La investigación en gestión del riesgo de desastres

Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público
Cortesía Angie Guerrero Bayón
tos estructurales, según la Asociación
Nacional de Rociadores
de Agua Contra Incendios (anraci,
2016), los datos de la Dirección
Nacional de Bomberos de
Colombia superan en más del
doble las cifras reportadas por la
ungrd. En este mismo sentido,
según los registros de esta unidad,
se han producido más de
28 000 desastres entre los años
1970 a 2011, el 60% de ellos a
partir de los 90 y, además, entre
2010 y 2011 se produjo la cuarta
parte de los registros y muertos
de los diez años anteriores
(Campos et al., 2012, p. 3). Estos
mismos autores señalan que
se ha pasado de 5 657 registros
entre 1970 y 1979, a 9 270 entre
2000 y 2009.
Finalmente, con base en
la revisión de estadísticas entre
2006 y 2014 se ha señalado que
uno de cada cuatro colombianos
es víctima de desastres,
siendo el total de la población
afectada del 26% con preponderancia
de las inundaciones
(Portafolio, 2015). Las pérdidas,
cada vez más frecuentes, han
sido puestas de manifiesto también
en el análisis de la gestión
de riesgo en el país (Grandolini,
2012), especialmente los daños
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a la propiedad, infraestructura
y los medios de subsistencia
(Campos et al., 2012, p. 3), indicándose
la necesidad de modificar
radicalmente las políticas
de desarrollo, así como las
prácticas de gestión territorial y
sectorial (Grandolini, 2012).
En este mismo sentido,
entre las recomendaciones realizadas
en el marco estratégico
de cooperación internacional
se encuentran la consolidación
de instrumentos de planificación,
una intervención de los
diferentes agentes incluyendo
la población, menor vulnerabilidad
financiera y la construcción
de una sociedad adaptativa
(Ministerio de Relaciones
Exteriores, Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional
de Colombia - apc Colombia,
& ungrd, 2013, p. 14).
Esto pone de manifiesto
tanto la necesidad de realizar
reformas en el sistema como
la diversidad de los contextos
de gestión de riesgo existentes,
donde los cambios deben
orientarse a diferentes esferas
sociales y administrativas y no
solo a la legislación. De acuerdo
con las cifras presentadas,
el problema se encuentra lejos
«(...) el hecho de que un alto porcentaje de la población colombiana (83%) tenga la
percepción de estar expuesta a algún riesgo, pero solo el 61% considere que debe adoptar
alguna medida y únicamente el 35% la lleven a cabo (Campos et al., 2012, P. 305), puede dar
la sensación sesgada de que existe una cierta desidia en la población, pero en realidad lo
que señala es la existencia de un argumentación subyacente ante el riesgo, la cual no se ha
tenido en cuenta».
de ser resuelto; esto se debe no
solo al diseño de los mecanismos
legales o la ineficacia de
algunos procedimientos, sino
a la ausencia de participación
de todos los actores y a que se
circunscribe la realidad a una
sola, dejando por fuera otras
argumentaciones y narrativas.
La inclusión de las comunidades,
como un agente activo,
exige conocer no solo sus
expresiones de dolor o solidaridad,
sino también sus dinámicas
e intereses y la narración
temática que realizan sobre los
riesgos y desastres.
El discurso narrativo
legal y la comunidad
La legislación existente elabora
un amplio sistema de principios,
responsabilidades y definiciones
entre las que se encuentran
el principio participativo y
de diversidad cultural (Congreso
de la República, 24 de abril
de 2012, Ley 1523 de 2012, Art.
3). También se establece, en el
mismo artículo, el principio de
oportuna información, el cual
alude a la necesidad de proporcionar
la información adecuada
a todas las personas naturales y
jurídicas, e igualmente se adopta
el principio de sostenibilidad
en referencia a la necesidad de
tener en cuenta las dimensiones
económica, social y ambiental
del desarrollo. Por otra
parte, la dimensión preventiva
se expone ampliamente en el
artículo 4 (íbid.) donde se incluye
la intervención correctiva y
prospectiva y la mitigación del
riesgo, entre otros.
Aunque se ha comentado
el carácter articulado y organizador
que tiene la estructura
administrativa elaborada en la
legislación (Villegas, 2015), la
misma resulta complicada y
no pierde el carácter técnico
dentro una organización jerarquizada,
que puede resultar
poco operativa. No obstante,
la participación comunitaria es
esencial, al definirse como uno
de los actores fundamentales
en el sistema (Ley 1523, Art. 8),
pero no resulta convincente ni
protagonista en dicha estructura
administrativa, a no ser
que por comunidad se entiendan
sus órganos de gobierno.
Además, aunque el sistema de
información de riesgos elaborado
en el artículo 45 (Ley 1523)
alude a la necesidad de las actividades
de prevención, estas
resultan tratadas de manera insuficiente
en el mismo y adoptan
un carácter inespecífico. El
espíritu de la ley es sin duda de
interés, pero el protagonismo
de la comunidad es inexistente.
Lo anterior puede deberse
a que existe un concepto restringido
del apoyo de la comunidad
en situación de desastres,
especialmente en lo relacionado
con la prevención, y también a
que se desconocen los sistemas
y culturas que la conforman,
asignándole un rol estático, pasivo
en la prevención. No solo
eso, sino que se asume una posición
única jerárquica donde no
existe la consideración de otras
interpretaciones posibles sobre
el mundo. En otros términos diríamos
que, dentro de la estructura
existente, la comunidad no
agrega mucho valor al sistema.
La necesidad de
examinar los diferentes
mundos y lógicas, el
caos y la complejidad
Como se ha indicado, las recomendaciones
en materia
de riesgo deben dirigirse a los
aportes académicos y las políticas
públicas en materia de inversión
(Villegas, 2015). En este
sentido, el debate académico
debe comenzar por un análisis
de conceptos nucleares,