Los elementos, electrodomésticos y materiales suministrados para la
prestación del servicio son conservados en buen estado y utilizados en el objeto para el cual fueron
suministrados. La preparación y distribución de comidas y bebidas de consumo se realiza de manera
oportuna con asepsia y teniendo en cuenta las directrices impartidos por el superior inmediato. El
aseo v mantenimiento a las instalaciones de la Alcaldía y demás dependencias asignadas se realiza
en forma oportuna, adecuada y permanente. Para el caso específico la funcionaría HELVERENA PU-
LIDO AVENDAÑO, es quien ocupa el cargo en provisionalidad, al realizar la verificación de la historia
laboral dentro del estudio técnico de la conveniencia de la planta de persona!, se puede evidenciar
que dentro de la experiencia acreditada por la funcionaría no se encuentra la de manipulación de
alimentos, aspecto que por las características de! cargo que desempeña son necesarios, por lo cual
es prioritario proveer este cargo con una persona que tenga un perfil con experiencia en manipulación
de alimento, asepsia en el proceso de limpieza y desinfección, aspectos que permitirían impactar
el mejoramiento del servicio. Sin requerir otras motivaciones, el Alcalde del Municipio de Sotaquirá:
RESUELVE (...)" (Subrayado fuera de texto original) No obstante, el Manual específico de funciones
del Municipio, vigente para la época en que se profirió esta decisión, previo como requisitos
para el desempeño del cargo de Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 01 la "Aprobación
de cinco (5) años de educación Básica Primaria y experiencia laboral específica mínima de veinticuatro
meses".Es decir, que tal como lo determinó el a-quo, la entidad en el acto administrativo demandado,
exigió a María Helverena Pulido Avendaño una condición que no estaba contemplada en el
Manual de Funciones, desconociendo el principio de legalidad y el derecho a acceder a los cargos
públicos en condiciones de igualdad. Además dirá la Sala que, en modo alguno estaba facultado el
Alcalde para reformar los requisitos de los empleos de la planta de personal del municipio a través
de un acto de insubsistencia. Recuérdese que las reformas de las plantas de personal, en las cuales
se incluye, los requisitos para el acceso a los empleos, exigen como condición previa, la elaboración
de un estudio técnico que las sustenten, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1228 de 2005, y
por lo tanto no pueden estar sujetas al libre albedrio de la autoridad. Lo anterior porque se trata de
una actuación administrativa reglada que debe atender a las necesidades del servicio o a las razones,
de modernización, siempre bajo la égida de un estudio técnico que así lo demuestre. Si bien, en
el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición contra la insubsistencia, se indicó que al
analizar los requisitos del cargo "era factible realizar y/o mejoramiento del servicio, en donde se
pudiera seleccionar un candidato con experiencia en manipulación de alimentos, asepsia en proceso
de limpieza y desinfección, aspectos que impactarían directamente el mejoramiento del servicio", lo
cierto es que no se aportó al proceso medio de convicción alguno que permitiera inferir que ello
estaba sustentado en un estudio técnico o en la reforma del Decreto N° 057 de 2013 por el cual, se
adoptó el manual específico de funciones. Ahora bien, en la hoja de vida de la señora María Helverena
Pulido Avendaño, se encuentra que, cuando ingresó al servicio del Municipio de Sotaquirá, cursaba
bachillerato, y contaba con experiencia laboral superior a veinticuatro (24) meses, pues según el
certificado expedido por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sotaquirá Emsotaquirá
E.S.P., laboró allí aproximadamente veintiocho (28) meses. En estas condiciones, la actora cumplía
con los requisitos para acceder al cargo, y por lo tanto, los motivos que sirvieron de sustento del
acto de insubsistencia, no son reales, máxime si se tiene en cuenta que en el año 1994 aprobó formación
en "MANEJO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS PERECEDEROS" en el SENA, y en EMPOSOTAQUIRÁ
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E.S.P, tenía como función prestar el servicio de aseo en las oficinas de los entes Administrativos de la
Alcaldía Municipal, servicio de cafetería y servicio de estafeta entre otros " (Subrayado fuera de texto
original). El servicio de cafetería, tal como es definido por la Real Academia Española, implica el despacho
de café y otras bebidas, así como el servicio de aperitivos y comidas. De manera que, la señora
Helverena a la fecha de desvinculación, tenía experiencia previa en la manipulación de alimentos. Precisamente,
en el recurso de reposición presentado contra el acto administrativo de insubsistencia, la
señora Pulido allegó el certificado do estos estudios y le informó a la administración el cumplimiento de
los requisitos exigidos para el cargo. No obstante, resulta llamativo para la Sala, el hecho que el Municipio
no reconsiderara su decisión inicial y reintegrara a MARÍA HELVERENA PULIDO AVENDAÑO. Por el
contrario, en la Resolución N° 042 del 24 de febrero de 2016, únicamente enunció de forma genérica,
que lo que se pretendía era el mejoramiento del servicio, sin detenerse en la realidad táctica y jurídica
que fue acreditada en el recurso a efecto de controvertir las razones dadas como suficientes para el
retiro del servicio. Entonces, al carecer de concordancia lo expresado en los actos administrativos demandados
frente a los requisitos del Manual de Funciones, y la experiencia así como la formación de la
ahora demandante para desempeñar el cargo de Auxiliar de Servicios Generales Código 470 Grado 1, el
municipio incurrió en falsa motivación.
MAGISTRADO: DR. JOSE ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 6 de marzo de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: JAIRO EDUARDO CASTILLO OTÁLORA
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN –FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIA-
LES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 15001333300720150011301
DESCRIPTORES – Restrictores:
PENSIÓN DE LOS DOCENTES – Para su liquidación en cuanto a los factores a incluir en el IBL de los
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sigue siendo aplicable el criterio
del Consejo de Estado expuesto en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
TESIS:
En el sub lite, son dos los aspectos debatidos por medio del recurso de apelación, a saber: (i) los factores
que deben incluirse en el IBL pensional del accionante, y (ii) el acaecimiento del fenómeno de la
prescripción. Frente al primero, como se dilucidó en el acápite precedente, la Ley 33 de 1985 -
modificada por la Ley 62 del mismo año-, que contiene el régimen aplicable al demandante en virtud
de su fecha de vinculación al servicio docente (10 de febrero de 1994), en su artículo 3 o enlista una serie
de factores salariales que integran la base de liquidación pensional. No obstante, de acuerdo con la
sentencia de unificación dictada el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, ese listado no es taxativo
sino meramente enunciativo, de modo que bajo dicho régimen son integrantes del IBL todos los
factores que remuneren los servicios prestados por el trabajador, siempre que sean devengados habitual
y periódicamente. Además, de conformidad con la providencia en mención, también integran el IBL
aquellas prestaciones sociales a las que el legislador les haya dado la connotación de factor salarial
para efectos pensiónales, como las primas de navidad y de vacaciones. Verificado el plenario, se observa
que en su último año de servicios (entre el 10 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2011) el accionante
devengó los siguientes factores (f. 18 anexo): asignación básica, prima de vacaciones y prima de
navidad. Empero, en la Resolución No. 1031 del 16 de diciembre de 2013 (mediante la cual el FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO reliquidó la pensión de jubilación que le había
sido previamente reconocida) se incluyen en el IBL los siguientes factores (Fl. 32-34): asignación
básica y prima de vacaciones. Por ende, la providencia apelada acertó al ordenar la reliquidación de la
prestación con inclusión de la prima de navidad, que fue omitida por la Administración al momento de
liquidar la pensión. En consecuencia, este cargo de la alzada no prospera. Sobre este punto es necesario
aclarar que si bien la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá recientemente acogió la
posición de la Corte Constitucional contenida en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU -

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395 de 2017 a propósito de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, de contera,
concluyó que el IBL prestacional en esos eventos no corresponde al del régimen anterior, lo cierto es
que en este caso se da aplicación a la tesis del Consejo de Estado en razón a que, por disposición
legal (arts. 279 L 100/1993 y 81 L 812/2003), los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003
están expresamente excluidos del sistema pensional creado en la aludida Ley 100 de 1993 y, en
consecuencia, son beneficiarios de la Ley 33 de 1985 no en virtud del régimen de transición allí creado
sino por remisión directa. Así las cosas, con esta decisión no se varía ni contraviene la postura
adoptada por esta Corporación con fundamento en el precedente de la Corte Constitucional, sino
que simplemente, por no discutirse los elementos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 (no se llega al régimen anterior por transición sino por exclusión expresa), la Sala considera
que la jurisprudencia aplicable continúa siendo la del Consejo de Estado.
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REPARACIÓN DIRECTA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 8 de febrero de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MARÍA NINFA ALARCÓN CARDOZO
DEMANDADO: MUNICIPIO DE DUITAMA
RADICACIÓN: 15238333300120130033102
DESCRIPTORES – Restrictores:
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN EN SEÑALIZACIÓN DE VÍAS - Debe resolverse a la luz
del título de imputación de falla del servicio - Precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
TESIS:
Ahora, el Consejo de Estado ha señalado, de tiempo atrás, que cuando se trata de la omisión en la señalización
de una vía, la responsabilidad del Estado, debe resolverse a la luz del título de imputación de
falla del servicio. (…)Criterio que se ha mantenido inmodificable como se lee en la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección B, en sentencia de 29 de julio de 2013, exp. 24003, M.P. Danilo Rojas Betancourth;
sin que deje de resaltarse la sentencia de octubre 4 de 2007, proferida dentro de los expedientes
acumulados 16.058 y 21.112, con ponencia del Consejero Doctor Enrique Gil Botero, que eleva a
principio el deber de señalización, al señalar que: (…).
DESCRIPTORES – Restrictores:
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN EN SEÑALIZACIÓN DE VÍAS - Nexo de causalidad.
TESIS:
En este caso, no se pone en duda que la señalización de la vía en la cual ocurrió el accidente era deber
de la administración municipal demandada y que, al momento en que el mismo se presentó, ella no
existía. Por el contrario, acepta la demandada que fue instalada días después, en razón a un contrato
suscrito con tal finalidad. Entonces, no se discute ni la falla del servicio, ni el deber omitido. El asunto
entonces se contrae a determinar si, como lo señala la recurrente, no se probó el nexo de causalidad en
tanto, a su juicio, las razones determinantes del daño - muerte - son imputables a culpa de la víctima
por falta de pericia y exceso de velocidad y a un tercero - el conductor del vehículo causante de la
muerte - por exceso de velocidad. (…)En efecto, a folios 110 a 112, obra copia del Contrato de Servicios
No. CSE 20110018, suscrito el 6 de julio de 2011, el cual tenía por objeto la elaboración e instalación de
70 señales verticales de tránsito y mantenimiento de todo costo de 50 señales verticales existentes en
el perímetro urbano de Duitama. Observa la Sala que al momento del accidente, la vía carecía de las
advertencias que en materia de señalización vial ordenan las disposiciones legales. Ahora bien, el Departamento
de Boyacá indicó que la Carrera 12 es una vía arteria y por ello, el señor Yimy debió disminuir
la velocidad, no obstante, omitió dicha medida preventiva y siguió transitando con exceso de velocidad.
En estas condiciones, tal como lo señala la jurisprudencia, debe aceptarse que por su carácter, la
vía por la cual transitaba la víctima era de alta peligrosidad, lo cual implicaba que resultaba necesaria
la advertencia de la señal, sin embargo el ente demandado no la tenía instalada. La Ley 769 de 2002,
Código Nacional de Tránsito, vigente al momento de los hechos, en su artículo 105 clasificaba las vías
urbanas a efecto de la prelación así: (…). Es decir que, dentro de la clasificación de las vía, la arteria es
una de las de mayor envergadura y debe la prelación sólo a las vías de metro o metrovía, troncal, férreas
y autopistas. En efecto el artículo 2 o de la Ley 769 de 2002 la definía como: “Vía arteria: Vía de un
sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con excepción de la
vía férrea y la autopista.” (…)En estas condiciones, a esta Sala no queda duda que la falta de señalización
en el lugar de ocurrencia del accidente era de importancia significativa dado el nivel de peligrosi-

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dad de la vía, es decir, tal omisión alcanza trascendencia al momento de concluir que fue determinante
en la ocurrencia del accidente que causó la muerte a la víctima, evidenciándose el nexo de
causalidad; en efecto, era una señal de advertencia necesaria para que, como se dijo, el conductor
disminuyera su velocidad sea que transitara por la calle o por la carrera pues, en el punto del accidente
las dos vías se consideraron, conforme a la prueba aportada, de alto flujo vehicular. Así las
cosas, como lo consideró el a-quo la actuación de los conductores influyó en el acaecimiento del
hecho por exceder la velocidad permitida en zona urbana, pero no queda duda que por la categoría
de las vías, como se señaló en la prueba, era difícil establecer qué vehículo debía disminuir la velocidad,
de manera que podría haberse aminorado el riesgo propio de la conducción si el municipio
hubiera contado con la señalización necesaria, se reitera, en vías arterias. (…) Entonces, si bien el
Municipio de Duitama reglamentó la prelación de las vías mediante la Resolución No. 1.117 de
1999, ello no lo exoneraba del deber de instalar la señal reglamentaria de “PARE” en el lugar donde
ocurrió el accidente, dado que se trataba de la intersección de vías arterias y la combinación de
velocidades hacía necesario detener el vehículo completamente para evitar accidentes, de manera
que, como no se contaba con tal advertencia, no puede el municipio exonerarse la responsabilidad
que surge de la omisión de su deber. En consecuencia, esta Sala encuentra probada la falla del servicio
de la entidad pública demandada, al incumplir su deber de señalización por no tener instalada la
señal reglamentaria de “PARE”, falla que guarda relación causal con el accidente de tránsito en el
que perdió la vida el señor Yimy Chaparro Alarcón.
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REPETICIÓN
MAGISTRADO: Dr. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 24 de enero de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE CERINZA
DEMANDADO: RIGO ANTONIO BOADA CASTRO
RADICACIÓN: 15238333300220130024601
DESCRIPTORES – Restrictores:
BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN EN FAVOR DE LOS ALCALDES – Noción – Componentes – Vigencia.
ACCIÓN DE REPETICIÓN – Responsabilidad de alcalde por culpa grave al no haber pagado a su antecesor
la Bonificación de Dirección Establecida en el Decreto 3574 del 2003.
TESIS:
Se encuentra acreditado en el expediente que el señor Rigo Antonio Boada Castro quien fungió como
alcalde municipal de Cerinza para los años 2004 a 2007, omitió dar respuesta a la petición radicada por
el señor Manolo Alberto Eslava Manosalva el 19 de enero de 2005, hecho este por el cual se configuró
el silencio administrativo negativo, además mediante Oficio de 18 de mayo de 2005, negó el reconocimiento
y pago de la bonificación de dirección consagrada en el Decreto 3574 de 2003.En la sentencia
proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
el 28 de noviembre de 2011 se resolvió que el entonces demandante tenía derecho a que se le reconociera
la bonificación de dirección establecida en el Decreto 3574 de 2003, en lo correspondiente al año
2003. El Decreto 3574 de 2003 ‘"Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores
y Alcaldes y se dictan disposiciones en materia prestacional”, tal como lo indicó la sentencia de nulidad
y restablecimiento del derecho, creó a partir del 1 o de enero de 2003 para los Gobernadores y Alcaldes,
como prestación social, una bonificación de dirección equivalente a tres (3) veces el salario mensual
compuesto por la asignación básica más gastos de representación, pagadera en dos contados iguales
en fechas treinta (30) de junio y treinta (30) de diciembre del respectivo año. Lo anterior deja ver con
claridad que en efecto al señor Manolo Alberto Eslava Manosalva quien fungió como alcalde del municipio
de Cerinza por el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003 le asistía el derecho de percibir
dicha bonificación, razón por la cual la negativa por parte del señor Rigo Antonio Boada Castro de reconocérsela
conlleva a que se presente una responsabilidad por culpa grave, por su actuar negligente.
Ahora dirá la Sala que no es de recibo el argumento del recurrente de que el señor Manolo Alberto
Eslava Manosalva quien fungió como alcalde del municipio de Cerinza, fue quien debió incluir el pago
de la bonificación en el presupuesto, pues el alcalde entrante no podía realizar pagos que no quedaran
estipulados allí, teniendo en cuenta que el Decreto 3574 de 2003 que creó la bonificación de dirección
entró en vigencia solo hasta el 12 de diciembre de 2003 cuando fue publicado, de ahí que no puede
pretender ahora el demandado que no se declare su responsabilidad, pues es claro que fue quien aun
cuando era su obligación negó rotundamente dicho reconocimiento. Además excusar ahora al demandado,
argumentando que no podía efectuar el reconocimiento y pago de la bonificación porque la Ley
Orgánica del Presupuesto no le permitía incluir gastos adicionales, no tiene asidero jurídico, pues es la
misma Constitución Política en su artículo 315 la que lo faculta para que presente oportunamente al
Concejo los proyectos de acuerdo sobre presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime
convenientes para la buena marcha del municipio. Ahora si bien es cierto, el proyecto de presupuesto
de rentas y gastos se debe presentar anualmente, también es cierto que dicha circunstancia no era
impedimento para que el demandado hubiera negado el pago de la prestación basado en que no podía
incluir gastos que no estuvieran consagrados allí, pues hay que tener en cuenta que la solicitud de reconocimiento
fue radicada en el año 2005, cuando llevaba el señor Rigo Antonio Boada Castro solo un
año fungiendo como alcalde del municipio, lo cual deja ver que tuvo la posibilidad de incluir ese gasto
durante su mandato. De otro lado, no está de acuerdo la Sala con la condena impuesta por el a quo,
quien resolvió en repetición que el señor Rigo Antonio Boada Castro debía cancelar el monto actualiza-

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do establecido en la conciliación llevada a cabo el 31 de diciembre de 2012, como consecuencia del
fallo emitido el 28 de noviembre de 2011 dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del municipio de Cerinza, pues si bien es cierto, existe responsabilidad del demandado
a título de culpa grave, primero, por no haber contestado la petición elevada por el entonces
demandante el 19 de enero de 2005, configurándose así un acto ficto surgido del silencio administrativo
negativo, y segundo, porque mediante Oficio de 18 de mayo de la misma anualidad le negó
el reconocimiento y pago de la bonificación de dirección a que tenía derecho, es evidente que la
entidad territorial estaba en la obligación de reconocerle y pagarle la bonificación de dirección consagrada
en el Decreto 3574 de 2003 al señor Manolo Alberto Eslava Manosalva, de ahí que ahora
no puede venir a endilgarle toda la responsabilidad al ex funcionario que negó el reconocimiento del
emolumento, cuando su deber era ese. Tal como lo establece el Decreto 3574 de 2003 la bonificación
de dirección equivale a tres veces el salario mensual compuesto por la asignación básica más
gastos de representación, pagadera en dos contados iguales en fechas treinta (30) de junio y treinta
(30) de diciembre del respectivo año. Revisado el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 2005- 02506-00 en el que obra como demandante el señor Manolo Alberto Eslava
Manosalva y demandado el municipio de Cerinza, da cuenta la Sala que para el reconocimiento de
dicha prestación solo se tuvo en cuenta la asignación básica mensual, pues no se demostraron los
gastos de representación. Teniendo en cuenta que el entonces demandante señor Manolo Alberto
Eslava Manosalva, quien fungió como alcalde del municipio de Cerinza, devengó en el año 2003,
periodo por el cual estaba solicitando el reconocimiento de la bonificación de dirección, una asignación
básica mensual de $E799.398, en aplicación del Decreto 3574 de 2003 que indicaba que la prestación
equivalía “(…) a tres (3) veces el salario mensual compuesto por la asignación básica más
gastos de representación (...)”, es claro para la Sala que la entidad hoy demandante estaba obligada
a reconocerle en cumplimiento de dicha reglamentación por este concepto la suma de
$5'398.194.En estos términos, se debe condenar al señor Rigo Antonio Boada Castro por la conducta
en la que incurrió, pero solo por el detrimento causado al erario público, lo que corresponde a la
suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($ 4.601.806), toda vez
que con condena o sin ella, el municipio de Cerinza estaba obligado a reconocer y pagar la suma de
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS ($
5.398.194), que corresponden a tres veces la asignación básica que devengaba el señor Manolo
Alberto eslava Manosalva en el año 2003, conforme al Decreto 3574 de 2003 razón por la cual el
fallo de primera instancia será modificada en este sentido.
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EJECUTIVO
MAGISTRADO: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Auto de fecha 8 de febrero de 2018
MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO
DEMANDANTE: MAGDA FABIOLA MOJICA DE CRUZ
DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 15001333301020170008801
DESCRIPTORES – Restrictores:
MANDAMIENTO DE PAGO – Recursos procedentes
TESIS:
De las normas trascritas se infiere: Que todos los autos son susceptibles de reposición salvo que exista
norma en contrarío; - Que contra la decisión que resuelve la reposición no cabe recurso alguno, salvo
que contenga puntos nuevos; - Que el juez está en el deber de tramitar el recurso procedente; -Que el
recurso de apelación exige en la sustentación la exposición de los reparos concretos contra la decisión.
- Que contra el auto que libra mandamiento de pago no cabe la apelación. Que contra el auto que niega
el mandamiento de pago o lo libra parcialmente cabe el recurso de apelación. - Que cuando por vía
de reposición se niega el mandamiento de pago o se libra parcialmente, cabe la apelación. Concluye
esta Sala del resumen anterior que en este caso no era procedente el recurso de reposición presentado
por el ejecutante por cuanto el mandamiento de pago fue negado. El recurso de reposición procede
contra el mandamiento de pago librado tal como lo solicitó el ejecutante, pues de no ser así, se estaría
ante un mandamiento parcial frente al que procede la apelación por el ejecutante. Razonablemente,
entonces, el interesado en el recurso de reposición es el ejecutado, una vez le ha sido notificado el mandamiento
de forma que, si como resultado de este recurso, el mandamiento es revocado o librado parcialmente,
el ejecutante puede interponer el recurso de apelación. Ahora, cuando el artículo 318 del
CGP prevé la reposición, salvo norma en contrario, se advierte que si el auto que niega el mandamiento
de pago o lo libra parcialmente, es apelable al tenor del artículo 438 CGP esa norma ha dispuesto el
recurso procedente y, en consecuencia, no puede ser recurrido en reposición; adicionalmente porque
no procede recurso alguno contra el auto que decide la reposición, salvo que contenga puntos nuevos,
siempre sobre ellos y sólo si el recurso es pertinente. Ahora, el numeral 2 o del artículo 322 del CGP, al
señalar que la apelación puede ser interpuesta directamente o en subsidio de la reposición, implica
que, en efecto, la decisión pueda ser pasible de los dos recursos, sin embargo, como en el caso del mandamiento
de pago, existe norma especial (art. 438) que determina los recursos procedentes, es claro
que no procede reposición a menos que, como se dijo, se trate del que libró mandamiento de pago, se
reitera, como medio de defensa del ejecutado; de allí que la norma señale que si se accede a la reposición
será la otra parte quien puede apelar si el recurso es procedente, lo cual resulta concordante con
lo dispuesto por el artículo 438 del mismo ordenamiento al señalar que la apelación procede si por vía
de reposición se niega o se libra parcialmente el mandamiento de pago. De lo expuesto entonces, como
en este caso el mandamiento de pago fue negado, únicamente era procedente el recurso de apelación
y, en consecuencia, a pesar de haber sido tramitada la reposición por el a-quo, al ser interpuesta oportunamente
la apelación, la competencia de este Tribunal es plena y se desatarán todos los reparos
concretos que el ejecutante formuló contra el auto proferido el 23 de noviembre de 2017. Era deber del
a-quo tramitar el recurso procedente y tal falla procedimental no puede perjudicar al ejecutante, a
pesar de acudir, desacertadamente, a invocar los dos recursos - reposición y en subsidio apelación -.
DESCRIPTORES – Restrictores:
AUTOS ILEGALES - No obligan al juez – Precedente jurisprudencial
TESIS:

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La Sección Tercera del Consejo de Estado, de tiempo atrás, ha venido sosteniendo la tesis según la
cual los autos ilegales no obligan al juez. El primer pronunciamiento al respecto, se encuentra en el
auto de 19 de abril de 2001, proferido en el expediente Radicación número: 19001-23-31-000-1999-
2095-01(19369), Actor: HECTOR ARTURO CAMACHO TOVAR Y JAIRO BOLIVAR CERON. Se dijo allí:
(…)La Sala comparte los anteriores planteamientos y considera prudente en desarrollo de los principios
señalados, de la orientación jurisprudencial reseñada e igualmente en aplicación de los principios
de economía, procesal, tomar medidas sobre la irregularidad de lo actuado, en primer lugar,
evidenciando el yerro advertido y, en consecuencia, declarando la insubsistencia del auto que decidió
la reposición; y, en segundo lugar, avocando el conocimiento pleno del recurso procedente para
tomar las decisiones que en derecho corresponden. Admitir como válida la decisión del a-quo al
resolver la reposición, no sólo impondría desmembrar el recurso para interpretar si todas las inconformidades
fueron resueltas o no, y se llegaría al absurdo de tramitar un recurso de apelación contra
el auto que resolvió la reposición, no obstante que éste no se tocaron puntos nuevos y tampoco
existen reparos concretos contra el mismo. Es decir, este Tribunal se vería abocado a interpretar
tanto el recurso interpuesto, como el auto que lo decidió, a riesgo de vulnerar el derecho de defensa.
DESCRIPTORES – Restrictores:
RECURSO DE APELACIÓN - Sustentación – Objeto.
COMPETENCIA DEL SUPERIOR - Principio de congruencia.
TESIS:
Así como el juez al momento de dictar sus providencias, debe tener en cuenta los hechos y las pruebas
allegadas en el transcurso del proceso, para que su decisión responda a los problemas jurídicos
que se planteen, igual exigencia cabe a las actuaciones desplegadas por las partes en sus escritos,
pruebas, alegatos e impugnaciones, máxime en este último caso dado que los aspectos de desacuerdo
del recurrente serán el punto de partida para que en segunda instancia se estudie la providencia
objeto de controversia. El artículo 320 del CGP, en cuanto a la apelación señala que: (…) El Consejo
de Estado, Sección Segunda - Subsección "A" Consejera Ponente Dra. ANA MARGARITA OLAYA FO-
RERO, sentencia de 26 de enero de 2006, expediente: 17001-23-31-000-2001-00621-01(5054-03),
Actor: María Rubiela Bermúdez Granada, Demandado: Departamento de Caldas, precisó al respecto:
"...El recurso de apelación es la forma como se proyecta en la práctica el derecho de impugnación
a la decisión judicial que contiene una sentencia. Por ello exige que el recurrente confronte los
argumentos que el juez de instancia consideró para tomar su decisión, con sus propios argumentos y
solicite del juez de superior jerarquía funcional, que decida la nueva controversia que plantea en
segunda instancia. En este orden de ideas, el juez de segunda instancia tiene como metreo de competencia
las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen contra la decisión que se
adoptó en primera instancia, v cualquier asunto distinto al planteado por el recurrente se excluye
del debate en la instancia superior...".(Resaltado fuera de texto). Así las cosas, el juzgador de segundo
grado al desatar apelación se limita a lo expuesto en la sustentación del recurso de apelación, de
allí que ella se exija so pena de declararlo desierto, ya que de la expresión concreta de las razones de
inconformidad nacen los límites de la controversia entre el mérito de la providencia impugnada y los
desacuerdos de la parte afectada, la cual sea de paso advertir, permite la aplicación de uno de los
principios más caros del derecho, como lo es el debido proceso, del que se deriva dos principios aplicables:
i) la "no reformatio in pejus", que se traduce, en no hacer más gravosa la situación del apelante
único, y ii) la congruencia, que implica la sujeción de las decisiones a los fundamentos y marcos
de los conflictos propuestos respetando los límites que en las instancias el demandante y el impugnante
en sus respectivos escritos demarcan. De manera tal, que no atender ni respetar estos
principios, genera una violación concreta del derecho de defensa y por supuesto del mencionado
debido proceso. Debe entenderse que los límites del juzgador de segunda instancia están dados en
el recurso de apelación frente a la providencia recurrida lo cual impone no sólo un análisis sobre tal
pronunciamiento sino también sobre las pruebas que pudieran haber sido desatendidas. El artículo
328 del CGP señala con precisión que la competencia del superior al desatar la apelación se limita
"solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante...".Así las cosas, la sustentación del
recurso de apelación es el medio procesal previsto por el artículo 243 del CP ACA, para que el recurrente
manifieste los motivos de inconformidad con la sentencia o el auto. En efecto, esta -la apela-
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P á g i n a 20
ción-, delimita el pronunciamiento de la segunda instancia. Es por ello que las razones aducidas por el
recurrente demarcan la competencia funcional del juez de segunda instancia. En consecuencia, si no
existen los mentados motivos de discrepancia con la providencia proferida por el a quo, el recurso carece
de objeto. (…) En las condiciones señaladas anteriormente, carece esta instancia de objeto frente al
cual pueda pronunciarse en relación con el auto proferido el 23 de noviembre de 2017, toda vez que la
parte apelante no cuestionó, no criticó, no censuró las motivaciones de la providencia que recurrió.

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VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 8 de febrero de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE SANA ROSA DE VITERBO
RADICACIÓN: 15001233300020170096600
DESCRIPTORES – Restrictores:
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO - Al alcalde no puede facultársele para para
hacerlo por tratarse de un asunto que por reserva legal que corresponde al Concejo Municipal.
TESIS:
El artículo 3 o del Acuerdo No. 27 de 27 de octubre de 2017, proferido por el Concejo Municipal de
Santa Rosa de Viterbo, prevé: “ARTÍCULO TERCERO: Facultar al señor Alcalde Municipal para autorizar
la modificación del presupuesto del municipio realizando los traslados, adiciones, créditos contra
créditos y/o los demás movimientos presupuestales que se requieran de conformidad con las normas
presupuéstales aplicables en el presente acuerdo, para cumplir con las autorizaciones aquí otorgadas.”.
Observada la norma demanda, el Concejo de Santa Rosa de Viterbo facultó al Alcalde
“...para autorizar la modificación del presupuesto del municipio”, lo primero que resalta la Sala es
que conforme a la jurisprudencia y análisis precedente al alcalde no puede facultársele para modificar
el presupuesto por tratarse de un asunto que le compete al Concejo municipal por reserva legal,
motivo por el cual éste no puede facultar al Alcalde para que realice modificaciones al presupuesto,
por medio de traslados o adiciones (créditos y contracréditos) así como los otros movimientos presupuéstales,
a que hace alusión el precepto demandado. Conforme a lo expuesto, emerge la ilegalidad
de la norma, pues la misma faculta al ejecutivo a realizar modificaciones al presupuesto, por medio
de traslados y adiciones, con sus respectivos créditos y contra créditos, materia que por disposición
constitucional y legal, es de conocimiento exclusivo de los Concejos municipales, y que la única posibilidad
para que el ejecutivo asuma tales competencias, es que exista un Estado de Excepción, el
cual puede ser únicamente declarado por el Presidente de la República, entonces no resulta viable
que se autorice al ejecutivo municipal para modificar el presupuesto como lo consagra la norma
objeto de estudio. En esa medida debe declararse la invalidez del artículo 3 o .del Acuerdo 016 del 27
de octubre de 2017, por desconocer las reglas en materia presupuestal, lo que conlleva de contera a
la vulneración del precepto constitucional consagrado en el artículo 345 de la Carta Política
MAGISTRADO: Dr. FELIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 3 de marzo de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE MACANAL
RADICACIÓN: 15001233300020170080100
DESCRIPTORES – Restrictores:
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS PARA LA CONEXIÓN DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - Marco jurídico.
SERVICIO PÚBLICO DE GAS COMBUSTIBLE – Noción.
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TESIS:
El artículo 365 de la Constitución Política, consagra que los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional. Por su parte, el artículo 368 Superior, prevé que La Nación, los departamentos,
los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos
presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. Ahora bien, la ley 142 de 1994, que resulta
aplicable entre otros, al servicio público domiciliario de distribución de gas combustible - Artículo 1 y
14.21-, en su artículo 5.3, prescribe que es competencia de los municipios en relación con los servicios
públicos domiciliarios, disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con
cargo al presupuesto del municipio. El servicio público de gas combustible, conforme a lo previsto en el
Artículo 14.28, de la ley 142 ibídem, es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas
combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto
central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También
se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y
transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta
aquel en donde se conecte a una red secundaria. Aunado a lo anterior, el artículo 97 de la ley en cita,
consagra, de una parte, que con el propósito de incentivar la masificación de estos servicios las empresas
prestatarias de los mismos otorgarán plazos para amortizar los cargos de la conexión domiciliaria,
incluyendo la cometida y medidor de los estratos 1, 2 y 3 podrán ser cubiertos por el municipio, el departamento
o la nación a través de aportes presupuestales para financiar los subsidios otorgados a los
residentes de estos estratos que se beneficien con el servicio y, de existir un saldo a favor de la persona
prestadora del servicio, se aplicarán los plazos establecidos en el inciso anterior, los cuales, para los
estratos 1,2 y 3, por ningún motivo serán inferiores a tres (3) años, salvo por renuncia expresa del
usuario. De acuerdo a las definiciones consignadas en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994, la acometida
corresponde a la derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte
del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro
de corte general (Art. 14.1) y la red interna corresponde al conjunto de redes, tuberías, accesorios y
equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor.
Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al
inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere. Finalmente, de acuerdo a la Resolución
GREG 011 de 2003, las conexiones de acceso al sistema de distribución (conexión) corresponden a
los activos de uso exclusivo, que no hacen parte del Sistema de Distribución, que permitan conectar un
Comercializador, un Almacenador, otro Distribuidor, o un usuario a un Sistema de Distribución de gas
combustible por redes de tuberías. La conexión se compone básicamente de los equipos que conforman
el centro de medición y la acometida, activos que son propiedad de quien los hubiere pagado, si no
fueren inmuebles por adhesión.
DESCRIPTORES – Restrictores:
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS PARA LA CONEXIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS - Su alcance corresponde a su conexión, acometida, su medición, pero no
para la instalación de la red interna
ACUERDO MUNICIPAL - Invalidez parcial por comprender el otorgamiento de subsidio por parte del
Municipio para la instalación de la red interna, cuando ésta corresponde al suscriptor exclusivamente
TESIS:
Atendiendo el problema jurídico planteado, encuentra la Sala que artículo primero de acuerdo 024 de
25 de septiembre de 2017, consagra como objeto de la autorización "Facultar al alcalde Municipal de
Macanal para que, con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de esta entidad territorial, entregue
subsidios para el pago de derechos de conexión e instalación interna del servicio público domiciliario de
GAS GLP (Gas Licuado de Petróleo) a los usuarios de los inmuebles residenciales zona urbana (incluye
establecimientos de todo tipo) estratos 1, 2 y 3 del municipio de Macanal. (Subraya la Sala). A su vez, el
artículo 2 del acuerdo, autoriza al alcalde municipal para hacer los ajustes y modificaciones presupues-

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taos que sean necesarios para darle cumplimiento al acuerdo. Por su parte, el artículo 5 ibídem,
define que los subsidios para el pago de derechos de conexión e instalaciones internas, se otorgarán
únicamente a los usuarios de los usuarios de los inmuebles residenciales zona urbana de los estratos
1, 2 y 3 para la financiación parcial de los costos de las instalaciones internas del servicio público
domiciliario de gas licuado del Petróleo. Ahora bien, del marco normativo expuesto en esta providencia,
puede precisarse lo siguiente (i) Corresponde a los municipios garantizar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, incluyendo el de gas combustible; (ii) el servicio público de gas combustible
corresponde a las actividades para la distribución del gas combustible, dentro de las que se
incluye su conexión , acometida y medición y (iii) los subsidios para los residentes de los estratos 1, 2
y 3,financian los costos de conexión domiciliaria, acometida y medidor. Así las cosas, y revisando lo
resuelto en el acuerdo cuya validez se depreca, considera la Sala que el mismo desconoce parcialmente
la normativa que regula lo atinente al otorgamiento de los subsidios para el servicio público
de gas combustible, esto, por cuanto el alcance de tales subsidios corresponde a su conexión, acometida,
su medición, sin que de manera alguna se permita el otorgamiento del subsidio para la
instalación de la red interna, procedimiento que resulta posterior a la medición. En consecuencia, el
monto que, conforme al artículo cuarto del acuerdo 024 de 25 de septiembre de 2015, es destinado
a la red interna - $80.519.600- (fl. 15), como quiera que no puede usarse para sufragar subsidios de
gas combustible, correspondería a una donación por parte del ente territorial a favor de personas
naturales de derecho privado, actuar que claramente, resulta contrario a lo prescrito en el artículo
355 de la Carta política, que consagra la prohibición de las donaciones en ese sentido, amén de generar
una modificación al presupuesto municipal que resulta contraria a derecho. Advierte así la
Sala que el acuerdo demandado no podía comprender el otorgamiento de subsidio por parte del
Municipio para la instalación de la red interna, dado que como se explicó, ésta corresponde al suscriptor
exclusivamente; por esto, se declarará la nulidad parcial de los artículos 1 o y parágrafo 1 y
parágrafo 2 del aludido acuerdo, en los que se menciona el otorgamiento del subsidio por este concepto.
B o l e t í n M e n s u a l

NOTA DE ADVERTENCIA
“La indexación de la información a través de descriptores, restrictores
y la tesis, no exoneran al usuario de la información de corroborar
su contenido con los textos de las providencias y atendiendo
posibles inconsistencias que de presentarse se sugiere sean puestas
en conocimiento de la Relatoría”.
Tribunal Administrativo de Boyacá
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Relator
Gonzalo López Niño
BOYACA
ALTAR DE LA PATRIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS