BOLETÍN MENSUAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Nº 85

Boletín Mensual
N ° 8 5
A b r i l d e 2 0 1 8
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Relatoría
En este boletín se destacan algunos de los pronunciamientos del Tribunal Administrativo
de Boyacá proferidos en las diferentes acciones constitucionales, ordinarias y especiales.
“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar
cortésmente, responder sabiamente, ponderar
prudentemente y decidir imparcialmente.”
Sócrates

Boletín Mensual
N ° 8 5
A b r i l d e 2 0 1 8
C o n t e n i d o :
P opular
Popular 3
Nulidad y restablecimiento
del derecho 5
Reparación directa 17
ulidad y restablecimiento del
N derecho
Repetición 20
Validez de acuerdo
municipal
23
eparación directa
R
R epetición
alidez acuerdo municipal
V
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CONSULTE LA
PROVIDENCIAS
PROVIDENCIA
VIDEOS
respectivamente la providencia, el
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video (si esta disponible) y el acta de la
radicación de cada proceso para consultar la providencia
audiencia .
SENTENCIAS
DE INTERÉS

P á g i n a 3
POPULAR
MAGISTRADO: Dr. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2017.
ACCIÓN: POPULAR
ACCIONANTE: PERSONERÍA MUNICIPAL DE GUATEQUE
DEMANDADO: MUNICIPIO DE GUATEQUE Y OTROS
RADICACIÓN: 15001333100920070019801
DESCRIPTORES – Restrictores:
DERECHO COLECTIVO AL USO Y GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO – Vulneración por parte del Municipio
Guateque por haber omitido controlar el tráfico de vehículos de carga pesada por su perímetro
urbano.
TESIS:
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
La Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada por considerar en primer lugar que por parte
del Municipio de Guateque se vulneró el derecho o interés colectivo al uso y goce del espacio público,
por cuanto omitió adelantar las actuaciones administrativas necesarias a efectos de controlar el
tráfico de vehículos de carga pesada que transportaban material pétreo de propiedad de las empresas
Gravas y Transportes LTDA, Trituraciones y Obras civiles LTDA-TROC y la empresa del señor José
Moisés Barreto Rubiano, por las vías urbanas de dicho municipio, pese a que el artículo quinto del
Decreto No. 007 de 17 de marzo de 2007, lo prohibía expresamente. Dirá la Sala que tal omisión,
devino en el deterioro de la malla vial de la carrera 6 con calle 6 a carrera 8 hasta llegar al terminal
de transportes y la vía que va desde el Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera carreras 5 y 6 cabecera
de la Plaza de Mercado a llegar a Terpel, afectación que de acuerdo con certificación expedida
por un servidor público del Municipio de Guateque aún persiste en la actualidad. En tal sentido y
como se encuentra probado que las referidas vías son del orden municipal, es competencia del Municipio
de Guateque proceder a su reparación, para lo cual debe adelantar las actuaciones administrativas
y contractuales para lograr tal fin. En cuanto al término de 6 meses concedido al Municipio
de Guateque a fin de que tome las actuaciones administrativas y contractuales tendientes a lograr
la reparación la malla vial, correspondiente a la carrera 6 con calle 6 a carrera 8 hasta llegar al terminal
de transportes y la vía que va desde el Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera carreras 5 y 6
cabecera de la Plaza de Mercado a llegar a Terpel, resulta ser adecuado y consulta los términos
establecidos por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios a efectos de
adelantar un procedimiento contractual cuyo objeto sea como en éste caso, la construcción o reparación
de una vía pública. No obstante modificará la decisión adoptada por el Juzgado Noveno Administrativo
Oral de Tunja en éste punto, a fin de indicar que una vez finalizado el plazo de 6 meses
a que se ha hecho referencia, dispondrá de 6 meses a efectos de ejecutar las obras para la recuperación
de la malla vial correspondiente a la carrera 6 con calle 6 a carrera 8 hasta llegar al terminal de
transportes y la vía que va desde el Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera carreras 5 y 6 cabecera
de la Plaza de Mercado a llegar a Terpel. De igual forma, al advertirse que en la vulneración del
derecho o interés colectivo participaron igualmente las empresas Gravas y Transportes LTDA, Trituraciones
y Obras civiles LTDA-TROC y la empresa del señor José Moisés Barreto Rubiano, por cuanto
con el tráfico de vehículos de carga pesada que transportaban material pétreo de propiedad de
dicha empresa por el zona urbana del municipio, resultó afectada la vía que va desde el Colegio
Nacional Enrique Olaya Herrera carreras 5 y 6 cabecera de la Plaza de Mercado a llegar a Terpel,
tráfico que se prolongó desde el mes de febrero de 2007 al mes de agosto de 2008, considera la Sala
que dichas empresas deberán cancelar por partes iguales a favor del Municipio de Guateque el valor
de veinte millones de pesos ($20.000.000) mensuales en periodo de tiempo antes referido, razón por
la cual se adicionará el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en
tal sentido. Finalmente indicará la Sala que ordenar al Municipio de Guateque la realización de un
programa para la atención de personas que acrediten que padecen enfermedades respiratorias, no
resulta congruente con la vulneración acreditada al derecho o interés colectivo de uso y goce del
espacio público, en tanto, no se aportó prueba suficiente que acreditará la existencia de enfermeda-
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P á g i n a 4
des respiratorias derivadas del tráfico de vehículos con carga pesada por dicho municipio, razón por la
cual se revocará el numeral séptimo de la sentencia objeto de apelación.

P á g i n a 5
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
MAGISTRADO: DR. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha del 7 de febrero de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ELKIN ALCIBIADES BELTRÁN HINCAPIÉ
DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
RADICACIÓN: 15001333301520150002601
DESCRIPTORES – Restrictores:
RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS EN LA POLICÍA NACIONAL –
Noción - Marco normativo.
TESIS
"Si el hombre fracasa
en conciliar la justicia
y la libertad, fracasa
en todo."
Albert Camus
En primer lugar ha de indicarse que la Ley 857 de 2003, “Por medio de la cual se dictan nuevas normas
para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica
en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de 2000 y se dictan otras disposiciones”, define el
retiro del personal de la Policía Nacional, como una situación por la cual un miembro activo de la
Institución, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio; en efecto el artículo primero
de la norma en comento dispone lo siguiente: (…)De acuerdo con la norma en cita, la forma en
que debe efectuarse el retiro de los miembros de la Policía Nacional varía según se trate de Oficiales
o de Suboficiales, así: i) En cuanto al cuerpo de oficiales, su retiro debe hacerse a través de decreto
expedido por el Gobierno Nacional, competencia que podrá ser delegada en el Ministro de Defensa
Nacional hasta el grado de Teniente Coronel y además debe contarse con el concepto previo de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional. ii) Para el caso de los suboficiales
únicamente se exige que el retiro sea efectuado mediante Resolución expedida por el Director General
de la Policía Nacional, sin que se requiera del concepto previo de la Junta Asesora. Ahora bien, en
cuanto a las causales específicas para el retiro del servicio, el artículo segundo ibídem, aplicables
tanto a oficiales como a suboficiales, dispone lo siguiente: (…)En lo que tiene que ver de manera
particular con la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, que fue la invocada en el acto
administrativo aquí demandado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 del Decreto 1790
de 2000, “se trata de un retiro temporal con pase a la reserva”, causal que solo puede ser aplicada
cuando el oficial o suboficial cumpla con los requisitos exigidos por la Ley para ser beneficiario de la
asignación de retiro; precisamente el artículo 3 de la Ley 857 de 2003, dispone lo siguiente: (…) De lo
visto hasta éste punto, para el retiro del personal de oficiales de la Policía Nacional, por la causal de
llamamiento a calificar servicios (caso del aquí demandante) se hace necesario que i) exista un el
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional y ii) que el
uniformado cumpla con los requisitos exigidos por la Ley para ser beneficiario de la asignación de
retiro. Ahora bien, desde el punto de vista jurisprudencial, el retiro del servicio del personal uniformado
de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios como una forma normal de retiro
del servicio activo, cuando se cumple con las condiciones a que se ha hecho referencia previamente,
ha tenido un amplio desarrollo tanto en la Corte Constitucional como en el Consejo de Estado. En tal
sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-72 de 1996, respecto a la referida causal de retiro
del servicio, indicó lo siguiente:“(...) "calificar servicios", acepción que implica el ejercicio de una
facultad discrecional que, si bien conduce al cese de las funciones del oficial o suboficial en el servicio
activo, no significa sanción, despido ni exclusión infamante o desdorosa, sino valioso instrumento
institucional de relevo dentro de la línea jerárquica en cuya virtud se pone término al desempeño
de unos para permitir el ascenso y la promoción de otros, lo cual, en cuanto constituye ejercicio de
una facultad inherente a la normal renovación del personal de los cuerpos armados y a la manera
corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos, no puede equipararse con formas de retiro
cuyos efectos son puramente laborales y sancionatorios, como la destitución….” A su turno, el Consejo
de Estado, en lo que tiene que ver con el llamamiento a calificar servicios como causal de retiro
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de los miembros de la Fuerza Pública, la ha entendido como una figura jurídica con la que cuenta el
Estado como facultad discrecional, que le permite a la autoridad administrativa, retirar del servicio
activo a uno de sus miembros por motivos del servicio. En efecto, de acuerdo con la Alta Corporación, el
llamamiento a calificar servicios, atiende al concepto de evolución institucional, que permite el relevo y
oxigenación dentro de la línea jerárquica de los cuerpos armados, facilitando el ascenso y promoción
de su personal, lo que responde a la manera corriente de culminar la carrera oficial dentro de ellos,
conduciendo al cese de las funciones de un agente en servicio activo; en sentencia de 17 de noviembre
de 2011, la Sección Segunda, indicó sobre el particular lo siguiente: (…) De igual forma el Consejo de
Estado ha precisado que el ejercicio del llamamiento a calificar servicios, no configura una sanción,
despido ni exclusión infame o denigrante de la institución; en efecto, el llamamiento a calificar servicios
no puede constituir una sanción porque existe en favor del personal retirado, entre otras medidas, el
reconocimiento y pago de una asignación mensual de retiro, con el fin de que puedan satisfacer sus
necesidades familiares personales.
DESCRIPTORES – Restrictores:
RETIRO DEL SERVICIO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS EN LA POLICÍA NACIONAL - La
motivación del acto está dada por la Ley, sin que sea necesario que en el acto se expresen motivos
adicionales
TESIS
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la motivación del acto administrativo a través del cual se retira
al personal oficial uniformado de la Policía Nacional, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado coinciden en la tesis según la cual, aquella viene dada por la ley, de tal manera que no es necesario
que, en el acto, se expresen motivos adicionales. Así, haciendo referencia en primer lugar a la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre este punto en particular, la Sección Segunda ha considerado
que: “(. . .) El retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en ejercicio de una facultad discrecional,
la cual por su naturaleza no requiere motivación, se presume ejercida en aras del buen servicio y
quien afirme que en su expedición concurrieron razones diferentes, tiene a su cargo la obligación de
aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre (. .).Insiste la Sala, es incuestionable que el Gobierno
Nacional está autorizado por la Ley para retirar (por llamamiento a calificar servicios) a los oficiales,
después de haber cumplido quince (15) o más años de servicio, facultad que, como ya se hizo precisión,
se presume ejercida en beneficio del buen servicio público” (Destacado por la Sala) Criterio que fue
recientemente reiterado por la Alta Corporación en sentencia de 02 de marzo de 2017, en la que indicó
“(...) En consecuencia, según el criterio del Consejo de Estado no debe motivarse expresamente el acto
administrativo que dispone el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales y suboficiales
de la Policía Nacional, ya que se presume expedido con la finalidad de relevar la línea jerárquica en
aras del buen servicio (...)”. La posición del Consejo de Estado en cuanto a la figura llamamiento a calificar
servicios como casual de retiro, puede concretarse con las conclusiones que, a manera de resumen,
fueron planteadas en reciente sentencia de 15 de noviembre de 2017, en sede de acción de tutela por
la Sección Cuarta de la Alta Corporación, de la siguiente manera: - Que el llamamiento a calificar servicios
atiende a un concepto de evolución institucional, que permite el relevo en la línea jerárquica de los
cuerpos armados. - Que el ejercicio de esa facultad no puede limitarse por la hoja de vida y el buen
desempeño del personal de la Policía Nacional, pues esas condiciones no otorgan fuero de estabilidad. -
Que el retiro por llamamiento a calificar servicios responde a una manera normal de culminar la carrera,
que no puede asimilarse a una sanción ni a una medida que desconozca o limite derechos, pues el
personal retirado pasa a la reserva con asignación de retiro. - Que el ejercicio de esa potestad discrecional
no precisa de motivación, esto es, no es necesario que ¡a autoridad nominadora manifieste los criterios
y razonamientos que tuvo en cuenta para el retiro del servicio. Que, por lo tanto, le corresponde
al interesado desvirtuar la legalidad del acto de retiro. A su turno, la Corte Constitucional en sentencia
de unificación SU- 091 de 2016, precisó los requisitos para el retiro por llamamiento a calificar servicios,
particularmente en lo que se refiere a la motivación del acto de retiro: (…)Ahora, si bien en la referida
sentencia de unificación, la Corte Constitucional concluye que el retiro por llamamiento a calificar servicios
procede en tanto e cumpla con los requisitos previstos en las normas antes vistas, esto es, tiempo
de servicios para ser beneficiario de la asignación de retiro, así como la concepto de la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, acto administrativo que además no requiere de una
motivación adicional, en tanto se entiende que esta dada por la ley, lo cierto es que dicha decisión que-

P á g i n a 7
da en todo caso sujeta a su eventual control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Ya en sede judicial corresponderá al demandante la carga probatoria a efectos de demostrar
que el acto de retiro se expidió sin el cumplimiento de los requisitos legales, o que incluso a
pesar de cumplir con ellos, el acto se expidió con fines discriminatorios o fraudulentos; al respecto la
referida sentencia SU- 091 de 2016, precisó lo siguiente: (…)Como corolario de lo expuesto en precedencia,
se ha de indicar que la normatividad y jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado, habilitan al gobierno para expedir actos administrativos de retiro invocando
la causal de llamamiento a calificar servicios respecto al personal oficial de la Policía Nacional, siempre
que se acredite el cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento de la asignación
de retiro y que exista recomendación de la Junta Asesora en ese sentido. Dichos actos administrativos
se presumen que se encuentran dirigidos a materializar la finalidad para la cual fue creado
el llamamiento a calificar servicios, que no es otro que, permitir el ascenso y la promoción de otros
uniformados y garantizar la estructura jerarquizada y piramidal de la Institución; sin embargo, al ser
una presunción legal, corresponderá al afectado demostrar que los mismos fueron producto de una
acción discriminatoria o fraudulenta.
DESCRIPTORES – Restrictores:
RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS Y RETIRO POR VOLUNTAD DEL GOBIERNO
NACIONAL – Diferencias
RETIRO POR LLAMAMIENTO A CALIFICAR SERVICIOS Y RETIRO POR VOLUNTAD DEL GOBIERNO
NACIONAL – La motivación del acto que retira al personal uniformado de la Policía Nacional, resulta
aplicable en presencia de la primera, más no de la segunda.
TESIS
En primer lugar, como quiera que el apoderado de la parte demandante en el recurso de apelación
insiste en la aplicación de la sentencia SU-172 de 2015, ha de indicar la Sala que tal precedente jurisprudencial
no resulta aplicable, en tanto el asunto allí estudiado no es equiparable al aquí debatido.
En efecto en la referida sentencia se estudió el caso de un subteniente que fue retirado del servicio
por voluntad del gobierno, causal que resulta ser diferente a la de llamamiento a calificar servicios;
a propósito de la diferenciación entre éstas dos causales de retiro del servicio de personal uniformado
de la Policía Nacional, la Corte Constitucional en la sentencia T- 107 de 2016, indicó: “(...) En
síntesis, el retiro por llamamiento a calificar servicios es una herramienta con la que cuentan las
instituciones de la Fuerza Pública para garantizar la renovación o el relevo del personal uniformado
dentro de las escalas jerarquizadas propias de la institución y permitir con ello el ascenso y la promoción
de otros funcionarios, régimen especial dispuesto por mandato constitucional y desarrollado
en los Decretos Ley 1790 y 1791 de 2000 y las Leyes 857 de 2003 y 1104 de 2006. El presupuesto que
da razón a la aplicación de esta causal tal y como se mencionó es haber cumplido un tiempo mínimo
en la institución y tener derecho a la asignación de retiro. A diferencia de lo anterior, el retiro Discrecional
en las Fuerzas Militares y el retiro por Voluntad del Gobierno Nacional o del Director General
de la Policía Nacional han sido instituidas con la finalidad de velar por el mejoramiento del servicio
frente a casos de corrupción o graves situaciones que afecten el desempeño de la función institucional,
en aras de garantizar la seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado, sin que se requiera
que el uniformado haya tenido un tiempo mínimo de servicio con el cual adquiera el derecho
a una asignación de retiro (...)”. En tal sentido, tal como igualmente lo ha indicado el Consejo de
Estado “Aunque el retiro por voluntad del Gobierno Nacional o del director de la Policía Nacional y el
llamamiento a calificar servicios constituyen una separación del servicio activo, se resalta que estas
dos figuras administrativas tienen requisitos y finalidades diferentes” Ahora bien, la Corte Constitucional
en la ya referida sentencia SU-091 de 2016, haciendo referencia a la SU-172 de 2015, reiteró
que en efecto el estándar o deber mínimo de motivación del acto de retiro resulta necesario cuando
se ejerce la facultad discrecional frente a los miembros de la fuerza pública, pero cuando se ha invocado
la causal de retiro denominada “por voluntad del gobierno”, más no así en tratándose de la
causal por llamamiento a calificar servicios; Allí indicó la Corte: “(...) En cuanto la exigencia de
‘motivación’ frente a ambas figuras, en el caso del llamamiento a calificar servicios está contenida
en el acto de forma extra textual, pues la misma está dada expresamente por la ley y para que proceda
es necesario que se configuren dos requisitos a saber: (i) tener un tiempo mínimo de servicios y
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(ii) ser acreedor de la asignación de retiro. En lo concerniente al retiro por voluntad del Gobierno o de
la Dirección General (...) dichos actos deben tener un estándar mínimo de motivación, toda vez que tal
poder facultativo debe estar inspirado en los principios de la sana crítica, atender necesariamente a
criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la
ley. De lo contrario, la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad. hipótesis en la cual
se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia atacada”.
Como se advierte la tesis contenida en la sentencia SU-172 de 2015 en cuanto a la necesidad de un
mínimo de motivación del acto administrativo que retira del servicio al personal uniformado de la Policía
Nacional, resulta aplicable en tanto se esté en presencia de la causal denominada “Por voluntad del
gobierno", más no así frente al llamamiento a calificar servicios tal como ocurre en el presente caso,
pues fue ésta última la causal invocada en el acto administrativo demandado, razón por la que, contrario
a lo afirmado en la apelación, la referida sentencia SU-172, no resulta aplicable al presente asunto.
MAGISTRADO: DR. FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 28 de noviembre de 2017
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ARMANDO TIQUE TAPIERO
DEMANDADO: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICIA NACIONAL
RADICACIÓN: 15001333300720130008001
DESCRIPTORES – Restrictores:
SUSPENSIÓN DE MIEMBROS DE LA POLICÍA EN SUS FUNCIONES – Caso en el cual ese tiempo debe ser
incluido en la hoja de servicios para efectos pensionales.
TESIS:
En ese orden, se entiende que la suspensión es una medida preventiva tomada por autoridad judicial
competente cuando en contra de un miembro de la policía cursa una investigación de tipo disciplinario
o penal a fin de evitar que interfiera en las averiguaciones o pesquisas que se le adelanten. No se puede
perder de vista que ocurren dos situaciones totalmente diferentes en cuanto al pago de acreencias
laborales. Cuando la suspensión es solicitada por la Justicia Ordinaria, el personal policivo no podrá
percibir remuneración alguna hasta tanto se defina su situación, pero si la suspensión es pedida por la
Justicia Penal Militarse descontará el 50% de sus haberes, pero seguirá percibiendo las primas y subsidios.
Vale señalar que si el proceso judicial concluye con decisión condenatoria, el tiempo en que duró
suspendido el agente de la policía no podrá ser tenido en cuenta para ningún efecto laboral ni habrá
lugar a la devolución de los haberes retenidos o no pagados. Si bien los enunciados normativos antes
enunciados no lo establecen expresamente, se infiere de la anterior premisa que en caso de que se
produzca fallo absolutorio, contrario sensu, el periodo de la suspensión necesariamente deberá tomarse
para contabilizar la asignación de retiro y demás derechos laborales que le asistan. (…) De tal suerte
que el propósito de la orden de suspensión administrativa que se profiera en contra de un servidor
público no es otro que impedir la Intromisión de este en la investigación penal o disciplinaria que se le
adelante, sin embargo no puede permanecer indefinida en el tiempo, sino que es necesario que se resuelva
definitivamente la situación del Investigado, a fin de establecer si es procedente la separación
absoluta o el reintegro y el consecuente restablecimiento de sus prerrogativas laborales, según el caso.
Por ende, la suspensión no puede convertirse en una forma de extinción de los derechos del empleado
que resultó favorecido con la sentencia penal o los actos de naturaleza disciplinaria dictados en el marco
de una investigación, luego si desaparece el motivo que dio paso a la suspensión, las cosas deben
volver a su estado natural o Inicial, esto es, tendrá efectos retroactivos, lo que indica que la administración
estará en la obligación de reconocer las acreencias y demás prestaciones que haya dejado de devengar
el servidor público, como consecuencia de la determinación de la autoridad judicial de suspenderlo
en sus funciones y atribuciones. (…).De manera anticipada, la Sala indica que el sentido del fallo a
proferir en segunda instancia será revocatorio en la medida en que el A quo olvidó pronunciarse sobre
la inclusión en la hoja de servicios del tiempo por el cual fue suspendido el actor para efectos pensionales,
asunto que tiene total prosperidad en el caso concreto, dado que el demandante fue absuelto del
tipo penal que se le acusó y que originó la suspensión de sus funciones y atribuciones, de tal suerte que
las cosas deben retornar a su estado anterior, aunado a ello durante dicho periodo ejerció actividades

P á g i n a 9
administrativas y de mantenimiento en la Estación de Policía de Garagoa-Boyacá, tal como lo permitía
el artículo 4 o del Decreto 574 de 1995. Conforme el recurso de alzada formulado por la parte
demandante, según el cual el A quo dejó de analizar su pretensión relacionada con la adición en la
Hoja de Servicios del tiempo que permaneció suspensivo para tomarlo como periodo efectivamente
laborado, a fin de que se realice el correspondiente reajuste a su asignación de retiro. Nota la Sala
que en el fallo impugnado, más exactamente en la ratio decidendi, el Juez de instancia únicamente
se refirió a la llamada "solución de continuidad", en los siguientes términos (…) Por consiguiente,
para la Sala es evidente que debe ser incluido en la Hoja de Servicios del demandante el tiempo que
permaneció suspendido en el ejercicio de sus funciones debido a la investigación penal que se adelantó
y que concluyó con decisión absolutoria de 6 de noviembre de 1996, proferida por el Juzgado
Penal del Circuito de Garagoa, pues como claramente lo ha sentado el Consejo de Estado en múltiples
jurisprudencias que ha proferido, una vez desaparezca el fundamento legal o motivo inspirador
de la suspensión del servidor público, necesariamente las cosas deben retornar al estado original,
por tanto, no solo será procedente devolver los haberes dejados de pagar sino que será igualmente
viable tener en cuenta dicho lapso de suspensión para efectos pensiónales. (…) Bajo esta concepción,,
el acto administrativo reprochado se encuentra parcialmente nulo en cuanto se negó la inclusión
del término que duró suspendido el demandante en su Hoja de Servicios para efectos pensiónales,
pues como quedó visto era totalmente procedente haberse tomado esa determinación, máxime
si la Jurisdicción Ordinaria absolvió al demandante de los delitos que le fueron imputados, luego la
consecuencia idónea era que no perdiera ese periodo de suspensión y por el contrario se tuviera en
cuenta para su asignación de retiro. Para concluir, es pertinente hacer mención que aun cuando los
haberes laborales reclamados por el actor se encuentran prescritos, no ocurre lo mismo con la adición
del tiempo en que estuvo suspendido el actor en su Hoja de Servicios, como quiera que influye
notoriamente en su asignación de retiro, asunto que no está sometido a prescripción extintiva, puesto
que, al tratarse de un derecho fundamental como lo es la seguridad social integral, artículos 48
Superior, y que comprende la pensión o en el caso del personal policivo, la asignación de retiro, tiene
el carácter de imprescriptible e irrenunciable, además su reconocimiento se hace a título vitalicio.
MAGISTRADO: DR. FELIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2017
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA PLAZA DE TOROS DE DUITAMA-
DUITAURINA
DEMANDADO: MUNICIPIO DE DUITAMA
RADICACIÓN: 15238333975220150002001
DESCRIPTORES – Restrictores:
IMPUESTO DE ESPECTÁCULO PÚBLICO – Marco normativo, naturaleza, hecho generador, recaudo,
sujeto pasivo
IMPUESTO DE ESPECTÁCULO PÚBLICO - Corrida de toros en la Plaza de Toros “Cesar Rincón” de
Duitama como hecho generador
TESIS:
En los términos de la apelación debe examinarse si las actividades que desarrolló la Asociación de
Amigos de la Plaza de Toros de Duitama- DUITAURINA durante los días 5, 6 y 7 de enero de 2013 se
encuentran sujetas al impuesto de espectáculos públicos previsto en la Ley 12 de 1932, o si por el
contrario se encuentra exenta del mismo en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 020 del 2
de octubre de 2003. Al respecto debe tenerse en cuenta que dentro del proceso quedó acreditado
que entre el municipio de Duitaurina y la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros César Rincón de
Duitama- DUITAURINA- se suscribió el 2 de diciembre de 2002 un contrato de comodato por el termino
de 5 años, en el que se dispuso: "...3. Que conforme al artículo 38 de la Ley 9 a de 1989 es viable
suscribir comodatos con personas jurídicas sin ánimo de lucro que no repartan utilidades entre sus
asociados. 4. Que la Asociación Amigos de la Plaza de Toros Cesar Rincón es una entidad sin ánimo
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de lucro debidamente inscrita... 5. Que dentro de los objetivos principales de dicha asociación entre
otros, está el de mejorar, proteger, embellecer y tratar de conservar la infraestructura de la plaza, organizar
y desarrolla eventos para conseguir recursos para la reinversión y conservación de la plaza. 6
Que la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros... presentó propuesta a la Administración Municipal
para que se le entregue en comodato por cinco (5) años la Plaza de Toros con el fin de adelantar eventos
taurinos, culturales, artísticos, deportivos y recreativos de sano esparcimiento, cuyos recursos serán
reinvertidos en el mejoramientos, reposición y expansión de la infraestructura de la plaza. 6. Que mediante
acuerdo 031 de fecha 23 de octubre de 2002, el Concejo Municipal autorizó al ALCALDE MUNICI-
PAL DE DUITAMA para que mediante contrato, el municipio entregue en calidad de comodato la Plaza
de Toros Cesar Rincón y el lote donde está ubicada, a la entidad sin ánimo de lucro "Asociación de Amigos
de la Plaza de Toros Cesar Rincón de Duitama..." Que el Concejo Municipal de Duitama mediante
Acurdo Municipal 031 del 23 de octubre de 2002 dispuso: "artículo primero: Autorizase al Alcalde Municipal
de Duitama por el termino de treinta (30) días hábiles contados a partir de la sanción y publicación
del presente Acuerdo para que mediante contrato, el municipio entregue a título de comodato la
Plaza de Toros Cesar Rincón..."Que posteriormente se expidió el Acuerdo 020 del 2 de octubre de 2003
por medio del cual se modificó el Acuerdo 031 de 2002, disponiendo para el efecto: "Artículo primero:
Derogar en su totalidad el parágrafo primero del artículo cuarto del Acuerdo No. 031 del 23 de octubre
de 2002. Artículo Segundo: Exonerar todo lo correspondiente a impuestos municipales y en especial el
que trata el artículo 123 de Acuerdo Municipal 001 del 5 de enero de 1996, a la ASOCIACION AMIGOS
DE LA PLAZA DE TOROS "CESAR RINCON", de todos los eventos que realice en la Plaza de Toros CESAR
RINCON de Duitama. Artículo Tercero: La exención de que trata el artículo anterior será por el mismo
término que dure el contrato de comodato celebrado entre el Municipio, y la Asociación de Amigos de
la Plaza de Toros Cesar Rincón. Artículo Cuarto: Todos los demás eventos que se realicen en la Plaza de
Toros” Cesar Rincón" y que se consideren espectáculos públicos según lo establecido en el Estatuto
Tributario y no sea (sic) organizados por la Asociación de Amigos de la Plaza deberán cancelar impuesto
de espectáculos públicos de carácter municipal. Artículo Quinto: Para la aplicación del artículo cuarto
del presente Acuerdo se tendrán en cuenta las exenciones estableadas en el artículo 132 del Acuerdo
Municipal 001 del 5 de enero de 1996..." Dicho lo anterior, reitera la Sala que el' marco normativo de
esta clase de tributo se encuentra en las Leyes 12 de 1932, 69 de 1946 y 33 de 1968, y en el Decreto
Extraordinario 1333 de 1986. Aunado a lo anterior debemos tener en cuenta que el Decreto municipal
041 de 2008, estableció como hecho generador del impuesto, la realización de toda clase de espectáculos,
públicos tal como las Exhibiciones cinematográficos, las riñas de gallos, las corridas de toros, las
ferias exposiciones, las ciudades de hierro y atracciones mecánicas, los circos con animales, las carreras
y concursos de carros, los desfiles de modas, las presentaciones de eventos deportivos, de recreación y
demás espectáculos que se realicen en la jurisdicción del Municipio de Duitama donde se cobre la entrada.
Igualmente se tiene que en artículo 223 ejusdem señaló que por Impuesto de espectáculos públicos
se entiende el tributo a los actos de esta clase realizados en el Municipio de Duitama, entendidos
como tales las exhibiciones cinematográficos, las riñas de gallos, las corridas de toros, las ferias exposiciones,
las ciudades de hierro y atracciones mecánicas, los circos con animales, las carreras y concursos
de carros, los desfiles de modas, reinados, las presentaciones de eventos deportivos y de recreación
donde se cobre la entrada. Y en relación con los eventos que constituyen espectáculos públicos enlistó
los siguientes: i)las exhibiciones cinematográficas, i i) las riñas de gallos, iii) las corridas de toros, iv) ¡as
ferias exposiciones, v) Las ciudades de hierro y atracciones mecánicas, vi) los circos con animales, vii)
las carreras y concursos de carros, viii) las corralejas, ix) los desfiles de modas, x) las presentaciones de
eventos deportivos y de recreación donde se cobre la entrada. Asimismo determinó como sujeto activo
al Municipio de Duitama y como sujeto pasivo toda persona natural que asiste a un espectáculo público
que no constituyen artes escénicas, pero el responsable es la persona natural, jurídica o sociedades
de hecho que realicen alguna de las actividades enunciadas como espectáculos públicos que no constituyen
artes escénicas, de manera permanente u ocasional, en la jurisdicción del Municipio de Duitama,
el cual debe responder por el recaudo y pago del Impuesto oportunamente a la Tesorería Municipal.
Descendiendo al caso concreto, encontramos que la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Duitama-DUITAURINA-
es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el 16 de julio del año 2002, con diversos
objetivos entre los cuales se encuentra "1. Mejorar, proteger, embellecer y buscar la conservación y
protección de la infraestructura de la Plaza de Toros de la ciudad de Duitama, mediante la difusión y
presentación de espectáculos de sana diversión, taurinas, cultural, deportiva, de esparcimiento y turística,
para la comunidad en general..."Que para los días 5, 6 y 7 de enero del año 2013, dicha Asociación
realizó una serie de espectáculos públicos en la Plaza de Toros "Cesar Rincón" de Duitama, en el marco
de la temporada taurina 2013; teniendo en cuenta lo anterior la Secretaría de Hacienda Municipal

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procedió a la apertura del proceso respectivo, imponiendo como consecuencia de ello sanción en
contra de la entidad por no declarar el impuesto de espectáculos públicos, mediante resoluciones
2803-2013 y 2804-2013 del 17 de diciembre de 2013. Como defensa, la entidad demandante alega que
no debe declarar el impuesto de espectáculos públicos por cuanto se encuentra exenta del mismo en
virtud de lo ordenado en el acuerdo municipal 020 del 2 de octubre de 2002, el cual en su artículo
segundo dispuso: ”; Exonerar todo lo correspondiente a impuestos municipales y en especial el que
trata el artículo 123 del Acuerdo Municipal 001 del 5 de enero de 1996, a la ASOCIACION AMIGOS
DE LA PLAZA DE TOROS "CESAR RINCON", de todos los eventos que realice en la Plaza de Toros CE-
SAR RINCON de Duitama..." De lo anterior encuentra la sala que si bien en dicho Acuerdo se concedió
una exención tributaria a la demandante, es necesario recordar que tales beneficios tributarios
son taxativos, limitados, personales e intransferibles, pues se dirigen en favor únicamente de los
sujetos pasivos que se subsumen dentro de los supuestos reglamentados; por tanto debe reunir los
elementos esenciales para que sea procedente su aplicación. Así, en el caso sub -examen encontramos
que si bien a la Asociación Amigos de la Plaza de Toros le fue concebida una exención tributaria
por mandato del Acuerdo Municipal 020 de 2003, la misma no encaja dentro de los supuestos reglados
por la norma para que proceda, pues como se anotó en líneas anteriores, como sujeto pasivo del
impuesto de espectáculo público fue determinada toda persona natural que asiste a un espectáculo
público, y como responsable la persona natural, jurídica o sociedades de hecho que realicen alguna
de las actividades enunciadas como espectáculos públicos, en la jurisdicción del Municipio de Duitama,
quien deberá forzosamente cumplir con su obligación tributaria declarando y pagando el respectivo
impuesto. De esta forma considera la Sala que los argumentos del recurrente no desvirtúan
la legalidad de los actos acusados, pues claramente le asiste el deber tributario de declarar el impuesto
de espectáculos públicos por la actividad realizada los días 5,6 y 7 de enero de 2013, pues la
exención tributaria señalada por el Acuerdo 020 de 2003, debe aplicarse en forma armónica con el
Acuerdo 041 de 2008, en donde señala en forma clara quien es el sujeto pasivo de dicho tributo, y
como quiera que dicho sujeto no es DUITAURINA, le asiste el deber legal de declarar el impuesto
aludido. De esta forma debe quedar claro que el ejercicio de la potestad impositiva no se agota con
la creación o concesión de beneficios tributarios sino que los mismos deben cumplir con los requisitos
dispuestos para tal fin; de ahí que en el presente caso se considere insuficiente la exención dispuesta
por el Acuerdo 020 de 2003, pues no puede aplicarse a la entidad demandada por no ser el
sujeto pasivo de dicho impuesto, sino el responsable directo del pago del tributo, debiendo cumplir
con el deber tributario a que alude el articulo 95 superior, presentando para el efecto las declaraciones
tributarias a su cargo. De acuerdo con lo anterior, la actora estaba obligada a declarar el impuesto
de espectáculos públicos por el periodo gravable 2013, motivo por el cual se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
MAGISTRADO: DR. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 24 de enero de 2018
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: JUAN MARÍA TORO PÉREZ
DEMANDADO: MUNCIPIO DE VILLA DE LEYVA Y MINISTERIO DE CULTURA
RADICACIÓN: 15001333100520080003701
DESCRIPTORES – Restrictores:
MONUMENTOS NACIONALES – Marco normativo – Protección.
MONUMENTOS NACIONALES - No puede ser intervenido con obras sin permiso de la autoridad
competente, y su uso y explotación deben realizarse sin afectar su preservación arquitectónica.
TESIS:
En consecuencia, el recuento regulatorio de los monumentos nacionales, permiten colegir que los
bienes de interés cultural encontrados bajo la protección de los artículos 8 y 72 de la Constitución
Política, concordante con los establecido en el parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 397/97, no pueden
ser demolidos, destruidos, parcelados o removidos, sin la autorización previa en los términos del
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artículo 11 ibídem y la persona que lo destruya o en general, atente contra su conservación, o lo modifique
o intervenga sin la referida autorización ni licencia, se expone a sanciones penales, económicas o
urbanísticas plenamente determinadas en los artículos 15 Ley 397/97 y 104 y 106 de la Ley 388/97. El
anterior análisis tal como lo señalo el concepto radicado Nº 1581 del 1º de Julio de 2004 de la Sala de
Consulta y Servicio Civil con Ponencia del Consejero GUSTAVO APONTE SANTOS, tampoco altera o modifica
la naturaleza jurídica de una institución de derecho privado pues ello sólo se produce por la presencia
de una causa establecida por la legislación civil o comercial, según la clase de entidad de que se
trate y no por la calificación de monumento nacional de su sede, así y aunque la declaratoria de un
bien como monumento nacional implica, en cierta forma, una limitación al dominio de la institución
propietaria del mismo, ya que debe atender una serie de normas relativas a su conservación y cuidado,
no puede intervenirlo con obras sin permiso de la autoridad competente, y su uso y explotación deben
realizarse sin afectar su preservación arquitectónica.
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACTIVIDAD URBANÍSTICA – Normatividad – Noción - Finalidad
TESIS:
Se destaca que la Ley 388 de 1997, vigente para la época en que ocurrieron los hechos objeto de estudio,
en su artículo 8º, dispuso que los municipios, para el cumplimiento de la función pública del urbanismo,
deben adelantar la correspondiente actividad urbanística, describiendo como relevantes las
siguientes acciones: (…) Así las cosas la actividad urbanística, es un hecho colectivo condicionado a la
vida digna de los habitantes de un determinado territorio, que configura un auténtico derecho de los
ciudadanos, comprometiendo los interés generales atinentes a la estructuración de planes para satisfacer
las necesidades de la comunidad, trascendiendo los límites del interés individual, así lo precisó la
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción, en el siguiente pronunciamiento: (…)Así que la
actividad y derecho urbanístico parte de los fines esenciales del Estado, representado por la autoridad
local, cuyo objetivo es satisfacer los interés generales de los derechos colectivos e intereses difusos
comprendidos por razones de equidad social e intervención de la política social y ecológica de la propiedad,
en armonía de la convivencia equilibrada y pondera del derecho a la propiedad. El contexto normativo
y doctrinal que se acaba de describir, permite a la Sala determinar que el derecho urbanístico y
la consecuencia actividad, es un concepto multipropósito integrador del interés común, por el sometimiento
de los fundamentos sociales, políticos, culturales, ecológicos y económicos, que no desconoce
los interés subjetivos e individuales, por la vinculación social y comunitaria.
DESCRIPTORES – Restrictores:
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN – Naturaleza.
TESIS:
En el presente asunto, resulta pertinente traer a colación lo señalado por la Sentencia de 29 de abril de
2010, Expediente No. 2011-00329-01, con Ponencia del Consejero Guillermo Vargas Ayala, en la que se
señaló lo siguiente sobre las licencias de construcción: “(…) la licencia de construcción es un acto administrativo
(i) que encierra una autorización de la autoridad competente, (ii) sujeto a un plazo establecido
por las normas aplicables y (iii) a unas condiciones determinadas para el caso concreto, (iv) que
habilita el desarrollo de esta particular actuación urbanística, (v) que origina una situación jurídica de
carácter individual, (vi) cuya validez está supeditada al ordenamiento jurídico en conjunto. En esa medida
cuando una licencia carece de algunos de los elementos axiológicos de todo acto administrativo o
contraviene lo dispuesto en la ley o en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) respectivo es susceptible
de declararse nula por el Juez de lo Contencioso Administrativo. Dada la relevancia de esta última
normativa, la Sala debe resaltar la importancia del respeto del POT por las licencias expedidas por las
autoridades urbanísticas. (…)Una licencia urbanística puede ser revocada o anulada total o parcialmente
por ser contraria a las normas del respectivo POT o, en su caso, a las disposiciones de la UPZ (Unidad
de Planeación Zonal) que desarrollan el planeamiento general. O puede también suceder que una licencia
se otorgue para una obra específica y ello sea legítimo, pero que con posterioridad el uso que se le
da al inmueble no sea compatible con las normas urbanísticas que se expidan con posterioridad; even-

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to en el cual se tendrá que ajustar la actividad o realizarla en otro sector. Y también podría suceder
que un inmueble legítimamente construido y aprovechado por un tiempo, por virtud de los cambios
en la dinámica de los usos de suelo y de los ajustes a las normas urbanísticas que los regulan, termine
contraviniendo dicha reglamentación de usos, supuesto en el cual tendrá que ajustarse a ellos o
desplazarse a un sector en el cual dicha actividad sea admisible. En síntesis, las licencias son actos
que se encuentran subordinados al interés público en general y al cumplimiento del POT y de las
específicas condiciones indicadas en ellas en particular. ”De manera específica y en tratándose de
actos administrativos a través de los cuales se declaran bienes de conservación arquitectónica o
que, en general, impongan limitaciones al derecho de dominio, la jurisprudencia del Consejo de Estado,
también ha sostenido que no basta su publicación, en cuanto acto general que es, sino que
resulta menester su notificación, por los efectos particulares que conlleva.
DESCRIPTORES – Restrictores:
COMPETENCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN MATERIA URBANÍSTICA –
Los Alcaldes Municipales la tienen para ejercer la vigilancia y control en la ejecución de obras de
urbanismo en su jurisdicción.
TESIS:
De la lectura de las normas reseñadas se precisa que sobre los monumentos nacionales, las entidades
territoriales en tanto que constituyen Estado, tienen la obligación de propender por su conservación
y cuidado, siguiendo el precepto constitucional, y en el caso de los municipios, la normatividad
referente a los planes de ordenamiento territorial es la contenida en la Ley 388 de 1997 artículo 104
modificada por la 810 de 2003, que le confirió a las autoridades las facultades especiales para imponer
sanciones urbanísticas. En consecuencia, es no existe discusión frente a la competencia de los
alcaldes para ejercer la vigilancia y control en la ejecución de obras de urbanismo en su jurisdicción,
con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones sustanciales y procedimentales contenidas
en los cuerpos normativos que regula la materia. De igual manera, cuentan con la obligación de
inspección y seguimiento de los proyectos que se concreten en un segundo escenario, mediante la
inspección periódica de las obras, de lo cual “se dejará constancia en un acta suscrita por el visitador
y el responsable de la obra. Dichas actas de visita harán las veces de dictamen pericial, en los procesos
relacionados por la violación de las licencias y se anexarán al Certificado de Permiso de Ocupación
cuando fuere del caso”, así lo preciso el Consejo de Estado, en auto de 26 de noviembre de
2009, Exp. No. 25000-23-27-000-2003-00035-02(AP) (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - Silencio administrativo positivo por la mora en su expedición
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – Configuración por la mora en la expedición de la licencia
de construcción
SILENCIO ADMINISTRATIVO DE MATERIA URBANÍSTICA – No procede cuando se infringe las normas
urbanísticas
SILENCIO ADMINISTRATIVO DE MATERIA URBANÍSTICA – Es improcedente cuando se encuentra
de por medio la afectación de un bien de interés, ambiental, general y cultural, dada la protección
del principio constitucional por la prevalencia del interés general sobre el particular.
TESIS:
Teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia desarrollo en el caso en concreto la figura
del silencio administrativo positivo y que es objeto central de la apelación, la Sala considera relevante
precisar las particularidades de la figura del silencio administrativo y de la expedición de la licencia
de construcción cuando se trata de bienes que afectan el interés general y cultural. En el marco
general, el silencio administrativo puede conceptualizarse como “Una presunción o ficción legal por
virtud de la cual, transcurrido cierto plazo sin resolver la administración, y producidas además deter-
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minadas circunstancias, se entenderá denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los
particulares u otras administraciones”. Aunado a que la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha precisado
que el silencio administrativo aunque opera por mandato legal, sin necesidad de la declaratoria
judicial que así lo convalide y reconozca, ello no significa que la configuración sea automática por el
fenecimiento del plazo consagrado para obtener el pronunciamiento de la administración, lo anterior
configura la garantía en determinar la naturaleza del derecho, por lo que no resulta menos importante
que el operador judicial declare la existencia del fenómeno cuando es solicitado para decidir el fondo
del asunto. Concordante con el principio de inmutabilidad de los actos favorables, que admite dos excepciones
consagradas en el inciso 2º del artículo 73 del CCA, consistentes en: a). Los actos fictos producto
del silencio administrativo positivo cuando se configura una de la causales del artículo 69 del CCA
y b). Los actos obtenidos por medios ilegales. Así las cosas, las graves consecuencias que para la administración
y para el interés general pueda generar la aplicación del silencio administrativo positivo, el
mismo ordenamiento jurídico también proyecto y faculto diversos mecanismos de protección, entre los
cuales está la autorización a la administración para revocar sus propios actos administrativos favorables,
y con ello, las licencias urbanísticas o tratándose del silencio administrativo generador de acto
ficto de efectos positivos que no ha sido configurado cumpliendo con las exigencias sustanciales que se
requieran. Ahora bien, en tratándose de la aplicación específica del silencio administrativo positivo en
materia urbanística, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 13 de febrero de 2014 -
Expediente núm. 2007-00352-01, con ponencia del Consejo GUILLERMO VARGAS AYALA, precisó: (…)
Teniendo en cuenta el criterio destacado y atendiendo el asunto en examen, para la Sala, es claro que
el silencio administrativo positivo, no procede cuando se infringe las normas urbanísticas, o cuando se
solicita una licencia urbanística que afecta un bien de uso público o de interés cultural, al tratarse de un
bien de la comunidad, que no puede quedar sin control por una presunta mora de la administración.
Así se expuso, en la Sentencia C-328 de 1995, cuando la Corte Constitucional analizó la exequibilidad
del artículo 4º de la Ley 105 de 1993, (…) Coligiéndose que cuando se encuentra de por medio la afectación
de un bien de interés, ambiental, general y cultural, dada la protección del principio constitucional
por la prevalencia del interés general sobre el particular, es improcedente la configuración del silencio
administrativo. Concordante con lo anterior, no se puede desconocer que en derecho existe una máxima
conforme a la cual el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento aforismo ignorantia
juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat (del latín, “la ignorancia no exime del cumplimiento
de la ley”), es decir que aun aceptando los argumentos expuestos por el demandante, los mismos
no constituyen un eximente de responsabilidad en el caso, pues es clara la prohibición de adelantar
una obra sin el lleno de los requisitos, en especial la Licencia de Construcción y los planos aprobados
por la respectiva autoridad de bienes de interés cultural, pues de hacerlo conlleva una infracción urbanística,
tal como lo señala el artículo 104 numeral 2º de la Ley 388 de 1997, que prevé: (…). En consecuencia,
la licencia de construcción, debe ser presentada atendiendo la totalidad de los procedimientos
y reglamentación y cuando la parte interesada incumpla tal carga, no es procedente hacer uso de la
figura del silencio administrativo positivo, por infracción de las sanciones urbanísticas, pro prelación del
interés general sobre el particular. El anterior análisis, no desconocen los numerales 3º y 4º del artículo
99 de la Ley 388 de 1997, en la medida que aunque es cierto que el silencio administrativo positivo
está previsto legalmente para el trámite de licencias urbanísticas, de acuerdo con la interpretación del
artículo 72 de la Carta, no hay lugar al reconocimiento por la relevancia del interés cultural y público,
por las razones ampliamente expuestas en el acápite anterior.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HOLGA LUCÍA TORRES GUERRERO
DEMANDADO: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
RADICACIÓN: 15238333300120130007601
DESCRIPTORES – Restrictores:
PRESTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES – Distribución de competencias de las entidades territoriales
y la Nación para efectos de su reconocimiento.

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TESIS:
En efecto, el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Tota suscribieron convenio Interadministrativo
el 27 de junio de 2000, el cual tenía por objeto garantizar la incorporación al FNPSM de
12 docentes, entre ellos la actora ; financiados con recursos propios del municipio y determinar el
pasivo prestacional por docente, existente a cargo del Municipio. Así mismo dispuso: “PARAGRAFO
1 o : De conformidad con lo previsto en el decreto 2370 de 1997, los docentes objeto del presente
convenio se entienden afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, una vez
perfeccionado el presente convenio y la entidad territorial haya pagado por lo menos la quinta parte
del pasivo prestacional determinado en la presente clausula, PARAGRAFO 2 o : El Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio únicamente responderá por el papo correspondiente al tiempo
por el que efectivamente se recibieron cotizaciones para el pago de las prestaciones. La responsabilidad
por lo no cotizado por el Municipio será exclusivamente de éste, en la proporción de lo dejado
de cotizar. ( . . . ) PARAGRAFO: Las sentencias judiciales que se profieran por actos, omisiones, o
hechos de las entidades territoriales con respecto a los docentes objeto de este convenio, serán asumidas
por el municipio. (...) " A su vez, el Oficio No. 2014EE-00 de 30 de septiembre de 2014, allegado
al proceso el 15 de octubre de 2014 precisó: “ Verificada la información en la base de datos de los
afiliados, se constató que la docente HOLGA LUCÍA TORRES GUERRERO identificada con cédula No.
23.552.057, fue afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por el Municipio
de Tota - Boyacá mediante Convenio No. 4297, nombrado con acto administrativo No. 003/95 posesionada
el 23 de enero de 1995 " Ahora, el 22 de junio de 2012, la ahora demandante presentó derecho
de petición con el fin de obtener el reconocimiento de cesantías parciales para construcción de
vivienda, en los siguientes términos: “La presente para solicitar su colaboración en el sentido de
concederme el pago de mis cesantías parciales. Para su conocimiento informo que desde el año
1.995 y hasta el 2.002, trabajé por cuenta del municipio de Tota, el cual caneció lo correspondiente
a mis cesantías solamente de los años 2.000 y 2.001 del Municipio firmó convenio con el Fondo de
Prestaciones, para cancelar lo faltante, pero a la fecha no ha cumplido. (…) No queda duda que la
demandante ingresó a laborar el 23 de enero de 1995, que a la fecha de solicitud del reconocimiento
de las cesantías parciales se encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y que éste reconoció la cesantía parcial. Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2370 de
1997, en tanto fue admitida la afiliación de la docente al FPSM, ha de concluirse que el municipio,
luego de suscrito el convenio al que se ha hecho referencia, canceló cuando menos la quinta parte
del pasivo prestacional, lo cual implicaba que las cesantías eran de cargo de la ahora demandada,
sin perjuicio de las acciones que en su favor derivaran o deriven contra la entidad territorial, de allí
la cláusula conforme a la cual, toda condena por concepto del pago de pasivo prestacional, sería
responsabilidad de la entidad territorial, obligación de la cual es único titular el FPSM sin que, una
vez afiliada la docente - hoy demandante - a esta entidad, tuviera legitimidad para reclamar el pago
directamente al municipio, precisamente, en virtud de la afiliación que impuso el legislador en la Ley
60 y sus decretos reglamentarios y el convenio que fuera suscrito entre las entidades estatales. En
efecto, suscrito el convenio 16 de noviembre de 2000 con el fin de establecer las responsabilidades
entre la Nación y las entidades territoriales, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
estaba en la obligación de adelantar las acciones necesarias para cobrar el pasivo al que se obligaba
la entidad territorial, en este caso el Municipio de Tota, de manera que, si hubo omisión del
acreedor FPSM o incumplimiento del deudor municipio, tal carga no es endilgable al docente, hoy
demandante, quien en materia de tales derechos y obligaciones era ajeno a ese convenio. Sin duda,
la parte débil de la relación laboral era la parte débil y, en materia de pasivo prestacional, el mismo
fue repartido por la ley entre la Nación, esta última que asumía la obligación de pagar la cesantía al
trabajador y la entidad territorial - patrono - que tenía el deber de cancelar la prestación social
adeudada. En efecto el artículo 1 o de la Ley 60 de 1993 precisó "Competencias de las entidades
territoriales y la Nación. Para los efectos de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, los
servicios v las competencias en materia social a cargo de las entidades territoriales y la Nación, son
los indicados en el presente capítulo. "Y ya se señaló cómo, la norma estableció el procedimiento
para el pago del pasivo prestacional, dejando la responsabilidad a la Nación, previo acuerdo de
pago de las obligaciones con la entidad territorial. Así, la ley tuvo como finalidad garantizar el derecho
prestacional, definiendo obligaciones, procedimiento de afiliación y responsabilidad de cada
entidad al obligar la afiliación de los docentes territoriales al FPSM financiación, en consecuencia,
esta entidad tiene el deber de responder no sólo por las cotizaciones recibidas, sino también por el
pasivo que se había generado antes de la afiliación, se reitera, sin perjuicio de las acciones de reembolso
que pueda tener a su favor, con lo cual se realiza la protección a la que ha aludido la jurispru-
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dencia constitucional de tiempo atrás, como se lee en la Sentencia C-397 de 2006 “...el trabajo es un
derecho y una obligación social y gozan todas sus modalidades” de la especia! protección del Estado
(Art. 25), i a cual ostenta una mayor entidad o un mayor grado en relación con el trabajo subordinado
o dependiente, por causa de la estructura desigual de la relación entre el empleador y el trabajador. ”
Así las cosas, siendo la cesantía un derecho laboral mínimo e irrenunciable, la entidad a la que fue afiliado
forzosamente y en la que permanece dada su condición de docente, debe responder por la totalidad
de aquellas a las que tenga derecho, sin que sea de recibo el simple argumento de la falta de cotizaciones
pues ellas, se repite, fueron un deber derivado de la ley y del convenio interadministrativo
suscrito, por cuyo incumplimiento, si así fue, no es deber del trabajador soportarlo pues, en relación
con éste, lo cierto es que puso al servicio del Estado su fuerza de trabajo y, como contraprestación,
adquirió el derecho al pago de sus emolumentos laborales, circunstancia que no se encuentra en discusión.
Finalmente, si el Municipio de Tota incumplió la obligación de la cual era titular el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, será esta sentencia el título suficiente para ejecutar el cumplimiento,
ello en virtud de lo pactado en el convenio suscrito, conforme al cual, las sentencias que condenen
al pago de pasivos prestacionales que hayan sido cubiertos por la entidad territorial en los términos
pactados con el FPSM, serán exigibles al Municipio de Tota, relación que habrá de definirse en otro
proceso pues ello desborda los alcances del presente caso. Si bien el juez de instancia se ocupó de resolver
el derecho a la retroactividad de cesantías y la Sala encuentra acertada la decisión denegatoria de
la pretensión y consideró que el pago de las cesantías causadas entre 1995 y 2000 debían ser reclamadas
al Municipio de Tota, tal determinación no se avine a la ley y en estas condiciones amerita ser revocada.

P á g i n a 17
REPARACIÓN DIRECTA
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2017.
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: LUIS EDUARDO PULIDO CALLEJAS Y OTROS
DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL -
RADICACIÓN: 1500133330112015 0019501
DESCRIPTORES – Restrictores:
USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA – Lesiones a particular en paro nacional agrario del año
2013 por miembros de la Policía Nacional.
TESIS:
Así mismo, es importante destacar que no existe elemento de prueba que demuestre que el señor
Pulido, hubiera agredido a los miembros de la Fuerza Púbica, pues, en primer lugar, en ningún momento
la demandada ha aludido a este hecho y, en segundo término, no existe prueba técnica, testimonial
o indiciaría que demuestre que la víctima, en el momento en que fue agredido, portara arma
alguna, ni mucho menos que estuviera enfrentando a otras personas o que hubiera atacado a los
policías. Regresando la Sala sobre los testimonios practicados en este proceso, encuentra que hay
plena concordancia en las declaraciones que señalan que el demandante no participó en las protestas
del paro agrario, siendo este un mero espectador de las manifestaciones; de quien, además, se
dijo reiteradamente que no portaba ningún arma y que su comportamiento era pacífico. A juicio de
este Tribunal no se encuentra demostrado que el hoy demandante se hubiera encontrado ejerciendo
acciones violentas o participado del uso de armas en contra de los policías, que explicara el uso de
fuerza en su contra, todo lo cual impide que se pueda llegar a deducir, como lo alega la entidad
recurrente, que el señor Pulido, hubiera significado peligro para los uniformados que hicieron presencia
en el lugar de las manifestaciones. Todo lo contrario, de las pruebas obrantes en el proceso
se puede concluir que los agentes de la policía actuaron contra el accionante haciendo uso desproporcionado
e injustificado de la fuerza, desconociendo que la misma debe someterse, como ya se
dijo, a un juicio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, siendo esta un criterio de última
niño, es decir, que se trata del último recurso al cual debe acudir la fuerza pública para neutralizar o
repeler agresiones (estado de amenaza o peligro que, se reitera, no representaba la víctima). (…)
Ahora, y si en gracia de discusión se aceptara que el demandante participó de las protestas, cierto
es que los operativos que realice la Fuerza Pública, en aras de mantener el orden público, deben
tener en cuenta que los agentes estatales se encuentran entrenados y equipados apropiadamente
para afrontar este tipo de circunstancias y, por to tanto, se debe evitar el uso de medidas desproporcionadas
e imprudentes, de manera que se garantice -en la medida de lo posible- el ejercicio del
derecho de manifestación y protesta pacífica. En el sub examine no se acreditó que la víctima hubiera
participado de manera violenta o ejercido actos vandálicos en el curso de las manifestaciones, de
modo tal que no se presentó una circunstancia que hubiera ameritado, como medida para conjurar
o repeler un riesgo actual o inminente, el uso de la fuerza en la forma como fue utilizada en este
caso. (…)En este orden de ideas, resulta forzoso concluir que se configuró una falla en el servicio por
exceso de la fuerza estatal, como quiera que ésta fue desproporcionada en relación con las circunstancias,
al punto que, producto de ella, se causó serias heridas al señor Luis Eduardo Pulido, que
fueron atendidas en un centro hospitalario, y no se acreditó que dicho señor estuviera armado o que
hubiera representado peligro alguno para los miembros de la Policía.
DESCRIPTORES – Restrictores:
DAÑO A LA SALUD – Para el reconocimiento de perjuicios por este concepto no es indispensable
prueba de disminución de la capacidad laboral.
B o l e t í n M e n s u a l

N ° 8 5
P á g i n a 18
TESIS:
Así entonces, distante de lo señalado por la recurrente, las sentencias de unificación no exigieron que
para el reconocimiento de perjuicios por daño a la salud fuera indispensable prueba de disminución de
capacidad laboral, por el contrario, lo que se extrae de ellas es que el daño a la salud resulta ir más allá
de tal valoración, visto desde una perspectiva amplia que comprende "...todas las expresiones del ser
humano (...) sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales
o sociales... por ello, en la segunda sentencia de unificación, se rescata la facultad del Juez para
determinar la gravedad, las consecuencias de alteración, sin que, tampoco sea cierto, como lo reclama
la apelante, que el juzgador tenga el deber de valorar todas las circunstancias que la sentencia señala
de manera descriptiva como aquellas que podrían ser atendidas. De hecho, la sentencia de unificación
de 2014 precisó lo contrario, al descartar la prueba de pérdida de capacidad laboral como único elemento
para determinar la indemnización por daño a la salud; allí se lee: (…) Y es este el entendimiento
con posteridad a las sentencias de unificación que ha hecho el Consejo de Estado en su Sección Tercera.
(…) Ahora, si bien los anteriores pronunciamientos se dan en el marco del reconocimiento de perjuicios
morales, lo cierto es que la identidad del criterio “GRAVEDAD DE LA LESION” hace parte de las dos sentencias
de unificación, tanto para el perjuicio moral como para el perjuicio por daño a la salud, en consecuencia,
resulta posible, con fundamento en material probatorio distinto al dictamen de pérdida de
capacidad, determinar la indemnización. (…) En este orden de ideas, concluye esta Sala que si bien la
sentencia de unificación estableció porcentajes atendiendo a la gravedad de la lesión, no eliminó el
arbitrio judicial para determinar tal gravedad y, por supuesto, de acuerdo al material probatorio aportado,
respetando el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes con los que ha de indemnizar,
conforme a la tabla unificada por la Sección Tercera. (..) Así las cosas, la Sala verifica que efectivamente
dentro del paginario procesal no se tiene certera del porcentaje de invalidez dictaminada al
señor Luis Eduardo Pulido Callejas, como consecuencia de las fracturas presentadas en su mano izquierda
y pie derecho, circunstancia que, como ya se precisó, no impide tasar el daño a la salud, ni
tampoco desestimar, como lo pregona la recurrente, el criterio de equidad (artículo 16 de la Ley 446 de
1998), como principio que el ordenamiento jurídico impone tener en cuenta para efectos de reparar de
forma integral el daño causado por la acción de la administración, al establecer judicialmente el quatum
compensatorio de perjuicios.
DESCRIPTORES – Restrictores:
DAÑO MATERIAL – Para sacar avante el reconocimiento de perjuicio material por lucro cesante no
es necesario acreditarla pérdida de capacidad laboral.
TESIS:
Se recuerda acá que el argumento de la apelante en esta materia atina, de igual forma, a señalar que
el reconocimiento del perjuicio material por lucro cesante, conforme a la sentencia de unificación, exige
acreditar la disminución de capacidad laboral. Sea lo primero recordar que las sentencias de unificación
a las que alude la recurrente se ocuparon de estudiar las tablas de indemnización por daño a la
salud y daño moral, y no lo relativo al daño material; pero además, la indemnización por lucro cesante
goza de una presunción construida jurisprudencialmente, conforme a la cual las reglas de la sana crítica
y la experiencia enseñan que una persona en edad productiva, no podría devengar menos del salario
mínimo legal mensual vigente, incrementado en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, todo
ello de conformidad con las pautas trazadas en este tipo de casos por la jurisprudencia del Consejo de
Estado.(…)Es claro entonces que para sacar avante el reconocimiento de perjuicio material por lucro
cesante no es necesario acreditarla pérdida de capacidad laboral, como lo afirma la recurrente, en
tanto solo se requiere establecer un daño patrimonial consistente en la pérdida de una ganancia legítima
o de una utilidad económica proveniente de una actividad laboral para que este perjuicio sea reconocido
y no dependerá, como se dijo, de la pérdida de la fuerza de trabajo o de la gravedad de la misma
lesión; en cualquier caso se presumirá un ingreso mínimo y, de pretenderse suma superior, será
necesaria prueba adicional del ingreso, y no de la pérdida de capacidad laboral. No queda duda que la
Jueza de instancia aplicó los cánones jurisprudenciales y acudió a pruebas válidamente recaudadas,
luego el cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

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MAGISTRADO: DR . OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 24 de enero de 2017
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: JEFFERSON VLADIMIR LÓPEZ CIFUENTES
DEMANDADOS: MUNICIPIO DE TUNJA
RADICACIÓN: 15001333300620140004801
DESCRIPTORES – Restrictores:
FALLA DEL SERVICIO – Configuración por no haber dado trámite oportuno a renuncia irrevocable.
TESIS:
Esta Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia por considerar en primer lugar
que en el presente asunto se encuentra configurada una falla en el servicio por parte del Municipio
de Tunja al no dar trámite en debida forma a la renuncia irrevocable presentada por el señor Luis
Miguel Coronado Jiménez, lo cual ocasionó que durante la vigencia de la lista de elegibles establecida
en la Resolución No. 1045 de 2010, de la cual el aquí demandante ocupaba el primer lugar, no se
generará la vacancia definitiva del cargo de rector de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
DESCRIPTORES – Restrictores:
PÉRDIDA DE LA OPORTUNIDAD - Requisitos – Indemnización en caso un caso de falla del servicio
por haber dado trámite oportuno a renuncia irrevocable.
TESIS:
De igual forma dirá la Sala que en el presente asunto se cumple con los requisitos para que se configure
el daño autónomo de pérdida de la oportunidad, a saber: i) falta de certeza o aleatoriedad en el
resultado esperado, ii) la certeza de la existencia de una oportunidad y iii) la pérdida definitiva de la
oportunidad del señor Jefferson Vladimir López Cifuentes a ser nombrado en el cargo de rector de la
Escuela Superior Santiago de Tunja, lo cual comporta un daño antijurídico, el cual es imputable a la
entidad demandada, razón por la cual tal como lo concluyó la a quo hay lugar a declarar su responsabilidad.
Se indicará que en tratándose de la indemnización de la pérdida de oportunidad, lo resarcible
por este concepto es esa oportunidad misma y no el total de la ganancia o provecho perdido o
del detrimento que se pretendía evitar, monto indemnizatorio que debe establecerse proporcionalmente
respecto del provecho que finalmente se esperaba percibir, en razón de las mayores o menores
probabilidades que tuviere de haber alcanzado ese resultado en el evento de no haber mediado
el hecho dañino, acudiendo para ello a criterios como la equidad. En esa medida no es posible acceder
a la totalidad de los valores reclamados por la parte demandante por éste daño, por cuanto lo
que se indemnizará no es el beneficio que se espera recibir de haber sido nombrado en el cargo de
rector de una Institución Educativa del Municipio de Tunja, sino que de lo que se trata es de reparar
la pérdida de la oportunidad de haber obtenido dicha ganancia o beneficio. A efectos de adoptar un
criterio objetivo que permita determinar el monto de la indemnización debida en ésta caso, la Sala
considera adecuado tener en cuenta para tal el efecto, la diferencia salarial que hubiere podido
recibir el señor Jefferson Vladimir López Cifuentes de haber sido nombrado en el cargo de rector de
la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, con respecto a la asignación salarial que tenía asignada
como docente vinculado en propiedad en el grado 14, tal como lo señaló la a quo, pero únicamente
por la vigencia del periodo de prueba previsto en el Acuerdo No 070 de 2009. Finalmente dirá
la Sala que en el presente asunto no hay lugar al reconocimiento del perjuicio inmaterial denominado
alteración en las condiciones de existencia, razón por la cual la Sala modificará el numeral segundo
de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, a efectos de precisar que en el presente
asunto únicamente hay lugar a indemnización por perdida de la oportunidad en la suma de
$22.572.818 y por daño moral el equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
B o l e t í n M e n s u a l

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REPETICIÓN
MAGISTRADO: DR. FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ RIVEROS
PROVIDENCIA: Sentencia de segunda instancia de fecha 30 de noviembre de 2017
MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE CÓMBITA
DEMANDADO: JESÚS FONSECA SÁNCHEZ Y OTROS.
RADICACIÓN: 15001233300320140023502
DESCRIPTORES – Restrictores:
SUPRESIÓN DE CARGOS – El Concejo Municipal no tiene competencia para hacerlo, pues esta función
está en cabeza del Alcalde
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - Culpa grave los Concejales del Municipio de Cómbita al haber
suprimido un cargo de la planta de personal sin tener competencia
TESIS:
Teniendo en cuenta lo anterior encuentra la Sala acreditado en el presente caso el elemento subjetivo
de los ex - agentes demandados (ex - concejales del municipio de Cómbita para el periodo constitucional
2001 y alcalde municipal de la época). En efecto, de la lectura del referido fallo de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, que dio origen al presente medio de control, se colige que frente al
Acuerdo 042 del 10 de diciembre de 2001, por medio del cual se reorganiza la administración del municipio
de Cómbita, se crea la planta de personal y se dictan otras disposiciones, se declaró la excepción
de inconstitucionalidad por vulnerar normas de carácter constitucional, particularmente los artículos
313 y 315 de la Constitución Política de 1.991. Igualmente, siguiendo lo señalado por el Órgano de
cierre de esta Jurisdicción puede afirmarse de manera categórica por esta Sala, que el elemento subjetivo
exigido en los artículos 5 y 6 de la ley 678 de 2001, puede acreditarse con los actos administrativos
anulados y con la sentencia anulatoria proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La culpa grave de los concejales que expidieron el Acuerdo 042 de 2001 se evidencia por haber
actuado estos con manifiesta carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada de
acuerdo a las prescripciones del numeral 2 del artículo 6 o de la Ley 678 de 2001, y respecto del alcalde
municipal por haber actuado con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho aplicables
al caso particular, causal configurativa de la presunción de culpa, prevista en el numeral 1 Ejusdem.
En el caso sub- judice, además se acredita la presunción de dolo pues en la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho se determinó la existencia de falsa motivación, así lo expuso el Juez al
fallar el proceso 2002-1142:”... Como se vio anteriormente, la supresión de cualquier empleo de la Administración
Central Municipal, a excepción de los del Consejo, Contraloría, Auditoría, Revisoría, y Personería,
compete exclusivamente al alcalde; por tanto el concejo, al suprimir uno o más cargos de la alcaldía
municipal y sus dependencias, incurrió en extralimitación de sus funciones, dando lugar a la anulación
del Acuerdo 042 de 2001... ahora frente al oficio de 26 de diciembre de 2001, el Despacho dirá
que, teniendo en cuenta el tipo de vinculación del demandante- provisionalidad,, es un acto de contenido
particular y concreto que si bien, se encuentra formalmente motivado, como lo es la supresión del
cargo como consecuencia del proceso de reestructuración municipal, dicha motivación es ilegal, pues
como se dijo anteriormente, la supresión del cargo que venía desempeñando el actor fue realizada con
absoluta incompetencia por parte del Consejo de Combita…”Aunado a lo anterior, considera la Sala
que la actuación de los ex - concejales del municipio de Combita, para el periodo constitucional 2001,
configuró un desconocimiento de sus funciones, pues de la lectura del Acuerdo 042 del 10 de diciembre
de 2001, se evidencia claramente que en su artículo primero se dispuso: "suprimir de la planta de personal
existente en la Administración Municipal de Cómbita, los siguientes empleos distinguidos por
niveles, grados, y códigos..." cargos entre los cuales se encontraba el del señor SEGUNDO MARCOS BA-
RON quien se desempeñaba como Citador Municipal. Así las cosas, es evidente que no le competía al
Concejo Municipal suprimir los cargos, pues dicha función está en cabeza de los alcaldes municipales,
como lo determina en forma expresa el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política que a la

P á g i n a 21
letra dice: (…) Lo anterior deja claro que los ex concejales del Municipio de Cómbita, para el periodo
constitucional 2001, obraron contrariando sus funciones y desconociendo las normas superiores,
situación que constituyó una falta de previsión frente a los efectos nocivos que sus actuaciones podían
desencadenar, como en efecto ocurrió, pues la jurisdicción contenciosa administrativa declaró
la excepción de inconstitucionalidad del Acuerdo No. 042 del 10 de diciembre de 2010, emitido por
dicha corporación, por vulnerar normas de rango legal (Ley 136 de 1994) y de orden constitucional
(artículos 313 y 315), y condenado por ello al Municipio de Cómbita a pagar una indemnización al
afectado. En este orden de ideas no hay duda para esta Sala que la conducta de los apelantes fue
gravemente culposa como lo sugirió el fallo de primera instancia, precisamente porque no previeron
-a pesar de estar en posibilidad de hacerlo- los efectos nocivos de su actuación, pues tan sólo con
haber revisado la normatividad que determina sus funciones (artículo 313 Constitución Política), se
hubieran percatado que no tenían la facultad para suprimir o fusionar empleos. De esta forma queda
claro, que la conducta asumida por los ex - concejales para la época de los hechos analizados en
el sub-examen, hace innegable pensar que no se empleó el debido cuidado en la labor que se ejecutaba
y la cual se podía prever, es decir, que no manejaron sus funciones conforme a los cuidados y
deberes de toda persona negligente, pues ni siquiera leyeron las funciones atribuidas al concejo
municipal para el ejercicio de su cargo, no siendo de recibo las exculpaciones acotadas en el recurso
de alzada, ya que se generó un detrimento a la entidad por esa conducta, lo cual los hace responsables
a título de repetición, razón por la cual se confirmará el fallo recurrido.
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 8 de febrero de 2018
MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN
DEMANDANTE: MUNICIPIO DE DUITAMA
DEMANDADA: RAFAEL ANTONIO PIRAJÓN LÓPEZ
RADICACIÓN: 15238333300120140038601
DESCRIPTORES – Restrictores:
ACCIÓN DE REPETICIÓN – Su objeto es examinar la conducta del agente y no la legalidad del acto
que ya fue materia de análisis judicial, en virtud del cual se produjo la condena
TESIS:
Analizadas las pruebas en su conjunto, bajo las reglas de la sana crítica, se concluye que Rafael Antonio
Pirajón sin la intervención de otro funcionario y en su calidad de Alcalde Municipal de Duitama,
mediante Decreto 580 de 31 de octubre de 2006, resolvió no incorporar a la nueva planta de
personal a la señora Olga Marina Cely Higuera (fl. 109 a 111 exp. Nulidad y Restablecimiento del
Derecho). Esta decisión administrativa, fue declarada nula parcialmente mediante sentencia proferida
el 12 de julio de 2011 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Rosa de Viterbo,
con fundamento en lo siguiente: (…) La sentencia traída en cita, fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N° 10 en Descongestión, el 28 de febrero de 2013 (fl. 63
a 96). Así las cosas, se encuentra ejecutoriada. Por ello, aclarará la Sala que no está en discusión si
el cargo de Auxiliar Administrativo Código 550 Grado 10 subsistió en la planta de personal con la
denominación de Técnico Operativo Código 314 Grado 04 o si la señora Olga Marina Cely Higuera
tenía derecho a ser reincorporada, en tanto la situación ya fue definida en sede jurisdiccional, y ésta
no es la oportunidad para revivir el debate relacionado con la legalidad del acto administrativo declarado
nulo parcialmente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 2007-0089. El
objeto de la Litis, se centra en determinar si el señor Rafael Pirajón en su calidad de nominador del
Municipio de Duitama, incurrió en culpa grave por violación manifiesta de la ley y la Constitución al
omitir reincorporar a la señor Olga Marina Cely en el cargo de Técnico Operativo Código 314 Grado
04. En consecuencia, es indispensable el estudio de responsabilidad subjetiva del ex agente, de manera
que la Sala determine si incurrió en una violación manifiesta de las normas que regulan la carrera
administrativa. (…)
DESCRIPTORES – Restrictores:
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N ° 8 5
P á g i n a 22
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Aun en los casos de error en la interpretación de las normas no es posible
comprometer la responsabilidad del servidor público, a menos que sea una conducta abiertamente
imprudente o dirigida de forma intencional a causar un daño.
ACCIÓN DE REPETICIÓN - El solo hecho de la declaratoria de la nulidad parcial en sede judicial, no da
lugar a deducir que se obró con culpa grave en su expedición, puesto que este calificativo de su conducta,
debió ser probado por la parte demandante en este proceso, en el que se analiza la responsabilidad
personal del demandado.
TESIS:
Si bien, el Estado fue condenado por no atender el derecho de preferencia y las normas de carrera en la
vinculación de esta última persona en relación con la señora Cely, la Sala no advierte que la actuación
del entonces nominador estuviera desprovista de justificación, incurriera en negligencia o en ignorancia
supina, pues para la fecha en que se expidieron los actos administrativos declarados nulos, existía
jurisprudencia que apoyaba la tesis del señor Pirajón, en el sentido que solamente hay equivalencia en
el empleo cuando las funciones y los requisitos del cargo fueran los mismos. (…) Al analizar las pruebas,
se infiere que el entonces nominador consideró qué no era posible reincorporar a la señora Olga Marina
Cely Higuera, porque se presentó una supresión real del empleo Auxiliar Administrativo Código 550
Grado 10, y no cumplía con los requisitos para ser nombrada como Técnico Operativo Código 314 Grado
4, al contar solo con el título de bachiller académico. Se trata de una diferencié interpretativa entre
el nominador y el juez de la insubsistencia que además, se fundamentó en el objeto de la restructuración
administrativa, consistente en la profesionalización de la administración municipal. Asimismo, la
reducción de personal atendió un estudio técnico que contó con el concepto favorable del Departamento
Administrativo de la Función Pública, y de forma lógica, implicaba la desvinculación de varios empleados
públicos. En efecto, el literal I) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, contempló que el retiro del
servicio de quienes desempeñan cargo en carrera administrativa, tiene como causa la supresión del
empleo. Entonces, contrario a lo concluido por el a-quo, no es posible inferir la violación manifiesta e
inexcusable de una norma Constitucional o legal, pues insiste la Sala, la falta de incorporación atendió
a un criterio sustentado en los requisitos para el desempeño del cargo de Técnico Operativo, Código
314 Grado 04 y la formación académica acreditada por Olga Marina Cely, así como la supresión del
empleo que desempeñaba. Lo anterior, justifica el actuar del Alcalde Municipal y excluye la culpa grave.
La Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo, ha considerado que aun en los casos de error
en la interpretación de las normas no es posible comprometer la responsabilidad del servidor público a
menos que sea una conducta abiertamente imprudente o dirigida de forma intencional a causar un
daño. (…)En este estado del estudio es imprescindible destacar que, en el sub lile, la sentencia condenatoria
se refiere únicamente a la ilegalidad del acto administrativo, sin que fuera objeto de análisis la
modalidad de la conducta del aquí demandado al expedir el Decreto N° 580 de 31 de octubre de 2006.
De ahí, que el solo hecho de la declaratoria de la nulidad parcial en sede judicial, no da lugar a deducir
que se obró con culpa grave en su expedición, puesto que este calificativo de su conducta, debió ser
probado por la parte demandante en este proceso, en el que se analiza la responsabilidad personal del
demandado. Lo mismo se dirá frente al dolo, pues no hay elementos de juicio para determinar si la
conducta estuvo dirigida a causar de forma intencional, un daño. La actividad probatoria del municipio
exigía suficiencia, de tal forma que al juzgador no le quedara duda sobre la culpa grave o el dolo ex
agente del Estado.

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VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
MAGISTRADO: Dr. LUIS ERNENESTO ACINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2017
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE IZA
RADICACIÓN: 15001233300020170021000
DESCRIPTORES – Restrictores:
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS – Los municipios no certificados pueden participar
con recursos propios en la financiación de los servicios educativos y en su calidad, siendo uno de
los componentes la capacitación de sus docentes, directivos docentes y estudiantes.
TESIS:
Constitucionalmente le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo
(art. 67 CP). En desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política, el legislador profirió la
Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la ley general de educación", cuyo artículo 151 dispone que
las secretarías de educación departamentales y distritales o los organismos que hagan sus veces,
ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales y
de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, entre otras las siguientes
funciones: .Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos;
. Diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la eficiencia,
la calidad y la cobertura de la educación; .Dirigir y coordinar el control y la evaluación de calidad, de
acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y aplicar los ajustes
necesarios; . Programar en coordinación con los municipios, las acciones de capacitación del personal
docente y administrativo estatal; .Prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten,
para mejorar la prestación del servicio educativo. Así pues, se puede concluir que para que haya
calidad en la educación, entre otros se debe: i) programar en coordinación con los municipios, las
acciones de capacitación del personal docente y administrativo estatal; ii) prestar asistencia técnica
a los municipios que la soliciten, para mejorar la prestación del servicio educativo y iii) aplicar los
incentivos y sanciones a las instituciones educativas, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones
de calidad y gestión. Con posterioridad se profirió la Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros ", cuyo artículo 8 consagra
las competencias de los municipios no certificados en el sector educación, así: "8.1. Administrar
y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el mantenimiento
y mejoramiento de la calidad. 8.2 Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas,
mediante acto administrativo debidamente motivado. 8.3 Podrán participar con recursos
propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura,
calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos
permanentes para el Sistema General de Participaciones. 8.4 Suministrar la información al departamento
y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento" Luego, se puede
concluir que en el mismo artículo 8° ibídem, en los numerales 8.1 y 8.3 se menciona que estará a
cargo de los municipios no certificados el mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa y
que podrán participar con recursos propios para la financiación del sistema educativo y en la inversión
de infraestructura, calidad y dotación. Por su lado, la Corte Constitucional en la sentencia T -
743 de 2013, estimó que "que una educación aceptable implica un adecuado control y vigilancia de
la actividad educativa, la prohibición de castigos físicos y tratos humillantes o degradantes, la adop-
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ción de medidas destinadas a garantizar que la educación sea culturalmente aceptable para las minorías
étnicas y la capacitación de los docentes". La Corte identifica unos parámetros para que haya una
aceptabilidad educativa, en la faceta de calidad, entre los que se encuentran los siguientes: (…). En este
orden de ideas, se puede concluir que una educación aceptable implica: "... un adecuado control y vigilancia
de la actividad educativa, la prohibición de castigos físicos y tratos humillantes o degradantes, la
adopción de medidas destinadas a garantizar que la educación sea culturalmente aceptable para las
minorías étnicas y la capacitación de los docentes". Por consiguiente, se infiere que los municipios no
certificados pueden participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos y en su
calidad, como por ejemplo con la capacitación de sus docentes y directivos. (…) Descendiendo al fondo
del asunto, se tiene los municipios no certificados pueden participar con recursos propios -como en este
caso- en la financiación de los servicios educativos y en su calidad, siendo uno de sus componentes la
capacitación de sus docentes, directivos docentes, y estudiantes. Como se señaló en las consideraciones,
en el ámbito nacional, hay unos estándares mínimos respecto a la calidad y el mejoramiento de
sector educativo, como es la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los
recursos y métodos educativos, la innovación educativa y profesional y la inspección y evaluación del
proceso educativo. Así las cosas, la Sala estima que el Concejo Municipal de Iza al aprobar el rubro N°
231106 denominado "Capacitación a docentes, directivos docentes, estudiantes", contenido en el
acuerdo municipal N° 002 del 13 de febrero de 2017, no transgredió el artículo 8° de la ley 715 de 2001,
como quiera que establece que a los municipios no certificados les compete entre otras funciones, con
recursos propios, la financiación de los servicios educativos, e invertir en calidad, que como ya se indicó
lo compone la capacitación docente, de directivos docentes y estudiantes. Por consiguiente, la Sala
estima que lejos de vulnerarse el artículo 8 de la Ley 715 de 2001, se están exaltando deberes constitucionales
como es velar por la calidad de la educación, en este caso a nivel territorial, propendiéndose
por el mejoramiento en la educación del municipio de Iza, con la finalidad de que sus estudiantes cumplan
con los estándares mínimos establecidos a nivel nacional e internacional. Por las razones expuestas,
el cargo formulado por el departamento de Boyacá no tiene vocación de prosperidad, y en ese caso
se declarará la validez del acuerdo municipal N° 002 de 2017, en relación con el rubro N° 231106, denominado
"Capacitación a docentes, directivos docentes, estudiantes', por un valor de $16'000.000 de
pesos, por no ser ilegal ni inconstitucional.
MAGISTRADO: Dr. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARAJNO
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 29 de noviembre de 2017
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE DUITAMA
RADICACIÓN: 15001233300020170074300
DESCRIPTORES – Restrictores:
ESCALAS SALARIALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES – Competencias del Concejo y del
Alcalde Municipal
CONCEJO MUNICIPAL – Al incluir de forma específica la denominación del empleo estipulada en el
número de Código, desborda el marco de sus competencias, ejerciendo así una exclusiva del alcalde,
según lo previsto en el numeral 7 o del artículo 315 Constitucional.
TESIS:
La apoderada del Departamento de Boyacá pretende se declare la invalidez del Acuerdo No. 017 de 29
de agosto de 2017, por el cual se fijan las escalas salariales de los empleados públicos de la Empresa
Social del Estado Salud del Tundama, para el cumplimiento del Decreto Ley No. 785 de 2005, para la
vigencia 2017 y se dictan otras disposiciones, por cuanto considera que el Concejo Municipal al expedir
el referido acuerdo, no establece escala salarial por niveles o categorías de empleos, sino que solo se
limita a establecer unos límites de asignación básica mensual para cada uno de los niveles jerárquicos
de la administración municipal. Frente al cargo formulado, se debe indicar que de conformidad con lo

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expuesto en líneas que anteceden, el establecimiento de las escalas de remuneración para los empleados
públicos de los entes territoriales, es competencia de los Concejos Municipales en forma
concurrente con el Congreso de la República, a quien le corresponde señalar los parámetros que
debe tener en cuenta el Gobierno Nacional. En virtud de lo señalado, al Gobierno Nacional le corresponde
señalar los límites máximos de los salarios de los empleados de conformidad con lo señalado
por el legislador y a los Alcaldes les corresponde fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias,
conforme los parámetros que señalen los Concejos Municipales, sin que sea dable desconocer
los límites máximos establecidos por el Gobierno Nacional. Ahora bien, la Sala evidencia que el
Concejo Municipal de Duitama, mediante el Acuerdo No. 017 de 29 de agosto de 2017, infringió su
marco competencial, pues si bien es cierto estableció la escala de remuneración salarial para cada
uno de los empleos que conforman las distintas categorías de empleos o niveles jerárquicos de la
ESE Salud del Tundama, además de ello, dio precisión de la asignación básica, en donde a pesar de
establecer los niveles o categorías (directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial), incorpora el
empleo al cual se le asigna el respectivo salario. De acuerdo al cargo planteado, al incluir el empleo
en la tabla salarial, ello permite evidenciar que tal disposición desborda el marco de competencias
del Concejo Municipal, ya que, al fijar la asignación salarial en forma específica para cada empleo,
ha invadido sin lugar a equívocos la competencia del Alcalde, quien en virtud del mandato constitucional
tiene la facultad de fijar el salario de cada uno de los empleos específicos de la planta de personal
de la entidad, atendiendo la escala de remuneración que para el efecto le corresponde establecer
al Concejo Municipal. Respecto a la nomenclatura de empleos, el artículo 15 del Decreto 785
de 2005, dispone lo siguiente: (…)Es así, como en el presente asunto advierte la Sala que al incluir el
código de los empleos en la presunta escala salarial, se está asignando directamente la remuneración
para cada empleo, por cuanto el código, además de indicar el nivel que a la postre antecede la
presunta escala, identifica en forma precisa la denominación o nombre del empleo. Según lo dicho
en líneas que anteceden, este Tribunal en la providencia calendada el 29 de julio de 2014, indicó que
la atribución conferida a las entidades territoriales en los artículos 300-7 y 313-6 de la Constitución
Política para determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleos de los órdenes seccional y local, comprende únicamente la facultad de establecer en forma
sucesiva, numérica, progresiva y sistemática tablas salariales por grados, en donde se consignan la
asignación o remuneración básica mensual para el año respectivo, teniendo en cuenta la clasificación
por niveles de los diferentes empleos - sobre la base además de que cada nivel tiene una nomenclatura
específica de empleos y una escala de remuneración independiente-, no involucrándose
dentro de tal concepto la potestad de crear factores salariales diferentes. Es así como las asambleas
departamentales y los concejos municipales, entonces, dentro del sistema de remuneración de cargos
territoriales tienen autonomía para establecer y definir las correspondientes escalas salariales,
esto es, para fijar los sueldos correspondientes a cada una de las diferentes categorías ocupacionales,
pero dentro del límite máximo, fijado por el gobierno nacional, el cual busca establecer el equilibrio
y unificación del sistema. Por su parte, los gobernadores y alcaldes quienes también tienen
atribuciones en materia salarial, actúan sujetos a tales parámetros, es decir, dentro de esas escalas,
determinando el sitio que corresponde a cada uno de los empleos, lo cual equivale a definir el sueldo
concreto asignado a cada uno de ellos. De suerte que dentro de este marco la asignación mensual
correspondiente a cada empleo queda determinada por su grado y la escala del respectivo nivel.
Conforme al análisis que antecede, la Sala determina que si bien es cierto el artículo segundo del
Acuerdo acá demandado estableció la escala salarial para las diferentes niveles de empleos del ente
territorial, esto es Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, por grados y asignación básica,
no obstante en la misma tabla de escala salarial, se incluyó de forma específica la denominación
del empleo estipulada en número de Código, por lo que se considera que en este sentido, el Concejo
Municipal desborda el marco de sus competencias, ejerciendo así una competencia exclusiva del
Alcalde, según lo previsto en el numeral 7 o del artículo 315 Constitucional. Lo anterior a juicio de
esta Sala, conlleva a declarar la invalidez del artículo segundo del Acuerdo No. 017 del 29 de agosto
de 2017, proferido por el Concejo Municipal de Duitama. En este punto advierte la Sala, que si bien
la entidad demandante pretende la invalidez de la totalidad del Acuerdo, solamente se declarará la
invalidez del artículo segundo del mismo, ello en consideración a que dicho artículo es el que tiene
relación con el cargo formulado.
B o l e t í n M e n s u a l

N ° 8 5
P á g i n a 26
MAGISTRADA: Dra. CLARA ELISA CIFUENTES ORTIZ
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 25 de enero de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE RAMIQUIRÍ
RADICACIÓN: 15001233300020170077600
DESCRIPTORES – Restrictores:
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL - La realización de los debates en su sede habitual puede variar
excepcionalmente cuando se presenten afectaciones al orden público - Aplicación del precedente
horizontal
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL - No es legal que con la aprobación de las dos terceras partes
del Concejo puedan realizarse sesiones por fuera del recinto habitual lo cual, como lo señaló el demandante
desconoce que las razones excepcionales de alteración del orden público; violencia o
amenaza, previstas en la ley.
TESIS:
El artículo 67 demandado prevé: "Artículo 67.- Sesiones fuera de la sede: Con el voto afirmativo de las
dos terceras partes de los Concejales del municipio de Ramiriquí miembros de la Plenaria o de las Comisiones
Permanentes, se podrá sesionar fuera de la sede oficial dentro de los respectivos períodos, para
atender asuntos propios del municipio, en el sitio que se determine en la proposición que se apruebe
para tal fin, la cual deberá contener los asuntos a tratar. La sesión que se realice para tal fin generará
pago de honorarios a los concejales asistentes. El presidente del Concejo podrá objetar la sesión fuera
del Concejo por razones de seguridad o en sitios donde no se ofrezcan las garantías de protección para
los honorables Concejales. No se podrán realizar sesiones por fuera de la sede oficial del concejo con el
propósito ele estudiar y aprobar proyectos de acuerdo. ".El Departamento pidió la invalidez con fundamentó
en que el artículo 24 de la Ley 136 de 1994 establece, de manera expresa, que toda sesión que
se realice por fuera de la sede del Concejo carecerá de validez; y que el artículo 2 o de la Ley 1148 de
2007 faculta la realización de sesiones fuera de la sede del Concejo, sólo cuando medien circunstancias
de afectación al orden público. Sobre este tema el Tribunal, al desatar demandas de objeción de Acuerdos
Municipales, ha tenido oportunidad de pronunciarse concluyendo que, en efecto, no es legal la
sesión de los Concejos Municipales fuera de su sede. Así en sentencia de 21 de julio de 2014, proferida
en el proceso con Radicación No. 15001 2333 000 2014 00242 00, siendo demandado el Acuerdo Municipal
No. 002 de 7 de marzo de 2014 expedido por el Concejo Municipal de Pachavita, precisó: (…).
Posteriormente, en sentencia de 22 de enero de 2017, la Sala de decisión No. 2 de este Tribunal, reiteró
tal criterio de la siguiente manera: (…)Posición recientemente reiterad@ en la precitada sentenciare 12
de julio de 2017, proferida dentro del expediente radicado 15001-2333-000-2017-00367- Los aspectos
tratados en el artículo 67 del Acuerdo No. 012 de 2017, son idénticos a los que fueron estudiados en los
precedentes arriba mencionados, la Sala encuentra que no hay razones para apartarse de sus precedentes,
por el contrario, la materia debe despacharse de idéntica forma en consonancia con los citados
pronunciamientos horizontales que rescatan el respeto de las instituciones democráticas, instituidas
para que sean desarrolladas las actividades del Concejo y demás cuerpos deliberativos de elección
popular, de forma que garanticen los principios de publicidad, transparencia y celeridad. La realización
de los debates de los concejos en su sede habitual puede variar excepcionalmente cuando se presenten
afectaciones al orden público, circunstancia que no atendió la previsión demandada, es decir, no es
legal que con la aprobación de las dos terceras partes del Concejo puedan realizarse sesiones por fuera
del recinto habitual lo cual, como lo señaló el demandante desconoce que las razones excepcionales de
alteración del orden público; violencia o amenaza, previstas en la ley. Habrá entonces de accederse a la
solicitud y declarar la invalidez del artículo 67 del acuerdo No. 012 de 25 de agosto de 2017.

P á g i n a 27
MAGISTRADO: Dr. LUIS ERNESTO ACINIEGAS TRIANA
PROVIDENCIA: Sentencia de única instancia de fecha 24 de enero de 2018
ASUNTO: VALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL
DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DEMANDADO: MUNICIPIO DE BELÉN
RADICACIÓN: 15001233300020170038100
DESCRIPTORES – Restrictores:
FONDOS DE CRÉDITO EDUCATIVO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR – Las entidades territoriales cuentan con autorización legal para crear fondos educativos
que permita el apoyo o ayuda a los estudiantes de bajos ingresos económicos para acceder a
la educación superior.
TESIS:
El artículo 67 de la Constitución Política consagra que "corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento
de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo". En desarrollo de esos mandatos constitucionales el legislador
profirió la Ley 1012 de 2006 "Por medio de la cual se reforman los artículos 111 y 114 de la Ley
30 de 1992, sobre Créditos Departamentales y Municipales para la Educación Superior", autorizando
a las entidades territoriales la posibilidad de crear los fondos de crédito educativo a nivel departamental
y municipal para la educación superior, fundamentado en los postulados de la descentralización
a que alude la Constitución Política de tal manera que las comunidades se auto gobiernen y
resuelvan sus propios asuntos. En los artículos 1 o y 2 o se consagra lo siguiente: (…) Posteriormente el
artículo 27 de la Ley 1450 de 2011 introdujo la siguiente modificación: (…) La normatividad antes
expuesta, permite concluir que las entidades territoriales cuentan con autorización legal para crear
fondos educativos que permita el apoyo o ayuda a los estudiantes de bajos ingresos económicos
para acceder a la educación superior.
B o l e t í n M e n s u a l

NOTA DE ADVERTENCIA
“La indexación de la información a través de descriptores, restrictores
y la tesis, no exoneran al usuario de la información de corroborar
su contenido con los textos de las providencias y atendiendo
posibles inconsistencias que de presentarse se sugiere sean puestas
en conocimiento de la Relatoría”.
Tribunal Administrativo de Boyacá
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BOYACA
ALTAR DE LA PATRIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS