A sangre fría - Truman Capote

sido nombrados abogados defensores en el momento de la renuncia»). Que hicieron
declaraciones a los periodistas en detrimento de los acusados (Shultz a Smith: «¿Sabe usted
que un periodista, Ron Kull del Daily Capital de Topeka, citando palabras pronunciadas por
usted el segundo día del juicio, publicó que a usted no le cabía duda sobre la culpabilidad de
Hickock y que su única preocupación era conseguir una cadena perpetua en lugar de la pena
de muerte?» Smith a Shultz: «No, señor. Si se me atribuyeron semejantes palabras, fue por
error.») Que no habían preparado una defensa apropiada.
Esta última afirmación fue la que Shultz sostuvo con más firmeza. Es útil reproducir
aquí, por lo tanto, la opinión firmada por tres jueces federales, como resultado del
subsiguiente recurso al tribunal de apelación de los Estados Unidos, décima jurisdicción
volante:
«Sostenemos, sin embargo, que al considerar la situación retrospectivamente se han
perdido de vista los problemas con que tuvieron que enfrentarse los abogados Smith y
Fleming cuando tomaron a su cargo la defensa de los peticionarios. Cuando aceptaron la
designación, ya cada uno de los peticionarios había confesado, sin argüir ni entonces ni
después ante ningún tribunal del estado que aquella confesión no hubiera sido voluntaria. Una
radio tomada en casa de los Clutter y vendida por los peticionarios en Ciudad de México,
había sido recobrada, y los abogados conocían además otras pruebas de culpabilidad que, por
entonces, se hallaban en poder de Fiscalía. Cuando fueron invitados a defenderse de los
cargos que se les imputaban, permanecieron mudos y fue necesario que el tribunal hiciera por
ellos una declaración de no culpabilidad. Entonces no existían pruebas sustanciales, ni desde
el proceso se presentó ninguna, para sostener la defensa basada en enfermedad mental. El
intento de alegar enfermedad mental, como defensa, provocada por graves daños sufridos
años atrás, en accidente, por neuralgias y alguna que otra pérdida de conciencia de Hickock,
fue como prenderse al proverbial clavo ardiendo. Los abogados se enfrentaban con una
situación en la que atroces crímenes cometidos contra inocentes víctimas habían sido ya
admitidos. Bajo esas circunstancias, se hubiera justificado aconsejar a los peticionarios que se
declarasen culpables y que se entregaran a la misericordia del tribunal. La única esperanza
que les cabía era que un giro imprevisto del destino salvara las vidas de aquellos descarriados.
»
En el informe que presentó al Tribunal Supremo de Kansas el juez Thiele declaró que
los peticionarios habían tenido un proceso constitucionalmente justo y, por consiguiente, el
tribunal denegó el auto para abolir el veredicto y estableció nueva fecha para la ejecución: el
25 de octubre de 1962. La ejecución de Lowell Lee Andrews, cuyo caso había sido
presentado dos veces a la Corte Suprema de los Estados Unidos, estaba prevista para un mes
más tarde.
Los asesinos de Clutter, a los que un juez federal concedió la suspensión temporal de la
ejecución, pudieron sobrevivir a aquella fecha. Andrews cumplió con la suya.
Según la disposición general que rige para los condenados a la pena capital en los
Estados Unidos, el término medio que ha de transcurrir entre sentencia y ejecución es
aproximadamente unos diecisiete meses. Recientemente en Texas, un culpable de robo a
mano armada fue electrocutado un mes después de su condena; pero en Louisiana, en el
momento de escribir estas líneas, dos reos de un delito de violación llevan esperando el
tiempo récord de doce años. Las variaciones dependen un poco de la suerte y mucho de la
extensión y alcance del litigio. En su mayoría, los abogados que se ocupan de tales casos son
nombrados por el tribunal y trabajan sin recompensa. Pero casi siempre los tribunales, para
evitar futuros recursos de apelación basados en demandas por representación incompetente,
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