ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

4.1 Problemática
El lavado de activos es un delito que afecta en distinta medida a todos los países. Es
tan complejo, que representa un verdadero reto para cualquier gobierno y en especial
para las autoridades de investigación, judicialización y sanción, debido a la perversa
desigualdad que representa la enorme cantidad de recursos a disposición de los delincuentes
frente a los limitados recursos e imperiosas necesidades que tiene el Estado para atender las
necesidades básicas de su población.
El lavado de activos genera distorsiones en la economía y causa imperfecciones
fundamentalmente en los mercados financieros y de bienes y servicios. De manera indirecta,
genera imperfecciones en el mercado laboral, que en definitiva conllevan desequilibrios
macroeconómicos en materia fiscal y cambiaria, distorsionando los resultados de la actividad
real de la economía y afectando el bienestar de los ciudadanos. Estas fallas de mercado deben ser
corregidas por el Estado para minimizar los efectos macroeconómicos y los costos asociados a
dichas imperfecciones, con el fin de lograr mejores tasas de crecimiento económico y desarrollo
social.
En Colombia, el lavado de activos y la financiación del terrorismo -LAFT- se ha evidenciado
en la proliferación de delitos asociados a la siembra y cultivo de sustancias estupefacientes, así
como a la comercialización y venta de esas sustancias, actividades que generan enormes recursos
susceptibles de ser lavados, con los que las organizaciones criminales cometen otros delitos
como el tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, corrupción pública y privada,
comercialización de sustancias prohibidas en pequeñas cantidades, (cocaína, crack, heroína,
anfetaminas), crímenes violentos, asaltos, daños a la propiedad, hurto, violaciones, homicidios y
extorsiones, entre otros.
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
El país ha avanzado ostensiblemente en su lucha contra el lavado de activos y la financiación
del terrorismo al incrementar paulatinamente el número de actividades económicas (sujetos
obligados) a quienes se les exige el reporte de operaciones objetivas (como las transacciones
en efectivos o cambiarias) y subjetivas (Reporte de Operación Sospechosa), a la Unidad de
Información y Análisis Financiero -UIAF-; pero también a contar con sistemas Anti Lavado
de Activos y contra la Financiación del Terrorismo -ALA/CFT-, lo que necesariamente implica
contar con procesos y procedimientos para la aplicación efectiva de mecanismos e instrumentos
de prevención, detección, control, monitoreo y reporte, en los que se observe un enfoque basado
en riesgos, es decir, un sistema que oriente primordialmente los recursos hacia los aspectos más
vulnerables y de mayor amenaza de la entidad y en menor proporción hacia los que representen
un nivel más bajo de exposición.
No obstante, aún existen algunos aspectos a mejorar, en especial, la vinculación de más sectores
y actividades económicas que cuenten con sistemas de prevención y control. La Recomendación
No. 26 del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- alienta a los países a que los
esquemas de supervisión se desarrollen observando un enfoque basado en riesgos, para asegurar
el cumplimiento de las medidas legales o normativas pertinentes, especialmente en las Actividades
y Profesiones No Financieras Designadas -APNF- 70 . Esto facilitará que el supervisor realice una
70 Casinos, Agentes Inmobiliarios, Comerciantes de metales preciosos y de piedras preciosas, abogados, notarios, otras profesionales
jurídicas independientes y contadores, Proveedores de servicios fiduciarios y societarios.
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