ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

Uno de los ejes de política, específicamente el de “reducción del delito asociado a las drogas”,
menciona que la política criminal del Estado colombiano ha sido muy exitosa en términos de
desarticulación de las mafias, en la captura de los delincuentes, en la extradición de los mismos,
entre muchos otros asuntos; pero además, ratifica que es necesario también que a los eslabones
más pequeños de la cadena del narcotráfico, como los cultivadores, traficantes y portadores
de drogas, se les otorgue un tratamiento penal diferencial enfocado en salud pública o en la
sustitución de actividades ilícitas por actividades lícitas.
El concepto de dosis mínima en la reciente jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia
Con respecto a los avances en materia legal relacionados con los delitos de drogas que se
presentaron durante el último año, se tiene que en marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia
-CSJ- profirió una sentencia en la cual decidió un recurso extraordinario de casación en contra
de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil, Santander, que había confirmado
una sentencia por el porte de 50.2 gramos de marihuana en ocasión del servicio que un ciudadano
ejercía dentro de las Fuerzas Militares. Dicha conducta lo hizo responsable del delito de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes con una condena agravada de nueve (9) años y diez (10)
meses de prisión y multa de (4) SMLMV, sin lugar a subrogados y otros beneficios penales.
El antecedente enunciado, genera cuestionamientos en cuanto a la problemática de
la judicialización de consumidores de drogas ilícitas y eslabones débiles de la cadena del
narcotráfico y el problema de hacinamiento carcelario en el país; aunque normativamente existe
despenalización por el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro ordenamiento, sería válido
indagar acerca de la cantidad de ciudadanos condenados por la misma situación de consumidor
(adicto o no adicto) y que se encuentran purgando penas de prisión probablemente de muchos
años por cantidades de drogas insignificantes.
La CSJ al resolver este caso, introdujo cambios al criterio jurídico que había sostenido en
sentencias anteriores en las que consideró el consumo como un problema de salud pública,
señalando que el porte de estupefacientes debía estudiarse a la luz del principio de antijuridicidad
material. En efecto, la CSJ en su sentencia, resolvió que el porte de sustancias ilícitas cuando
supera levemente la dosis personal debe resolverse desde el ámbito de la tipicidad 59 y no desde
la antijuridicidad material 60 , es decir, la dosis personal que genera atipicidad de la conducta, no
es solo la prevista en literal j de la Ley 30 de 1986, sino también la que supere levemente la dosis
personal cuando sea necesaria para el consumo personal.
La ampliación del porte para el consumo personal de cualquier cantidad de droga destinada para
proveer la necesidad de un consumidor, aunque conforme al enfoque de derechos humanos y salud
pública de la actual política de drogas, probablemente ocasionará dificultades en el razonamiento
de los operadores judiciales y las actividades de Policía, pues resulta un reto definir un criterio
de judicialización diferenciado frente a las cantidades necesarias para proveer el consumo de
drogas ilícitas de un ciudadano (tratándose este de un concepto cercano a lo subjetivo) y aquellas
destinadas al tráfico de estupefacientes y otras conductas punibles relacionadas. Desde luego,
59 Una acción es típica (esto es, que una acción encaja, coincide o se adecua a un tipo penal) cuando dicha acción es prohibida por la norma
contenida en el tipo penal.
60 La anijuridicidad, implica que el comportamiento haya lesionado o al menos puesto en peligro el bien jurídico protegido por la norma
penal.
Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia
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