La investigación en gestión del riesgo de desastres

Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público
¿Cuándo el juez administrativo puede
declarar nulo un fallo disciplinario por su
interpretación jurídica?
Carlos Arturo Duarte
Martínez 1
Una de las últimas fronteras
que el derecho disciplinario tiene
que delinear para lograr su
completa independencia como
rama del ordenamiento jurídico
colombiano, se decide en
los escenarios de la jurisdicción
contenciosa administrativa en
la que se discute la validez de
los fallos disciplinarios contenidos
en actos administrativos.
En los últimos diez años
se ha avanzado en el debate
sobre la existencia de límites
para el juez administrativo al
momento de ejercer el control
de legalidad de los actos
administrativos disciplinarios.
La tesis que se ha consolidado
en la doctrina reconoce que
las sanciones disciplinarias que
imponen las dependencias del
ministerio público y las oficinas
de control interno disciplinario
son actos administrativos,
como resultado del ejercicio
de la función administrativa.
Pero también, debido a que
el desempeño de la potestad
disciplinaria entraña una administración
de justicia en sentido
material, al juez administrativo
se le presentan dos límites infranqueables:
(i) la valoración
racional de las pruebas, y (ii) la
interpretación jurídica realizada
por la autoridad disciplinaria
para justificar las sanciones impuestas.
En caso de verificar si
en estos puntos se respetan las
reglas de la argumentación jurí-
1 Docente de la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Correo:
cduarte3@unab.edu.co
dica, el juez administrativo no
podrá alterar las conclusiones
que contiene el acto administrativo
disciplinario.
La Sección Segunda del
Consejo de Estado, por su parte,
no ha tenido una tendencia
jurisprudencial uniforme en el
punto de los límites del control
de legalidad de las sanciones
disciplinarias contenidas en
actos administrativos. Ello es
en particular visible en las sentencias
del periodo 2014-2015,
en el cual llegó a sostener que
no existía límite alguno para el
juez administrativo al realizar
el control a los actos administrativos
disciplinarios, al punto
que todo su contenido resultaba
ser campo de revisión.
En 2016, la Sección Segunda
inicialmente volvió a la tesis
que sostuvo hasta 2013 según
la cual no puede concebirse el
control judicial como una tercera
instancia disciplinaria en la
que pueden revisarse todos los
fundamentos de las sanciones
disciplinarias. Empero, en Sentencia
de Unificación del 09 de
agosto de 2016, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo
unificó los dispares criterios en
la materia al asumir la tesis del
«control judicial integral» de
los actos administrativos sancionatorios
disciplinarios, en
la que: (i) se niega la existencia
de límites a la competencia del
juez administrativo, (ii) los fallos
disciplinarios no son decisiones
judiciales, (iii) y sus interpretaciones
no se sustentan en la independencia
e imparcialidad, y
que (iv) «La interpretación normativa
(...) hecha en sede disciplinaria,
es controlable judicialmente
en el marco que impone
la Constitución y la ley».
Esta última referencia no
cierra el debate sobre el reproche
que pueda llegar a hacer el
juez administrativo frente a la
interpretación jurídica del acto
administrativo disciplinario; y
tampoco deja atrás la jurisprudencia
constitucional que ha
identificado al ejercicio de la
potestad disciplinaria como
una expresión de la administración
de justicia en sentido
material (la carga de transparencia
no es satisfecha por parte
del Consejo de Estado).
En las siguientes líneas se
participa en ese debate para
señalar que, a la hora de evaluar
la interpretación jurídica
que sustenta el fallo disciplinario,
debe seguirse la teoría
de la interpretación jurídica
defendida por el positivismo
normativista de Hans Kelsen,
presente, por ejemplo, al desarrollo
que la Sección Tercera
del Consejo de Estado le ha
dado a la noción del error judicial
por la interpretación en
el ámbito de la responsabilidad
patrimonial del Estado-juez.
1. El fallador disciplinario:
¿interprete jurídico?
«(...) la plena condición de juez no es
reconocida al fallador disciplinario, pues
más allá que decide sobre la afectación
de derechos de los sujetos disciplinables,
imponiendo sanciones aún en contra de
la voluntad de ellos, no tiene a cargo la
resolución de litigios, ni sus decisiones
hacen tránsito a cosa juzgada».
Lo que lleva a tener a la interpretación
jurídica que realiza
la autoridad disciplinaria como
un límite para el juez administrativo,
radica en el reconocimiento
por parte de la Corte
Constitucional que el ejercicio
de la potestad disciplinaria es
una expresión de la administración
de justicia en sentido
material, debido a que: 2 (i) «se
imputa la comisión de conductas
que han sido tipificadas
como faltas» disciplinarias,
(ii) el proceso disciplinario se
desarrolla para demostrar su
comisión, (iii) en él se decide la
imposición de sanciones, y (iv)
«las autoridades disciplinarias
despliegan una actividad con
contenidos materiales propios
de la función de administrar
justicia».
Se tiene entonces que el
fallador disciplinario adquiere su
condición especial por la ineludible
labor de intérprete jurídico,
pues al momento de adoptar
decisiones condenatorias el alcance
de las normas jurídicas no
siempre es preestablecido. Pero
la plena condición de juez no es
reconocida al fallador disciplinario,
pues más allá que decide sobre
la afectación de derechos de
los sujetos disciplinables, imponiendo
sanciones aún en contra
de la voluntad de ellos, no tiene
a cargo la resolución de litigios,
ni sus decisiones hacen tránsito
a cosa juzgada.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-014 de
2004 (M. P.: Jaime Córdoba Triviño).
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