ALCANTARA TOLEDO CINTY1 (cHiNa MaYaHuEl)

ALCANTARA TOLEDO CINTYA
NIÑOS EN RECLUSORIOS FAMENILES
METODOLOGIA
LIC. MERARI
DERECHO

Las mujeres que purgan sus condenas en los reclusorios femeninos de la
Ciudad de México se enfrentan a todo para sobrevivir. En el de Santa Martha
Acatitla, el problema de la maternidad es oprobioso. Ahí, alrededor de 100
menores cohabitan con sus madres en un sórdido espacio, sin ninguna
garantía. Lo grave es que algunas de ellas admiten que deciden embarazarse
para evitar que las transfieran a un penal de alta seguridad, y se muestran
dispuestas a correr todos los riesgos que ello implica. En este reportaje, a fin
de proteger a los menores y a sus madres, se mantienen en reserva sus
nombres, sustituyéndolos por seudónimos.
MÉXICO, D.F., 3 de marzo (Proceso).- El mundo de Martín mide 7.7 hectáreas,
es gris y con forma octagonal. Más allá, sólo el limbo de un hábitat ruidoso y
desconocido para él.
Y si bien las crayolas de los niños tienen colores vistosos, como el azul, beige
y negro, en el caso de Martín y los casi 100 infantes que, como él, viven en el
reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla al lado de sus madres, estos tonos
tienen un significado distinto
En el código penitenciario, el azul corresponde al vestido por las internas más
antiguas y aguerridas, las que mejor defienden su territorio: las sentenciadas.
El beige es para las melancólicas, las confundidas, las que prefieren no dar
problemas, toda vez que su proceso aún no concluye. Pero es el negro el que
cubre los cuerpos de las más temidas, las dueñas de la vida carcelaria: las
custodias.
Según la ley, los bebés que nacen mientras su madre purga una condena en
Santa Martha tienen derecho a permanecer con ellas los primeros cinco años
11 meses. Al cumplir los seis, son enviados con algún familiar o a un hospicio.
Sólo entonces descubren el mundo extramuros.
En este espacio, las reclusas de Santa Martha conviven con sus hijos durante
los primeros años, inmersas en un ambiente sórdido en el cual la
drogadicción, las riñas –provocadas por un litro de leche, por obtener un
chocho o por un pedazo de jabón–, el lesbianismo y los abusos de autoridad
son cotidianos.

Los “juzgadazos”
De 2008 a finales de 2010, el número de menores en Santa Martha aumentó
61.2%, al pasar de 60 a 98. La cifra es exponencial, si se considera que el
crecimiento poblacional oscila en 10% en el reclusorio.
Muchas de las madres de Santa Martha aseguran que su primera opción es
tener a sus hijos con ellas, pues consideran que enviarlos a una institución o
con sus familiares no garantiza a los menores una vida más placentera. “Si a
mí no me cuidaban, ¿qué le van a hacer a mi hijo?”, reflexiona Celia, quien
purga una condena por el delito de daños contra la salud.
Otras dicen que si sus hijos permanecen en el reclusorio ellas tendrán
algunos beneficios, como celdas mejor ubicadas, así como una mejor ración
de comida diaria y otras canonjías; unas más confiesan que en la maternidad
encuentran el ancla para impedir que las trasladen a penales de máxima
seguridad, donde la presencia de niños no está permitida.
Hay internas que han dado a luz en dos ocasiones y tienen a sus hijos en sus
celdas. “Son los juzgados”, comenta una empleada del penal femenil, y relata,
mientras señala a una de ellas: “Esa interna tiene dos hijos, su esposo está
en otro penal. Cuando va al juzgado y se encuentra con él aprovecha para
tener sus encuentros”.
Hoy, ante el disparo de nacimientos, en Santa Martha cunde un rumor: están
preparando una villa para que las internas y sus hijos sean trasladados a las
Islas Marías.
La socióloga Claudia, quien imparte clases a nivel universitario a los presos
de los diferentes centros penitenciarios del Distrito Federal, gracias a un
programa de la Universidad de la Ciudad de México, relata que en Santa
Martha una de sus alumnas faltaba a sus clases con frecuencia y no cumplía
con sus tareas. Cuando asistía a clase, dice, llevaba a su bebé de un año, que
tenía un semblante enfermizo.
Dice que eso le preocupó, por lo que comenzó a apoyarla con dinero. Dejó de
hacerlo cuando descubrió que la propia madre drogaba al bebé para evitar
que llorara. “Cuando sus compañeros me lo dijeron, no lo podía creer. ¿Cómo
pude haber sido tan pendeja y no haberme dado cuenta?”, se pregunta la
profesora.
Ese tipo de maltrato infantil ha dado lugar a “madres sustitutas”: internas que,
aún sin haber engendrado al niño, los cuidan. Esta modalidad se da,
principalmente, cuando las madres biológicas son adictas a alguna sustancia.

“Hay niños que sólo están con su madre, nomás cuando se van a dormir, el
resto del tiempo lo traen otras internas”, asevera Guadalupe, una de las
internas.
Elena Azaola Garrido, especialista en temas de género y reclusorios del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), considera que más allá de la aplicación de una regla general, cada
caso debería ser analizado de forma individual, para así evaluar si mantener
al menor al lado de su madre presa es en su mejor beneficio.
“Cada caso –dice– debe ser valorado y debe tomarse la mejor decisión, la que
mejor cumpla con los derechos de los niños. No se pueden poner metas
generales y decir, ‘ningún caso’ o ‘en todos los casos’”.
Sobre el uso de la maternidad como vehículo para obtener beneficios y evitar
traslados a otros penales, Azaola Garrido señala que, pese a que pueden
existir estos casos, no se pueden violentar los derechos reproductivos de las
reclusas y, por el contrario, se debe apoyarlas con asesoría e información:
“Es posible que algunas lo intenten (embarazarse para evitar su traslado u
obtener beneficios), aunque de todas formas tienen sus derechos a salvo,
inclusive el de ser madres.
“No por ello se desvirtúan los derechos de los menores. Claro, lo más
conveniente es que ellas pudieran contar con todo el apoyo y toda la asesoría
de lo que implica traer un hijo al mundo y que ellas pudieran tomar una
decisión estando perfectamente informadas, asesoradas, no presionadas o
negándoles su derecho.”
El Cendi
La mayoría de los menores acuden al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) que
existe al interior del reclusorio. Aunque llevar los menores a sus instalaciones
no es obligatorio, sí es una condicionante para que las internas reciban
pañales y leche para sus hijos. “A mí eso es lo único que no me gusta. Que si
no los mandas, no te dan nada”, asegura Celia.
Las educadoras visten batas a cuadros, como en cualquier kínder. En el patio
trasero están los juegos, recientemente donados. En ese espacio los
pequeños interactúan y se divierten hasta que, a las tres de la tarde, sus
madres pasan a recogerlos.

En el Cendi Amalia Solórzano de Cárdenas laboran una directora, una
psicóloga, una trabajadora social, cuatro asistentes educativos y dos
auxiliares administrativas. Algunas internas prestan eventualmente sus
servicios, lo que ha generado el descontento de algunas madres, quienes se
quejan porque, arguyen, algunas de las cuidadoras consumen drogas.
Y aun cuando la mayoría de las madres de los menores que asisten al Cendi
tienen una buena impresión de su funcionamiento, dicen que les gustaría que
no fueran internas las encargadas de apoyar a las profesoras.
Sagrario, quien está en la cárcel por fraude, es una de esas internas que
cuidan a los infantes. Dice que ella también es madre, aunque sus hijos, de 10
y 12 años, ya no están en el reclusorio. Comenta que, aunque pudiera tenerlos
ahí, no lo haría, pues considera que es probable que una larga estancia de los
pequeños en la penal afecta su personalidad.
Sin embargo, dice que cuidar a los hijos de sus compañeras “es un respiro.
Me hago la idea de que son los míos. Muchas mamás sólo lo tienen aquí
porque les conviene. Los cuidan mal y luego nos echan la culpa a nosotras”.
Relata que, a Israel, el bebé de Laura, lo tiraron en una ocasión en el Cendi. La
madre no lo supo por voz de las empleadas del lugar, sino por el moretón que
le descubrió en la frente: “Al principio me negaron todo y yo dejé de llevar a
mi hijo al Cendi como dos meses, pero durante ese periodo me dejaron de dar
pañales y leche, así que tuve que regresar”, dice.
La ración diaria por bebé es de tres pañales y 10 onzas de fórmula de leche,
aunque “si corro con suerte, alcanzo hasta un cuarto de bote”, agrega Laura,
quien llegó a Santa Martha hace cuatro años acusada de ser cómplice en un
secuestro.
Azaola Garrido considera que las condiciones en que se desarrollan los
menores dentro de los centros penitenciarios, no son los adecuados para su
sano desarrollo: “Hay que insistir en que las prisiones que permitan tener ahí
a los niños, deben tenerlos en las mejores condiciones y priorizar sus
derechos”.
Los que vienen de afuera
Eleuteria Román Cuevas, directora de Seguimiento del Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del
Inmujeres, comenta que en la mayoría de los reclusorios estatales los hijos de
las presas no son reconocidos en la normatividad.

“Las políticas respecto a los niños quedan al criterio del funcionario en turno.
Los niños y las niñas son invisibles en el sistema penitenciario. Son la deuda
mayor”, explica.
Por ello, dice, no hay un censo nacional actualizado sobre los niños que viven
en las cárceles femeniles, ni cuántos años tienen. La edad máxima permitida
para que los menores permanezcan con sus madres varía en cada entidad.
“Muchas mujeres preferirían que los niños se los llevaran a los tres años,
porque a los seis ya se dan cuenta de muchas cosas: empiezan a socializarse
con el lenguaje que oyen en el reclusorio”, agrega Román Cuevas. Ella
reconoce que los menores que crecen en ese ambiente son más proclives a
delinquir, sobre todo cuando rebasan el límite de edad y su futuro en el
exterior se torna incierto. Ello provoca que muchos de ellos terminen en las
calles.
Para evitar esa situación, es necesario regular el desarrollo de los menores en
los presidios del país. “Los niños tienen reconocido el derecho de crecer en
un ambiente libre de violencia, ahora el Estado tiene que hacer las reformas
pertinentes para lograr que se les garantice ese derecho, así como el de la
alimentación, a la satisfacción de sus necesidades, a la salud y a la
educación”, puntualiza Román Cuevas.
Diana lava la ropa de otras reclusas y hace mandados para sacar sus gastos,
dice, en especial para conseguir los 100 pesos que la institución en donde se
encuentra su hijo Juan, de 12 años, le exige cada mes. En similares
condiciones se encuentran 49 menores (23 hombres y 26 mujeres) cuyas
edades van de los dos a los 18 años.
“Yo prefiero que (mi hijo) no esté conmigo. Aquí se ven muchas cosas que lo
dejarían marcado”, asegura Diana. Y agrega: “Los otros están chiquitos, lo
más probable es que se les olvide el lesbianismo y todo lo demás. Pero a un
niño de 12 años, ¿cómo?”.
La Tercera encuesta a la población en reclusión del DF, realizada por el Centro
de Información y Docencia Económicas (CIDE), estima que 86% de las mujeres
que purgan su condena en los penales de la Ciudad de México son madres.
Elena Azaola y Marcelo Bergman, responsables del estudio, sostienen que
“los hijos de las internas quedan expuestos a un nivel mayor de
desestructuración familiar que los hijos de los varones presos”, toda vez que
cuando son los padres quienes se ven inmersos en un proceso judicial, en
80% de los casos los menores quedan bajo la tutela de la madre.
Cuando sucede lo contrario, agregan, sólo 21% de los padres varones asumen
esa responsabilidad. La mayoría de las veces son los abuelos los que se
hacen cargo de los menores (31%); o lo hacen otros familiares (26%). Según

el estudio, en 14.7% de los casos se desconoce el paradero de los menores;
y existe un porcentaje mínimo (0.5%) de los que llegan a centros infantiles. l