La investigación en gestión del riesgo de desastres

| número 27 | octubre de 2016
El ejercicio del derecho a la comunicación
como herramienta de gestión de riesgo
Carlos Alberto Peláez Garzón 1
La Ley 1523 de 2012 implicó un cambio en
la forma como se atienden las emergencias
en Colombia. La normativa buscó
pasar de una cultura reactiva a un modelo
de gestión donde se incorpore al ciudadano
en la responsabilidad de prevenir
la ocurrencia de eventos adversos.
Para que este nuevo paradigma tenga
éxito es necesario modificar la forma
en que fluye la información al interior
del sistema, dejando de lado el manejo
—más que exclusivo, casi excluyente—
que se tenía sobre las amenazas que se
ciernen sobre el territorio y buscando
una construcción en doble vía donde se
impartan políticas desde la cumbre, pero
se conozca el territorio desde la base.
La comunicación como un
derecho
El derecho humano a la comunicación ha
sido reconocido en diversas formas y por
múltiples instrumentos internacionales
como la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano (1789), la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
(1948) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966), entre otros.
De igual forma, el derecho a la comunicación
tiene un ámbito de aplicación y
un significado más amplio que el derecho
a la información, como lo plantea claramente
Alfonso Gumucio Dagron al manifestar
que «articula y engloba al conjunto
de los otros derechos relativos, como son
el acceso a la información, la libertad de
opinión, la libertad de expresión, la libertad
de difusión (...)» (Dagron, 2012).
En el ámbito de la gestión del riesgo
este derecho adquiere especial relevancia,
ya que brinda a las comunidades herramientas
para exigir de las autoridades una
oportuna información frente a las posibles
1 Comunicador social – periodista, técnico auxiliar de enfermería;
miembro del grupo USAR de la Defensa Civil Colombiana.
amenazas a las que se ven expuestas o sobre
los comportamientos esperados, en
caso de materializarse un evento adverso.
Como todo derecho implica un deber
es menester corresponder a esa información
recibida con acciones que permitan
mitigar el riesgo. Este cometido puede lograrse
a través de estrategias de organización
comunitaria enfocadas al conocimiento
del entorno y a la adopción de conductas
proactivas frente a la reducción de sus vulnerabilidades,
bien sea directamente o gestionando
proyectos de intervención por
parte de las autoridades competentes.
Por lo anterior, toma especial relevancia
lo contenido en el artículo 2 de
la Ley 1523 de 2012, el cual establece que
«por su parte, los habitantes del territorio
nacional, corresponsables de la gestión
del riesgo, actuarán con precaución,
solidaridad, autoprotección, tanto en lo
personal como en lo de sus bienes, y acatarán
lo dispuesto por las autoridades»
(Congreso de la República, 2012).
No obstante, podemos afirmar que
una falencia que presenta la mencionada
ley es el concepto sobre la información,
evidenciado en el artículo 3, numeral 15,
en el que se define el principio de oportuna
información, el cual estipula que «(…)
para todos los efectos de esta ley, es obligación
de las autoridades del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
mantener debidamente informadas
a todas las personas naturales y jurídicas
sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de
desastres, acciones de rehabilitación y
construcción así como también sobre las
donaciones recibidas, las donaciones administradas
y las donaciones entregadas»
(Congreso de la República, 2012). Como
es posible observar, en definitiva la responsabilidad
de informar como un acto
unidireccional parte de las autoridades sin
buscar respuesta por parte del ciudadano.
Por otra parte, dejando de lado los
medios de comunicación tradicionales
como radio, prensa y televisión, encontramos
que el panorama es desalentador.
Cortesía de Carlos Alberto Peláez Garzón
Carlos Alberto Peláez Garzón es miembro del grupo
USAR de la Defensa Civil Colombiana.
La brecha digital
Las nuevas tecnologías de la comunicación
y el avance de las redes sociales son
una realidad que ha venido generando
cambios en la sociedad. Así, de 17% de
hogares conectados a internet en 2010 se
pasó a un 44% en junio de 2014, de acuerdo
con las proyecciones del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
de Colombia (Mintic).
Ilustración 1. Hogares conectados
a internet (Mintic, 2016)
La cifra anterior contrasta con el reporte
de la industria de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (crc)
que indica que hay alrededor de un millón
setecientas mil conexiones en estrato
dos y un millón cuatrocientas en
estrato tres (crc, 2015). Esto, frente a 48
millones de habitantes, es una situación
cuya circunstancia conlleva a la reflexión,
más aún, cuando el estrato uno solo alcanza
443 000 conexiones, sin entrar en
detalles sobre el acceso de la población
rural o las zonas del país donde difícil-
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