La investigación en gestión del riesgo de desastres

| número 27 | octubre de 2016
2. La modulación
del control del juez
administrativo frente a
la interpretación jurídica
del fallo disciplinario
Empero, la doctrina iusdisciplinarista
ha indicado que el
control ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo
no puede socavar, sin más,
cualquier interpretación jurídica
adoptada por el fallador disciplinario,
y ello se materializa
en que el juez administrativo
debe respetar la interpretación
de las normas realizada por el
fallador disciplinario que sustentan
su decisión, «salvo que
se constate su desvío de los
cánones de hermenéutica» 3 ,
como respuesta al diseño institucional
de la Constitución
de 1991.
Gómez Pavajeu sintetiza
la jurisprudencia constitucional
en la materia y señala que el
carácter ínsito del fallador disciplinario
como hermeneuta permite
invalidar sus fallos cuando
se sustenten en una interpretación
que resulta: (i) «abiertamente
contradictoria con el
contenido de la norma cuyo alcance
dice fijar» o (ii) «incompatible
con la Constitución». 4
3. Una línea decisoria
hacia el futuro para la
Sección Segunda del
Consejo de Estado
Pese a lo anterior, aún en eventos
en los que los falladores disciplinarios
adopten interpretaciones
jurídicas siguiendo o no
directrices del procurador general
de la nación, debe identificarse
un parámetro que permita in-
3 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Control
contencioso y justicia disciplinaria. Alcaldía de
Bogotá, Bogotá, 2010, P. 28.
4 Ibíd., P. 26. Este criterio también es defendido
por Roa Salguero, David. La jurisprudencia
del Consejo de Estado y sus recientes aportes al
derecho disciplinario. En: Revista Derecho Penal y
Criminología. N.º. 94 (ene-jun, 2012) P. 120.
validar los actos administrativos
sancionatorios disciplinarios. Se
propone que se siga de cerca a la
jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que
ha desarrollado el «principio de
unidad de respuesta correcta o
de unidad de solución justa»,
a fin de identificar cuándo el
Estado-juez incurre en un error
judicial por la interpretación jurídica.
En Sentencia del 02 de
mayo de 2007, 5 la Sección Tercera
indicó que pueden existir
frente a un mismo problema
jurídico soluciones razonables
pero diferentes: «todas jurídicamente
admisibles en cuanto
correctamente justificadas.
Entonces, sólo las decisiones
carentes de este último elemento
—una justificación o
argumentación jurídicamente
atendible— pueden considerarse
incursas en error judicial».
De lo anterior puede concluirse
que se incurre en error jurisdiccional
cuando: (i) se adopte una
decisión que no se corresponda
con la única respuesta, si es que
esta es posible, o que (ii) no es
justificable correctamente dentro
del marco de soluciones razonables
que el marco jurídico
le plantea al juez.
Este desarrollo jurisprudencial
se apoya en el positivismo
normativista que niega la existencia
de únicas respuestas en
el derecho para todos los problemas
jurídicos. El positivismo
jurídico plantea la existencia de
la discrecionalidad en el ámbito
de la interpretación jurídica.
Hans Kelsen la explica al enmarcar
la labor de interpretación
jurídica dentro del proceso de
aplicación del sistema jurídico
jerarquizado. La relación entre
las normas superiores e inferiores
del derecho, dice el auto
5 Consejo de Estado. Sección Tercera. C.
P.: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 2 de
mayo de 2007. Exp.: 15776.
austriaco, es de determinación:
las primeras determinan en algunas
veces el contenido de las
normas inferiores que se deben
producir.
La interpretación jurídica
surge debido a que la «norma
de rango superior no puede
determinar en todos los sentidos
el acto mediante el cual se
aplica». 6 Esta indeterminación
puede ser: (i) intencional a fin
de que la norma individual que
surja continúe el proceso de
determinación de las normas
jurídicas, o (ii) no intencional,
como consecuencia no buscada,
que se deriva de la ambigüedad
de las palabras a través
de las cuales la norma jurídica
se exterioriza. Este evento se da
cuando «el sentido lingüístico
de la norma no es unívoco»; lo
que lleva a que el órgano que
tiene que aplicar la norma se
encuentre ante varios significados
posibles.
Ante esta situación, el derecho
termina presentándose
al intérprete como un marco
en el cual caben varias posibilidades
de aplicación. Podrán
seguirse tantas interpretaciones
como «diferentes significados
lingüísticos de la norma
jurídica». Por tanto, la interpretación
jurídica:
(…) no conduce necesariamente
a una decisión única,
como si se tratara de la única
correcta, sino probablemente
a varias, todas las cuales…
tienen el mismo valor, aunque
solo una de ellas se convertirá
en derecho positivo en el acto
del órgano de aplicación de
derecho, en especial. 7
Así pues, en el ámbito de
la responsabilidad del Estado,
no puede derivarse una conde-
6 Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. 16.ª
Ed., Editorial Porrúa, México D. F., 2011, P. 350.
7 Ibíd., PP. 351 a 352.
na dentro del medio de control
de reparación directa cuando el
Estado-juez ha llenado el marco
jurídico con una interpretación
admisible por el mismo derecho.
Y teniendo en cuenta que
las autoridades administrativas
cuando ejercen potestad disciplinaria,
y debido a su condición
de hermeneutas de la ley
disciplinaria administran justicia
en sentido material, para
validar sus fallos disciplinarios
no pueden adoptar interpretaciones
contrarias a la ley. Así,
los fallos disciplinarios deben
ser invalidados por el juez administrativo
solo cuando: (i)
existe para el caso una única
respuesta correcta, y la autoridad
disciplinaria decide con
otra diferente, o (ii) hay varias
respuestas posibles desde el
sistema jurídico, y dicha autoridad
adopta una disconforme
a aquellas.
La Sección Segunda debe
seguir la jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo
de Estado, debido a que jueces
y autoridades administrativas
disciplinarias son, frente a la
ley, dos especies de hermeneutas,
con las diferencias ya anotadas.
Con esto se da una posición
institucional adecuada
al ejercicio de la potestad disciplinaria,
pues impone límites
claros al control que hace el
juez administrativo de los fallos
disciplinarios, y previene la
arbitrariedad a excluir interpretaciones
que puedan derivarse
de la aplicación de ciertos métodos
hermenéuticos que no
tengan como fundamento el
derecho positivo.
Además, con la apuesta
por positivismo normativista
se gana en seguridad jurídica,
pues la única o las varias respuestas
posibles existen en la
medida en que las disposiciones
normativas admitan una o
varias interpretaciones.
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