ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

• Enfrentar los fenómenos criminales derivados del narcotráfico mediante una política criminal
racional y eficaz, que busque desarticular las estructuras de criminalidad organizada y que esté
dirigida a eslabones intermedios y superiores de la cadena.
• Descriminalizar el porte simple de drogas (es decir, eliminar el verbo rector “llevar consigo”
del artículo 376 del Código Penal). La criminalización del porte simple genera una ambigüedad
que permite que los usuarios de drogas continúen siendo objeto de persecución penal, incluso
aunque no se pruebe que poseen drogas para fines distintos al consumo personal.
• Capacitar a los agentes de Policía sobre los conceptos de la dosis de consumo personal y la
dosis de aprovisionamiento, de conformidad con los desarrollos jurisprudenciales de las Altas
Cortes. De esta manera, se evitará conducir a la Fiscalía, personas que portan droga con fines
de uso personal y no de tráfico o venta.
• Buscar que las penas previstas y efectivamente impuestas sean proporcionales a la gravedad
de las conductas realizadas y a los daños efectivamente ocasionados, mediante una revisión
sistemática del Código Penal por iniciativa del Consejo de Política Criminal, que sea propuesta
al Congreso para su aprobación.
• Fortalecer los sistemas de defensa pública, con base en evaluaciones sobre las características
de la demanda de defensa penal, asignando los recursos suficientes para su adecuado
funcionamiento, distribuyendo apropiadamente las cargas de trabajo, estableciendo sistemas
pertinentes de evaluación, incentivos y sanción a los defensores que incumplan sus obligaciones,
realizando los ajustes para la atención a poblaciones vulnerables y para una adecuada atención
de las necesidades de las personas procesadas.
• Mejorar los sistemas de gestión de la investigación, los incentivos y la evaluación del desempeño
de las seccionales de la Fiscalía en el marco de su política de priorización para focalizar su
accionar en las organizaciones del narcotráfico con mayor capacidad de generar violencia,
afectar la seguridad ciudadana y corromper a las instituciones (Perdomo, 2015).
• Eliminar todas las restricciones normativas existentes y abstenerse de aprobar otras nuevas,
para que a las personas que cometen delitos menores de drogas, no violentos, les puedan ser
aplicadas cualquiera de las once medidas de aseguramiento previstas en el Código Procesal
Penal, distintas a la detención en establecimiento de reclusión.
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
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