Procesos de Paz

Elaborado Por:
Santiago Vega
11-02

CONFLICTO ARMADO EN
COLOMBIA
El conflicto armado en Colombia ha perdurado por más de cincuenta
años, teniendo su inicio en la desestructuración del propio estado a
través de los partidos políticos por alcanzar el poder a sangre y fuego
generando una oleada de violencia, incertidumbre e inseguridad en la
población colombiana. A raíz de esto surgen grupos de particulares
que se alzaron en armas con el fin de contrarrestar la violencia
existente en especial en las zonas rurales olvidadas por el propio
estado, estos grupos financiados por los grandes comerciantes y
ganaderos de cada región empezaron a apoderarse de territorios e
iniciaron sus actividades ilícitas como el narcotráfico transformando
su ideología y su objetivo primario de conservar la seguridad.
Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se
centran en una amalgama de elementos entre los que cabe destacar la

debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la existencia de
marcadas diferencias económicas, o la polarización y la persecución de la
población civil debido a su orientación política. También destaca la
permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una
industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la
sociedad y del Estado.
De esta manera nacen varios grupos ilegales en Colombia como son el
Movimiento 19 de Abril (M-19), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército
Popular de Liberación (EPL), Paramilitares, entre otros.

•BELISARIO BETANCUR 1982-1986:
Impulsó un proyecto de amnistía ante el congreso, el cual se convirtió en ley a finales
de 1982. En este proceso de diálogo participaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento 19 de Abril, el Ejército de
Liberación Nacional y la Autodefensa Obrera.
El Proceso de Paz de Belisario Betancur tuvo como resultado un acuerdo que fue
suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del
gobierno, y por el Estado Mayor de las FARC-EP y firmado en el campamento conocido
como Casa Verde en el municipio de La Uribe, Meta. El 28 de mayo de 1984, las FARC
ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente
Betancur también ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país.
Sin embargo, el pacto nunca contempló la entrega de armas por parte de las FARC,
ELN y demás. A discreción de la Comisión de Verificación, se acordó que cuando
hubieran cesado los enfrentamientos armados, se abriría un período de prueba de un
año para que los integrantes de las Farc se organizaran política, económica y
socialmente, según su libre decisión y acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y
decretos complementarios. Además, y se plantearon grandes reformas políticas sobre
puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como sobre los derechos

humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No duraron
los pactos de tregua. No se alcanzó la paz.
Se introdujeron dos elementos al discurso político nacional: el
primero reconoció que la oposición armada es un actor político
y que es necesario abrir un diálogo con ella. El segundo planteó
que Colombia, como otros países en América Latina en esta
época, también requería un proceso de apertura democrática.
Para Betancur, el paso fundamental del proceso de
democratización colombiano era la negociación con la guerrilla
sobre la base de su eventual participación en un sistema
político reformado.
• ACUERDOS DE LA URIBE META - FARC (Unión Patriótica)
• ACUERDOS DE CORINTO – M-19 y EPL
• VIRGILIO BARCO 1986-1990:

Las negociaciones del presidente Barco por la paz fueron exitosas al final de su
mandato, al lograr la desmovilización de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril (M-19)
y del Ejército Popular de Liberación (EPL); fue junto a los desmovilizados del M-19, el
ex Presidente Misael Pastrana y el movimiento de la Séptima Papeleta, uno de los
grandes impulsores de la Asamblea Constituyente que se instalaría en 1991. El 8 de
marzo de 1990, Barco firmó la paz con el grupo guerrillero M-19, que no volvió a las
armas pese al asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, el 26 de abril, así como con el
EPL, el 16 de mayo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuaron en su guerra contra el Estado.
• CESAR GAVIRIA 1990-1994:
Durante su gobierno se llevaron a cabo varias negociaciones con grupos armados y se
desmovilizaron el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como una fracción del
Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento Indígena Armado "Quintín Lame"
y el PRT hechos que contrastan con la suspensión de los diálogos con las FARC. El 9
de diciembre de 1990, Gaviria, por medio de su Ministro de Defensa Rafael Pardo
ordenó la polémica toma del hasta entonces santuario de la guerrilla de las FARC en
Casa Verde, municipio de La Uribe (Meta) y continuó a la guerra frontal. El presidente
Gaviria descartó la posibilidad de mediación internacional en el conflicto armado
colombiano aunque si hubo verificación internacional en los procesos de

desmovilización y desarme en el proceso con el EPL, el Movimiento Armado Quintín
Lame y la CRS.
• ANDRES PASTRANA 1998-2002:
Intentó una negociación de paz con las Farc y como garantía para los
negociadores de las guerrillas despejó de fuerza pública tres municipios del
Meta y uno del Caquetá, en la región del río Caguán, desde el 7 de noviembre
de 1998. Los diálogos de paz, con participación de organizaciones de la
sociedad civil en mesas de discusión temática, fracasaron por exceso de
temas de negociación y falta de estrategia negociadora del gobierno, pues se
acordó una amplia agenda de temas de 110 puntos, que comprendían todas
las instituciones y problemas políticos, sociales y económicos del país. El área
desmilitarizada de 42 mil kilómetros cuadrados se le conoció como zona de
distensión la cual originalmente debería durar seis meses. Después de una
controvertida extensión de su vigencia y de varios acontecimientos como
secuestros, asesinatos y reportes de actividades ilícitas en la zona de
despeje, el 20 de febrero de 2002, después de casi cuatro años de existencia

de la zona de despeje y a pocos meses de terminar su mandato, Pastrana
informó al país que el proceso había fracasado y que la zona de distensión
quedaba efectivamente cancelada, argumentando que Manuel Marulanda lo
había asaltado en su buena fe. El mandatario dio a los guerrilleros hasta las
doce de la noche para que abandonar el área.
• ALVARO URIBE VELEZ 2002–2010:
Uribe sentó unas reglas sobre las condiciones que deben cumplir los
grupos ilegales para negociar. Condiciones que han sido rechazadas
por el grupo terrorista FARC, tímidamente seguidas por el ELN y
asumidas por las AUC, lo que conllevó al proceso de desmovilización
de paramilitares en Colombia. El proceso resultante fue cuestionado
por varios críticos que temen que las condiciones no sean suficientes
para impedir que haya un grado, para ellos inaceptable, de impunidad
en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el
narcotráfico, así como la reparación a las víctimas que no ha sido
eficiente y algunas de las personas que han reclamado reparación
han sido perseguidas o asesinadas. Algunos informes de prensa han

evelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente
delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que
continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico.
Juan Manuel Santos 2010-2018
Acuerdo General para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera.
Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan
Manuel Santos y las FARC, también conocidos como proceso de paz en Colombia,
son las discusiones que se están llevando a cabo entre el Gobierno de Colombia (en
representación del Estado) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en la actualidad se desarrollan en
La Habana, Cuba, su objetivo según el gobierno es la terminación del conflicto, y según
las FARC es buscar la paz con justicia social por medio del diálogo, según palabras de
Iván Márquez, uno de los miembros del equipo negociador de las FARC.
Las negociaciones se fundamentan en un "Acuerdo General para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", se iniciaron formalmente el
18 de octubre de 2012. Se fraccionan en cuatro fases, la primera que fue la etapa de
acercamientos secretos, conversaciones exploratorias durante seis meses, la cual,

POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO
INTEGRAL
Fue acordado el 26 de mayo Este acuerdo tiene cuatro pilares, que son de enorme importancia para la
gente del campo.
1. ACCESO Y EL USO DE LA TIERRA:
›› Se acordó un Fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra
insuficiente. Pero no se trata sólo de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle “acceso integral”:
que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica, y apoyo para la comercialización,
entre otros.
›› El acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de
tierra, así como garantizar derechos de propiedad. Se acordó impulsar un plan masivo de formalización
de la pequeña y mediana propiedad, y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección
judicial eficaz a los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo. Así
impedimos el desplazamiento, resolvemos los conflictos, y sembramos paz.
›› Este acuerdo mejorará el uso de la tierra. El Gobierno definirá lineamientos generales de uso del
suelo que tengan en cuenta su vocación y pondrá en marcha programas de reconversión.

También la formación y actualización del catastro y la puesta al día del predial (“el que más tiene, más
paga”) creará los incentivos para darle un uso más productivo a la tierra. Se fortalecerá la participación
ciudadana en la planificación del ordenamiento del territorio, y se facilitará el diálogo entre gobierno,
comunidades rurales y sector privado.
También se acordo delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental:
avanzaremos en un plan de zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con
las alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país y promueva diferentes planes
de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental
2. ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL.
Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza con
verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen
derechos y faciliten la reconciliación. Se construirán de manera participativa planes
de acción para la transformación regional.
3. PLANES NACIONALES QUE DEBERÁN LOGRAR UNA REDUCCIÓN
RADICAL DE LA POBREZA Y LA ELIMINACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA.

Estos planes están orientados a proveer bienes y servicios públicos en
infraestructura (vías, distritos de riego, electricidad, conectividad), desarrollo social
(planes especiales de salud, educación, vivienda y agua potable para el campo,) y
estímulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar (asistencia técnica,
promoción del cooperativismo, líneas especiales de crédito, seguros subsidiados de
cosecha, asociaciones solidarias para la comercialización, entre otros) y a la
formalización laboral.
4. SISTEMA ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Se fortalecerán los mercados locales y regionales, se harán campañas para un
manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarán
programas especiales contra el hambre. Crearemos consejos de seguridad
alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y pondremos en marcha
toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las
comunidades.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
El acuerdo está construido sobre tres pilares:

1. NUEVA APERTURA DEMOCRÁTICA QUE PROMUEVA LA INCLUSIÓN POLÍTICA COMO
MECANISMO PARA CONSOLIDAR LA PAZ, LUEGO DE LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO.
Se trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la
consolidación del sistema de partidos. Se acordó hacer los cambios necesarios para desligar la
obtención y conservación de la personería jurídica del requisito de la superación del umbral para
elecciones de Congreso, y facilitar de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas
fuerzas que aparezcan.
Acordamos la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más
golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrán elegir, durante la fase de transición y
de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. (El número
de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado).
La apertura requerirá de mayor participación electoral. Para ello se acordaron unas medidas especiales
para promover el voto. Esto también exige el fortalecimiento de la transparencia: se acordaron medidas
para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así como la revisión integral del régimen y la
organización electoral para dar esas garantías.
Por último, se acordó poner en marcha medidas para la participación de la mujer y promover una cultura
democrática de tolerancia en el debate político. El fin del conflicto implica que los enemigos se deben
tratar con respeto como adversarios políticos.
2. EL SEGUNDO PILAR ES UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA CONSOLIDAR LA PAZ, EN EL ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN DE
1991.

Para ello se acordaron toda una serie de medidas: el desarrollo de una Ley de
Garantías para las organizaciones y movimientos sociales; medidas para promover
una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación; garantías para la
protesta social, tanto para quienes se manifiesten como para los demás ciudadanos;
promoción de espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y
comunitarios, para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de
la sociedad civil; revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes
de desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de
Planeación; fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas públicas
y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública mediante la promoción de
veedurías y observatorios de transparencia en todas las regiones.
3. EL TERCER PILAR -Y LA IDEA FUNDAMENTAL DEL FIN DEL
CONFLICTO- ES ASEGURAR QUE SE ROMPA PARA SIEMPRE EL
VÍNCULO ENTRE POLÍTICA Y ARMAS: NADIE NUNCA MÁS UTILICE
LAS ARMAS PARA PROMOVER UNA CAUSA POLÍTICA.
Y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las
garantías de que no serán objeto de la violencia.

Todos quienes ejercen la política deben tener la seguridad que no serán
víctimas de las armas. Para ello se acordó que el Gobierno establecerá un
Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política en un marco de
garantías de los derechos y libertades. Un sistema similar de garantías de
seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y
defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Y se promoverá la
discusión con amplia participación y la expedición de un Estatuto para la
Oposición.
FIN DEL CONFLICTO: DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y
REINTEGRACIÓN
Acuerdo General para la terminación del conflicto definido por el
Gobierno Nacional y las FARC, que se refiere al fin del conflicto, se
incluye el tema de la dejación de las armas y la reincorporación civil,
política, social y económica de esa guerrilla, lo que sin duda incluirá la
discusión sobre el proceso de Desarme, Desmovilización y
Reintegración (DDR).Aunque no sería el primer intento por tratar de

abordar con las FARC este tema (ya se había logrado avanzar en el
pasado con la adopción de algunas medidas de esta naturaleza
orientadas a las desmovilizaciones individuales de miembros de este
grupo, que a octubre de 2013 sumaban 18.690), sí sería la primera vez
que se contemplaría con esa guerrilla la discusión formal de algunos
aspectos asociados a un proceso de DDR.
SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS
ILÍCITAS
El acuerdo sobre drogas tiene cuatro componentes básicos:
1. LA SUSTITUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS.
Se fijan las bases de un Nuevo Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo
Alternativo de alcance nacional. Este Programa busca trabajar con las comunidades para
resolver definitivamente el problema de los territorios y de los cultivos, en una lógica de
integración territorial e inclusión social.

La puesta en marcha de procesos de planeación participativa en torno a la solución al
problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza. Se
trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades y las autoridades nacionales,
departamentales y municipales para resolver los problemas de las comunidades.
También se pondrán en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. En los
casos donde algunos cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el
Programa, el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual.
Para lograr eficacia y éxito de este programa se acordó un Programa de desminado de las
áreas del territorio nacional, al que las FARC también contribuirán con la provisión de
información, entre otros.
2. CONSUMO.
En el acuerdo se reconoce que el tema del consumo de drogas ilícitas, es una
cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario. Se acordó crear por
una parte un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de
Drogas Ilícitas que articule a las autoridades para prevenir y abordar el problema del
consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser
participativa; y por otra, un “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas
Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social”.

3. NARCOTRÁFICO.
Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen
organizado, en especial en las regiones. El Gobierno se comprometió a “intensificar
la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del
conflicto y en general de desarticular las redes de estas organizaciones”.
Con ese fin pondrá en marcha una estrategia de política criminal y una nueva
estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos en
todos los sectores de la economía, así como contra el tráfico de insumos.
El Gobierno promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización
de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de
lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los
ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos
desarrollos internacionales en la materia.
4. COMPROMISOS.
El Gobierno se comprometió a “poner en marcha las políticas y programas de
este punto”; y las FARC-EP se comprometieron a “contribuir de manera efectiva,
con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones

prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y de poner
fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado
con este fenómeno”. Ambos manifestaron “su firme compromiso con la solución
definitiva al problema de las drogas ilícitas” y se comprometieron “a contribuir
con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción
y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos”
VICTIMAS
Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado
(según reiterados comunicados de las FARC, ellos también son víctimas y el Estado
ha sido un victimario).
Las FARC-EP, han señalado que el reconocimiento de las victimas será por
colectivos y "habrá un reconocimiento de la calidad de víctimas colectivas al
Movimiento Gaitanista, a la Unión Nacional de Oposición, al Frente Democrático, al
Partido Comunista Colombiano, a la Unión Patriótica, al Movimiento A Luchar y al
Frente Popular, entre otras organizaciones políticas. La Unión Patriótica, por haber

sido objeto de un genocidio político, será objeto de un reconocimiento especial." A
su vez se considerarán víctimas campesinas, indígenas y sindicales. Niños
reclutados y el Consejo de Estado determinó que los miembros de la Fuerza Pública deben
recibir la calificación como víctimas del conflicto armado interno, hecho que los hace
merecedores de los beneficios de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la ley de
Víctimas.,
«Las FARC EP no nos reconocemos como “agente victimizante”, sino como
perseguidos, y en tal condición hemos ejercido nuestro derecho a la rebelión»
FIN DEL CONFLICTO
La dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran,
debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas
militares) para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco
legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso
judiciales a subversivos. No obstante, la discusión de este punto podría
verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por

Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad
tengan vida jurídica
¿EL REFERENDO POR LA PAZ, APOYARÁ
LOS ACUERDOS ALCANZADOS ENTRE
GOBIERNO Y FARC?

ENCUESTA PERIÓDICO EL
ESPECTADOR
“Referendo popular para ratificar los acuerdos. Acepta el 47% - No
acepta el 53%.
Una asamblea constituyente. Acepta el 31% - No acepta el 69%.
Participación electoral de representantes o miembros de las FARC sin
condenas. Acepta el 24% - No acepta el 53%.
Cero años de cárcel para la tropa raza(sic) y entre 5-8 años para los
líderes (Como a los paramilitares). Acepta el 23% - No acepta el 77%.
Participación electoral de los miembros del secretariado. Acepta el
22% - No acepta el 78%.
Dejar de usar las armas sin entregarlas al gobierno. Acepta el 20% No
acepta el 80%.

Condena sin pago de cárcel para los líderes. Acepta el 13% - No acepta
el 87%.
Asignar curules en el congreso sin elección popular a los líderes con
condenas. Acepta el 11% - No acepta el 89%”.

Constitución Política de Colombia
• Preámbulo:
El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el
fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de
un marco jurídico, democrático y participativo que
garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la
siguiente:
• ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y
de los particulares.
ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
PREÁMBULO
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
•ARTICULO 67. La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia,
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del
ambiente. Concordancia Ley 438 de 1998.
ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia.
Adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2001 con el siguiente texto: El
Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17
de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el
procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento
diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con
respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos
exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
CONVENIOS DE GINEBRA ( NORMA O LEYES DE LA GUERRA).
CAPITULO V.
DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a
todos los miembros de la comunidad nacional. Todos
están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
esta Constitución implica responsabilidades.
Numeral 6: Propender al logro y mantenimiento de la
paz.
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009(julio 14)
por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de
Colombia. El Congreso de Colombia DECRETA:

Artículo 4°. El inciso final del artículo 122 de la Constitución Política quedará
así:
Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser
inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni
designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por
interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados,
en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del
Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de
lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.
Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta
dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que
el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con
cargo a su patrimonio el valor del daño.
ARTICULO 189. Corresponde al Presidente de la
República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa:

Numeral 6: Proveer a la seguridad exterior de la
República, defendiendo la independencia y la honra de
la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la
guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal
autorización para repeler una agresión extranjera; y
convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual
dará cuenta inmediata al Congreso.
LEY 1448 DE 2011
(Junio 10)
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA

Objeto, ámbito y definición de víctima
ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en
beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente
ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de
modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la
materialización de sus derechos constitucionales.
ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE LA LEY. La presente ley regula lo concerniente a ayuda
humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3º
de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y
asuman su plena ciudadanía. Las medidas de atención, asistencia y reparación para los
pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas
para cada uno de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin
de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 205 de la presente ley
.
ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero
de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la
víctima.
Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente
artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de
acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las
medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.
Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.
Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los
parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados
como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo,
pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.
Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán
considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de
actos de delincuencia común.

Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos
ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la
verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no
repetición previstas en la presente ley, como parte del
conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.
Parágrafo 5º. La definición de víctima contemplada en el presente
artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir
reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos
terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al
que se refiere como hecho victimizarte la presente ley, en el marco
del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos,
de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3º)
común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las
competencias y funciones que le corresponden en virtud de la
Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de

combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por
las disposiciones contenidas en la presente ley.
JUSTICIA TRANSICIONAL
Busca el DERECHO DE LAS VICTIMAS a través de:
• Verdad
• Justicia
• Reparación
INSTRUMENTOS:
1. Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz «Por la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.»

2. Ley 1424 de 2010 Verdad, Justicia y Reparación «Por la cual se dictan
disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación
a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se
conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.»
3. Ley 1448 de 2011 Ley de Víctimas «Por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.»
4. Acto Legislativo 01 de 2012 Marco Jurídico para la Paz
«Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos
de Justicia transicional en el marco del artículo 22 de la
Constitución política y se dictan otras disposiciones»
Sentencia C-579/13

Sentencia C-577/14
El Congreso de Colombia
DECRETA:
ARTICULO 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo
transitorio que será el 66, así:
Artículo Transitorio 66°. Los instrumentos de justicia transicional serán
excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la
terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y
duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los
colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una Ley estatutaria
podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un
tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de
la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para
los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

Mediante una Ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia
transicional de carácter judicial o extra-judicial que permitan garantizar
los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se
aplicarán mecanismos de carácter extra-judicial para el esclarecimiento
de la verdad y la reparación de las víctimas.
Una Ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto,
composición, atribuciones y funciones. El mandato de la comisión podrá
incluir la formulación de recomendaciones para la aplicación de los
instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplicación de los
criterios de selección.
Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes
a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación
determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal.
Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las
graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, en el marco de la justicia transicional, el Congreso de la

República, por iniciativa del Gobierno Nacional, podrá mediante ley
estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los
esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de
todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa
humanidad, genocidio, o crímenes de guerra cometidos de manera
sistemática; establecer los casos, requisitos y condiciones en los que
procedería la suspensión de la ejecución de la pena; establecer los
casos en los que proceda la aplicación de sanciones extra-judiciales, de
penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecución y
cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la
persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. La Ley
estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los
casos para determinar los criterios de selección.
En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de
instrumentos constitucionales como los anteriores estará sujeto al cumplimiento
de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de
responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación
integral de las víctimas, la liberación de los secuestrados, y la desvinculación de

los menores de edad reclutados ilícitamente que se encuentren en poder de los
grupos armados al margen de la ley.
Parágrafo 1°. En los casos de la aplicación de instrumentos de justicia
transicional a grupos armados al margen de la ley que hayan participado en las
hostilidades, ésta se limitará~' a quienes se desmovilicen colectivamente en el
marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual
de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del
Gobierno Nacional. ‘
Parágrafo 2°. En ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia
transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en
el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo armado que una
vez desmovilizado siga delinquiendo.
Artículo 2°. Transitorio. Una vez el gobierno nacional presente al
Congreso de la República el primer proyecto de Ley que autorice la
aplicación de los instrumentos penales establecidos en el inciso 4 del

artículo 1 del presente Acto Legislativo, el Congreso tendrá cuatro (4)
años para proferir todas las leyes que regulen esta materia.
Artículo 3°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio
que será el 67, así:
2 Artículo Transitorio 67°. Una Ley estatutaria regulará cuáles serán
los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la
posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados
conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de
crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera
sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser
elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos
delitos.

FIN
Santiago Vega
11-02