ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

personas con defensores de confianza, se aceptaron cargos en el 29,4% de los casos, mientras
que en el caso de los defensores de oficio esta situación ocurrió en el 46,5% de los casos.
• En el 97% de los casos, los Fiscales solicitaron la medida de aseguramiento y en el 94% de los
casos los jueces la concedieron. Esto sugiere, que la detención preventiva en el país para los
delitos de drogas se está aplicando en contravía con los estándares que señalan que se debe
tratar de una medida excepcional, teniendo en cuenta los factores sobre la situación personal
y familiar de la persona y su nivel de peligrosidad.
• Es importante señalar que, del total de condenas, el 30,7% fueron por el verbo rector “llevar
consigo” exclusivamente, es decir, por porte simple de drogas sin que se probara que las
sustancias se estaban comercializando, transportando, almacenando u otra clase de actividades.
El porte simple, para los casos en que la cantidad de sustancia está por debajo o supera
ligeramente la dosis personal, puede estar reflejando casos en los que se está criminalizando
a usuarios de drogas, a los que no se les probó que estaban portando para fines distintos al
consumo personal.
3.3.4 Retos y Desafíos
• Intervenir en las líneas estructurales que afectan de manera particular a las mujeres y que las
llevan a la comisión de conductas punibles relacionadas con el narcotráfico, causando una
gran participación de la mujer en las capturas y en el sistema carcelario, quizá por la fácil
materialización que tiene la conducta con la generación de ingresos.
• Responder a los delitos de menor gravedad relacionados con drogas desde una perspectiva
de salud y de derechos humanos, lo que supone la aplicación de alternativas diferenciales que
evalúen las diferentes motivaciones del infractor y que permitan que los eslabones débiles de
la cadena del narcotráfico, puedan acceder a servicios sociales y de ser necesario, a servicios
de tratamiento.
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
• Incentivar la aplicación de alternativas a la sanción privativa de la libertad, para adolescentes
que se encuentren en conflicto con la ley por la comisión de conductas punibles de menor
gravedad, motivadas por el consumo problemático de drogas, a partir de estrategias jurídicas
que combinen el componente sanitario hacia una estrategia de tratamiento en salud con un
componente jurídico de seguimiento.
• Identificar alternativas al tratamiento penal y penitenciario que respondan al contexto
colombiano y que se adapten a la realidad legal, social, cultural y política del país, así como
a las particularidades de los diferentes eslabones de la cadena de drogas y a la gravedad de
los delitos cometidos, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y las competencias
institucionales del Estado.
• Fortalecer la capacidad de análisis y monitoreo de la aplicación de las leyes de drogas y
generar conocimiento que permita la identificación de la tipología del delito, el tipo de droga,
cantidades, composición y demás particularidades que influyan en la aplicación de medidas
judiciales o alternativas, actuando de manera coherente con el sistema de justicia y de salud.
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