ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016

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• Reducción de la amenaza criminal a partir de la persecución penal contra eslabones fuertes: consiste en el fortalecimiento de los dispositivos de investigación y persecución penal de las organizaciones criminales involucradas en procesos de microtráfico, por medio del aumento en las capacidades de las entidades responsables de su agencia en estrecha asociación con los dispositivos de vigilancia pública. Para el eje de comercialización de drogas se propone reducir las vulnerabilidades sociales a partir de tres elementos complementarios: • De un lado, una política criminal diferencial contra eslabones débiles y reducir la intensidad y rigidez de la aplicación del derecho penal sobre los eslabones de la cadena que no representan importancia dentro de las estructuras criminales y sobre los cuales, se termina transfiriendo el riesgo de las estructuras. Como política criminal diferencial, se entiende la búsqueda de alternativas al encarcelamiento de eslabones débiles o de consumidores que han cometido delitos relacionados con drogas. • De otro lado, se propone reducir las vulnerabilidades sociales a partir de una política de aumento de oferta institucional en lo local. Las acciones que se tomen en el campo de la política criminal, ya sean encaminadas al desmantelamiento de grandes organizaciones criminales o aquellas que busquen tratamientos diferenciales para eslabones débiles, requieren de un nivel de complementariedad y apoyo desde las acciones que el Gobierno Nacional, departamental y local puedan adelantar para la reducción de las vulnerabilidades a partir de la integración y aumento de la oferta de servicios. Existe la necesidad que los procesos de focalización y priorización para el tratamiento de los fenómenos se vean acompañados de acciones en materia de acceso a la salud, la educación, el deporte, el arte y la cultura. Es responsabilidad particular de los gobiernos locales, acompañar los avances en materia de política criminal con la generación de entornos protectores y la promoción de habilidades para la vida de las comunidades más afectadas por la comercialización de drogas y narcomenudeo. Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia • Por último, los lineamientos buscan la reducción de las vulnerabilidades sociales a partir de una política de fortalecimiento de las capacidades comunitarias y del capital social. Paralelo a desarrollos armónicos entre implementación de política criminal y mejoramientos de la oferta articulada de servicios del Estado, surge la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades afectadas en materia de liderazgo y empoderamiento para hacer frente a la ilegalidad desde los microterritorios. En este sentido, el modelo de inclusión social a partir de la creación e implementación de dispositivos de base comunitaria, se constituye en una de las formas para la intervención en materia de reducción de las vulnerabilidades sociales, ya que implica todo un proceso de empoderamiento a partir de la creación de redes y la optimización de recursos comunitarios y tiene una lógica de inclusión social. El modelo de base comunitaria, es una innovación social, que se aplica cada vez con mayor entusiasmo en el país, aproximadamente desde el año 2002, siendo el sustento del modelo de inclusión social para personas con dificultades generadas por consumo de drogas del Ministerio de Protección Social en el año 2007 y ha posibilitado desarrollos sociales y empoderamientos comunitarios importantes en varias ciudades del país, entre ellas Cali, Pasto, Bucaramanga, Medellín e Ibagué. 128
e) Pilotos de implementación de los lineamientos de política pública diseñados 58 Dando continuidad a los trabajos y acciones en materia de generación de evidencia para la formulación de políticas en torno al tema, el Ministerio de Justicia y del Derecho implementa los lineamientos diseñados a través de dos pilotos en las ciudades de Cali e Ibagué, los cuales se han concertado con los gobiernos locales, la Policía Nacional -DIJIN-, la Fiscalía General de la Nación -CTI-, la Subdirección de Atención a Víctimas y con algunas de las organizaciones de base comunitaria que operan en los sectores particulares de atención. Cali e Ibagué En las ciudades de Cali e Ibagué se han suscrito dos convenios de asociación celebrados entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y las corporaciones Viviendo Cali y Viviendo Ibagué, las cuales pertenecen a la red nacional e internacional de organizaciones sociales que trabajan para la disminución del sufrimiento humano. Los convenios buscan aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para formular e implementar proyectos piloto desde el modelo de base comunitaria con poblaciones vulnerables de las ciudades, dirigidos a generar evidencia técnica que sustente la formulación de políticas públicas contra el microtráfico y la comercialización de SPA en Colombia desde una perspectiva de derechos humanos. 58 Este proceso de implementación de lineamientos de política pública en los proyectos piloto de las ciudades de Cali e Ibagué, ha propiciado el desarrollo de un trabajo colaborativo y articulado con instituciones como la Policía Nacional (Estrategia ETEMC), La Fiscalía General de la Nación (Programa Futuro Colombia de la Subdirección de Atención a Víctimas y estrategia de control al microtráfico y narcomenudeo del Grupo de Análisis Criminal de la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana), las Corporaciones Viviendo Cali y Viviendo Ibagué y la Fundación Procrear con quienes se han posibilitado el desarrollo de acciones para generar evidencia y a posteriori formular una política pública para afrontar el microtráfico y la comercialización de drogas en pequeñas cantidades, lo que se constituye en una apuesta para construir paz desde los territorios.. Ministerio de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia 129
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Observatorio de Drogas de Colombia,
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