BOLETÍN MENSUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Nº 84

Boletín Mensual
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Relatoría
En este boletín se destacan algunos de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo
de Boyacá proferidos en las diferentes acciones constitucionales, ordinarias y especiales.
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar
cortésmente, responder sabiamente, ponderar
prudentemente y decidir imparcialmente.”
Sócrates

Boletín Mensual
C o n t e n i d o :
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onsulta popular
C
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P opular
Consulta popular 3
T utela
Popular 5
Tutela 9
Nulidad y restablecimiento
del derecho
11
ulidad y restablecimiento del
N derecho
Nulidad 21
N ulidad
eparación directa
R
Reparación directa 25
Pérdida de investidura 27
Validez de acuerdo
municipal
Objeciones a proyecto
de acuerdo municipal
30
32
érdida de investidura
P
alidez acuerdo municipal
V
bjeciones proyecto de acuerdo
O municipal
Sentencias de especial
interés general
35
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CONSULTE LA
PROVIDENCIAS
PROVIDENCIA
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radicación de cada proceso para consultar la providencia
audiencia .
SENTENCIAS
DE INTERÉS

P á g i n a 3
CONSULTA POPULAR
MAGISTRADO: Dr. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2017
ASUNTO: CONSULTA POPULAR
SOLICITANTE: MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ
RADICACIÓN: 15001233300020170075100
DESCRIPTORES – Restrictores:
CONSULTA POPULAR - Competencia de las entidades territoriales para interrogar al electorado
sobre la realización de actividades de exploración y explotación en su jurisdicción.
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
En el presente asunto, será necesario en principio determinar si se cumplieron los trámites y procedimientos
previstos en las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, para ello, se analizará el
texto que se pretende someter a consulta popular en el municipio de Gachantivá, el cual reza: ¿Está
usted de acuerdo con que en la jurisdicción del municipio de Gachantivá (Boyacá) se realicen actividades
de exploración y explotación minera? Sí – No. (…) Por otra parte, para determinar si la entidad
territorial es competente para interrogar al electorado sobre la realización de actividades de
exploración y explotación minera en el municipio de Gachantivá, será necesario recordar que, tal
como se concluyó en apartes anteriores, de conformidad con las competencias otorgadas por la
Constitución Política a los entes territoriales, los municipios tienen plena competencia para ordenar
el desarrollo de su territorio, definir y regular los usos del suelo, preservar y definir el patrimonio
económico y cultural. Para ello, no será necesario como requisito previo, realizar la concertación con
las entidades de orden nacional, pues esto limitaría la autonomía otorgada a las entidades territoriales.
DESCRIPTORES – Restrictores:
CONSULTA POPULAR – Constitucionalidad de pregunta sometida a este mecanismo de participación
ciudadana, relacionada con la exploración y explotación minera.
TESIS:
Ahora bien, se advierte que el texto de la consulta popular que se pretende realizar no tiene como
fin realizar la modificación de la Constitución Política ni se relaciona con temas sobre derechos fundamentales,
pues, el único objetivo es determinar si la comunidad del municipio de Gachantivá está
de acuerdo o no, con que se realicen actividades de exploración y explotación minera. De igual forma,
el texto de la consulta popular no está dirigido a decidir temas presupuestales, fiscales, tributarios
o de preservación y restablecimiento del orden público, ni de aquellos de iniciativa exclusiva del
Gobierno, de los Gobernadores y de los Alcaldes. Finalmente, la Sala determinará si el texto de la
pregunta es claro, es decir, que debe ser de fácil comprensión para el elector y solo debe admitir un
sí o un no como respuesta. Al respecto, es necesario tener en cuenta que la Corte Constitucional, en
la sentencia C-551 de 2013, construyó unas subreglas para la formulación de preguntas en el marco
de un proceso de referendo, las cuales hizo extensivas a la consulta popular, según lo advirtió en la
sentencia T-445 de 2016, proferida con ocasión de una acción de tute>a relacionada con una consulta
popular en el municipio de Pijao (Quindío), allí Indicó: (…). En resumen, la providencia mencionada
estableció las siguientes sub reglas: i. Las preguntas deben cumplir con exigencia de lealtad y
claridad. ii. Las preguntas inductivas violan la libertad del elector y desconoce exigencia de lealtad.
iii. Criterios objetivos para evaluar notas introductorias y preguntas: Las notas introductorias deben
satisfacer ciertos requisitos como, estar redactadas en un lenguaje sencillo y comprensible; que sean
neutras; que sean breves en la medida de lo posible; que no sean superfluas o inocuas y; que sean
comprensivas del objeto que el artículo expresa. En virtud de lo anterior, es dable señalar que el
texto de la pregunta de una consulta popular no debe contener notas introductorias que induzcan la
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respuesta del votante. Esto se presenta cuando el texto de la pregunta contiene notas inductivas de la
respuesta final, que direccionan la voluntad del elector sólo hacia una de las dos opciones de respuesta,
mediante expresiones subjetivas y parcializadas. (…). Según lo expuesto por la Corte Constitucional,
la pregunta examinada en la providencia transcrita, contiene elementos valorativos, sugestivos, subjetivos
y capciosos que generan en el votante predisposición, en la medida que mediante notas introductivas,
resalta el impacto adverso sobre el medio ambiente a causa de la actividad minera, por lo que
dirige la respuesta del electorado en un sentido determinado. Descendiendo al caso concreto, el texto
de la pregunta sometida a constitucionalidad, reza: ¿Está usted de acuerdo con que en la jurisdicción
del municipio de Gachantivá (Boyacá) se realicen actividades de exploración y explotación minera? Sí-
No. Frente al texto bajo estudio, la Sala encuentra que el mismo no es sugestivo ni confuso, Contrario
a ello, se trata de una pregunta clara, simple y sencilla que posee la información necesaria para que el
ciudadano del común pueda responder sin inconveniente alguno. Así mismo, el texto bajo estudio
cumple con los parámetros expuestos anteriormente, pues, el mismo es claro, es determinado, no
posee apartes inductivos ni notas introductorias, no contiene elementos valorativos, sugestivos, subjetivos
y capciosos, por tanto, el texto no genera en el votante una predisposición hacia la respuesta. Es
claro que el texto bajo estudio es neutral y no predispone al elector sobre las posibles consecuencias
positivas o negativas que genera la actividad minera en el municipio, pues, sencillamente indaga a la
ciudadanía de manera clara si está de acuerdo o no, con que se realicen actividades de explotación y
explotación minera en el municipio de Gachantivá.

P á g i n a 5
POPULAR
MAGISTRADO: Dr. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017.
ACCIÓN: POPULAR
ACCIONANTE: ZAIDA MAYERLY RINCÓN VALBUENA
DEMANDADO: MUNICIPIOS DE OICATÁ Y CÓMBITA Y EMPRESA DE ENERGÍA DE BO-
YACÁ E.S.P.
RADICACIÓN: 15001333301420140004701
DESCRIPTORES – Restrictores:
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO – Marco normativo – Noción – Objeto –Beneficiarios.
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO - Su prestación no está condicionada a la existencia de viviendas
en la zona; basta que por el sector transiten vehículos o peatones.
DERECHO COLECTIVO A LA SEGURIDAD PÚBLICA - Tiene una connotación preventiva, luego, basta
con que se presenten situaciones que propicien hechos o conductas que puedan lesionar los derechos
a la vida, a la integridad física y los bienes de las personas para que se le considere amenazado.
DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFI-
CIENTE Y OPORTUNA – Protección.
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
ACCIÓN POPULAR – Procedencia para reclamar la protección del derecho colectivo a la seguridad
pública por falta acceso y prestación, eficiente y oportuna del servicio de alumbrado público.
TESIS:
En este orden de ideas se puede concluir que es un servicio público no domiciliario cuyo objeto es
proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre
circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio
con la finalidad de garantizar la visibilidad adecuada en lugares públicos y de libre circulación para
que las actividades vehiculares y peatonales, se cumplan en condiciones de seguridad. Dicho servicio
comprende entre otras actividades la expansión del sistema de alumbrado público. Así pues, el destinatario
de dicho servicio es la comunidad en general, es decir, todos los habitantes del municipio
que transitan. (…) Descendiendo al caso bajo estudio le compete a la Sala verificar, conforme a las
pruebas allegadas y las apelaciones presentadas por los municipios de Cómbita y Oicatá, si a las
citadas entidades territoriales les corresponde adelantar las obras de expansión del servicio de
alumbrado público en la vía denominada camino antiguo a pamplona; al municipio de Oicatá en el
sector de la inmunizadora de maderas, y de manera conjunta con el municipio de Cómbita a partir
de la última luminaria ubicada en la finca villa evita (verada Poravita) hacia la doble calzada. El
municipio de Cómbita alega que no se les debe obligar a destinar recursos para iluminar “potreros
baldíos” El municipio de Oicatá expresa respecto del derecho e interés colectivo protegido por el a
quo que no es clara su afectación y que no hay pruebas sobre ella, a su vez, que es imposible financieramente
y violatorio del derecho a la igualdad expandir el servicio de alumbrado público al sector
veredal donde no hay viviendas. (…) Descendiendo al fondo del asunto se tiene que tanto los municipios
de Cómbita y Oicatá apelaron el fallo de primera instancia. Los argumentos que sustentan la
impugnación del municipio de Cómbita se resumen en que “...desde metros delante de la última
vivienda y hasta la doble calzada por el lado norte en una extensión de aproximadamente 200 mtrs
no existe iluminación pues no hay viviendas... razón por la cual y en cumplimiento del uso eficiente
de la energía y de los recursos provenientes del erario público no se han instalado nuevas luminarias
pues no benefician a nadie…”. Respecto a dichos argumentos, la Sala considera que no son de recibo
pues como se dejó expuesto en las consideraciones el servicio público de alumbrado tiene como
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objeto proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de
libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio
con la finalidad de garantizar la visibilidad adecuada en lugares públicos y de libre circulación para que
las actividades vehiculares y peatonales, se cumplan en condiciones de seguridad. Luego, la prestación
de dicho servicio no está condicionada a la existencia de viviendas en la zona, basta que por el sector
transiten vehículos o peatones. Además, no es cierto que con la expansión del sistema de alumbrado
público desde la finca Villa Evita hacia la doble calzada no se beneficie a nadie, como quiera que de
conformidad con el acervo probatorio recaudado, se logró establecer que en dicha zona transitan
vehículos y peatones. Además se debe advertir que la vereda La Concepción es la segunda con mayor
extensión en el municipio de Cómbita con el 12 % . Por su parte, el municipio de Oicatá alega en el recurso
de apelación que no se probó la vulneración de los derechos colectivos, que establezcan que como
consecuencia de la falta de expansión del alumbrado público se haya presentado “ al menos un hecho
de inseguridad; o se haya puesto en riesgo la vida y los bienes de los vecinos ocasionales del sector; o
haya un peligro inminente para los escasos transeúntes”. Sobre el particular la Sala rechaza los mencionados
argumentos como quiera que el derecho colectivo a la seguridad pública tiene una connotación
preventiva, luego, basta con que se presenten situaciones que propicien los hechos o conductas que
puedan lesionar los derechos a la vida, a la integridad física y los bienes de las personas para que se le
considere amenazado y sea procedente reclamar su especial protección a través de las acciones populares.
Así pues, los municipios, en este caso Cómbita y Oicatá, deben prevenir y eliminar las perturbaciones
al mismo, en este caso extendiendo el sistema de alumbrado público en el sector de la inmunizadora
y conjuntamente con el municipio de Cómbita desde la finca Villa Evita hacia la doble calzada, con
la finalidad de evitar que se presenten conductas delictivas, accidentes de tránsito y demás sucesos que
se puedan presentar por la ausencia de iluminación en esos trayectos. Además, no es cierto que por la
zona transiten escasos transeúntes, si en el mismo esquema de ordenamiento territorial de Oicatá se
indica que la vereda poravita tiene 555 habitantes, es decir, 57 habitantes por km2, y que es una de las
áreas rurales de mayor concentración de vivienda y de población con 101 y 100 hab/km2. Ahora bien,
respecto del argumento referido por el municipio de Oicatá relativo a que es violatorio del derecho a la
igualdad expandir el servicio de alumbrado público al sector veredal donde no hay viviendas, debe
reiterarse lo manifestado por el Consejo de Estado al decir que el destinatario de este servicio “es la
comunidad en general, todos los habitantes del municipio que transitan por ¡os lugares que están dotados
de este servicio y su finalidad es garantizar la visibilidad adecuada en lugares públicos y de libre
circulación para que las actividades vehiculares y peatonales, se cumplan en condiciones de seguridad,
y para recibir tal servicio no es necesario que los beneficiarios estén previamente reconocidos como
suscriptores". Así las cosas el argumento presentado por el municipio no tiene fundamento laudable.
Por otra parte, respecto del argumento del municipio de Oicatá de que no cuentan con los recursos
para la expansión del alumbrado público, sobre este aspecto se ha dicho que ello no es óbice para que
los municipios no cumplan con lo que les corresponde, como la prestación de los servicios públicos que
determine la ley y la construcción de las obras que demande el progreso local, como lo establecen los
artículos 311 de la Constitución, 3 de la Ley 136 de1994 y 76 de la Ley 715 de 2001. Por tanto, con fundamento
en lo expuesto, es evidente la afectación, por parte de los municipios accionados, a título de
amenaza y vulneración directa, de los derechos e intereses colectivos protegidos en primera instancia
por el a quo, con ocasión de la omisión de los municipios demandados en cuanto a la prestación del
servicio de alumbrado público en los sectores que no gozan de este servicio público ubicados en la verada
Poravita del municipio de Oicatá, desde la inmunizadora de maderas hasta la doble calzada, esto es,
dos tramos pendientes sin alumbrado público, el primero, en el sector de la inmunizadora de maderas
hasta el condominio denominado la Toscana, donde es competencia del municipio de Oicatá y el segundo
desde la última luminaria ubicada en la finca Villa Evita, hacia la doble calzada, sector que es competencia
de ambos municipios Oicatá y Cómbita. De esta manera está acreditada la relación de causalidad
entre la omisión de los municipios demandados y la afectación de los derechos e intereses colectivos
a la seguridad pública y al acceso y prestación, eficiente y oportuna, del servicio de alumbrado público,
alegados por la actora popular. Por este motivo los recursos interpuestos por los municipios de
Combita y Oicatá contra la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito
de Tunja, el 17 de septiembre de 2015, mediante la cual se declararon vulnerados los derechos colectivos
a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna por parte de los Municipios de Oicatá y Combita serán resueltos desfavorablemente.

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MAGISTRADO: Dr. FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 17 de noviembre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN POPULAR
ACCIONANTE: JOSÉ DOMINGO SALAS PACHECHO
DEMANDADOS: INPEC, AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO Y OTROS
RADICACIÓN: 15001233300020160049000
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN POPULAR – Procedencia para ordenar al INPEC efectuar las adecuaciones técnicas para
que los inhibidores de señal ubicados en la Cárcel de Cómbita no afecten su área exterior.
ANTENAS INHIBIDORAS DE SEÑAL RADIOLÉCTRICA - Vulneración de los derechos colectivos al
goce del espacio público y utilización de los bienes de uso público por impedir el acceso en forma
plena al servicio de telefonía celular.
DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y UTILIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI-
CO - Vulneración por las antenas inhibidoras de señal radioeléctrica impedir el acceso en forma
plena al servicio de telefonía celular.
TESIS:
Se pretende con la presente acción popular la protección de los derechos colectivos al goce del espacio
público y utilización y defensa de los bienes de uso público, los cuales vienen siendo afectados
por algunas de las entidades accionadas al instalar antenas inhibidoras de señal radioeléctrica en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita, que se extienden
en un rango de 2 kilómetros, por cuanto esto afecta la señal de todos los equipos de telecomunicaciones
de los habitantes de la vereda San Martín del Municipio de Combita.(…) Pues bien, revisadas
las pruebas obrantes en el plenario se evidencia claramente que existe afectación en la señal de
telecomunicaciones del área exterior del ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO CON ALTA SEGURIDAD DE COMBITA, situación que afecta claramente los
derechos colectivos al goce del Espacio Público y utilización de los cienes de uso público, pues no se
está permitiendo a los habitantes de la vereda San Martin del Municipio de Combita acceder en
forma plena al servicio público de telefonía celular. La anterior conclusión se extrae del caudal probatorio,
de donde se evidenció según los informes presentados por la AGENCIA NACIONAL DEL ES-
PECTRO y especialmente el realizado el 25 de Enero hogaño, en donde se determinó la existencia de
afectación a las bandas de 850 MHZ y 1900MHZ, usadas para la prestación del servicio de comunicación
móvil, hasta en un radio de 1591 metros con línea de vista a la cárcel, y estableciéndose que
los operadores afectados con tales bloqueos corresponden a: Claro, Movistar, y Avantel y que en la
Banda de 1900 MHZ: Claro, Movistar y Tigo. Aclara la Sala que acoge dicho informe pues en el ámbito
de sus competencias corresponde a la Agencia Nacional del Espectro por mandato del Decreto
4768 del 14 de Diciembre de 2011 ejercer vigilancia y control, teniendo como deber efectuar visitas
regulares a los Establecimientos Penitenciarios y sus áreas exteriores con la finalidad de verificar
que se estén cumpliendo las especificaciones técnicas para el bloqueo de las señales de telecomunicaciones,
razón por la cual es a ella a quien corresponde determinar sí se está afectando o no la
señal en el presente caso. Aunado a ello puede verse que si bien los operadores de telefonía móvil
presentaron sendos informes, de los mismos no se logra establecer que la falta de señal en la Vereda
San Martín del Municipio de Combita se deba a falta de cobertura, para tal efecto observemos
los informes rendidos por los operadores móviles: (…). Así las cosas, reitera la Sala que de conformidad
con el informe rendido por la ANE existe afectación de la señal móvil, motivo por el cual se ordenará
al INPEC, que de conformidad con el análisis de la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, proceda
a efectuar las adecuaciones técnicas para que los inhibidores de señal ubicados en el ESTABLECI-
MIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COMBITA no afecten en el área exterior de dicho penal,
las bandas de 850 MHZ y 1900 MHZ, usadas para la comunicación móvil Tales adecuaciones deberán
efectuarse en un término no superior a cinco (5) días. Finalizado en término anterior, la AGEN-
CIA NACIONAL DEL ESPECTRO deberá efectuar una nueva visita para determinar que las adecuaciones
técnicas se hayan realizado y que la señal móvil en el exterior del ESTABLECIMIENTO PENITEN-
CIARIO Y CARCELARIO DE COMBITA no esté afectada por las antenas inhibidoras, del análisis obteni-
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do presentará informe al comité de verificación de cumplimiento que se constituya para tal efecto; en
caso de contrastarse que no se hicieron los ajustes técnicos se deberán iniciar las medidas sancionatorias
correspondientes. Ahora bien, de las pruebas obrantes en el proceso, encuentra la Sala que los
MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICA-
CIONES, Y LA ANE, no vulneraron derecho colectivo alguno de los habitantes de la vereda SAN MARTÍN,
pues no se evidencia que estas entidades tenga competencia alguna para efectuar el bloqueo o vigilar
y controlar el tema de inhibidores de señal en los centros penitenciarios y carcelarios, al respecto se
tiene que según lo probado en el expediente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Decreto
4768 del 14 de diciembre de 2011, señaló claramente las competencias de las diferentes entidades así:
i) al Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones le otorgó la facultad de autorizar
al INPEC para inhibir o bloquear las señales de transmisión, recepción y control de los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones móviles en los establecimientos carcelarios y penitenciarios; ii)
al INPEC de operar los equipos de inhibición o bloqueo, utilizando las medidas técnicas para evitar la
afectación de áreas exteriores de los centros carcelarios; y iii) a la ANE la de vigilancia y control para
que se cumplan con las medidas técnicas de los Inhibidores de señal, debiendo para el efecto, realizar
visitas periódicas a los establecimientos penitenciarios y sus áreas exteriores, circunstancia que ha sido
cumplida por dicha entidad como consta a folios 171 a 179. Lo anterior se refuerza teniendo en cuenta
que en la demanda no existen argumentos concretos que evidencien la vulneración de derechos colectivos
por parte de las citadas entidades, y por tanto, a las entidades en mención se les exonerará de
responsabilidad en el presente asunto.

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TUTELA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 12 de octubre de 2017.
ACCIÓN: TUTELA
ACCIONANTE: BARBARITA VILLATE DE GÓMEZ
DEMANDADA: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL -
RADICACIÓN: 15001233300020170072100
DESCRIPTORES – Restrictores:
DERECHO A LA SALUD EN PERSONAS DE LA TERCERA EDAD - Exhortación para que al momento de
evaluar las solicitudes de suministro de medicamentos y tratamientos NO POS, se tenga en cuenta
su condición de especial protección y la de los demás grupos que han sido reconocidos en tal
categoría por la jurisprudencia constitucional.
TESIS:
Conforme a lo anterior, contrario a lo manifestado por la entidad accionada, con la documentación
allegada con la demandad de tutela, se evidencia que el médico tratante refiere que se realizaron
tratamientos diferentes a los dispuestos en las solicitudes de justificación de medicamento NO POS,
para tratar el dolor que se deriva de la patología cervical diagnosticada a la señora Barbarita Villate
de Gómez. En esas condiciones la Sala considera, que en este caso se evidencia la concurrencia de
los cuatro elementos para que proceda la autorización de suministro de medicamento NO POS, a
saber: 1.- Que la falta del medicamento o tratamiento excluido por la reglamentación legal o administrativa,
amenace los derechos constitucionales fundamentales a la vida o a la integridad personal
del interesado: En efecto el diagnóstico referido en la Historia Clínica refleja que la paciente presenta
un trastorno en disco cervical que le genera dolor, el cual ha sido tratado con diferentes medicamentos
a los ordenados, sin que se evidencie respuesta y tolerancia al tratamiento, siendo indispensable
para controlar el dolor según criterio del médico tratante el suministro de los medicamentos
NO POS, el dolor, en una persona de la edad y condiciones de la señora Barbarita Villate de Gómez,
supone la afectación de derechos como la vida digna, la salud y la dignidad humana, pues el no
suministro de los medicamentos suponen que deba confinarse a continuar padeciendo, situación
que no resulta proporcional atendiendo la edad de la paciente, situación que resulta sin mayores
elucubraciones en la vulneración de los derechos fundamentales invocados. 2.- Que se trata de un
medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el Plan
Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, el sustituto no obtenga el mismo nivel de efectividad
que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger
el mínimo vital del paciente. Basta con analizar los formatos de solicitud para señalar que el
médico tratante dio cuenta que los medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, no producen
el efecto deseado en la paciente o ésta no tolera su suministro. 3. Que el paciente realmente
no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él
por ningún otro sistema o plan de salud (el prestado a sus trabajadores por ciertas empresas, planes
complementarios prepagados, etc.), situación que de acuerdo con lo señalado en la sentencia T-760
de 2008, el hecho de pertenecer a la tercera edad, constituye una presunción de dicha condición,
atendiendo a que la accionante cuenta con más de 87 años de edad, la Sala encuentra suplido dicho
requisito. 4.- Que el medicamento o tratamiento haya sido prescrito por un médico adscrito a la
Empresa Promotora de Salud a la cual se halle afiliado el demandante. En el sub lite se evidencia los
formatos de solicitud fueron suscritos por el médico tratante Manuel Quintero – Anestesiólogo del
manejo del dolor con R.M. 7.165.081-039. Entonces se cumple con esa exigencia. Así las cosas, reprochable
la actitud de la entidad accionada, pues la respuesta dada por la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional – Regional Boyacá, se fundamenta en que la solicitud de los medicamentos no
encuadra dentro del literal b, artículo 8 del Acuerdo 052 de 2013, razón por la cual no procede la
autorización y deja en total desprotección los derechos invocados por la accionante, además que
refiere que el Comité Técnico Científico fundamento la negativa del suministro de los medicamentos,
bajo el argumento que no se agotaron las posibilidades terapéuticas para respuesta clínica y para-
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clínica, no hay evidencia de reacción adversa y contraindicaciones, desconociéndose lo manifestado por
el médico tratante, concepto que como se vio, resulta ser el más relevante y acertado en la medida que
es quien de primera mano conoce las circunstancias de salud del paciente, como lo indicó la Corte
Constitucional en la sentencia T-760 de 2008 ut supra citada. Además de lo anterior, para la Sala resulta
cuestionable que la entidad no haya tenido en cuenta el factor de la edad, que en este caso resulta
determinante para que se hubiera procedido al suministro de los medicamentos NO POS, en tanto la
paciente es un sujeto de especial protección constitucional, que supone la adopción de medidas afirmativas,
frente a la condición que se deriva de ser una persona de la tercera edad. Conforme a lo expuesto
en este caso en concreto la Sala concluye que deben ampararse los derechos fundamentales a
la salud, vida digna y a la igualdad. (…) Por último, considera importante esta Sala exhortar al Comité
Técnico Científico de la entidad accionada, para que en adelante tengan en cuenta la condición de
especial protección de las personas de la tercera edad y demás grupos que han sido reconocidos en tal
categoría por la jurisprudencia constitucional.

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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
MAGISTRADO: DR. JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO
PROVIDENCIA: Auto fecha del 14 de noviembre de 2017
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HILDA RODRÍGUEZ
DEMANDADO: NACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MA-
GISTERIO
RADICACIÓN: 15001333300320170007201
DESCRIPTORES – Restrictores:
SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE LAS CESANTÍAS – Caso en el cual una respuesta
dada por la Fiduciaria La Previsora S.A. negando este derecho, se constituye en un verdadero acto
administrativo
TESIS
Teniendo presente lo anterior, en el sub lite se evidencia que mediante la Resolución No. 003952 del
26 de junio de 2014 la Secretaría de Educación de Boyacá, actuando en representación del FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconoció y ordenó el pago de una cesantía
definitiva; decisión que posteriormente fue modificada por medio de la Resolución No. 002522
del 17 de abril de 2015 en virtud de un recurso de reposición presentado por la accionante. Posteriormente,
el 15 de julio de 2016 la actora solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de
que trata la Ley 1071 de 2006, radicando el escrito respectivo ante la Secretaría de Educación de
Boyacá. Como respuesta, la entidad territorial le informó a la demandante lo que sigue: (…) En virtud
de lo anterior, a través de Oficio calendado del 19 de enero de 2017 la FIDUCIARIA LA PREVISO-
RA S.A., frente al caso particular de la señora RODRÍGUEZ, expresó: “…Por lo expuesto, es que me
permito comunicarle que según la información ya suministrada, esta entidad efectuó el pago de su
cesantía dentro de los términos legalmente estableados para ello, por lo que no se incurrió en la
sanción moratoria a la cual hace referencia en su petición. (...)”Adicionalmente, la fiduciaria indicó
que con el oficio previamente citado se contestaba de fondo la petición, pero que el mismo no era
un acto administrativo en virtud de que la naturaleza jurídica de la entidad le impedía expedirlos.
Ahora bien, como lo afirmó el a quo, el trámite para llevar a cabo el reconocimiento de prestaciones
sociales a cargo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO está contemplado
en el Decreto No. 2831 de 2005, cuestión incluso dilucidada de tiempo atrás por el Consejo de
Estado, como se lee enseguida: “(...) Si bien la fiduciaria es la encargada de administrar los recursos
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene la función de aprobar o improbar
los proyectos de resolución de reconocimiento prestacional de los docentes, cabe advertir que es a éste
último a quien a través de la Secretaría de Educación del ente territorial correspondiente, le está
dada la función de expedir el acto administrativo por el cual se dispone el pago de la prestación
deprecada por el docente o sus beneficiarlos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5a 8 del Decreto
1775 de 1990 y 5 del Decreto 2831 de2005. (...)"(Negrilla fuera del texto original).Por ende, en
principio podría pensarse que la decisión recurrida fue adoptada conforme a derecho; empero, del
análisis de los detalles de la situación fuerza concluir que la demanda no debió ser rechazada. Si
bien es cierto la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. no tiene la función de expedir actos administrativos
sino que esta atribución está radicada en cabeza de las Secretarías de Educación de las entidades
territoriales certificadas, también lo es que en el sub lite fueron las mismas entidades que intervienen
en el procedimiento administrativo las que generaron una situación atípica y desfavorable a la
demandante. En este orden de ideas, la remisión de la solicitud por parte de la Secretaría de Educación
de Boyacá a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. se justifica en el hecho de que la sanción moratoria
se predica frente a la extemporaneidad del pago de las cesantías, que es una actuación a cargo de
esta última. Así las cosas, bajo el entendido de que la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. únicamente
emite visto bueno a los proyectos de acto administrativo elaborados por las Secretarías de Educación,
la actuación procedente en el presente asunto consistía en que la fiduciaria informara a la
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Secretaría de Educación de Boyacá la inviabilidad del reconocimiento prestacional para que fuera esta
dependencia la que emitiera la respuesta con la que culminara la actuación administrativa. Al haber
ofrecido la respuesta directamente la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., dejó a la peticionaria en un estado
de indeterminación acerca del derecho subjetivo reclamado, porque a pesar de no ser competente
para expedir el acto respectivo, la fiduciaria fue quien exteriorizó la manifestación unilateral de la voluntad
de la Administración encaminada a definir su situación particular y concreta, actuando explícitamente
como vocera y administradora del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGIS-
TERIO. En otras palabras, el oficio acusado por una parte explica expresamente las razones por las que
la vocera del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO considera improcedente
el reconocimiento de la sanción moratoria, pero por otra parte le indica a la ciudadana que ese documento
no tiene carácter de acto administrativo, a pesar de que con ello se decidió de fondo su solicitud.
En criterio de la Sala, esta paradoja debe resolverse teniendo como guía los principios pro homine y pro
actione, con el propósito de privilegiar el derecho al acceso a la Administración de Justicia y evitar que
las actuaciones adelantadas en ejercicio de la función pública queden excluidas de control jurisdiccional.
En esta línea de pensamiento, la presentación de un derecho de petición en interés particular ante
una entidad pública implica el inicio de una actuación administrativa, conforme se extrae del artículo
4 o del CPACA, que necesariamente debe culminar, en este caso, una vez adelantado el procedimiento
especial previsto en el Decreto No. 2831 de 2005. En el sub examine, el oficio acusado resolvió indirectamente
la petición porque, a pesar de ser expedido por una entidad incompetente para ello, esto surgió
como resultado de una falta de coordinación entre las entidades encargadas de los reconocimientos
prestaciones, lo cual de ninguna manera puede afectar los intereses de la actora. Además, el referido
oficio hace imposible continuar la actuación administrativa en razón a que fue negada expresamente
la pretensión elevada con la explicación de los fundamentos tácticos y jurídicos de la decisión, sin
que pueda esperarse que la Secretaría de Educación de Boyacá dicte a nombre del FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO un acto adicional que pueda considerarse como definitivo.
En este contexto, la respuesta de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. se constituye en un verdadero
acto administrativo emitido no como particular sino como vocera del FONDO NACIONAL DE PRESTA-
CIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y comprometiendo su responsabilidad, por lo que resulta viable su
enjuiciamiento en sede jurisdiccional. Así las cosas, la providencia recurrida será revocada para que, de
reunirse la totalidad de los requisitos legales, el a quo proceda a la admisión de la demanda. No sobra
aclarar que, aun cuando se entendiera que el oficio aludido no se traduce en un acto administrativo, en
todo caso la decisión de la Juez de primer grado sería equivocada ya que, como se indicó en precedencia,
la iniciación de un procedimiento administrativo necesariamente implica que culmine en algún
momento, ya sea con un acto expreso o ficto. Por lo tanto, de afirmar que no existía el primero, para
favorecer el control sobre la Administración pudo considerarse que la decisión era ficta negativa, con el
objeto de iniciar el trámite de la demanda y evitar que la supuesta lesión al derecho subjetivo de la
accionante careciera de control judicial.
MAGISTRADO: DR. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: LUZ GRACIELA OVALLE FERNÁNDEZ
DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 15001333301320130022801
DESCRIPTORES – Restrictores:
RÉGIMEN DE CESANTÍAS RETROACTIVAS DE LOS DOCENTES – Reconocimiento a docente territorial
vinculada después del 1º de enero de 1990.
TESIS:
En ocasión anterior, este Tribunal expresó -siguiendo una interpretación jurisprudencial del Consejo de
Estado- que para determinar el régimen de cesantías retroactivas de los docentes, solo era necesario
precisar que se hubiera vinculado con anterioridad al 1 o de enero de 1990, es decir, fecha en la cual

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empezó a regir la Ley 91 de 1989, pues de acuerdo al contenido de esta normativa y siendo ley especial,
aplicaba de manera general a todos los docentes oficiales. Sin embargo, se precisará en esta
ocasión, que la fecha y clasificación anterior no es suficiente para resolver el asunto propuesto, ya
que las entidades territoriales siguieron vinculando docentes al servicio público después del 1 o de
enero de 1990 servicios que pagaron con recursos propios de las entidades territoriales, en consecuencia,
no tenían la obligación de afiliar este personal al FPSM que para aquel entonces, sólo regulaba
al personal nacional, nacionalizado y al territorial que hubiese sido autorizado previamente por
el Ministerio de Educación y que se pagaba con recursos de la Nación. En este punto cabe aclarar,
que el personal que se vinculó a las entidades territoriales cuyos servicios eran pagados con recursos
territoriales, salarialmente percibían lo que le correspondía según el grado que acreditara en el escalafón
docente -Decreto 2277 de 1979-, pero en materia de prestaciones sociales, se hallaba atado
por la vinculación al servicio y el origen de los recursos. Así pues, para el año de 1990 los docentes
oficiales y privados contaban con un mismo régimen salarial (Decreto 2277 de 1979) pero coexistían
tres regímenes prestacionales distintos aplicables a ellos: el primero, el de la Ley 91 de 1989 para
docentes con vinculación del orden nacional, nacionalizado y territorial que fuera previamente autorizado
por el Ministerio de Educación y pagado con recursos de la Nación; un segundo, el propio de
las entidades territoriales, para los docentes con vinculación territorial y pagados con recursos propios
de las mismas y un tercero, regido por el Código Sustantivo del Trabajo para los docentes privados.
En el asunto examinado, se observa que la docente se vinculó al servicio de la docencia oficial el
4 de octubre de 1990 por nombramiento en propiedad hecho por el municipio de La Capilla para
prestar sus servicios en un Colegio Departamental sin que se haya probado que tal nombramiento
fue previamente autorizado por el Ministerio de Educación, por ende, con cargo a recursos propios,
afiliada a Caja de Previsión Social de Boyacá y, que es solo a partir de la expedición de la Ley 60 de
1993 que surge el imperativo de afiliarse al FPSM sin embargo, al darse esta afiliación, su régimen
de cesantías y demás prestaciones, conservaba el de los empleados territoriales. Por su parte, la Ley
344 de 1996 estipuló que a partir del 1 o de enero de 1997 cualquier persona que se vincule a los
órganos o entidades del Estado tendrá el régimen de cesantías anualizadas, eso sí anunciando que
se respetarían los derechos adquiridos hasta ese momento. Así las cosas, al evidenciarse que la demandante
se vinculó a la entidad territorial antes del 31 de diciembre de 1996 y que su régimen
prestacional al momento de su vinculación era el de las entidades territoriales, fuerza es decir, que
su régimen de cesantías es el de retroactividad, contemplado en la Ley 65 de 1946 y equivalente a
un mes de salario por cada año de servicios, computando todo el tiempo trabajado, el cual se ha
prestado de manera continua y teniendo en cuenta el último salario devengado así como todo aquello
que implique retribución ordinaria y permanente del servicio. Corolario de lo expuesto, el acto
administrativo demandado se halla parcialmente viciado de nulidad en cuanto al régimen aplicado.
En ese sentido se ordenará a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio: (i) corregir la historia laboral indicando que las cesantías de la
docente se rigen por el sistema de retroactividad. (ii) liquidar la prestación teniendo en cuenta este
régimen, (iii) pagar la diferencia que dejó de reconocerse, y (iv) liquidar las sumas dinerarias a favor
de la demandante, ajustándolas en los términos del artículo 187 del CPACA.
MAGISTRADO: Dr. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Auto de fecha 14 de noviembre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: JANETH DEL CARMEN CAMARGO TORRES
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
RADICACIÓN: 15001333301220150016701
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACTOS ADMINISTRATIVOS – Clases.
TESIS:
Desde el punto de vista del efecto que producen, resulta que los actos pueden clasificarse en generales
y particulares, siendo los primeros aquellos que se dirigen a personas indeterminadas (decretos)
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y los individuales son los que se refieren a personas determinadas específicamente; es importante en
este punto resaltar, que la determinación o indeterminación no se refiere al número de personas a las
cuales se dirija el acto, sino al hecho que las mismas estén singularizadas. De otra parte, desde el punto
de vista de su contenido, existen tres clases de actos, los definitivos, de trámite y de ejecución. Los actos
administrativos definitivos o principales están contemplados en el artículo 43 de la Ley 1437 de
2011, y se definen como aquellos "que deciden el fondo del asunto de manera directa o indirecta, o que
hagan imposible continuar con la actuación". Por su parte, los actos administrativos de trámite son los
que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión;
y los de ejecución, cuyo objeto es dar cumplimiento a lo ordenado en un acto administrativo anterior
o a lo dispuesto por un Juez en una sentencia. (…)Así las cosas, uno de los elementos que determinan
si un acto es pasible o no de control judicial, es su grado de afectación a un derecho; en dicho punto
convergen las clasificaciones expuestas, pues para el fin citado es necesario que la decisión adoptada
en el acto administrativo no solo cree, modifique o afecte un derecho particular ( para una o varias
personas), sino que, además, el contenido de dicho acto debe ser de tal naturaleza que ponga fin a la
actuación administrativa que lo originó. De lo expuesto con anterioridad se infiere la imposibilidad
para la Jurisdicción Contencioso Administrativa de pronunciarse acerca de la legalidad de los actos
administrativos previos que se dan durante el transcurso de la actuación administrativa o de los que se
den con posterioridad a la firmeza del acto administrativo que puso fin a la actuación, puesto que la
manifestación unilateral de voluntad de la Administración solo se verá plasmada en el acto definitivo.
Luego del referido análisis, considera necesario la Sala precisar que si bien los actos de ejecución no
son susceptibles de control judicial, dicha circunstancia no implica que en asuntos como el sub examine
el término de caducidad del medio de control tenga que contabilizarse necesariamente desde el acto
definitivo, pues esta forma anormal y anticipada de terminación del proceso tiene en cada caso distintas
maneras de operar tal como a continuación se analizará.
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACTOS DE RETIRO DEL SERVICIO – El cómputo del término de caducidad cuando se demandan actos
que ordena la desvinculación de un empleado, se comienza a contar a partir de la fecha en que efectivamente
se le retiró del servicio.
TESIS:
Los pronunciamientos del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo han sido reiterados respecto
del momento a partir del cual se deberá realizar el cómputo de fenómeno de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que desvinculan
o retiran del servicio a un empleado público. (…)La anterior posición encuentra sentido, en que los efectos
que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas al accionante, derivadas del acto demandado,
se materializan con su ejecución; pues es en este momento concreto en el que es retirado del servicio,
y surge un interés jurídico de accionar. A través de sentencia fechada el 24 de mayo de 2012, dicha
Corporación señaló que: "En reiteradas oportunidades la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido
de que los actos administrativos que impliquen retiro del servido de un empleado, (...) se dan a conocer
por la vía de la ejecución, de manera que para efectos de caducidad de la acción se debe tomar
como referencia esta fecha" Finalmente, en decisión más reciente el H. Consejo de Estado, en sentencia
del 17 de marzo de 2014, al abordar un caso de retiro de servicio por restructuración de una entidad
expuso: "Para esta Sala no tiene discusión, que si bien el acto de retiro fue notificado a la demandante
el 17 de marzo de 2004, no lo es menos que los efectos del mismo, su eficacia, se surtían a partir del 1 o
de abril de esa anualidad, es decir, su ejecución quedó condicionada a partir de esta fecha, que realmente
es lo que viene a afectar la situación particular de la actora, por lo tanto no podría exigírsele,
como bien lo apreció el Tribunal, que procediera a demandar la Resolución No. 01910 antes de ese
momento". De lo expuesto se infiere que en todos los casos de retiro del servicio de un trabajador, la
caducidad del medio de control de nulidad restablecimiento del derecho debe tomarse desde el momento
de su ejecución al ser en dicho momento donde produce efectos la decisión de la administración.
En síntesis, queda claro que para cómputo del término de caducidad cuando se trata de actos administrativos
que ordenan el retiro o la desvinculación del servicio, se comenzará a contar a partir de la fecha
en que efectivamente se retiró del servicio al empleado, y no, a partir de la expedición o notificación
del acto administrativo demandado. De lo expuesto hasta el momento se pueden concluir lo siguiente:
-Tratándose del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho, el término de

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caducidad es de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución
o publicación del acto administrativo, según el caso (literal d numeral 2 del artículo 164 del
CPACA). - En atención a que la norma que rige la materia prevé varios momentos para iniciar el
cómputo del término de caducidad, es necesario dar aplicación a la interpretación del Consejo de
Estado en casos del retiro del servicio, según la cual debe ser tenido en cuenta el momento de la
ejecución, y no aquel en que es notificado el acto administrativo de desvinculación. (…)En el sub
examine, la Juez de primera instancia consideró que la caducidad del presente medio de control
debe contabilizarse desde el día siguiente a la notificación del Decreto No 088 del 13 de febrero de
2015 expedido por el Gobernador del Departamento de Boyacá, por medio del cual se dispuso el
retiro del servicio de Janeth del Carmen Camargo del empleo de Profesional Universitario Código
219 Grado 02 de la Planta de Personal de la Administración Central del Departamento de Boyacá, a
partir del 1 de junio de 2015 o hasta su inclusión en nómina de pensionados. Añadió el A quo, que el
Decreto enjuiciado le fue notificado personalmente a la accionante el 2 de marzo de 2015 (fol. 13
Cl), por tal razón consideró que el término de 4 meses de caducidad del presente medio de control
debe contabilizarse a partir del 3 de marzo del mismo año. Como quiera que fue hasta el día 21 de
octubre de 2015 cuando la interesada impetró la acción ante la jurisdicción, consideró ya había
precluído la oportunidad para presentar la demanda el 3 de julio de 2015. No obstante lo anterior,
se advierte que fue presentada solicitud de Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría General el
día 11 de septiembre de 2015 (fol. 25), fecha para la que ya se encontraba ampliamente superado el
termino consagrado en el litar d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. (…)Conforme al análisis
de la jurisprudencia del Consejo de Estado que fue realizado, pudo establecerse que en casos de
retiro del servicio de un trabajador, el término de caducidad para demandar el acto principal debe
ser contabilizado desde que la decisión se hizo efectiva. Entonces, la primera precisión que debe
realizarse respecto de la providencia del 9 de noviembre de 2015, es que la Juez A quo incurrió en un
error al contabilizar el termino de caducidad del presente medio de control desde la notificación del
acto definitivo, bajo el argumento de la imposibilidad de ejercer el control de legalidad respecto de
los actos de ejecución. En primera medida, se logró determinar que el acto de ejecución por medio
del cual se materializó el retiro de la señora Janeth del Carmen Camargo Torres, es el oficio de fecha
23 de junio de 2015 expedido por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Gobernación de
Boyacá (fol. 15), por medio del cual le es comunicado que Colpensiones la ingresó en nómina de
pensionados a partir del 1 de junio de 2015, condicionado su pago al retiro del servicio. Conforme a
la certificación expedida por la Dirección de Talento Humano de la Gobernación del Departamento
de Boyacá, la demandante prestó sus servicios al referido ente territorial del 19 de junio de 1990 al
24 de junio de 2015 .Partiendo del concepto jurisprudencial uniforme develado en acápites anteriores,
el término de caducidad de la acción debe contarse, desde el día siguiente al retiro efectivo de la
actora, que para el sub examine corresponde al 25 de junio de 2015.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HENRY ALFONSO GÓMEZ SANTOS
DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES –UGPP-
RADICACIÓN: 15238333300220160011601
DESCRIPTORES – Restrictores:
PENSIÓN ORDINARIA DE JUBILACIÓN - Las bonificaciones semestrales devengadas por
los empleados del ICBF, deben incluirse en el IBL pensional, como equivalentes a las
primas de servicio y navidad
BONIFICACIONES SEMESTRALES DEVENGADAS POR LOS EMPLEADOS DEL ICBF – Deben incluirse
en el IBL pensional, como equivalentes a las primas de servicio y navidad.
TESIS:
Según el certificado de devengados obrante a folios 43 y 43, en el último año de servicio, esto es,
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desde el 2 de enero de 2005 al 1 de enero de 2006, el señor Henry Alfonso Gómez Santos devengó los
factores: Sueldo, bonificación por servicios prestados, bonificación primer semestre, prima de vacaciones,
bonificación segundo semestre: en efecto, su inclusión fue ordenada por el a quo. Sobre las, bonificaciones
de primer y segundo semestre, se deben realizar las siguientes; precisiones. El Presidente de la
República en ejercicio de facultades extraordinarias, expidió el Decreto 2285 de 1968 que estableció en
su artículo 13, “El régimen de Clasificación y Remuneración de los empleos de los Establecimientos
Públicos y de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, se fijará en el estatuto destinado a
regular su funcionamiento”. En los Estatutos del ICBF aprobados mediante el Decreto No. 822 de 1969,
se estableció que correspondería a la Junta Directiva (hoy Consejo Directivo) del ICBF, el crear, suprimir
y fusionar los cargos, lo mismo que fijar las respectivas asignaciones. Mediante el Acuerdo 109 de
1970, la Junta Directiva del ICBF aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia de 1971,
así mismo mediante el Acuerdo 0026 de 1971, adoptó una planta de personal con la clasificación de los
cargos y la escala de remuneración, acto que fue aclarado posteriormente por el Acuerdo 0096 de 1972
en el sentido de señalar que además del valor del sueldo mensual, quienes desempeñaran los cargos
allí mencionados tendrían derecho a una bonificación semestral en los meses de junio y diciembre de
cada año que ya había sido contemplada en el Acuerdo 109 de 1970, equivalente a un sueldo completo
en estos meses proporcional al tiempo servido, bonificaciones que excluirían la prima de navidad. Al
respecto, el Concepto 183 de 2014, proferido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF, precisó:
(…). En consecuencia, se incluirán las bonificaciones de primer y segundo semestre en la base de liquidación
pensional como equivalentes a las primas de servicio y navidad que, como queda visto, no fueron
pagadas y constituyen factores de liquidación pensional a tener en cuenta dado el régimen aplicable
al demandante y en atención a la unificación jurisprudencial del 4 de agosto de 2010.
MAGISTRADO: DR. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: MELQUISEDECH SILVA
DEMANDADO: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
RADICACIÓN: 15001333300920150001301
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRIMA DE NAVIDAD – Debe tenerse en cuenta como partida computable para la liquidación de la
asignación de retiro de los soldados profesionales. Inaplicación del parágrafo del artículo 13 del Decreto
4433 de 2004 por inconstitucionalidad e ilegalidad.
ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES – La prima de navidad debe tenerse en
cuenta como partida computable para la liquidación de su asignación de retiro. Inaplicación del parágrafo
del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 por inconstitucionalidad e ilegalidad.
TESIS:
En tesis del Juzgador de primera instancia, se demostró que el actor fue beneficiario de la asignación
de retiro, siéndole liquidada únicamente con el sueldo y prima de antigüedad como partidas computables,
no obstante, el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, estableció las partidas computables para
el personal de las Fuerzas Militares, y previo ciertas partidas para Oficiales y Suboficiales, y otras para
los Soldados Profesionales, sin incluir para los segundos la prima de navidad, razón por la cual determinó
la existencia de un trato discriminatorio, injustificado y vulneratorio del artículo 13 la Constitución
Política, disponiendo inaplicar por inconstitucional e ilegal en el caso del demandante el parágrafo del
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, e incluir la duodécima parte de la prima de navidad como partida
computable en el mismo porcentaje que lo venía devengando en actividad al momento del retiro. Por
su parte, la entidad accionada en su apelación insistió en que de conformidad con el numeral 13.2. del
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, para los Soldados Profesionales únicamente se contemplan taxativamente
como partidas computables para su asignación de retiro el salario mensual en los términos
del inciso primero del artículo 1 o del Decreto Ley 1794 de 2000, y la prima de antigüedad en los porcentajes
previstos en el artículo 18 del citado Decreto 4433 de 2004, además, que el parágrafo del artículo

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13 ibídem, de manera taxativa prohíbe la adición de partidas señaladas con otras primas, subsidios,
auxilios, bonificaciones, compensaciones para calcular la asignación de retiro. Tal como quedó expuesto,
le corresponde a la Sala determinar i.) Si se vulnera el principio constitucional de igualdad y
el derecho a la familia, consagrados en los artículo 13 y 42 de la Constitución Política, por el hecho
de que el Ejecutivo a través del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, haya excluido la prima de navidad
como partida computable para liquidar la asignación de retiro de los Soldados Profesionales,
máxime si en el parágrafo claramente prohíbe tenerlo en cuenta, ii) si al demandante como Soldado
Profesional, le asiste o no el derecho, a que se le incluya en la asignación de retiro la prima de navidad
que devengaba en servicio activo, iii.) si constitucionalmente es viable pretender que la prima
de navidad solamente sea reconocido y pagado para un grupo especial de las Fuerzas Militares. En
primer lugar, dirá la Sala que el artículo 2 o de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004 señaló la igualdad
y la equidad como principios medulares para la fijación del régimen pensional y de asignación
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, y estableció como objetivo y criterio la prohibición de
discriminar por razón de categoría, jerarquía o cualquier otra condición a los miembros de la Fuerza
Pública para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de
retiro o pensión o sustitución. De tal manera que la vulneración de tales principios, objetivos y criterios
conlleva la ineficacia del régimen pensional y/o de asignación de retiro respectivo, tal como lo
previo expresamente el artículo 5 o de la referida Ley 923: (…). Tal como ya se había reseñado, no
hay duda que a los Soldados Profesionales no se les tiene en cuenta la partida de la prima de navidad
para efectos de liquidar la asignación de retiro y se prohíbe incluir otra distinta de las que allí se
enlistan, contrario a lo regulado para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares a quienes sí
se les tiene en cuenta dicha partida. Al respecto, la Sala advierte que tal regulación no cumple con
los principios, objetivos y criterios plasmados en Ley 923 del 30 de diciembre de 2004, pues la omisión
de incluir la prima de navidad como partida computable para la liquidación de la asignación de
retiro de los Soldados Profesionales infringe la prohibición de no discriminación y el principio de
equidad. (…). Para la Sala no es de recibo el argumento esbozado por la entidad demandada para
negar la inclusión de la prima de navidad como partida computable en la liquidación de la asignación
de retiro del demandante, con el argumento que el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 no la
enlistaba; al contrario, se evidencia que el Ejecutivo, al excluir tal beneficio a través del artículo 13
del Decreto 4433 de 2004, y por ende, del artículo 16 ibídem, y al incluirla para los mismos efectos a
los Oficiales y Suboficiales de la misma Fuerza Pública, originó un trato desigual y discriminatorio de
cara a los Soldados Profesionales. La Sala, en atención de los principios plasmados en el precepto
legal 103 de la Ley 1437 de 2011-CPACA, patentizará la efectividad de los derechos reconocidos en
la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico esto es, dará aplicación al artículo
4 o del Ordenamiento Superior y al artículo 148 del CPACA, consistente en inaplicar el parágrafo del
artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, por ser inconstitucional e ilegal frente a los fines de la Ley 923
de 2004, por las siguientes razones: - Si bien, a los Soldados Profesionales se les reconoce en servicio
activo la prima de navidad de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, es excluido
al momento de su retiro, como lo prevé el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, y el parágrafo lo
prohíbe incluir, teniéndose en cuenta solamente la prima de antigüedad. A su turno, en el artículo
16 ibídem, únicamente adiciona el porcentaje previsto para la prima de antigüedad, sin que igualmente
se indique nada respecto de la prima de navidad. - En el otro grupo de miembros de la Fuerza
Pública, denominados Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, se les reconoce la prima de
navidad como partida computable en la asignación de retiro, artículo 158 del Decreto 1211 de 1990
y también en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, -en el que se exceptúa a los soldados profesionales-,
diferenciación de trato que para la Sala no es plausible constitucionalmente, pues los dos
grupos, -Soldados Profesionales y Oficiales y Suboficiales-, hacen parte de la misma Fuerza Pública.
La Sala precisa entonces, que para establecer tal situación, esto es, diferenciación de trato, se debe
subsumir además otras circunstancias que efectivamente marcan la discriminación impartida entre
partes, esto es, "(i) que las personas sujetos del trato desigual se encuentren efectivamente en distinta
situación de hecho; (ii) que dicho trato tenga una finalidad que consulte los valores y principios
constitucionales; (iii) que la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual
que se otorga tengan una racionalidad interna; y (iv) que exista proporcionalidad entre estos aspectos,
es decir, el trato diferente, las circunstancias de hecho y la finalidad". Si bien los dos grupos
pertenecen a una misma Fuerza Pública, la diferencia que entre ellos radicaría se limita en determinar
las responsabilidades o tareas a ejecutar en cabeza de cada uno, pues como bien lo ha enseñado
la Jurisprudencia Constitucional, los "oficiales son aquellos formados, entrenados y capacitados
para ejercer la "conducción y mando" de los elementos de combate y de las operaciones de su res-
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pectiva fuerza, mientras que a los suboficiales les corresponde las funciones de apoyo a los oficiales." y
"Los soldados profesionales y los agentes, por su parte, ejecutan e implementan las decisiones de los
comandantes". Estos escenarios que desde el punto de vista de las normas que los crean y regulan,
ubican a tales grupos en situaciones de hecho distintas y por lo mismo, en principio, no tendrían que
estar sometidos al mismo tratamiento. Así las cosas, la Sala se ocupa en determinar, si dicho trato -
distinto-, apunta a una finalidad que consulte los valores y principios constitucionales. En efecto, el
artículo 13 Constitucional prevé que las personas son iguales ante la ley, que "recibirán la misma protección
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,..."; por lo que el Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en especial para aquellas personas
que por su condición económica, así lo requieran. Así entonces y siguiendo el test de razonabilidad y
proporcionalidad que para el efecto la Sala realiza, se obtiene que el trato desigual plasmado en la no
inclusión de la partida de la prima de navidad para efectos de liquidar la asignación de retiro al demandante
-Soldado Profesional- y quien tiene una remuneración inferior frente a los Oficiales y Suboficiales,
para quienes sí se les tiene en cuenta tal partida para liquidar su asignación de retiro, como lo prevé los
artículos 13 y 16 del Decreto 4433 de 2004, no efectiviza los principios y derechos constitucionales referenciados,
como tampoco existe proporcionalidad entre el trato diferente, las circunstancias de hecho y
la finalidad. Finalmente, si bien en principio resultaría acertada la decisión que la entidad demandada
emitiera en los actos demandados, pues se ajustan a los lineamientos del artículo 13.2 y 16 del Decreto
4433 de 2004, negando la inclusión de la prima de navidad en la asignación de retiro del demandante,
la Sala confirmará la inaplicación del parágrafo del artículo 13 ibídem por considerar que es evidente
su inconstitucionalidad e ilegalidad. Del mismo modo, no resulta ser un hecho cierto como lo afirma la
encartada, que el actor carezca del derecho a que le sea incluida como partida computable de su asignación
de retiro la duodécima parte de la prima de navidad, porque "es un derecho que los soldados
profesionales nunca han percibido, por tanto, mal puede pretenderse que en retiro se reconozcan partidas
computables que no fueron reconocidas ni siquiera en actividad", cuando, además de estar expresamente
consagrada en el artículo 5 o del Decreto 1793 de 2000, de la documental allegada por la misma
entidad con la contestación de la demanda, más exactamente de la certificación emitida por el Jefe
de Atención al Usuario de la Jefatura de Desarrollo Humano de la Dirección de Personal del Ejército
Nacional, se hizo constar que al Soldado Profesional Melquisedech Silva, en el mes de noviembre de
2011, le fueron presupuestados como prima de navidad doce (12) días, por valor de $813.576,oo, razón
que junto con las anteriormente fundadas son suficientes para concluir que sí se demostró que el interesado
devengó en actividad la citada partida, por lo menos en el año anterior a su retiro.
MAGISTRADA: DRA. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 26 de octubre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ALVARO FLÓREZ BLANCO
DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-
RADICACIÓN: 15239333375220150025801
DESCRIPTORES – Restrictores:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Los celebrados con instructores docentes del SENA son
contratos laborales.
TESIS:
Está acreditado para la Sala que el demandante celebró contratos de prestación de servicios con el
SENA, entre el 18 de junio de 2004 y el 17 de diciembre de 2007, con el objeto de desarrollar las actividades
de instructor docente, impartiendo -por horas-, formación en las estructuras curriculares y formación
continuada en los bloques modulares de áreas básicas y trasversales en la regional Boyacá.
Luego, del 7 de julio de 20011 al 16 de diciembre de 2011, nuevamente fue contratado como instructor;
sin perjuicio de la forma como ello se llevara a cabo. De conformidad con los artículos 2 o y 4 o a 16
de ¿a Ley 119 de 1994, y el Decreto No. 359 de 2000, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, está
encargado de cumplir la función que corresponde al Estado, de invertir en el desarrollo social y técnico

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de los trabajadores Colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del País; y está facultado para adelantar programas de educación
del nivel de educación superior en los campos de formación tecnológica y técnica profesional.
Sobre la naturaleza, misión y funciones del SENA la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado,
precisó: “.. .2 Naturaleza, misión y funciones del SENA La ley 119 de 1994. (...) De esta manera lo
dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para ofrecer programas de educación
superior en la modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo
establecido en las leyes 30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales
programas, y con la naturaleza jurídica, misión, y objetivos de esa entidad previstos en la Ley 119,
sin que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de una
institución de educación superior, como quera que, se insiste, su naturaleza, misión, organización y
funcionamiento no corresponde a este tipo de entidades” De lo anterior, infiere la Sala que la labor
de instructor del SENA, equivale a la labor docente para desarrollarlos programas de formación de
educación no formal que ofrece la institución. En un asunto de similares contornos; el Consejo de
Estado, en sentencia de 27 de febrero de 2014, Exp. No. 20001233100020110031201, C.P. Dra. Betrha
Lucía Ramírez De Páez (e), concluyó: (…). En cuanto a la naturaleza de la labor docente, el alto
Tribunal en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, con radicación número 23001-23-33-
000- 2013-00260-01 y ponencia del Consejero Doctor Carmelo Perdomo Cuéter, destacó: (…) De lo
anterior se deduce que, dadas las características del servicio docente, quien demuestre que ha sido
vinculado para desarrollar tal actividades de esta naturaleza, tiene a su favor una presunción de
subordinación y dependencia, pues, como lo sostuvo el Consejo de Estado en las sentencias transcritas,
la naturaleza misma del servicio se lo imponen. En síntesis, en esos eventos, la subordinación
laboral se encuentra implícita en el desempeño de la actividad docente. Ahora bien, Como se indicó
en precedencia, el demandante fue contratado por el SENA, para, desarrollar las actividades de
instructor por horas. Respecto a la prestación de servicios, por esa modalidad, la jurisprudencia
también ha enseñado: (…).Así las cosas, de la jurisprudencia traída a colación y del análisis de la
labor desempeñada por el accionante entre los años 2004 a 2007, se concluye que la subordinación
o dependencia para su ejercicio, en los periodos antes señalados, se encuentran ínsitas o son connaturales
a la misma, por tanto, se puede sostener que la administración utilizó el contrato de prestación
de servicios para encubrir la naturaleza laboral de la labor desempeñada.
DESCRIPTORES – Restrictores:
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – Los celebrados para formulación y desarrollo de
proyectos y programas de formación con el SENA no son contratos laborales.
TESIS:
No escapa a la Sala que con una interrupción de un mes y quince días desde el momento en que se
culminó el último contrato cuyo objeto fue la prestación de servicios como instructora docente, a
partir del 01 de febrero de 2008 y hasta el 10 de febrero de 2012 el objeto contractual cambió, excepto
en el suscrito el 7 de julio de 2011. En efecto labor contratada tuvo por objeto: (…)Recuérdese
que la orientación, elaboración, formulación o implementación de proyectos, versa sobre una obligación
de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación
profesional de una persona en determinada materia, sin embargo, ello, por sí mismo, no se puede
considerar como una actividad que esté sujeta a una subordinación y dependencia, pues es precisamente
la característica de la actividad, la que la margina de un sometimiento o “subordinación continuada"
en el desarrollo de la tarea contratada.(…) Es así como, por ejemplo, el Contrato de Prestación
de Servicios No. 160 de 2009, dispuso el montaje de una unidad productiva; o la orientación y
desarrollo de los programas de formación (presencial y virtual), mediante la formulación de proyectos
que se acordó en el Contrato No, 027 de 2011; actividades estas que por su contexto no denotan
subordinación. Nótese como la formación virtual, también llamada "educación en línea”, se refiere
al desarrollo de programas de capacitación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje
el ciberespacio. En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el
cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia
de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno, es posible establecer
una relación interpersonal de carácter pedagógico. La formación virtual es, entonces, una
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modalidad de la educación a distancia, siendo este un sistema de formación independiente mediado
por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación o
restricciones físicas tanto para el alumno como para el tutor. A su turno, la actividad de formulación de
proyectos recae en un esfuerzo planificado, temporal y único, es un escenario donde se aplica un método
didáctico orientado a que los educandos aprendan, construyan y desarrollen las competencias del
perfil adecuado, por medio de la planificación y ejecución de acciones para resolver problemas concretos
del ámbito formativo. En estas condiciones, se presenta una plena autonomía e independencia
técnica y profesional por parte del contratista, pues la labor, al recaer en la elaboración de propuestas
dinámicas o planes formativos de experiencia, no está atada estrictamente al cumplimiento de lineamientos
o directrices. Sobre este último aspecto, destaca la Sala que el hecho de recibir instrucciones
sobre la correcta prestación del servicio, cumplir determinados horarios o rendir informes sobre la prestación
del mismo, no constituyen elementos de una relación de subordinación continuada, si no que se
enmarcan en una relación de coordinación que debe existir entre los contratistas vinculados mediante
contrato de prestación de servicios y la administración para la correcta ejecución de los recursos públicos
en aras de prestar un mejor servicio. En ese orden, se tiene que el inciso 2 o del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 (disposición normativa que rigió los contratos suscritos por el demandante), no crea una
presunción legal que permita considerar como laboral toda relación contractual estatal en la modalidad
de prestación de servicio. Antes, por el contrario, la disposición en cita de manera expresa estableció
que en ningún caso se generaría una relación de trabajo, por lo que, si el contratista recurre a la
jurisdicción, está en la obligación de desvirtuar la naturaleza del contrato estatal', como quiera que es
él quien está llamado a demostrar los elementos esenciales o configurativos de una verdadera relación
laboral. Dentro del plenario no existen prueba testimonial o documental que demuestre subordinación
en los contratos suscritos entre los años 2008 a 2012, verbigracia, no fue traído por la parte interesada
medios de juicio (llamados de atención, memorandos, sanciones, felicitaciones, investigaciones disciplinarias,
testimonios de personal de planta o contratistas de la entidad, etc.), que permitan afirmar, sin
asomo de duda, que dependía el demandante del superior jerárquico, recibiendo órdenes continuas y
realmente subordinadas. (…)Conforme con lo antes señalado, considera la Sala que no existe prueba
que acredite la continuada subordinación y dependencia que alega el actor existió en desarrollo de los
contratos de prestación de servicios suscritos por los años 2008 a 2012, por cuanto que, no se evidencia
el cumplimiento de órdenes, instrucciones, directrices, lineamientos impartidos por el contratante- hoy
demandado- acerca de la manera o forma y temporalidad - horarios- en que el actor debía ejecutar su
labor. Así entonces, los contratos antes señalados no resultan suficientes para considerar la existencia
de una relación laboral, razón por la cual la pretensión no está llamada a prosperar.

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NULIDAD
MAGISTRADO: DR. FELIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 25 de octubre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD
DEMANDANTE: CESAR AUGUSTO POVEDA ROJAS
DEMANDADO: MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
RADICACIÓN: 15001333300820130005802
DESCRIPTORES – Restrictores:
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL - Procedimiento para su elaboración y aprobación. Marco
normativo.
PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL – Nulidad de acuerdo municipal por el cual se adoptó, por
desconocimiento de su trámite legal.
TESIS:
Sobre el particular, la ley 152 de 1994 en sus artículos 39 y 40 dispone que para la elaboración del
respectivo proyecto deberá tenerse en cuenta, además de las normas previstas en el Plan Nacional
de Desarrollo en cuanto le sean compatibles, las siguientes: (…)De lo anterior puede señalarse que el
procedimiento establecido para la expedición de los planes de desarrollo municipal, en armonía con
la gestión ambiental, debe presentar las siguientes características, i) el Alcalde electo deberá impartir
las directrices pertinentes para la elaboración del plan de desarrollo a través del cual se pretenda
llevar a cabo el plan de gobierno por el cual resultó elegido; ii) posteriormente, el Alcalde, deberá
poner a consideración del Consejo de Gobierno o el organismo que haga sus veces, el proyecto de
plan de desarrollo y a su vez, dicho Consejo de Gobierno consolidará el documento que contenga la
totalidad del plan de desarrollo; iii) dentro de los 2 meses siguientes a la posesión del Alcalde y de
manera simultánea a la presentación del proyecto conforme lo señalado en el numeral anterior, la
administración territorial deberá enviar copia del mismo a la Corporación Autónoma Regional o de
Desarrollo Sostenible con jurisdicción en la respectiva entidad territorial; ésta dispondrá de un término
de 15 días para llevar a cabo la revisión técnica y constatar la armonización con los demás
planes de la región, dentro de este término, deberá enviar el plan con respectivo concepto al Municipio;
iv) una vez recibido el respectivo concepto técnico, el Consejo de Gobierno lo considerará y enviará
copia del mismo al Consejo Territorial de Planeación, el cual en caso de acogerlo, enviará copia al
Consejo Municipal respectivo para que lo considere en el trámite siguiente. (…) Descendiendo al sub
examine se constata que el Acuerdo No. 004 de 2012 "Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Municipal "Trabajando por el cambio" para el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, vigencia
2012-2015" fue presentado y discutido en dos debates, celebrados los días 25 y 31 de mayo de 2012,
como lo certifica la Secretaria General del Concejo de Puerto Boyacá (Anexo 1). Se constata así mismo
que el 11 de marzo de 2012 esa Corporación remitió a la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá- CORPOBOYACA, vía correo electrónico, el aludido Acuerdo, para su revisión. La Autoridad
ambiental, mediante el documento denominado "EVALUACION ASPECTOS AMBIENTALES EN LOS
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL" rindió el respectivo concepto técnico sobre el Acuerdo Municipal
demandado, el cual tiene fecha del 1 o de junio de 2012. De lo anterior puede colegirse que el
Municipio demandado desconoció el procedimiento de que tratan las disposiciones normativas mencionadas
en el acápite anterior, pues de una parte, la consolidación del proyecto se finiquitó en 4
meses, lo cual supuso el cumplimiento tardío de su deber de remitir a CORPOBOYACA el aludido
Acuerdo para su revisión, pues lo hizo 2 meses después de vencido el término de los 2 meses siguientes
a la posesión del Alcalde, esto es, finalizando el mes de febrero de 2012.Por esa causa la Corporación
ambiental no pudo rendir el concepto en el término legal (mediados de marzo), sino que vino
a presentarlo hasta l 1 o de junio de 2012, -como se explicó-, esto es, cuando habían trascurrido más
de 4 meses desde la posesión del Alcalde y cuando restaban 19 días para el cumplimiento máximo
de los 5 meses con que contaba el Concejo para el estudio y aprobación del Acuerdo demandado.
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Aunado a lo anterior se advierte que el proyecto de Acuerdo fue enviado por el Alcalde al Concejo en el
periodo comprendido entre el 11 y el 25 de marzo de 2012, lo cual suponía un término exiguo para el
Concejo para adelantar el estudio pertinente, pues el término máximo que tenía esa Corporación para
ese efecto, fenecía el 31 de mayo de 2012. Esto supone el desconocimiento del artículo 40 de la ley 152
de 1994 por parte del Alcalde de Puerto Boyacá, dado que allí se dispone que el proyecto de acuerdo
contentivo del plan de desarrollo municipal deberá ser aprobado por el Concejo en el término de 1 mes
contado desde su presentación. Si bien la aprobación del proyecto de Acuerdo contentivo del Plan de
Desarrollo Municipal se adelantó entre el 25 y el 31 de mayo de 2012, fechas para las cuales se encontraba
vigente el término legal de 5 meses desde la posesión del Alcalde para que el Concejo lo estudiara
y aprobara, también lo es que el Alcalde de Puerto Boyacá desconoció el procedimiento legalmente
establecido para ese efecto, pues omitió remitir el proyecto de acuerdo a la Corporación Ambiental
para que rindiera su concepto técnico sobre el mismo y así, lo que finalmente ocurrió es que el Acuerdo
se estudió y aprobó (25 y 31 de mayo) y con posterioridad esa Entidad remitió el respectivo concepto
técnico (1 o de junio); esto último no es atribuible a la Autoridad ambiental, pues fue el Alcalde quien
remitió tardíamente el proyecto de Acuerdo a esa Entidad y por ende produjo el retraso en la expedición
del concepto técnico. De otro lado es menester hacer hincapié en la importancia del concepto
técnico que debe rendir la Autoridad ambiental en esta materia, pues contrario a lo señalado por el
recurrente, en el sentido de que constituye un mero concepto, conforme lo previsto en el artículo 339
Superior tiene como propósito garantizar el desarrollo de una gestión ambiental regional que resulte
armónica y planificada entre los departamentos, distritos y municipios, en cumplimiento de los principios
constitucionales según los cuales es deber del Estado proteger la diversidad e Integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial Importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
esos fines (art. 79 C.P.). Aunado a esto, constituye uno de los mecanismos a través de los cuales se
pretende la materialización de uno de los más Importantes ejes de la Constitución Política de 1991,
esto es, el logro de un desarrollo sostenible del País y sus reglones y que Inclusive ha llevado a la jurisprudencia
a calificar la Carta Política como una constitución ecológica. La anterior es la razón para que
la Ley no hubiese establecido, como sí lo hizo en relación con la participación ciudadana de los consejos
territoriales de planificación en los que transcurrido el término para dicha participación si el Consejo no
se pronuncia oportunamente, el trámite del plan de desarrollo debe continuar, pues el concepto que
debe rendir la autoridad ambiental en relación con el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo municipal
es obligatorio y la ley no autoriza continuar con el trámite en caso de que la autoridad ambiental
no se pronuncie. Sin embargo en el sub examine, el Concejo de Puerto Boyacá impartió aprobación al
proyecto de plan de desarrollo sin contar con el concepto previo de la Autoridad ambiental.
MAGISTRADO: DR. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Auto de fecha 31 de octubre 2017.
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD
DEMANDANTE: JAIRO UNRIZA PUÍN
DEMANDADO: MUNICIPIO DE MONGUA
RADICACIÓN: 15759333300220170012901
DESCRIPTORES – Restrictores:
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Es el procedente si la nulidad
del acto genera el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor de un particular.
TESIS:
En el presente caso la parte demandante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
simple a fin de que se declare nula la Resolución No. 060 de 19 de julio de 2016, ello por cuanto
considera que a través de dicho medio de control no se persigue o de la sentencia de nulidad que se
produjere no se genera un restablecimiento automático de un derecho subjetivo a su favor o de un
tercero. Ahora bien, tal como quedó visto en precedencia, la Resolución No. 060 de 19 de julio de 2016,
“Por medio de la cual se interviene el proyecto de vivienda urbanización “El Sol Naciente” "y se toma
posesión de los negocios, bienes y haberes de la Unión Temporal conformada por el Municipio de Mon-

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gua y el arquitecto Henry Unriza Puin-Contrato de Unión Temporal del 10 de octubre de 2011”, es un
acto administrativo de carácter particular y concreto, el cual es pasible de control jurisdiccional, por
regla general, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, la parte demandante asegura que se debe dar
aplicación a las previsiones contenidas en el artículo 137 ibídem, en efecto la referida norma dispone
lo siguiente: (…) Parágrafo. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento
automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente. (…)De la lectura
de la norma en cita, que dicho sea de paso elevó a rango legal la teoría jurisprudencial de “los móviles
y las finalidades” sostenida por el Consejo de Estado, se concluye que la procedencia del medio
de control de nulidad simple contra un acto de carácter particular y concreto, está sujeta a que la
pretensión de la demanda, esté dirigida única y exclusivamente a proteger el ordenamiento jurídico,
sin entrar a debatir aspectos subjetivos y sin que esté implícita una pretensión resarcitoria, caso este
último en el cual, el medio de control procedente será el de nulidad y restablecimiento del derecho,
según las voces del inciso final del referido artículo 137. (…) Así las cosas, ha de advertirse que con la
expedición de la Resolución No. 060 de 19 de julio de 2016, se dispuso la intervención del contrato
“Unión Temporal el Sol Naciente”, celebrado el 10 de octubre de 2011, entre el Municipio de Mongua
y el señor Henry Unriza Puin, disponiendo la toma y posesión de los negocios, bienes y haberes
de la Unión Temporal, con el objeto de continuar con el desarrollo del proyecto de vivienda adelantado
por dicha Unión. Ahora bien, el objeto del contrato de Unión Temporal celebrado entre el Municipio
de Mongua y el señor Henry Unriza Puin, era el siguiente: "Objeto: Con motivo de la convocatoria
para la elaboración, formulación de estudios y construcción de las unidades de vivienda requeridas
como consecuencia de la ola invernal 2010-2011 que afectaron a los municipios de la república,
los integrantes participarán a título de Unión Temporal para de manera conjunta, presentar al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, un proyecto para la presentación de una propuesta
para la adjudicación, celebración, ejecución y entrega del plan de vivienda denominado Urbanización
el Sol Naciente ubicado en el Municipio de Mongua, el cual consta de noventa (90) soluciones
de vivienda”.. Según se afirma en la demanda, la representación legal de la Unión Temporal, estaba
a cargo del señor Henry Unriza Puin, el cual dentro de sus funciones tenía asignadas, entre otras las
siguientes: "a. Representar a la Unión Temporal ante sus miembros, ante el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Findeter, Gobernación de Boyacá, regalías nacionales o la entidad
que haga sus veces, ante terceros y ante toda clase de autoridades. b. Disponer la ejecución por
parte de los miembros de la Unión Temporal de todos los actos u operaciones correspondientes al
objeto del Convenio a celebrarse con el Ministerio de Ambiente, Vivienda (...) y ejecutar todos los
actos u operaciones que correspondan en conjunto a la Unión Temporal (...). d. Presentar a la Asamblea,
los informes y estados financieros a que haya lugar sobre la situación de la Unión Temporal
(...). f. Ser el responsable de apertura de cuentas bancadas, recibir los desembolsos provenientes del
convenio establecido entre la presente Unión Temporal y el Ministerio de Vivienda (...). De igual
forma será el encargado de autorizar y realizar los correspondientes pagos y giros necesarios para el
cumplimiento del objeto de la presente Unión Temporal (...)”. Precisamente las anteriores funciones,
contrario a lo afirmado por el apoderado de la parte demandante, fueron suspendidas como consecuencia
de la expedición de la Resolución No. 060 de 19 de julio de 2016, toda vez que a través de
ésta, se intervino el proyecto de vivienda adelantado por la Unión Temporal y se tomó posesión de
los negocios, bienes y haberes de aquella, para lo cual se designó al abogado José Eduardo Valderrama
Velandia, intervención que se insiste, tuvo con objeto de continuar con el desarrollo del proyecto
de vivienda que adelantaba la Unión temporal. Así las cosas, encuentra la Sala que en el evento
en que sea declarada la nulidad de la Resolución No. 060 de 19 de julio de 2016, necesariamente
se generaría a favor del señor Henry Unriza Puin en su condición de representante legal un restablecimiento
automático del derecho, ello por cuanto cesaría la intervención y la toma de posesión de
los negocios, bienes y haberes de la Unión Temporal, lo que implica necesariamente que el señor
Henry Unriza Puin reasuma las funciones establecidas en el contrato de Unión Temporal y que antes
fueron descritas y fuera éste quien continuara con el desarrollo del proyecto de vivienda. En éste
punto advierte la Sala que el apoderado de la parte demandante en el recursos de apelación asegura
que no se generaría un restablecimiento automático del derecho a favor del señor Henry Unriza
Puin, toda vez que con la expedición del acto administrativo que aquí se demanda, no se despojó de
su condición de representante legal de la Unión Temporal, para lo cual allega copia Registro Único
Tributario de fecha 15 de mayo de 2017 que así lo evidencia. Al respecto ha de indicarse que con la
expedición de la Resolución No. 060 de 19 de julio de 2016, si bien no se relevó al señor Henry Unriza
Puin del cargo de representante legal de la Unión Temporal, lo cierto los efectos de aquella se evi-
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dencian en el relevo de las funciones propias del cargo, las cuales pasaron a ser ejercidas por el agente
interventor del alcalde del Municipio de Mongua, razón por la cual, se insiste, en el evento en que en la
sentencia se declare la nulidad del acto administrativo demandado, ello implicaría que el representante
legal de la Unión Temporal, retomaría de manera plena nuevamente sus funciones. Así las cosas, en
aplicación del parágrafo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, según el cual “Si de la demanda se
desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a
las regias del artículo siguiente”, esto es, por las reglas del articulo 138 ibídem, que consagra el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En suma, en el presente caso contrario a lo afirmado
por el demandante, el medio de control procedente en el presente caso, era el de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA y no el de nulidad establecido en el artículo
137 ibídem.

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REPARACIÓN DIRECTA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Auto de fecha 30 de octubre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: MARÍA VIRGELINA FLORIÁN FLÓREZ Y OTROS
DEMANDADO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
RADICACIÓN: 15001333300620150014901
DESCRIPTORES – Restrictores:
SANEAMIENTO DEL PROCESO – Se puede hacer en cualquier etapa del proceso. Precedente jurisprudencial.
SANEAMIENTO DEL PROCESO – En relación con la conformación de la parte demandada, el juez
puede oficiosamente sanear el proceso incluso luego de admitida la demanda y antes de la audiencia
inicial.
EXCEPCIONES PREVIAS - Tienen como finalidad, mejorar el proceso, enderezarlo, sanearlo o encaminar
el trámite del proceso, la terminación es excepcional superadas todas las posibilidades que
permitan su continuación para lograr sentencia de fondo.
TESIS:
El apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura, en adelante ANI, afirmó que, el litisconsorcio
necesario no está enlistado taxativamente en el CPACA, por lo cual no es procedente la vinculación
forzosa de la entidad; además, advirtió que los terceros deben ser llamados por llamamiento en
garantía. (…)Ahora, es cierto que cuando la parte considera que un tercero debe responder por la
posible condena, tiene el derecho a llamarlo en garantía al proceso; sin embargo, ello no impide
que, oficiosamente, si el juzgador encuentra necesaria la presencia de una persona distinta de las
demandadas, pueda ejercer tal facultad. Es decir, la petición de parte, no es la única forma de vinculación
procesal de un tercero, para ello, baste examinar el contenido del numeral 3º del artículo 171
del CPACA. De otra parte, no desconoce el Despacho que al momento procesal en que el a-quo profirió
la decisión de vinculación de la ANI, se había superado la etapa de admisión y la decisión fue
fruto del estudio de la contestación de la demanda que presentó INVIAS al señalar a cuál entidad
correspondía la responsabilidad sobre la vía en la que ocurrieron los hechos, proponiendo la excepción
de falta de legitimación en la causa, excepción de contenido material, no formal, pues está
dirigida a la exoneración de responsabilidad sobre los hechos y no a la incapacidad para comparecer
en juicio. Al respeto el Consejo de Estado consideró: “Las “excepciones previas” pretenden el saneamiento
del proceso, por causa de vicios o defectos en el mismo, y su finalidad es mejorarlo o terminarlo
cuando lo primero no es posible, todo orientado a evitar nulidades o sentencias inhibitorias
(…).”(Negrilla y Subraya fuera del texto). Al tenor del artículo 180-6 el momento procesal oportuno
para la resolución de excepciones es la audiencia inicial, sin embargo, no es menos cierto que la
determinación adoptada por el juez, pretende sanear el proceso antes la audiencia, lo cual, a juicio
de este Despacho, no pone en riesgo derecho fundamental alguno, por el contrario, responde a principios
de economía, celeridad y precave posibles fallos inhibitorios. Entonces, si bien, como lo señala
la recurrente, no se avisora un Litis consorcio necesario, en tanto la decisión de sentencia bien podría
culminar con una decisión de fondo sin que llegue a existir dependencia entre una y otra entidad
demandada, sea esta negativa o positiva a las pretensiones de la demanda, cabe considerar lo
que el Consejo de Estado ha señalado sobre la proactividad que corresponde al juez en los procesos
regidos por la oralidad que implementó la Ley 1437 de 2011. Sobre las posibilidades de sanear el
proceso en cualquier etapa del proceso, incluida la audiencia inicial, en pronunciamiento del 29 de
septiembre de 2013, sostuvo lo siguiente la Corporación: “4.2.1.- El artículo 103 de la Ley 1437, expresamente
dispone que “los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Admi-
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nistrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la
ley y la preservación del orden jurídico”. Por su parte, el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil
prescribe que “el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de
los derechos reconocidos por la ley sustancial”, lo que se refleja en el deber consagrado en el numeral
1º del artículo 37 ibídem de “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes
para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en
responsabilidad por las demoras que ocurran”. En virtud de la finalidad del proceso judicial -la efectividad
de los derechos- el Juez goza de amplias potestades de saneamiento, en aras de que el proceso se
ritúe conforme al procedimiento legal y se profiera una sentencia de mérito al verificarse el cumplimiento
de los presupuestos de validez y eficacia del proceso, potestades de las que puede hacer uso en
cualquier etapa del mismo, por ejemplo, al momento de estudiar la demanda para su admisión o en la
audiencia inicial, etapa procesal en la cual, acorde con lo dispuesto en el artículo 180.5 de la Ley 1437,
el Juez, de oficio o a petición de parte, debe decidir los vicios que se hayan presentado y adoptar las
medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.”(En relación con las facultades
y potestades del Juez para lograr el saneamiento del proceso, en esa misma oportunidad el Máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo señaló: “…Así, la facultad de saneamiento le impone al Juez
la obligación de revisar la regularidad del proceso, la existencia de irregularidades o vicios y subsanarlos,
para que el proceso pueda seguir y culminar normalmente con sentencia de mérito.(…)Así, en virtud
de la potestad de saneamiento, el Juez no sólo controlará los presupuestos de validez de la demanda,
sino también las circunstancias constitutivas de nulidad (artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil) y aquellos hechos exceptivos previos que puedan afectar la validez y eficacia del proceso, amén
de aquellas otras irregularidades que puedan incidir en su desenvolvimiento, que no encajen en una u
otra de las categorías mencionadas. En otras palabras, lo que inspira la potestad de saneamiento es la
solución de todas aquellas irregularidades o vicios que puedan evidenciarse durante el trámite del
proceso a fin de que termine con una sentencia de mérito que ponga fin a la controversia, evitando su
terminación por meras irregularidades o por cuestiones formales subsanables, pues ello no consulta el
alcance de dicha facultad, ni el papel natural del Juez, ni, mucho menos, es factor de legitimidad de la
función jurisdiccional.” (Subraya y negrilla fuera del texto. En estas condiciones, si bien el juez de instancia
hubiera podido esperar al momento de la audiencia inicial para lograr el saneamiento del proceso
en cuanto se refiere a la conformación de la parte demandada, nada impide que antes de esa etapa,
el juez llame al proceso a quien, por la advertencia que hace uno de los demandados al contestar la
demanda cabe responsabilidad en los hechos demandado, allanado el proceso y dando oportunidad a
otra persona, en este caso la ANI, para que ejerza su derecho de defensa y concurra desde la audiencia
inicial que es la primera etapa de la oralidad, impidiendo de esta forma retrasos innecesarios, es decir,
en aplicación del principio de celeridad. Entonces, si el juez podía llamar a la ANI al momento de la
admisión de la demanda, no encuentra el despacho obstáculo para que lo haga antes de la audiencia
inicial, una vez contestada la demanda que le aporta los elementos para considerar que tal persona
puede tener interés en las resultas del proceso. Obsérvese, además, que la forma de resolver la falta de
citación de otras personas que por ley deban ser citadas es la de ordenar la respectiva citación (art. 100
num. 10º CGP), de manera que pudiéndose anticipar al escenario previsto en el artículo 180-6 del CPA-
CA, en tanto se está ante una excepción de mérito, no previa, nada vulnera el debido proceso y el derecho
de defensa del citado, por el contrario, ellos se garantizan. Recuérdese que las excepciones tienen
como finalidad, mejorar el proceso, enderezarlo, sanearlo o encaminar el trámite del proceso, la terminación
es excepcional superadas todas las posibilidades que permitan su continuación para lograr sentencia
de fondo. Nada impide en desarrollo de principios constitucionales, que ante una excepción que
se opone a la prosperidad de las pretensiones por considerar el demandado que no es el llamado a
responder por las pretensiones de la demanda, como en este caso, que el juez adopte las medidas de
saneamiento necesarias, en cualquier momento. La finalidad del proceso contencioso administrativo,
no puede dejar de lado la tutela judicial efectiva como manifestación del derecho al acceso a la administración
de justicia, derecho que ha sido ampliamente tratado por la Corte. Así, la Sentencia C-279 de
2013, dijo: (…) Se llega así entonces a sostener legal, constitucional y jurisprudencialmente el deber del
juez de examinar e interpretar integralmente el proceso a fin de dar vía libre al derecho de acceso a la
administración de justicia y a la realización material del mismo, mediante la tutela judicial efectiva, lo
cual da raigambre al auto recurrido.

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PÉRDIDA DE INVESTIDURA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 8 de noviembre de 2017
MEDIO DE CONTROL: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
DEMANDANTE: OMAR JAMES PUERTO MEDINA
DEMANDADO: JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA
RADICACIÓN: 15001233300020170060200
DESCRIPTORES – Restrictores:
PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Se debe invocar la causal por la cual se solicita y su debida explicación.
TESIS:
Uno de los requisitos de la pérdida de investidura es la invocación de la causal por la cual se solicita
la pérdida de investidura y su debida explicación. Exigencia que adquiere sentido especial en tanto,
como se ha reseñado, hacen parte de su aplicación, los principios del debido proceso en materia
penal lo cual exige que la conducta endilgada se encuentre tipificada en el ordenamiento legal previamente
y que tal imputación se haga al demandado de forma precisa. Precisó el Consejo de Estado:
“…La revisión de la demanda presentada dentro de este asunto permite a la Sala concluir que
ella cumple con los mencionados requisitos que, valga aclarar, no requieren de mayores formalidades
ni rigorismos procesales, dada la estirpe constitucional y la naturaleza pública de la acción de
pérdida de investidura, cuyo fin es juzgar la conducta del congresista, en orden a establecer si con
ella ha dado lugar a la configuración de cualquiera de las causales constitucionalmente previstas
para despojarlo de su investidura de parlamentario. Es por ello, precisamente, que la única exigencia
que reviste cierta complejidad, en razón de la gran trascendencia que tiene dentro de la solicitud,
es la de indicar la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y explicarla debidamente,
con el fin de garantizar, de un lado, el derecho de defensa del demandado…”
DESCRIPTORES – Restrictores:
PÉRDIDA DE INVESTIDURA – No existe incompatibilidad entre la calidad de comerciante y el ejercicio
del cargo de concejal.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Diferencias.
TESIS:
Según los cargos de la solicitud de pérdida de investidura y su subsanación, el demandado, incurrió
en desconocimiento del artículo 15 del Código de Comercio, pues ostentaba la calidad de comerciante
y no lo informó a la respectiva Cámara de Comercio. La Corte Constitucional ha indicado que las
inhabilidades son “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan
que una persona sea elegida, o designada para un cargo público (…) y tienen como objetivo
primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a
ingresar o ya están desempeñando empleos públicos” (Subrayado fuera de texto), y que las mismas
pueden tener naturaleza sancionatoria, en materia penal, contravencional, disciplinaria, correccional
y de punición por indignidad política; en los demás casos no tienen dicha naturaleza. De igual
modo, ha manifestado que las incompatibilidades consisten en “una prohibición dirigida al titular de
una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer,
simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a
otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo
caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce
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P á g i n a 28
la autoridad en nombre del Estado”. Según el libelo la actividad de comerciante no podía ejercerse
simultáneamente con las labores de concejal de la ciudad de Duitama. Se está entonces ante un cargo
de incompatibilidad, aunque la norma del código de comercio titule esta como una causal de inhabilidad.
Conforme a la jurisprudencia, la causal de incompatibilidad debe ser taxativa. El artículo 45 de la
Ley 136 de 1994 establece como tales para los concejales: (…) De acuerdo a lo anterior, la Sala encuentra
que para desempeñarse como Concejal, no se encuentra prevista de manera taxativa la incompatibilidad
que refiere el demandante y, tal como lo sostiene la jurisprudencia arriba mencionada y lo reclama
el Ministerio Público al interior de este proceso, estas circunstancias son de interpretación restrictiva,
dadas las consecuencias que ello acarrea, es decir, está prohibida la aplicación por interpretación
extensiva del código de comercio. Pero, aún más, y para dar contundencia a esta conclusión, si la
norma que regula la incompatibilidad no contiene ninguna dirigida a prohibir el ejercicio simultáneo
del comercio y de la actividad como comerciante, mal podría siquiera considerarse que el demandado
estaba en el deber de enviar comunicación alguna a la Cámara de Comercio en tanto la norma parte de
un supuesto como es que la toma de posesión del cargo implique tal inhabilitación y, como en el caso
de los miembros de los Concejos Municipales, ello no está previsto, consecuentemente, tal trámite no
es exigible.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Conflicto de intereses. Inexistencia.
TESIS:
El cargo se fundamenta en que el concejal de Duitama José Mauricio Buitrago Rivera ostentando la
calidad de comerciante, intervino en los debates y votaciones que dieron lugar a la expedición de los
Acuerdos Nos. 012 y 013 de 2016, proferidos por el Concejo Municipal de Duitama para lo cual, en
criterio del demandante, debió declararse impedido pues tenía interés directo en las materias que allí
se trataban, dada su calidad de comerciante, en especial con las actividades de transporte y agrícolas
de las empresas de las cuales es parte. (…) Entonces, para que se estructure esta causal debe mediar
un interés directo, particular y concreto del concejal, y cuando las determinaciones afectan o benefician
al concejal en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad, no puede considerarse conflicto
de intereses. Acuerdo No. 012 de 24 de mayo de 2016 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo
No. 041 del 29 de diciembre de 2008 “Por medio del cual se establece el Estatuto Tributario del Municipio
de Duitama”, tanto en sus motivaciones como en su articulado, establece las tarifas de especies
venales o trámites ante la Oficina de Transito. Acuerdo No. 013 de 10 de junio de 2016 “Por El Cual Se
Adopta El Plan De Desarrollo Del Municipio De Duitama Para El Período 2016 – 2019 “La Duitama Que
Soñamos” “Para Que La Perla De Boyacá Vuelva A Brillar” no fue aportado al plenario, no obstante
consultado en la web establece en sus 21 artículos el Plan de Desarrollo para el Municipio de Duitama,
con la inclusión de estudios técnicos por sector. Así entonces, es claro que los acuerdos contienen reglas
generales que se aplican en igualdad de condiciones para todo el conglomerado, son normas generales
e impersonales. Aceptar entonces el planteamiento del demandante, sería tan desacertado
como afirmar que los concejales que tuviesen un vehículo o que vivieran en el municipio, estarían en
conflicto de intereses para decidir en estas materias, ello pues, vaciaría el ejercicio de la función a su
cargo. Además, revisada la demanda y su corrección no encuentra en concreto una acusación que
formule el demandante en relación con el interés en particular que tendría el concejal frente a la adopción
de los Acuerdos, se limita a señalar que éste no debió participar del debate y votación en tanto
estaban relacionados con la actividad comercial de transporte, hacienda y agrícola. (…) Conforme a lo
anterior y en aplicación del artículo 13 del Código de Comercio, se presume la calidad de comerciante
del señor José Mauricio Buitrago Rivera en cuanto a su registro como persona natural y las actividades
de la empresa Inversiones Buitrago Rivera & Cia. S. en C., no así en relación con Fruty Lacteos Andina
SAS en razón a que la matrícula no se encontraba vigente para el momento de discusión y aprobación
de los Acuerdos. La presunción anotada admite prueba en contrario, es decir, puede aparecer la inscripción
en Cámara de Comercio y sin embargo, no ejercer las actividades comerciales. (…) En relación
con las actividades que ejerza el señor José Mauricio Buitrago Rivera por el registro mercantil como
comerciante, nada dijo la demanda respecto a conflicto de intereses, en efecto, el interés directo se
construyó a partir de actividades vinculadas al transporte público de pasajeros y de carga y a las actividades
agrícolas. Huelga entonces estudio alguno al aspecto. En cuanto a las acusaciones relacionadas
con la empresa Fruty Lácteos Andina SAS, como se dijo, la matrícula mercantil de esa Sociedad no se

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encontraba vigente para el momento en que fueron discutidos y aprobados los acuerdos No. 012 y
013 de 2016, no existe pues razón para para pronunciarse sobre actividad comercial con interés
directo en las materias tratadas por los acuerdos y no se encuentra necesaria la manifestación de
impedimento. Y, en cuanto a la actividad de la Empresa Buitrago Rivera & Cia. S. en C., relacionada
con transporte público de pasajeros y de carga, se dirá que conforme a las pruebas obrantes en el
expediente, la sociedad no está habilitada para ejercer dicha actividad en el territorio nacional, departamental
o municipal, a pesar de estar inscrita para ello en el registro mercantil; y según dan
cuenta las pruebas, para el momento del debate y suscripción de los Acuerdos 012 y 013 de 2016 la
empresa no estaba habilitada para prestar ese servicio, a lo cual se agregará, como ya se indicó
que, si posteriormente se realizara tal actividad, ello no constituiría conflicto de intereses dado que
el acto administrativo expidió una reglamentación con alcance general.
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VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
MAGISTRADO: Dr. LUIS ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE CHISCAS
RADICACIÓN: 15001233300020170029600
DESCRIPTORES – Restrictores:
DECLARATORIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL E HISTÓRICO – No la tiene el Concejo Municipal
sino el alcalde, previo concepto del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.
TESIS:
Del mismo modo, la Sala de Decisión No. 1 de esta Corporación en sentencia notificada en edicto desfijado
el 2 de agosto de 2007, MP. Clara Elisa Cifuentes Ortiz, consideró: "... se puede concluir que, existen
bienes de interés cultural de orden departamental, municipal y nacional, que previamente a su
declaratoria como bienes de interés cultural, deben recibir concepto del Consejo Nacional de Monumentos,
para que luego el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal pueda proceder a ser la
declaratoria en tal sentido. En el caso sub lite, se observa, que de una parte las motivaciones del Acuerdo
atacado no indican que el Consejo Nacional de Monumentos haya conceptuado a favor de la Declaratoria
del Templo Católico del Municipio de Chita como bien de interés cultural y por otro lado, la
atribución para declarar que este inmueble como de "interés cultural de la Nación’ - , no corresponde al
Municipio, sino al Gobierno Nacional, a lo sumo, sería competente para declararlo como bien de interés
cultural del ámbito municipal, pero en todo caso con el concepto previo del Consejo de Monumentos.
Bajo estas breves consideraciones, el Tribunal accederá a declarar la invalidez del Acuerdo No 002
de 13 de febrero de 2007". La citada posición fue reiterada por esta Sala de Decisión en sentencia notificada
en edicto desfijado el 18 de diciembre de 2008, MP. Jorge Eliécer Fandiño Gallo, en la que se
estimó lo siguiente: "En consecuencia, luego de analizar el presente caso, la Sala observa que en las
motivaciones del Acuerdo atacado no se indica que el Consejo Nacional de Monumentos haya conceptuado
a favor de la Declaratoria del Templo Parroquial "Nuestra Señora del Rosario” y de la Capilla la
Inmaculada" de Tibasosa como bienes que hagan parte del patrimonio cultural del ente territorial o de
interés cultural. Así mismo, la competencia para la declaratoria de dichos inmuebles como componentes
del patrimonio cultural del Municipio, no corresponde al Concejo Municipal de Tibasosa, sino al
Alcalde, pero en todo caso, previo concepto del Consejo de Monumentos. Bajo estas breves consideraciones,
el Tribunal accederá a declarar la invalidez del Acuerdo No 006 de 16 de mayo de 2008". En
orden a resolver lo que en derecho corresponde respecto de la validez del mencionado acto administrativo,
la Sala se remite a la reseña normativa que se ha dejado expuesta. Así pues, mediante el Acuerdo
No. 008 del 8 de marzo de 2017 se acordó lo siguiente: Artículo primero: Declarar como patrimonio de
interés cultural e histórico del municipio de Chiscas - Boyacá los siguientes bienes: (…)En su parte motiva
se afirma que la Ley 1185 en su artículo 8 o literal b dispone que a “las entidades territoriales, con
base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y
el manejo de los bienes e interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios
indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 11993, a través de las gobernaciones,
alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental
de Patrimonio Culturar. Además advierte que "el centro poblado "las mercedes’’... corresponde
a la localización original del municipio de chiscas, es decir que se trata de un pueblo eminentemente
colonial... por lo tanto se hace necesaria y urgente su protección, conservación y mantenimiento’’'’ y
que el templo doctrinero de “LAS MERCEDES” presenta características particulares que ameritan su
estudio como ejemplo de este tipo de arquitectura. También se consigna que en el municipio de Chiscas
- Boyacá existen “...edificaciones caracterizadas como patrimonio histórico y cultural debido a su origen,
estructura y belleza arquitectónica, a las cuales es necesario proteger'’. Y que existen en el munici-

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pio lugares de incalculable valor ambiental que deben ser protegidos. Sin embargo, luego de analizar
el presente caso, la Sala observa que en las motivaciones del acuerdo atacado no se indica que el
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural haya conceptuado a favor de la declaratoria como
bienes de interés cultural e histórico respecto de los bienes consignados en el citado acuerdo. Así
mismo, la competencia para la declaratoria de dichos bienes como componentes del patrimonio
cultural del municipio, no corresponde al Concejo Municipal de Chiscas, sino a su Alcalde, pero en
todo caso, previo concepto del citado Consejo. Bajo estas breves consideraciones, el Tribunal accederá
a declarar la invalidez del Acuerdo No 008 del 8 de marzo de 2017.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 26 de octubre de 2017
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE LA CAPILLA
RADICACIÓN: 15001233300020170067100
DESCRIPTORES – Restrictores:
COMPETENCIAS EN MATERIA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TERRITORIALES – Marco
normativo.
ESCALAS SALARIALES – Las fija en abstracto los concejos municipales.
ASIGNACIÓN SALARIAL – Le corresponde al Alcalde Municipal fijarla para cada uno de los empleos
que conforman la planta de personal.
TESIS:
Así resulta indudable el carácter técnico de la competencia de los Concejos Municipales en materia
salarial, que no comprende, ni puede comprender la facultad de crear salario o factores salariales
sino que se limita a la fijación en abstracto de las escalas de remuneración para las distintas categorías
de empleos. (…) De donde para el caso concreto, establecida la anterior escala salarial por el
Concejo respectivo, corresponde al Alcalde Municipal, de conformidad con el numeral 7o del artículo
315 de la Constitución Política fijar la respectiva asignación salarial a cada uno de los empleos que
conforman la planta de personal (..) El artículo 1 o del Acuerdo No. 010 de 15 de agosto de 2017,
expedido por el Concejo Municipal de La Capilla, prevé: (…) Examinado el acto administrativo cuya
invalidez se pide se observan dos aspectos: En las consideraciones que contiene el Acuerdo, y de
conformidad con el artículo 168 de la Ley 136 de 1994, en parte alguna se expresa que el presupuesto
haya sido elaborado por la personería Municipal de la Capilla se haya elaborado ni que el mismo
haya sido presentado dentro del término legal para que, a iniciativa del alcalde, fuera puesto en
consideración del Concejo Municipal de la Capilla, aspecto que como queda expuesto resulta necesario
para la validez de la decisión que contenga las escalas salariales que expida el Concejo Municipal.
Pero sin perjuicio de este aspecto, que no fue objeto de reproche en el escrito de invalidez que
se estudia, lo que resulta evidente es que el Acuerdo No. 010 de 15 de agosto de 2017 expedido por
el Concejo Municipal de La Capilla , no se contrajo al ejercicio técnico de su función relativa al establecimiento
de las escalas salariales sino que, por el contrario, ubicó el empleo en el grado y nivel y
determinó la asignación salarial con lo cual, no queda duda, realizó una intromisión en la función
del ejecutivo y ello resulta suficiente para declarar la invalidez solicitada, ya que al establecer los
salarios correspondientes a los empleos, ejerció la facultad privativa del alcalde, prevista en el artículo
315-7 constitucional.
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OBJECIONES PROYECTO ACUERDO MUNICIPAL
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 27 de octubre de 2017
ASUNTO: OBJECIONES A PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: ALCALDE MUNICIPAL DE TUNJA
RADICACIÓN: 15001233300020170058500
DESCRIPTORES – Restrictores:
CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE TUNJA – Inexistencia de acto discriminatorio por no incluirse
a una representante de las comunidades religiosas –de las iglesias y confesiones religiosas.
TESIS:
Al amparo de los anteriores criterios jurisprudenciales que constituyen interpretación constitucional, la
Sala estudiará si, en efecto, la determinación que adoptó el Concejo de Tunja, al no incluir en el Consejo
Consultivo de Mujeres a una representante de las comunidades religiosas –de las iglesias y confesiones
religiosas-, constituye un acto discriminatorio…(…). A juicio de esta Sala lo expuesto es de recibo, pues
responde a postulados adoptados en la Constitución Política de 1991, como será explicado más adelante.
En efecto, las motivaciones responden a principios del Estado laico y neutral, y al derecho a la igualdad
por razón de credo, sin perjuicio del género. Por el contrario, considera la Sala que mantener tal
representación expresamente, lleva implícita una acción discriminatoria frente a mujeres, grupos o
comunidades agnósticas o ateas. (…)Adicionalmente, en relación con la separación de Estado-Iglesia en
el modelo laico, neutral y secular que adoptó con la Constitución Política de 1991, no puede perderse
de vista el objeto y finalidades del Consejo Consultivo de Mujeres de Tunja, vinculado a una política
pública desde la perspectiva de género, en donde sin vedar el tema religioso, no constituye el eje fundamental
de su finalidad, sin que ello desconozca, estas si ajenas al credo, los aportes sociales de cualquier
mujer vinculada a una confesión religiosa. Aunque no sea ese el motivo de análisis expreso en
este caso, cabe señalar no sólo, como ya se precisó, todas las integrantes pueden profesar íntimamente
su credo, sino que, adicionalmente, las mujeres de las comunidades religiosas alcanzaron una invitación
permanente en el texto final, allí sí, sin discriminación alguna respecto de su credo.(…) En conclusión,
la medida adoptada por el Concejo de Tunja, no constituye un acto de discriminación, en esa medida
ese primer aspecto del cargo de inconstitucionalidad no prospera. (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:
CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE TUNJA – El no incluir a una representante de las comunidades
religiosas –de las iglesias y confesiones religiosas-no vulnera el derecho a la igualdad.
TESIS:
La Sala haciendo acopio del estudio comparado que realizó la Corte Constitucional en los precedentes
en cita, estima que para resolver el presente caso, aplicar las tres preguntas del “Lemon test”, sería un
criterio útil, para resolver el cuestionamiento que supone enfrentar si la decisión de incluir a una representante
de las comunidades religiosas en el Consejo Consultivo de Mujeres de Tunja atenta contra los
principios de laicidad y neutralidad. Frente al primer interrogante del test “a) los propósitos legislativos
que se persiguen con la medida son seculares”: Debe la Sala indicar que de acuerdo a los argumentos
expuestos por el Alcalde, tanto en el escrito de objeciones como en la demanda, si bien la decisión se
encuentra vinculada con un asunto secular, como la defensa y promoción de los derechos y garantías
de las mujeres, en cumplimiento de una política pública de carácter internacional, nacional y local, lo
cierto es que la inclusión de una representante de las comunidades religiosas, obedece a criterios vinculados
con las creencias y actividades que desde la función social, desarrollan estas organizaciones, es
decir que la cuestión religiosa, constituye el motivo de adhesión al Consejo Consultivo de una mujer
perteneciente a las iglesias y confesiones religiosas, lo cual dista de la secularidad, pues el criterio de

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selección, se basa precisamente en pertenecer o manifestar la creencia o, en otras palabras, contar
con un componente religioso. Es esta condición la que sobresale, lejana de una razón secular, así las
cosas, no supera el primer interrogante del test. Se diría así, que al no superarse el criterio anterior
debería desestimarse el análisis subsiguiente, no obstante con el fin de ahondar en que la propuesta
del objetante rompe los principios de neutralidad y laicidad, la Sala se referirá al tercer interrogante
que presenta el test, atendiendo en particular lo afirmado en la Sentencia C-152 de 2003: “…un sector
religioso se ve beneficiado frente a un sector no religioso…”. Y, el resultado no permite sino
concluir que, aun superando las dificultades que conlleva una sola representante de todas las comunidades
religiosas, ello visto desde la arista contraria constituye exclusión de grupos o personas que
no hacen parte de ninguna religión, ponen en duda o rebaten las religiones y la dimensión espiritual.
Sin duda, esta escogencia contiene el favorecimiento a una visión y concepción basada únicamente
en el la creencia religiosa. No se supera pues cuestionamiento que plantea el test de Lemon. Lo expuesto,
hasta aquí resulta más que suficiente para descartar el segundo aspecto relacionado con la
presunta vulneración de la garantía de igualdad, al eliminar la representación de una mujer de las
comunidades religiosas en calidad de miembro del Consejo Consultivo de Mujeres de Tunja.
DESCRIPTORES – Restrictores:
CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES DE TUNJA – El no incluir a una representante de las comunidades
religiosas –de las iglesias y confesiones religiosas- no vulnera los derechos a la participación
democrática, derechos civiles y políticos y la inclusión.
TESIS:
Entonces, permitir la participación de “una representante de las comunidades religiosas” como lo
pretende la demanda, lleva a la exclusión de otras posibilidades, criterios y concepciones que en
materia religiosa, situación a la que debe mantenerse neutral el Estado, pues para el Estado laico,
debe ser tan relevante el criterio de un ateo, un agnóstico, de un pastor evangélico, un rabí o un
sacerdote, o cualquier persona, pues el criterio confesional no puede generar inclusiones diferenciales,
en tanto atentaría contra la laicidad del Estado y el pluralismo religioso sin que sea la solución,
como lo resalta la Corte, la inclusión de todas las confesiones, sino la exclusión de ese criterio de
una, varios y/o todas las religiones, pues es la garantía real de un trato igualitario, tolerante y respetuoso
del Estado Social de Derecho a las iglesias y confesiones religiosas, lográndose así la convivencia
pacífica entre sí. Conclusión que toma más fuerza si resaltamos el carácter de democracia
participativa y lo manifestado por el actor frente al derecho a voz y voto, pues lo que se busca con
las objeciones es que ese criterio religioso tenga peso decisorio al interior del Consejo Consultivo de
Mujeres, situación que resulta ser, como en el caso del Comité de Películas estudiado en la sentencia
citada, un acto de discriminación hacia las demás opiniones, criterios y concepciones no confesionales,
pero además un favorecimiento a cierta forma de percibir, ver, entender y asumir la vida, desde
la religión o creencias, aspectos de los cuales deben mantenerse inmunes las organizaciones de
carácter civil y político adscritas al Estado, como el Consejo Consultivo que se crea en cumplimiento
de una política pública de Género. La participación entonces, antes que verse protegida por razones
de orden religioso, se vería trasgredida. (…)Pretender que se incluya la participación con voz y voto
una representante de las comunidades religiosas, guarda estrecha relación con lo considerado por la
Alta Corporación en el precedente en cita, no queda duda entonces que constitucionalmente no es
de recibo que por razones de orden religioso se participe en órganos de la administración pública,
ello desnaturaliza la protección de la libertad de credo al entremezclarla con las decisiones políticas.
En efecto, un Consejo Consultivo, creado y estructurado bajo una política pública estatal, con la
participación, se reitera, por razones de orden religioso de una de las personas que lo integran lleva
al traste la autonomía que corresponde al Estado en el cumplimiento de sus funciones y las que les
atañe a las iglesias y confesiones religiosas, aún que tengan, como lo enseñan las reglas de la experiencia,
impacto en el orden social. Se insistirá además, por las razones ya explicadas, que no puede
aceptarse una representante única de las comunidades religiosas, ella no representaría la participación
general que reclama el objetante. Entonces, se logra concluir que con la decisión del Concejo de
Tunja, al no incluir la representación de una mujer de las “comunidades religiosas” como miembro
de Consejo Consultivo de Mujeres de Tunja (con voz y voto), lejos de atentar contra la participación
política, los derechos civiles y políticos y la inclusión, como señala la demanda, materializa esa ga-
B o l e t í n M e n s u a l

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P á g i n a 34
rantía, por la única vía admisible en un Estado laico y secular como Colombia, que no es otro que la
exclusión del criterio religioso en organizaciones políticas, como la que se analiza.

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SENTENCIAS DE ESPECIAL INTERÉS GENERAL
En cumplimiento del numeral 6º de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 30 de noviembre de
2017, proferida por la Sala de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ponencia
de la Magistrada Clara Elisa Cifuentes Ortiz, dentro de la acción de repetición adelantado por el
Ministerio de Defensa - Policía Nacional contra Braulio Enrique Zarza Berrio, la Relatoría de esta
corporación hace la siguiente publicación:
CONDENADO EX AUXILIAR DE LA POLICÍA NACIONAL A REINTEGRAR LA SUMA DE DINERO
QUE ÉSTA TUVO QUE PAGAR, POR EL HOMICIDIO DE UNA MUJER CON SU ARMA DE DO-
TACIÓN OFICIAL.
Por hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2003 en el Municipio de Güicán, un Auxiliar Regular de
la Policía Nacional en servicio activo y portando su arma de dotación oficial, le disparó a una señora
que estaba atendiendo su establecimiento de comercio, con la cual tenía una relación sentimental
causándole la muerte. En virtud de los esos hechos, la Policía Nacional tuvo que pagar la suma de
$347.508.455.70, producto de una conciliación judicial llevada a cabo en el proceso de reparación
directa.
En aras a recuperar esa suma, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, instauró el proceso de
repetición contra el ex Auxiliar de la Policía, dentro del cual se puso fin a la primera instancia con
fallo negando las pretensiones, considerando el a quo que la entidad demandante no había probado
el supuesto de hecho de la presunción de dolo en la conducta del ex agente demandado.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de segunda instancia revocó la primera y en su
lugar declaró patrimonialmente responsable al ex agente de la condena y le ordenó reintegrar el
valor de manera indexada.
Para el efecto, estimó la corporación judicial que contrario a lo sostenido en primera instancia, con
las sentencias proferidas dentro del proceso penal adelantado en contra del ex auxiliar judicial eran
claramente demostrativas del grado psicológico –intencionalidad- con que actuó el demandado en
este proceso al haber causado la muerte de la señora, anotando que de acuerdo con la jurisprudencia
del Consejo de Estado para determinar si las providencias ejecutoriadas del proceso penal sirven
y son suficientes para, en sede del proceso de repetición, dar por acreditado el dolo de los funcionarios
públicos, se debe analizar el supuesto fáctico de cada uno de los procesos y determinar la
valoración que haya efectuado el juez de lo criminal en el respectivo trámite procesal. Y que, en
aquellos eventos en que la condena haya sido impuesta a título de dolo, no resultará viable al juez
de lo contencioso administrativo, desconocer la valoración realizada por el juez penal.
Ahora bien, en cuanto a la autonomía del juzgamiento en la acción de repetición indicó el Tribunal
que el juicio realizado al interior de un proceso que por repetición se adelanta contra un servidor o
ex servidor público, parte de la noción de autonomía de juzgamiento en relación con el proceso
primigenio del cual se derivó la condena; es decir, el análisis del juez de repetición está circunscrita
a las características propias que definen el debate procesal en este tipo de control judicial, lo cual lo
desliga de las valoraciones y conclusiones que, de acuerdo a la realidad procesal tenida para ese
momento, fueron realizadas y adoptadas por el juzgador de la demanda inicial.
De esta manera, en el caso concreto la Sala encontró demostrado el elemento subjetivo de la conducta
del agente. Indicó que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, las pruebas practicadas
por la justicia penal que acreditan la responsabilidad del demandado, pueden ser valoradas en el
proceso administrativo, dado que se practicaron con audiencia de la parte contra la que se aducen,
cumpliendo así con los requisitos de la prueba trasladada. Así, las pruebas y las afirmaciones hechas
por el juez penal, condujeron a afirmar en este caso que el actuar del demandado fue doloso
dentro de los postulados previstos en la Ley 678 de 2001. Además, tratándose del manejo de armas
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de fuego la actividad es por si sola peligrosa; luego la intención de montar el arma, disparar y causarle
la muerte a la señora se encontró probada.
Finalmente, si bien el demandado no fue juzgado bajo del tipo penal del feminicidio, en tanto los hechos
fueron anteriores a la expedición de la ley que así lo consagró, consideró la Sala que, en aras a la
implementación de la política que acompaña la labor de la Rama Judicial, la remisión de la sentencia a
la Comisión de Género de la Rama Judicial para que fuera incluida en el observatorio de política de
igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género, se imponía en este caso.
(Exp: 15693333170120120008001. Fecha: 30-11-17)
En cumplimiento del numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 12 de diciembre
de 2017, proferida por la Sala de Decisión No. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, con
ponencia del Magistrado José Ascención Fernández Osorio, dentro de la Acción de Tutela adelantada
por Ana Julia Jiménez Mendoza contra el Municipio de Viracachá y otros, la Relatoría de esta corporación
hace la siguiente publicación:
POR MALTRATO INFANTIL, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ TUTELÓ LOS DERECHOS FUN-
DAMENTALES DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR “CARITA FELIZ” DEL MUNICIPIO DE VIRACACHÁ
A través de una agente oficiosa, se interpuso una acción de tutela en favor de los menores del hogar
comunitario de ICBF Carita Feliz del Municipio de Viracachá, solicitando se amparara el derecho al
debido proceso y el interés superior de los niños y, en consecuencia, se dejaran sin efectos las actuaciones
surtidas dentro del Proceso de Restablecimiento de Derechos adelantado por la Inspección de
Policía de ese municipio por actos de maltrato infantil. En primera instancia el juzgado negó la tutela
con fundamento en que no existía vulneración al derecho al debido proceso.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia de segunda instancia, revocó la de primera y en su
lugar concedió la tutela de los derechos a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano y a la integridad
personal de los niños usuarios del Hogar Carita Feliz, que fueron vulnerados por la Inspección
de Policía del Municipio de Viracachá y el ICBF, considerando el Tribunal que en casos como el presente,
el examen del juez de tutela no debía limitarse a los cargos de la demanda o de la impugnación,
sino que resultaba imprescindible hacer uso de las facultades extra y ultra petita que se extraen del
inciso final del artículo 23 del Decreto No. 2591 de 1991 con el propósito de salvaguardar los derechos
de los niños, que prevalecen sobre los de los demás.
La anterior decisión, en razón a que si bien es cierto como lo advirtió el a quo no se encontró configurada
la vulneración del debido proceso, estimó la corporación que una vez analizados minuciosamente
los expedientes remitidos por la Inspección de Policía del Municipio de Viracachá, la corporación judicial
advirtió que era innegable que en el Hogar Carita Feliz se presentaban conductas características y
reiteradas de maltrato infantil, perpetradas por dos de sus madres comunitarias, como quiera que les
colocaban cinta en la boca a los niños, les propinaban malos tratos de manera verbal e incluso física
(palmadas en la boca, pellizcos, reprensiones bruscas y se obligó a comer vómito a una de las menores)
y ejercieron maltrato psicológico frente a algunos niños al decirles burros y locos; palabras que tal
vez tenían poca trascendencia para un adulto pero que, como lo manifestaban los informes psicológicos
podían minar la autoestima de los menores (que no superan los 5 años) debido a la carga emocional
que les producen y la conexión afectiva que existe con quienes las pronuncian (sus profesoras).
De la misma manera evidenció el Tribunal que el ICBF después de tener conocimiento de las situaciones
de maltrato que estaban soportando los menores, no adelantó el correspondiente procedimiento
para verificarlas, sino que mantuvo una actitud pasiva frente a las mismas.

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Como consecuencia y con el fin de proteger los derechos de los niños del hogar, el tribunal dispuso
dejar sin efectos las Resoluciones de cierre y archivo de los 19 procesos administrativos de restablecimiento
de derechos que finalizaron de esa manera, con el propósito de que se proceda a su
reapertura y decisión en el término máximo de 1 mes. Además, se impartieron las órdenes señaladas
en la parte resolutiva del fallo de tutela a la Inspección de Policía del Municipio de Viracachá,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Personería del Municipio de Viracachá, a la Procuraduría
28 Judicial Delegada para los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y a la
Defensoría del Pueblo Regional Boyacá.
Finalmente, exhortó a los padres y madres de los menores usuarios del Hogar Carita Feliz para que,
en lo sucesivo, no toleren y, por el contrario, rechacen categóricamente cualquier conducta constitutiva
de maltrato infantil que afecte a sus hijos o a otros niños, y procedan a presentar de manera
inmediata las quejas y/o denuncias que correspondan, de conformidad con la responsabilidad que
les atañe de acuerdo a los artículos 14 y 39 de la Ley 1098 de 2006.
(Exp: 15001333300520170015002. Fecha: 12-12-17)
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NOTA DE ADVERTENCIA
“La indexación de la información a través de descriptores, restrictores
y la tesis, no exoneran al usuario de la información de corroborar
su contenido con los textos de las providencias y atendiendo
posibles inconsistencias que de presentarse se sugiere sean puestas
en conocimiento de la Relatoría”.
Tribunal Administrativo de Boyacá
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Gonzalo López Niño
BOYACA
ALTAR DE LA PATRIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS