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que se logre: (i) detener, erradicar o sustituir gradualmente la actividad de cultivo; (ii) identificar
el predio afectado por los cultivos ilícitos; y (iii) la manifestación de la voluntad de participar
en los programas ofertados por el Gobierno Nacional. De la misma manera, el proyecto de ley
aborda la situación de aquellas personas condenadas por el delito de conservación o financiación
de plantaciones ilícitas (art. 375 CP).
Para los efectos perseguidos, el proyecto de ley prevé la colaboración y articulación entre el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de La Nación, la Policía Nacional, la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias
legales.
3.3.3 Análisis de los aspectos procesales y patrones
de judicialización por el delito de tráfico de
drogas en Colombia y de la proporcionalidad en
las penas impuestas
El Ministerio de Justicia y del Derecho realizó una investigación para analizar los aspectos
procesales y patrones de judicialización por el delito de tráfico de drogas en Colombia y la
proporcionalidad en las penas impuestas por los jueces de la Jurisdicción Penal, con el fin de
proponer, con base en evidencia, recomendaciones de política pública. Para ello, se revisaron
820 sentencias condenatorias por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en
donde se analizó información relacionada con las características de los procesados, contexto de
los hechos, el tipo de casos (con énfasis en la cantidad y tipo de drogas por la que se procesa a
los condenados), aspectos de la actividad procesal y la duración y condiciones de la ejecución de
la pena, entre otros. De los principales resultados del estudio se tienen los siguientes:
• El 63,5% de las multas impuestas en las 820 sentencias condenatorias fueron inferiores a 2
SMLV de 2016, pero un porcentaje considerable, el 27,2%, fueron impuestas por montos
superiores a los 20 SMLV. Si suponemos que existe una proporcionalidad en el monto de las
multas con la gravedad del delito, estos datos sugerirían entonces que lo que más se condena
son los delitos de estupefacientes de menor gravedad.
• Ciudades intermedias como Armenia o Neiva, tienen un número de casos mayor a los de una
ciudad de mayor tamaño como Medellín. Municipios como Ibagué, Villavicencio, Popayán,
Pereira, Dosquebradas, Puerto Tejada, Girardot u otros más pequeños, tienen más sentencias
que grandes ciudades como Cali o Barranquilla.
• Las personas entre 18 y 32 años representan el 52,3% de los condenados. El grupo mayoritario
es el de los jóvenes de 18 a 25. Por sexo, los hombres representan el 77,1% de las personas
condenadas, mientras que las mujeres el 22,9%. Una de cada cuatro personas condenadas
fueron hombres de 18 a 25 años de edad.
• De las personas condenadas, el 12,8% tenía antecedentes penales.
• De los casos en los que se cuenta con información, en un 53% no se aceptaron cargos en la
audiencia de imputación, en un 46,6% se aceptó todo el pliego de cargos y en el 0,38% hubo
aceptación parcial. Estos porcentajes cambian de acuerdo al tipo de defensa; en el caso de las
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