La investigación en gestión del riesgo de desastres

| número 27 | octubre de 2016
A partir de esa frase, en
ese documento propusimos
de manera expresa que los derechos
de la infancia y la adolescencia
se utilizaran como
principios orientadores al
momento de diseñar y ejecutar
proyectos relacionados con
reducción de pobreza, gestión
integral de recursos hídricos y
adaptación al cambio climático.
Consideramos entonces, y
personalmente considero todavía
(y supongo que también
unicef), que los derechos de
infancia y adolescencia constituyen
herramientas prácticas
para avanzar de manera armónica
en la reducción de todas
las formas de pobreza y en la
construcción de territorios integralmente
seguros.
Más allá de lo anterior,
seguimos corriendo el cerco y
propusimos que las estrategias
encaminadas a la adaptación
al cambio climático y a la reducción
de la pobreza en los
medios rurales y urbanos, se
deberían «estructurar de manera
que generen oportunidades
concretas para la infancia
y la adolescencia: educación
pertinente y de alta calidad, recreación
y salud, conectividad,
participación, gestión integral
y participativa del agua, saneamiento
ambiental, etc. En
general, en todas las estrategias
y políticas públicas debe estar
subyacente el objetivo de crear
condiciones para el ejercicio
efectivo del derecho a la vida
y de todos aquellos derechos
estrechamente ligados a este».
años de edad (lo cual técnicamente quiere decir
que están en la infancia). Además, el 45% de la
población está por debajo de la línea de pobreza,
al tiempo que el 67% de los niños y niñas
de Colombia se encuentran por debajo de esa
misma línea. Estos datos se refieren exclusivamente
a la dimensión económica de la pobreza;
no entran a considerar, por ejemplo, la pobreza
ambiental de los entornos en donde crecen los
niños y niñas, ni el empobrecimiento cultural
de una sociedad que pierde aceleradamente su
memoria, su identidad y sus valores esenciales,
ni la pobreza emocional y afectiva derivadas de
pertenecer a familias o a comunidades en crisis.
Cortesía Patricia Vega
«(…) los derechos de infancia y adolescencia constituyen herramientas prácticas para
avanzar de manera armónica en la reducción de todas las formas de pobreza y en la
construcción de territorios integralmente seguros».
A partir de allí, resultaba
obvio y necesario avanzar hacia
nuevas recomendaciones
para la política hídrica que en
ese momento estaba diseñando
el Gobierno colombiano.
Esas recomendaciones hoy
se extienden a todo proyecto
de desarrollo, tenga o no tenga
una relación directa con la
infancia:
••
Que se base en un enfoque
de derechos, a partir del cual el
derecho a la vida, el derecho al
agua y el derecho a la biodiversidad
resultan inseparables.
••
Que reconozca la prevalencia
de los derechos de la infancia
y la adolescencia en cuanto se
refiere al derecho al agua, al derecho
a la biodiversidad y en general
a la gestión del desarrollo
(que incluye gestión ambiental y
social, gestión del riesgo y adaptación
al cambio climático).
••
Que se concreten mecanismos
institucionales y sociales
a través de los cuales los
niños, niñas y adolescentes (y
otros actores a nombre de ellos)
puedan exigir el respeto a sus
derechos, incluido el derecho al
ambiente sano, que incluye el
derecho al agua, el derecho a la
biodiversidad («A la hora de la
verdad dependemos de la biodiversidad»)
y el derecho a la gestión
del riesgo y a la adaptación
al cambio climático («El cambio
climático es un hecho, la adaptación
es un derecho»).
••
Que se establezcan espacios
y herramientas que propicien
la verdadera participación
de niños, niñas y jóvenes en el
proceso de construir colectivamente
y de llevar a la práctica
las estrategias a través de las
cuales se garantizará la efectividad
de estos principios.
Nos encontramos en un
momento crítico de la historia
humana y de la vida en la
Tierra, marcado por el hecho
de que el planeta se ha visto
obligado a poner en funcionamiento
todos sus mecanismos
de autoorganización como respuesta
a las transformaciones
que el «desarrollo» ha introducido
en la atmósfera, en los
suelos, en los cuerpos de agua,
en los ecosistemas marítimos
y terrestres y en general en la
biosfera, lo cual ha generado
una serie de consecuencias que
englobamos bajo el nombre de
«cambio climático».
Posiblemente en este momento
(cuando coincidencialmente
se cumplen exactamente
55 años desde que la Asamblea
General de las Naciones Unidas
adoptó la Declaración de los Derechos
del Niño), encuentre suelo
fértil la propuesta de que los
derechos de infancia y adolescencia
no solamente se utilicen
como principios orientadores
de las políticas de reducción de
pobreza, de gestión hídrica y de
adaptación al cambio climático,
sino en general como indicadores
que permitan saber de
manera cualitativa y cuantitativa
si el desarrollo avanza hacia eso
que se ha dado en llamar «desarrollo
sostenible» o si por el
contrario apunta en la otra dirección.
Los principios-derechos
consagrados en esa
Declaración son:
1. El derecho a la igualdad,
sin distinción de raza, religión
o nacionalidad.
2. El derecho a tener una protección
especial para el desarrollo
físico, mental y social del niño.
3. El derecho a un nombre
y a una nacionalidad desde su
nacimiento.
4. El derecho a una alimentación,
vivienda y atención
médicos adecuados.
5. El derecho a una educación
y a un tratamiento especial para
aquellos niños que sufren alguna
discapacidad mental o física.
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