La investigación en gestión del riesgo de desastres

Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público
6. El derecho a la comprensión
y al amor de los padres y
de la sociedad.
7. El derecho a actividades
recreativas y a una educación
gratuita.
8. El derecho a estar entre los
primeros en recibir ayuda en
cualquier circunstancia.
9. El derecho a la protección
contra cualquier forma de abandono,
crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con
un espíritu de comprensión, tolerancia,
amistad entre los pueblos
y hermandad universal.
En este más de medio siglo
que ha transcurrido desde
que las Naciones Unidas expidieron
la convención citada, se
han ido entendiendo mucho
mejor sus implicaciones.
De acuerdo con el documento
titulado Marco para las
políticas públicas y lineamientos
para la planeación del desarrollo
de la infancia y la adolescencia
en el municipio – Guía para
alcaldes, 5 publicado en 2007 por
el Departamento Nacional de
Planeación (dnp), el Ministerio
de Educación Nacional, el Ministerio
de Protección Social y el Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar, los niños, las niñas y los
adolescentes tienen todos los
derechos de cualquier ser humano
y, además, algunos derechos
adicionales establecidos para
garantizar su protección y desarrollo
durante el comienzo de la
vida. Esos derechos son:
A la existencia: que tengan
las condiciones esenciales
para preservar su vida.
Al desarrollo: que tengan
las condiciones básicas para
5 DNP, Ministerio de Educación Nacional,
Ministerio de Protección Social, Bienestar Familiar,
Marco para las políticas públicas y lineamientos
para la planeación del desarrollo de la infancia
y la adolescencia en el municipio – Guía para alcaldes.
Bogotá, 2007.
28 »
Mónica Vega Solano - IEMP
progresar en su condición y
dignidad humanas.
A la ciudadanía: que sean
tratados como ciudadanos (es
decir, como personas participantes
y con todos los derechos) y
que tengan las condiciones básicas
para la vida en sociedad y
para ejercer la libertad. 6
A la protección: que no
sean afectados por factores
perjudiciales para la integridad
humana.
Nuestra propuesta de
que los derechos de infancia y
adolescencia se utilicen como
orientadores e indicadores
del rumbo de todo proyecto
o proceso de desarrollo (incluyendo
proyectos productivos,
obras de infraestructura, etc.) se
basa en la presunción de que si
como resultado de ese proceso
o proyecto se generan condiciones
que hacen más posible el
cumplimiento de esos derechos,
toda la sociedad se beneficia. Y
por el contrario, si se afecta negativamente
esa posibilidad, todo
el conjunto social se perjudica.
Lo anterior, decía nuestro docu-
6 En un texto anterior mencioné que así
como hoy existe —o como existió en algún
momento— la asignatura de «Civismo y Urbanidad»,
debería existir también la asignatura de
«Campesinismo y Ruralidad». El hablar de «Ciudadanos»
como condición genérica muestra
hasta qué punto estamos incluidos por la visión
urbana de la existencia y hasta qué punto esa
visión establece nuestras prioridades.
mento, parte del reconocimiento
de que el cumplimiento efectivo
de los derechos humanos
universalmente consagrados,
incluyendo los derechos de infancia
y adolescencia, solo es
verdaderamente posible si en
el territorio del cual un ser humano
forma parte existen condiciones
reales que posibilitan
el ejercicio de ese derecho. La
existencia de esas condiciones
objetivas y subjetivas determina
que el derecho no se quede
solamente consagrado en las
normas, sino que se convierta
en una característica intrínseca
del respectivo territorio y de las
relaciones de los individuos y comunidades
con el mismo.
El abordaje del desarrollo
desde la óptica de los derechos
humanos implica conocer las
características de los mismos:
«(…) el derecho a la vida, el derecho al agua y el derecho a la biodiversidad resultan
inseparables».
••
Están centrados en los
seres humanos, es decir, que la
primera consideración rectora
de cualquier actividad se debe
realizar con referencia a la calidad
de vida de las personas, sin
descuidar que lo anterior tiene
que interpretarse sin desconectar
a la gente de los territorios
de los cuales forman parte. Es
decir, por ejemplo, que el derecho
a la alimentación no justifica
la pesca con dinamita, ni el
derecho a la libertad de empresa,
o al trabajo, justifican la depredación
de los ecosistemas.
••
Son universales, lo cual
quiere decir que están constituidos
y reconocidos a favor
de todo individuo perteneciente
a la especie humana, sin
importar su origen nacional o
étnico, género o edad, creencias
o condición económica,
política o social.
••
Son indivisibles e interdependientes,
o sea que se reconoce
que así como en nuestro
esquema de la seguridad
territorial cada factor constituye
un prerrequisito para la
efectividad de los demás, así
en el campo de los derechos
humanos cada uno constituye
un prerrequisito para que
puedan ejercerse plenamente
los otros derechos. No es posible
ejercer el derecho a la vida
si se desconocen los derechos
ambientales de las personas o
si se les impide ejercer actividades
tendientes a satisfacer
sus necesidades económicas,
sociales o culturales, o ejercer
su libertad personal. Por eso,
aun cuando no se reconociera
que el derecho al agua es un
derecho humano fundamental,
difícilmente alguien podría
demostrar que sin acceso
al agua en la cantidad y con la
calidad necesaria es posible
ejercer los demás derechos
humanos, empezando por el
derecho a la vida.
••
Son irrenunciables, lo
cual significa que una persona
no puede renunciar, por
ejemplo, a su derecho a vivir
en un ambiente con calidad,
como «precio» por el derecho
a trabajar y en consecuencia a
obtener ingresos que le permitan
sustentarse y a su grupo
familiar. O una mujer y unos
niños no pueden —o no deben—
renunciar a su derecho
al buen trato y a la dignidad, a
cambio de la aparente seguri-