La investigación en gestión del riesgo de desastres

Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público
Obra de Fernando Molina Acosta. Tinta sobre papel. Cortesía del autor.
tacto o presencia de personas
o animales. Estas minas son
pequeñas, letales, y son elaboradas
con el fin de matar o
generar grandes lesiones a los
transeúntes, son de bajo costo,
fáciles de construir y su actividad
no depende del conflicto
armado al mantener su peligro
letal hasta que sean desactivadas
o removidas, según la definición
de la Convención de
Ottawa (1997).
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«Las personas víctimas de lesiones por MAP, Muse y AEI presentan una prevalencia elevada
de trastornos psiquiátricos, como sucede en Galea (2006) y Sri Lanka (2014), en donde se
aplicó una encuesta epidemiológica sobre la población civil, luego de la guerra, en la que se
detectaron secuelas psicosociales en el 64% de la población (...)».
A nivel mundial
En los años 90 la Organización
de Naciones Unidas (onu)
anunció una crisis global de
minas terrestres, equiparable
con algunas epidemias por la
cantidad de víctimas puesto
que se estimó que había dispersas
casi 120 millones de minas
en 70 países. Esto sugería
entonces la existencia de una
mina por cada 50 personas en
el mundo (Fariña, 2001), así, según
algunas estimaciones durante
estos años, cada mes las
minas terminaron con la vida
de 800 personas e hirieron a
1 200 alrededor del planeta.
En Colombia
En el país existen 32 departamentos,
de los cuales 31 tienen
presencia de minas. La desactivación
de estas pueden ocasionar
lesiones físicas y hasta
la muerte de personas, considerando
que por cada 5 000
minas se genera un muerto y
dos heridos, con afectaciones
físicas, psicológicas y sociales
(Hernández, 2003).
Colombia ocupa el tercer
lugar en el mundo, después
de Afganistán y Camboya, en
el uso de map (Rappert 2012),
lo cual ha generado en la población
grandes consecuencias
a nivel social al incrementar
la deserción escolar en la población
joven, la pobreza y el
desplazamiento forzado, o
cambios en las actividades cotidianas
debido al temor que
estos artefactos generan en la
población; en otras palabras,
alteran o impiden el desarrollo
normal de comunidades enteras
que ya tienen establecidos
patrones de comportamiento.
En total, se encuentran
registradas 11 440 víctimas, de
las cuales 9 182 eran personas
heridas y 2 258 personas fallecidas.
Durante el periodo de
1990 al 30 de junio de 2016,
3 418 personas afectadas fueron
menores de 18 años, 11 207
de los accidentes con minas
ocurrieron en zona rural de
las cuales 4 425 de las víctimas
eran civiles, 379 miembros de
comunidades indígenas —112
de ellos fallecieron—, 41 pertenecientes
a comunidades
afrodescendientes —con diez
fallecidos— y 7 015 pertenecían
a la fuerza púbica. Durante
este periodo se reportaron
un total de 34 061 eventos con
map y Muse; de estos, 6 695
fueron accidentes y 27 366 incidentes.
De acuerdo con los datos
obtenidos en la Dirección
para la Acción Integral contra
Minas Antipersonal (2016),
cinco departamentos concentran
el 53% de los eventos por
map y Muse. Antioquia es el
departamento con mayor número
de eventos con el 17% y
le siguen Meta (16%), Caquetá
(9%), Arauca (6%) y Norte de
Santander (5%). Del mismo
modo, los cinco departamentos
con mayor frecuencia de
incidentes fueron Meta (17%),
Antioquia (16%), Caquetá
(9%), Arauca (7%) y Cauca
(6%), mientras que los cinco
departamentos con mayor frecuencia
de accidentes fueron
Antioquia (24%), Meta (9%),
Caquetá (9%), Nariño (8%) y
Norte de Santander (6%).
La víctima de una explosión
por map sufre alteraciones
físicas que afectan también la
parte psicológica, llevando a
una posible depresión, falta
de confianza, poca interacción
con el otro, al aislamiento social
y cambios en las funciones
integradoras tales como el sentido
de identidad, memoria,
conciencia, agresión, ansiedad,
baja autoestima, estrés agudo
y estrés postraumático, ideas
de muerte e intentos de suicidio,
sensación de minusvalía,
lo que acompaña un estado de
pánico tanto a nivel individual
como colectivo, tornándose
un problema de orden público,
como se relata en el estudio
de caso de Cardona ( 2010).
Al cumplir con el desminado
es posible que se presenten
más heridos y muertos,
si se considera que por cada
5 000 minas sembradas se genera
un muerto y dos heridos,
como lo referencia Hernández
(2003), por lo cual es necesario
que el país se prepare.
El problema se agrava con
el desarrollo de aei por parte
de los grupos armados al
margen de la ley al eliminar las
piezas de metal, o minimizar
el uso del mismo en la fabricación
de dichos elementos.
Debido al bajo contenido de
metal o la ausencia de partes
metálicas, la detección de las
map se ve afectada por me-