La investigación en gestión del riesgo de desastres

Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público
Otro avance significativo de recalcar
es el cambio producido en el enfoque de
la medicina, que centrado en la responsabilidad
del binomio médico - paciente pasó a
comprenderse desde un enfoque social, enfocado
en la intervención del Estado como
partícipe y garante de la salud del pueblo.
Concepciones como la de Vichow
ilustran esta posición, pues «la medicina
es una ciencia social, y la política no es más
que medicina a gran escala». Esta idea ha
sido llevada a pronunciamientos relevantes
tales como el realizado por la Organización
de Naciones Unidas (onu) a través
de la Organización Mundial de la Salud
(oms) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (unicef, por su sigla en
inglés), en la declaratoria de «Alma Alta»
cuyo eslogan fue «Salud para todos en el
año 2000». Valga la pena mencionar que
durante este pronunciamiento se aclararon
los conceptos de atención primaria,
promoción de la salud, prevención de la
enfermedad, curación y rehabilitación, que
trasladados a la gestión del riesgo corresponden
a nociones como prevención, mitigación,
recuperación e incluso resiliencia.
Actualmente, encontramos recomendaciones
de orden mundial de instituciones
como la oms y la Organización
Panamericana de la Salud (ops) en publicaciones
como la del Centro de Conocimiento
en Salud Pública y Desastres,
donde se reconoce la trascendencia de
la intervención del sector salud en la preparación,
respuesta y recuperación relacionadas
con el desastre, a la vez que se
establece que:
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Una vez incorporada la reducción de
riesgo de desastres en el Plan Nacional del
Sector Salud, es necesario establecer un
sistema de relaciones que enlace las funciones,
los roles y las responsabilidades de
cada dependencia del ministerio de salud
y de las instituciones y niveles del sector
salud” (ops & oms, s. f.).
Para cumplir con este objetivo es necesario
que se garantice la participación
y exista respaldo por parte del Estado, se
trabaje de manera interinstitucional y se
elaboren manuales de intervención enfocados
en el desarrollo de las competencias
personales y laborales adecuadas.
Marco normativo en salud
Mónica Vega Solano - IEMP
Como puede constatarse, los primeros
avances en el tema desde el ámbito normativo
se han generado a partir de la necesidad
de regular procesos en salud tanto pública
como ocupacional. De hecho, el modelo de
atención en salud tiene sus orígenes en la
promulgación de la carta magna de 1886 y
perdura hasta mediados del siglo xx, donde
existía el «Modelo Higienista» que limitaba
las acciones de salud al tema público y sanitario,
mientras la atención individual debía
ser financiada por el usuario o por instituciones
de caridad o beneficencia.
Posteriormente, se crean instituciones
de atención y aseguramiento como
la Caja Nacional de Previsión, que se considera
responde precisamente al usuario
necesitado de la beneficencia; y mediante
la Ley 90 de 1946 se crea el Instituto de
Seguros Sociales dirigido al usuario trabajador
en aras de cubrir riesgos específicos
como invalidez y muerte, e incluyendo
protecciones de maternidad y vejez.
En los años de 1970 a 1990 el Estado
asume una función rectora trasfiriendo
recursos a la red de instituciones públicas,
generando el modelo de financiación
de la salud tripartita que incluye Estadoempleador-empleado
lo que conlleva a
la generación de la Ley 9 de 1979, con la
que se definen lineamientos tanto para el
reglamento sanitario y la protección del
medio ambiente, como en los derechos y
responsabilidades asociadas al trabajo.
La Constitución Política de 1991 que
define a Colombia como un Estado social
de derecho, consagra la vida como el
primer derecho fundamental protegido
por el Estado, que aun cuando no incluye
la salud dentro de estos derechos fundamentales,
en el artículo 49 sí establece
que «La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos
a cargo del Estado [tal que] se garantiza
a todas las personas el acceso a los servicios
de promoción, protección y recuperación
de la salud». Y señala, además, que
la atención básica será gratuita y obligatoria.
Adicionalmente, en este artículo se
regulan aspectos financieros para apoyar
el sistema de salud. De igual modo, el artículo
48 establece el derecho irrenunciable
a la seguridad social, del cual el Estado
es el responsable y el garante, con la
participación de particulares y a través
de empresas públicas y privadas para así
ampliar progresivamente la cobertura del
sistema.
Posteriormente, la Ley 100, con múltiples
reformas pero aún vigente, crea el
sistema de seguridad social en salud, el sistema
pensional, el Fondo de Solidaridad y
las garantías con la subcuenta destinada
a la cobertura de eventos catastróficos
(Ecat), definiendo claramente la financiación,
administración y coberturas.
Finalmente, con muchas expectativas
aparece la Ley 1751 de 2015 o ley estatutaria,
en la cual se define la salud como
un derecho fundamental, tanto individual
como colectivo, e irrenunciable, que incluye
los conceptos de calidad aplicada,
y obliga al establecimiento de normas
igualmente aplicables que, realmente, garanticen
este derecho.
Componente de salud
ocupacional
Como se había mencionado previamente,
un concepto fundamental en el desarrollo
normativo frente al tema son las
condiciones ocupacionales. En nuestro
país, desde la época de la Independencia,
se generaron políticas públicas de
protección especial para los militares y
sus familias. Así, por ejemplo, en 1915 se
aprueba la Ley 57 en la cual se obliga a
instituciones como los ferrocarriles y el
alumbrado público, entre otras, a generar
cobertura en salud e incluso auxilios fu-
«(...) con muchas expectativas aparece la Ley 1751 de
2015 o ley estatutaria, en la cual se define la salud
como un derecho fundamental, tanto individual como
colectivo, e irrenunciable, que incluye los conceptos de
calidad aplicada, y obliga al establecimiento de normas
igualmente aplicables que, realmente, garanticen este
derecho».