La investigación en gestión del riesgo de desastres

nerarios a los trabajadores. Ello constituyó
la base para el desarrollo posterior de
sistemas de seguridad social relacionados
con el fundamento laboral, que además
plantearon la responsabilidad frente al
pago y futuras indemnizaciones por parte
del empleador. Igualmente, se incluyen
conceptos de riesgo como la imprudencia,
el descuido e incluso la embriaguez
como condiciones de riesgo en los cuales
será el trabajador quien asuma sus propios
costos.
Un avance representativo es la regulación
y la protección especial que se
brindó a la mujer trabajadora al reglamentar
la licencia de maternidad remunerada,
con la promulgación de la Ley 53
de 1938. Más adelante, con el Código Sustantivo
del Trabajo adoptado mediante
el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de
1950 —y que aún se encuentra vigente—,
se define con claridad la necesidad
de proteger de manera especial al trabajador
contra accidentes y enfermedades
profesionales. Esta protección adicional a
la atención inmediata y la prestación de
primeros auxilios, en caso de ocurrido un
incidente, representa el comienzo de la
implementación de procesos de gestión
del riesgo en el ámbito laboral.
En las últimas décadas se ha producido
un desarrollo considerable de normativas,
especialmente por parte del Ministerio
del Trabajo, asociadas con los temas
de salud y seguridad social, dentro de las
cuales cabe resaltar el Decreto 614 de 1989
que plantea las bases y el modelo organizacional
de la salud ocupacional y el Decreto
Ley 1295 de 1994, por el cual se determinan
la organización y administración del Sistema
General de Riesgos Profesionales. Ya,
más adelante, con la Ley 1562 de 2012 y el
Decreto 472 de 2015, se incorpora el tema
de la gestión del riesgo en salud desde el
ámbito laboral, de manera transversal, con
sanciones ante la falta de actividades de
promoción y prevención.
Marco normativo en gestión del
riesgo
En Colombia, una de las primeras aproximaciones
normativas a la gestión del riesgo,
la constituye el Decreto 1355 de 1970,
con el que se promulga el Código Nacional
de Policía y se definen claramente las
intervenciones de la institución en caso
de calamidad pública. Posteriormente,
mediante el Decreto 1547 de 1984, se da
la creación y regulación del Fondo Nacional
de Calamidades definido «como una
cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, administrativa,
contable y estadística, con fines de interés
público y asistencia social y dedicado
a la atención de las necesidades que se
originen en situaciones de desastre o de
calamidad o de naturaleza similar» (Presidencia
de la República, 1984, Art. 1).
En 1988, mediante la Ley 46, se crea
y se organiza el Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres (snpad),
el cual estipula la participación de las entidades
públicas y privadas tanto en la prevención,
la respuesta y la recuperación de
un desastre. En esta ley se otorgan funciones
especiales al presidente de la república
ante la declaratoria de desastre. En 1989 se
publica el Decreto 919 reglamentario de la
ley anterior, organizando y especificando
funciones e intervenciones.
Desde el establecimiento de esas
dos reglamentaciones, y hasta la posterior
promulgación de la Ley 1523 de 2012,
se crea el Sistema Nacional de Bomberos
mediante la Ley 322 de 1996, se dictan
normas relacionadas con la sismo
resistencia con la Ley 400 y, por último,
mediante los documentos del Consejo
Nacional de Política Económica y Social
(Conpes) de 2001 y 2004, se plantean estrategias
para la consolidación del snpad
y el financiamiento de programas de reducción
de la vulnerabilidad frente a desastres,
respectivamente.
Recientemente, con la Ley 1523 de
2012, «se adopta la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres – sngrd y se dictan
otras disposiciones». En este orden de
ideas, la ley define «Gestión del riesgo»,
esclarece las responsabilidades y principios,
y define los miembros del sngrd. De igual
forma, establece los mecanismos de financiación
y subraya la necesidad de diseñar
herramientas para el análisis y evaluación
de amenazas, así como planes de contingencia
y planes de ordenamiento territorial
—en las diferentes jurisdicciones.
Mónica Vega Solano - IEMP
| número 27 | octubre de 2016
Declaratoria de emergencia
sanitaria en Bogotá
Según documentos de países vecinos,
con similares condiciones de vulnerabilidad
que ya han atravesado por situaciones
de desastre asociadas a terremotos
(Morales–Soto 2007), contar con
sistemas de asistencia sanitaria fortalecidos
y con capacidad de respuesta es
fundamental, puesto que permite evitar
situaciones como las que se viven cotidianamente
en el sector salud de la ciudad
de Bogotá. A manera de ilustración,
la sobreocupación de los servicios de
urgencias, y en general de la red hospitalaria,
es un factor que ha contribuido en
el aumento de la vulnerabilidad de los
ciudadanos ante cualquier situación de
emergencia compleja.
Dentro de la gestión del riesgo, en
el componente del conocimiento se ha
realizado un amplio diagnóstico sobre la
problemática del sector sanitario de la
ciudad de Bogotá, por parte de diferentes
medios de prensa, entes de control social
e instituciones científicas. El documento
científico sobre «Capacidad de respuesta
hospitalaria distrital en Bogotá ante un
evento con múltiples víctimas», elaborado
por Rosas (2013), evidencia que la ma-
«Desde la perspectiva de la gestión del riesgo en salud,
la presente declaratoria de emergencia sanitaria es
un ejercicio interesante en el cual por primera vez se
afronta la problemática de la congestión de los servicios
de urgencias —dificultades que no solo afectan al
Distrito Capital, sino todo el país, e incluso países de
otras latitudes—, con miras a disminuir la vulnerabilidad
social en el componente en salud asociado a la
capacidad limitada de respuesta en camas hospitalarias
frente a una situación de desastre».
» 61