Nueva Regulación Aduanera

ADUANAS CAMBIOS TRIBUTOS | EDICIÓN N° 1 - JUNIO 2016
Nueva
Regulación
Aduanera
aduanas cambios Tributos
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l
EL NUEVO RÉGIMEN SANCIONATORIO
Y PROCEDIMENTAL ADUANERO
entre sofismas, pleonasmos y ficciones
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EL NUEVO COMPROMISO DEL
AGENCIAMIENTO ADUANERO
CAMBIOS EN LA NORMATIVA
ADUANERA
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Erwin Blanco
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Contenido
nueva regulación aduanera
,
Colombia
04
06
08
UNA MIRADA INTEGRAL A LA NUEVA REGULACIÓN ADUANERA
Por Erwin Blanco
EL CAMBIO DE RESPONSABILIDADES PARA LAS SOCIEDADES EN LA
NUEVA REGULACIÓN ADUANERA
Por Tomas Barreto
EL NUEVO COMPROMISO DEL AGENCIAMIENTO ADUANERO
Por Omar Gutiérrez
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ErwinBlancoACT
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Erwin Blanco
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LOS AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL
Por Miguel Espinosa
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16
EL NUEVO RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PROCEDIMENTAL
ADUANERO
Por Cesar Cermeño
CAMBIOS EN LA NORMATIVA ADUANERA
Por Julio Guadalupe Bascones
CAMBIOS EN LA LEY DE ADUANAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMÉRICA
Por Olga Torres
www.aduanascambiostributos.com

Editorial
La Revista Aduanas, Cambios, Tributos – ACT,
nace con el propósito de generar un espacio virtual
de análisis y reflexión, en el que expertos locales e
internacionales expresan sus opiniones, frente a las
principales temáticas que inciden de forma directa al
desarrollar negocios transfronterizos.
En esta primera edición de La Revista, se maneja como
tema central la Nueva Regulación Aduanera en Colombia,
teniendo en cuenta la trascendencia que la misma
representa para la comunidad de negocios usuaria del
comercio exterior.
La importancia del Decreto 390 de Marzo 7 de 2016,
mediante el cual se da vida a la Nueva Regulación
Aduanera en Colombia, se advierte desde el proceso
previo a su emisión, toda vez que fueron más de
cinco años de dialogo entre el sector empresarial y
las autoridades respectivas, en los que se debatieron
diversos puntos claves de la nueva normatividad.
Bajo este contexto, expertos de Estados Unidos de
Norteamérica, Perú y Colombia, plantean en esta primera
edición de La Revista, opiniones sobre las reformas
aduaneras en el mundo, la responsabilidad de las
empresas al desarrollar transacciones internacionales,
el rol de las agencias de aduanas, los sistemas de gestión
de riesgos, entre otras temáticas que resultan de la
mayor importancia en el estudio del derecho aduanero
global.
Los aspectos abordados en la presente edición, atienden
las principales inquietudes del sector empresarial,
expresados en diversos escenarios de socialización de la
Nueva Regulación Aduanera, en los que el sector privado
y autoridades participaron de forma activa, a efectos de
identificar las adecuaciones que se deben realizar a los
modelos de negocios de las compañías, y de ser el caso,
a la nueva normatividad.
Sin duda surgirán nuevos aspectos por analizar, a partir
de la reglamentación y aplicación de la Nueva Regulación,
los cuales serán tratados en próximas ediciones, con la
profundidad y el rigor necesario, siempre bajo el enfoque
de negocios que caracteriza este espacio virtual.
Finamente, con la emoción que representa la publicación
de esta primera edición de La Revista ACT, extiendo
un agradecimiento especial a los autores locales e
internacionales que participaron, lo mismo que a
nuestros lectores, que son la fuente de inspiración
para trabajar día tras día en la elaboración de análisis,
reflexiones y demás instrumentos que contribuyan a
la construcción de mejores prácticas en los negocios
transfronterizos.
Erwin Blanco Nagle
Director
Aduanas Cambios Tributos

UNA MIRADA INTEGRAL
A LA NUEVA
REGULACIÓN ADUANERA
Tenemos una nueva Regulación
A duanera en Colombia, inspirada en
las directrices del Convenio de Kyoto,
la Comunidad Andina de Naciones – CAN
y demás postulados de los principales
organismos supranacionales rectores
del comercio exterior.
La nueva Regulación incorpora un
lenguaje universal, lo mismo que
adopta procedimientos estandarizados
internacionalmente para el desarrollo
de transacciones transfronterizas,
las cuales al amparo de la nueva
normatividad, serán medidas en cabeza
de sus actores, a partir de un sistema
de gestión de riesgos que se erige
como la columna vertebral del reciente
ordenamiento.
El Decreto 390 del 7 marzo de 2016,
a través del cual se da vida a la nueva
Regulación, debe verse en concordancia
con las normas que le resultan cone xas,
como son la Ley Anticontrabando, la
regulación cambiaria y desde luego las
disposiciones tributarias y mercantiles
aplicables.
Lo anterior, teniendo en cuenta que
las transacciones transfronterizas
al involucrar riesgos que resultan
transversales a las organizaciones,
requieren ser vistas desde una óptica
integral, que permita a las directivas
de las compañías, adoptar controles
internos, igualmente integrales, a efectos
de prevenir y administrar la ocurrencia
de contingencias en las actuaciones
propias y de sus asociados de negocios.
En materia aduanera, las nuevas
disposiciones facilitan el desarrollo
de o peraciones internacionales para
aquellos actores que posean controles
internos lo suficientemente confiables,
y que en últimas permitan concluir que
se tiene un adecuado sistema para
prevenir y administrar el riesgo.
Bajo este enfoque, la Autoridad
Aduanera en Colombia podrá autorizar
como Operador Económico Autorizado –
OEA, a aquellos actores que demuestren
te ner sistemas estructurados para
administrar de forma segura el riesgo,
lo mismo que calificar como Usuarios
de Confianza a aquellos actores que
cuenten con una calificación de riesgo
bajo.
El binomio de facilitación y control, sobre
el cual se construyó la nueva regulación,
se pone de presente en cambios tan
importantes como otorgar la calidad
de declarante al empresario que
realiza transacciones de importación
y/o exportación. Recordemos que en
la normatividad anterior, contenida en
el Decreto 2685 de 1999, el declarante
por excelencia era el agente de aduanas,
que actuaba en representación del
empresario, hoy en día con la nueva
regulación, se elimina la obligación
de emplear un agente de aduanas, y
en consecuencia se establece que la
responsabilidad descansa en cabeza
del empresario, teniendo en cuenta su
calidad de declarante.
En línea con la facilitación, es oportuno
destacar la posibilidad que se habilita
para nacionales y extranjeros de
solicitar a la Autoridad Aduanera la
4

emisión de una resolución anticipada,
en materia de clasificación arancelaria,
valoración aduanera, criterios de origen,
entre otros aspectos, que sin duda permite
realizar transacciones internacionales
en ambientes de seguridad jurídica y
minimización de riesgos.
Otro aspecto de significativa importancia,
es la definición de lo que se entiende
por análisis integral, que de la mano con
la definición de mercancías diferentes,
permite que los controles de la Autoridad
Aduanera no se continúen focalizando
en descripciones de mercancías con
errores menores y subsanables, que en el
pasado daban lugar a un alto número de
aprehensiones.
que guiarán el desarrollo futuro de estos
instrumentos.
En conclusión, es recomendable afirmar
que Colombia dispone de un ordenamiento
aduanero, acorde con las exigencias
del entorno mundial, que le permitirá
desarrollar transacciones internacionales
sobre ambientes de seguridad, facilitación
y control.
Erwin Blanco Nagle
Socio Sarmiento Consultores
Erwinblanco@sarmientoconsultores.com
Colombia
En materia de importaciones, exportaciones
y depósitos, igualmente se presentan
modificaciones profundas que permitirán
manejar las transacciones transfronterizas
con mayor flexibilidad y concordancia con
el derecho mercantil internacional.
@ErwinBlancoN
Erwin Blanco
Dentro de la nueva regulación, no se
incluyeron las disposiciones propias
de zonas francas, comercializadoras
internacionales y plan vallejo, en la medida
que próximamente se emitirá un nuevo
decreto que establecerá las directrices
Erwin Blanco
Erwin Blanco
5

EL CAMBIO DE RESPONSABILIDADES
PARA LAS SOCIEDADES EN LA NUEVA
REGULACIóN ADUANERA
Tomas Barreto Ramírez
Abogado Asesor en Aduanas,
Cambios y Comercio Exterior
tbar_14@hotmail.com
Colombia
La nueva regulación aduanera contenida en el Decreto
390 de 2016, introdujo importantes modificaciones a la
responsabilidad que frente a la obligación aduanera tienen
los importadores, exportadores y en general los usuarios
aduaneros.
Tener claridad sobre estas nuevas responsabilidades es de
vital importancia, no sólo por que las compañías podrán
actuar en forma directa ante la autoridad aduanera, sino
porque de hacerlo a través de una agencia de aduana estas
responsabilidades serán compartidas, lo que implicará una
relación contractual más transparente entre ellas para evitar
conflictos de tipo privado.
Por lo tanto, el objetivo de este escrito es el de sintetizar
esas nuevas responsabilidades y las implicaciones que van a
tener en el desarrollo de los distintos, regímenes, destinos y
formalidades aduaneras.
La nueva concepción del declarante y de la obligación aduanera
En el decreto 2685 de 1999, el declarante era considerado como
“…la persona que suscribe y presenta una declaración de
mercancías a nombre propio o por encargo de terceros.
El declarante debe realizar los trámites inherentes a su
despacho” 1
Por su parte, en el Decreto 390 de 2016 define al declarante
como la “Persona natural o jurídica que realiza una
declaración de mercancías a nombre propio o en cuyo
nombre se realiza la declaración mencionada”. 2
Nótese como el declarante ya no es la persona que suscribe la
declaración de aduanas, sino que aquella realiza la declaración
de mercancías, a nombre propio o en cuyo nombre se realiza,
6

lo que implica que el declarante será en todos los casos el
interesado por la operación aduanera respectiva.
Esta es la base legal que dio lugar a que la obligatoriedad de
utilizar las agencias de aduana se eliminara y, por lo tanto, las
responsabilidades que a cada uno de ellos les compete.
En este sentido, la norma señala que los declarantes serán,
entre otros, el importador y el exportador 3 , lo que implica
que todas las obligaciones aduaneras e infracciones por su
incumplimiento serán de su exclusiva responsabilidad, sin
perjuicio de que puedan actuar a través de una agencia de
aduana.
Así las cosas, las responsabilidades del declarante serán las
de entregar los documentos soporte con el cumplimiento de
los requisitos legales y asegurar que sean auténticos, por la
liquidación y el pago de los derechos e impuestos, intereses,
valor del rescate y sanciones a que haya lugar, por la exactitud
y veracidad de los datos que incluya en la declaración aduanera
como en la declaración andina del valor y por la correcta
determinación del valor en aduana de la mercancía. 4
Ahora bien, si actúa a través de una agencia de aduana,
el declarante únicamente responderá por la autenticidad
y legalidad de los documentos soporte y por informar en
forma correcta los elementos de hecho y las circunstancias
comerciales para la adecuada determinación del valor en
aduana de las mercancías .
Como se puede observar, hay diferencias importantes
en las responsabilidades del declarante cuando actúa en
forma directa que cuando lo hace a través de una agencia
de aduana, razón por la cual, antes de tomar la decisión de
prescindir de ésta última, las compañías deben evaluar si tiene
la infraestructura y el personal debidamente capacitado, que
soporte todos los procesos aduaneros y las responsabilidades
que de allí se derivan.
En consecuencia, al actuar a través de una agencia de aduana,
casi todas las responsabilidades se trasladan a esta compañía,
incluida las sanciones derivadas por la incorrecta determinación
del valor en aduana de las mercancías y salvo el pago de los
derechos e impuestos y la entrega de los documentos soporte
con el cumplimiento de los requisitos legales.
1. Artículo 1º del Decreto 2685 de 1999 2. Artículo 3º Decreto 390 de 2016 3. Artículo 39 del Decreto 390 de 2016 4. Artículo 40 del Decreto 390 de 2016
7

EL NUEVO COMPROMISO DEL
AGENCIAMIENTO ADUANERO
8
En Colombia la actividad de
“Agenciamiento Aduanero” puede
ser desarro llada por sujetos
personas jurídicas con registro DIAN de
autorización como “Agencia de Aduanas”,
quienes son re presentadas para su
actuación ante la Autoridad Aduanera
a través de sus “Agentes de Aduana”
vinculados (informados) ante la DIAN
como personas naturales con requisitos
de idoneidad -academia y experienciaacreditados.
De esta forma resulta claro
el uso de cada una de las tres referencias
aludidas, tal y como las debió aterrizar
la nueva regulación aduanera en su
compromiso de ajuste al Convenio de
Kyoto y demás rectores internacionales,
cosa que ya se había iniciado desde el
año 2008 cuando a través del Decreto
2883 se modificó y adicionó el hoy
denominado Estatuto Aduanero para
acatar el uso de Agencia de Aduanas a
cambio de Sociedad de Intermediación
Aduanera -SIA-, denominación que
impactaba en lo raro en el escena rio de
la comunidad internacional, que a veces
fue motivo de varios chistes y que hoy
debe terminar de desaparecer del léxico
de quienes tienen algún contacto con
lo aduanero, máxime cuando la nueva
regulación aduanera sugiere un alto
compromiso de cambio de vocabulario
y semántica.
Expedido el Decreto 390 de 2016 al cual
debemos referirnos de manera correcta
como “Regulación Aduanera”, por ser tal
cosa y ya no un estatuto aduanero, el
ejercicio del Agenciamiento Aduanero
entra a regularse integralmente con
soporte en tres grandes rectores:
primero, la Agencia de Aduanas como
actor no obligatorio; segundo, la Agencia
de Aduanas ya no como “Declarante” por
exce lencia, sino como Representante
Aduanero del Declarante; y tercero,
el Mandato Aduanero como acuerdo
privado entre el nuevo Declarante
cliente mandante y la Agencia de
Aduanas mandataria, y su oponibilidad
ante la Autoridad Aduanera a efectos de
la responsabilidad del uno o del otro.
El no ser un actor Operador de
Comercio Exterior obligatorio para el
desa duanamiento, hizo desaparecer
también la obligatoriedad de tener que
prestar el servicio a quien lo requiera,
como así lo preveía el Decreto 2685
de 1999, lo cual exige a la Agencia de
Aduanas que dentro de su proceso
de conocimiento del cliente, que por
supuesto está incurso en el sistema de
administración de riesgos de lavado de
activos, financiación del terrorismo y
financiación de la proliferación de armas
de destrucción masiva, que aparece
ahora como requisito y como obligación
general de todo Operador de Comercio
Exterior y que se expone en el artículo
53 del Decreto 390 de 2016, tendrá
que establecer todos los filtros y
condiciones a efectos de cono cer a
qué personas prestará sus servicios,
haciendo necesariamente un proceso
directamente armónico con lo que es el
nuevo sistema de gestión del riesgo como
pilar de la nueva regulación a duanera,
pues resulta claro que quien sea de
alto riesgo para la Autoridad A duanera
también lo debió ser para cualquier
Operador de Comercio Exterior, entre
ellos la Agencia de Aduanas, y de ahí
el compromiso nada fácil de diseñar y
aplicar un sistema de administración de
riesgos, que le permita tener claro cuál es
el perfil perfecto del Declarante Cliente
Mandante (importador, exportador)
que coincida en alto porcentaje con el
previsto por la DIAN, acerca de lo cual por
supuesto la nueva regulación evidencia
algunas características del vestido ideal
del Declarante importador, exportador.
El más, será el vestido marca OEA, por
lo que quien tenga tal prenda de diseño
(autorización) DIAN, no tendrá que
exhibir más atributos. El problema viene
es con los demás, pues incluso el nuevo
Usuario de Confianza, al no constituirse
en un registro DIAN no va a ser evidente
a través de un acto administrativo,
sino que su perfil se irá evidenciando

en la forma como la DIAN le trate en facilitación
y otorgamiento de tratamientos
especiales, pero que en grado sumo serán
importadores, exportadores (declarantes),
que:
-
Siempre entrega de manera previa
al embarque o a la llegada de las
mercancías, la información comercial
que dará origen a la operación de
importación, en la forma prevista en el
parágrafo del artículo 21 del Decreto 390
de 2016.
-
Siempre informan al transportador su
NIT, y las partidas o subpartidas de las
mercancías comprometidas en la carga,
numerales 1 y 2 del art. 191 Ibidem.
-
Utilizan en lo posible OCE con perfil de
Usuario de Confianza.
-
No son generadores de controversias de
valor, de clasificación arancelaria, y en
general de ninguna de las previstas en el
artículo 221 Ibidem para no autorizar el
Levante, para suspender el aforo o para
aprehender las mercancías.
-
No son objeto de sanciones, o por lo
menos no son objeto de sanciones graves.
-
Sus procesos logísticos son casi
perfectos desde origen y no generan
inconsistencias en la etapa de
presentación de la carga por diferencias
de peso, número de bultos y/o
descripción.
-
No son objeto de aprehensiones, se
reitera.
-
Usan el mecanismo de resoluciones anticipadas.
-
Usan proveedores de sus mercancías
en el exterior, reconocidos.
Algo así podría ser el Declarante ideal,
pero ¿qué pasaría -por ejemplo- si
la Agencia de Aduanas aceptó un
cliente que luego en una diligencia de
aforo previa a levante se le plantea
controversia de valor y resulta que
la DIAN solo le acepta garantía en la
forma de depósito en efectivo? Sería
claro que en ese momento se está
evidenciando que tal Declarante es de
alto riesgo para la Autoridad Aduanera
(artículo 8 Decreto 390 de 2016), por
lo cual ¿la Agencia de Aduanas debería
abste nerse de prestarle el servicio?
Así queda planteado el interrogante,
sumándole otra cosa: en tal caso falló
el proceso de conocimiento del cliente
de la Agencia de Aduanas y resultaría
claro que se afecta también su perfil
ante el sistema de gestión del riesgo.
La otra cara de la no obligatoriedad,
plantea una hipótesis: ¿los declarantes
estarán interesados en montar al
interior de sus organizaciones la infraestructura
necesaria para actuar
directamente? Ante lo cual la respuesta
sería en gran porcentaje no, primero por
que altera la tendencia de terce rización
ya evidente no sólo en la actividad
referida si no en muchas otras áreas,
y segundo por qué resultaría costoso
y de alto riesgo montar el equipo de
talento (el talento no uni-personal,
sino pluri-personal) que analice el
quehacer diario del Agenciamiento
Aduanero en cosas como si aplica o
no el reglamento técnico, si será o
no tal la subpartida, la modalidad,
o la descripción, y si aplica o no un
determinado requisito, entre otros,
pero tal vez lo más importante es la
capacidad técnica para conceptualizar
y planear la o peración de comercio
exterior y el alto compromiso con la
valoración aduanera. Y es la valoración
aduanera con la firma de la Declaración
Andina de Valor, la que marca la más
alta res ponsabilidad para la Agencia de
Aduanas, lo cual exige exista perfecta
interlocución entre Declarante cliente y
Agencia de Aduanas, esto con soporte
en el mandato, aunque se esperaría que
los Servicios Informáticos Electrónicos
sean capaces de solucionar este tema
a través de una conceptualización
perfecta que permita que el mismo
Declarante como responsable natural
y directo del valor en aduanas, firme la
DAV mediante la maravilla de la firma
electrónica, lo cual evidentemente
ofrece más garantías para la Autoridad
Aduanera, y que la Agencia de Aduanas
solo actúe en tal caso como actor
técnico que oriente y enseñe en tal
tarea al Declarante. En todo caso y de
manera general, la no obligatoriedad
exige que el Agenciamiento A duanero
siga evolucionando en infra estructura
y servicio, y en ambiente más logístico,
que permita satisfacer las necesidades
hoy muy diferentes de sus clientes,
quienes ya no necesitan un levante
aduanero, sino la gestión de una
operación desde origen hasta destino,
lo cual endilga a la Agencia de Aduanas
incluso el manejo de otros actores
OCE.
Dado todo lo anterior, será a través
del mandato probado a través
del poder (pues la otra forma es
el endoso a duanero, el cual tiene
su propia fuerza al margen de un
clausulado), la forma mediante la
cual las dos partes acuerden y hagan
oponible ante la A duana acerca de
tres aspectos fundamentales, entre
otros: la información necesaria y firma
de la DAV, la gestión y obtención de
documentos soporte, y el uso de
dineros entregados a la Agencia de
Aduanas.
Así las cosas, no se necesita la
reglamentación de los temas referidos
para poder evidenciar con certeza
e ir alis tando el nuevo escenario
del Agenciamiento Aduanero, tal
vez sí habría más espectativa con
la capacidad de los nuevos SIE, por
qué será a través de ellos que se siga
gestionando, firmando, presentando,
visualizando documentos y hechos, y
uniendo actores, todo desde localidad
remota, esto en clara referencia a lo
anotado arriba respecto de la firma de
la DAV.
Omar Gutiérrez
Gerente Asuntos Legales
Grupo Repremundo
Agencia de Aduanas SIACO
omar.gutierrez@repremundo.com.co
Colombia
9

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LOS AGENTES DE
CARGA
INTERNACIONAL
- EN LA NUEVA REGULACIÓN
ADUANERA DE COLOMBIA -

Las agencias de carga
internacional – ACI en el país han
afrontado diferentes desafíos, no
solo opera tivos, sino legislativos.
EL nuevo decreto 390 de 2016
establece que un Agente de
Carga Internacional es la persona
jurídica autorizada para actuar en el
modo de transporte marítimo y/o aéreo,
cuyo objeto social incluye la coordinación y
organización de embarques, la consolidación de
carga de exportación, la desconsolidación de carga de
impor tación y la emisión o recepción del exterior de
los do cumentos de transporte propios de su actividad
cuando corresponda.
Recordemos que antes de la entrada en vigencia del
decreto 390, aquellos ACI que actuaran exclusivamente
en el modo de transporte aéreo no requerían de registro
alguno ante la DIAN. Este fue uno de los temas que más se
analizó en las mesas de concertación público – privadas,
puesto que si bien es cierto a la fecha se encuentran
registrados 256 ACI en el país, también es cierto que
según cifras no oficiales, se podría hablar de la existencia
de más de 1.000 agentes que actúan exclusivamente en
el modo de transporte aéreo sin tener ningún tipo de
vigilancia o registro ante la DIAN.
Este aspecto, en gran medida, llevó a la autoridad a
regular el registro de los ACI aéreos, buscando mayor
visibilidad y garantías frente a sus obligaciones aduaneras.
Sin embargo, dicho ánimo de visibilidad también trajo
consigo el surgimiento de obligaciones, especialmente
las referidas a la
incorporación de
información de los
documentos de transporte
hijos en los Servicios
Informáticos Electrónicos
de la DIAN. Pese a que, según
nuestro criterio, incluir al ACI
aéreo en la incorporación de
documentos en el sistema res taría
dinamismo a una actividad que ya vienen
ejerciendo de manera eficiente las aerolíneas, (quienes
en su gran mayoría compartían los argumentos de los
ACI), la DIAN consideró necesario alinear al país con las
prácticas internacionales en esta materia.
No obstante, los ACI aéreos empezarán a cumplir
sus obligaciones cuando los Servicios Informáticos
Electrónicos estén 100% implementados, cuando se
realicen las capacitaciones correspondientes y cuando
se realicen pruebas del sistema.
El artículo 673 del decreto, establece que los operadores
de comercio exterior que venían actuando sin registro
en la actualidad, (incluidos los ACI aéreos), tendrán un
año a partir de la entrada en vigencia del decreto para
solicitar la autorización; adicionalmente, no se requerirá
concepto favorable de medición de riesgo, ya que será
exigible el 4to año de vigencia del decreto.
En conclusión, los grandes cambios que vienen para los
ACI aéreos en la regulación aduanera se implementarán
en el mediano y largo plazo, momento en el que su
intervención dependerá de la actuación de otros, de
la adecuación de los sistemas informáticos y de las
condiciones logísticas en los lugares de arribo.
Miguel Ángel Espinosa Alfonso
Administrador de empresas
Presidente Ejecutivo de FITAC.
miguel.espinosa@fitac.net
Colombia
11

EL NUEVO RÉGIMEN
SANCIONATORIO Y
PROCEDIMENTAL
ADUANERO
- ENTRE SOFISMAS, PLEONASMOS Y FICCIONES -
12
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el
Decreto 390 de 2016, quiso bautizar al compendio que
sustituyó al Decreto 2685 de 1999, como nueva Regulación
A­duanera, sofisma que, sin embargo, ha resultado fallido
en el derecho vivo entre los diferentes agentes aduaneros
(entendido en sentido amplio: usuarios, intermediarios,
académicos, funcionarios y jueces), que hablan, y seguirán
hablando, del Nuevo Estatuto Aduanero.
En éste, dentro del articulado referido al tema sancionatorio
y procedimental, se extraña, de entrada, una carta de
derechos del usuario aduanero o un catálogo de garantías
o derechos en materia sancionatoria, que hubiese seguido
el buen (aunque no por bueno, carente de críticas) ejemplo
de la Ley 1607 de 2012, que los implantó para el espectro
tributario.
En el nuevo Estatuto sí se aprecia un giro copernicano en
materia sancionatoria, en donde se abandona el anterior
paradigma para reflejar la intención de plasmar un esquema
en donde prime la gestión del riesgo sobre un autómata
control policivo. Un ejemplo de esto es la configuración del
proceso destinado a producir una amonestación escrita, lo
que, bajo el imaginario colectivo anterior, podría ser apenas
una anécdota, pero que, en el nuevo orden, es un elemento
de juicio para calificar el riesgo de los diferentes usuarios,
que están obligados a procurar tener valoraciones positivas.
Dentro del esqueleto o flujograma del proceso, se aprecia
también que se mantienen los vertiginosos tiempos para
contestar, recurrir o decidir recursos, tasados en días o
poquísimos meses.
Se privilegia nuevamente la rapidez y eficiencia (al contrario
de otros procesos que pueden tardar casi dos años en sede
administrativa), referente procesal idealista bajo las pautas
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico - OCDE y otros organismos internacionales, pero
que, bajo un análisis más reposado, al tenor de los textos del
profesor de Harvard Jorge Esquirol, se evidencia como una
ficción.

En este punto, dentro del brevísimo espacio que
generosamente me han ofrecido en esta prestigiosa
publicación, es el que me resulta más crítico para resaltar.
Dentro del derecho de los países avanzados, nuestro derecho
se denuncia como incompleto, inacabado, imperfecto,
lento y torpe. Por eso, se nos impulsa (en convenios,
recomendaciones o guías) a ser más eficientes, más ágiles,
más efectivos y, sobre todo, más rápidos.
¿Y si el criterio que debe seguir el derecho no es el de
la celeridad, sino el del reposo? El derecho aduanero –
efectivamente- se debate entre la necesidad de ofrecer un
tablero de ajedrez ágil y eficiente, pero a la vez sin abandonar
el deber de controlar y vigilar. Por esto, es deseable un
derecho a­duanero regido por la celeridad.
Pero esto no ocurre con el derecho procesal o el régimen
sancionatorio, usualmente calificado y evaluado
internacionalmente bajo ese parámetro (la celeridad), pero
que no puede convertirse en un fetiche absoluto que olvide
que nuestra tradición jurídica privilegia – sobre este criterio
– el debido proceso, el derecho de defensa, la ritualidad en la
notificación y el respeto a todas las garantías del interesado.
César Camilo Cermeño Cristancho
Asociado principal en la firma Garrigues Abogado
Cesar.cermeno@garrigues.com
Colombia
13

CAMBIOS EN LA
NORMATIVA
ADUANERA
- REFLEXIONES DESDE LA PERSPECTIVA PERUANA -
Afirmaba Charles Dickens que el hombre es un animal de
costumbres. Tenía razón!. El hombre tiene una tendencia
natural por mantener el estatus quo, sin cambios, sin
aventuras. Algunos lo llaman “aburguesamiento”, “zona de
confort”. En el fondo, normalmente, existe miedo a enfrentar
situaciones nuevas. Por eso es que los cambios son tan
resistidos y si estos son profundos cuánta más razón.
En el ámbito aduanero peruano se han producido importantes
cambios en las últimas décadas. Nos referimos a “cambios de
verdad”, no de “maquillaje”. Esto es, cambios estructurales,
reales reformas.
En 2002 la Aduana fue absorbida por la Autoridad Tributaria
(SUNAT). Hoy la Aduana, como tal, en el Perú no existe. Esta
integración de entidades, culturas y métodos organizacionales
distintos generó, y sigue generando, problemas al interior
(organigramas funcionales, afianzamiento de equipos de
trabajo, etc.) y al exterior (relacionamiento con el sector
privado). Teniendo la entidad absorbente por finalidad
primordial la recaudación de impuestos y no la facilitación del
comercio queda claro por donde se presentó el problema.
Tanto fue así, que en febrero de 2015, SUNAT se vio
obligada a publicar una nota de prensa (www.sunat.gob.
pe/salaprensa/2015/febrero/NotaPrensa-N025-2015.
doc) informando que iniciaría un “cambio de paradigma
institucional” para reorientar la forma de relacionarse con
los ciudadanos priorizando la facilitación y la simplificación
de sus servicios a los contribuyentes y usuarios del comercio
exterior.
Esta declaración se realizó luego de más de 5 años de la
entrada en vigor de un instrumento fundamental que generó
un antes y un después para la normativa aduanera peruana.
Nos referimos al Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos (TLC) y sus mensajes simples, pero clave, en materias
como: i) Simplificación (despacho anticipado como regla
general); ii) Seguridad Jurídica (resoluciones anticipadas);
iii) Gestión del Riesgo (impulso del Operador Económico
Autorizado); y iv) Tecnologías de la Información (procesos
automatizados).
Estas disposiciones generaron un cambio estructural del
sistema aduanero peruano que implicó no sólo modificar
la forma en que los sujetos de la relación jurídica aduanera
(autoridad y operadores) se relacionaban entre sí sino
también la forma en que éstos se relacionaban con el objeto
de regulación del derecho aduanero (las mercancías).
El hecho que las disposiciones del TLC fueran recogidas en la
Ley General de Aduanas originó que las mismas resulten de
aplicación para mercancías de cualquier origen y procedencia.
He ahí la importancia.
14

Este año, y en base a los antecedentes expuestos,
experimentamos en el Perú un nuevo nivel de modificaciones
aduaneras que, inspiradas en instrumentos indispensables
como el Convenio de Kyoto [revisado] de la OMA y el Acuerdo
de Faci litación del Comercio de la OMC, buscan un equilibrio
entre el control aduanero y la facilitación del comercio. Todo
ello, bajo la supervisión de una “remosada” SUNAT que desea
mejorar su relación con el sector privado y en un ambiente
cargado fuertemente por el tinte político de elecciones
presidenciales.
En el ámbito aduanero peruano se han producido
importantes cambios en las últimas décadas. Nos
referimos a cambios de verdad, no de maquillaje. Esto
es, cambios estructurales, reales reformas.
Ante lo dicho, una reflexión: no basta contar con una buena
ley si es que no existe voluntad genuina de cambio de los
actores involucrados. Esta voluntad parte de la generación
de una confianza recíproca, la misma que toma tiempo en
ser construida. En el Perú el establecimiento de grupos
consultivos y mesas de trabajo público - privado viene dando
buenos resultados. Es un proceso lento pero necesario.
Julio Guadalupe Báscones
Socio de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados
jguadalupe@estudiorodrigo.com
Perú
link externos
Nota de prensa de SUNAT
publicada en febrero de 2015
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Cambios en la Ley de aduanas de
los Estados Unidos de Norte América
La mayoría de los impactos más inmediatos.
Inicialmente introducida en abril de 2015, la Ley de Facilitación
del Comercio y Comercio de Aplicación, Trade Facilitation and
Trade Enforcement Act, (la Ley), fue finalmente promulgada en
febrero de 2016. 1
La ley contiene los cambios de mayor alcance desde la Ley de
Modernización de Aduanas y sus principales objetivos incluyen
la consolidación de la aplicación del comercio, el aumento
a la protección de la propiedad intelectual, combatir la evasión
de deberes antidumping, y la mejora de los esfuerzos de
aplicación de la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras
de los Estados Unidos de Norteamérica (“La CBP”), conocida
en inglés como U.S. Customs and Border Protection.
Algunos de los principales cambios a la Ley se describen a
continuación:
también puede iniciarse por una agencia federal que posea
información relacionada con la entrada de mercancía mediante
evasión.
Una vez que la queja es aceptada, la CBP deberá llevar a cabo
una investigación formal dentro de plazos específicos. La CBP
también tiene facultades de realizar interrogatorios (similares
a los emitidos en los casos de reparación comercial) a los
importadores y productores extranjeros. La falta de respuesta
a las preguntas dará lugar a “presunciones adversas” o
“confesión ficta”, la falta de cooperación en una investigación
rea lizada por un importador o exportador extranjero puede
resultar en un hallazgo de evasión. La CBP debe implementar
los nuevos procedimientos de investigación dentro de los 180
días posteriores a la fecha de promulgación de la ley (21 de
agosto de 2016).
16
OBLIGACIONES ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS.
Las obligaciones Anti-Dumping y deberes compensatorios
(AD/CVD) están diseñados para proteger la industria nacio nal
de la competencia extranjera por causa del precio de los bienes
por debajo del valor justo de mercado. La ley establece nuevos
procedimientos que deben ser seguidos por la CBP cuando
investiga los reclamos de evasión de ordenes AD/CVD. Para
iniciar la investigación, cualquier “persona interesada” puede
presentar una queja ante la CBP relacionada con la mercancía
que se introduce al país mediante evasión. Esta investigación
1
La Ley de Modernización de Aduanas (Mod Act) fue promulgada en 1994. La
Ley Mod estableció como requisito legal para la importación de mercancías a
los Estados Unidos de Norteamérica que las partes operen con “cuidado razonable”,
“diligencia”. Por tal motivo, se requiere que cada importador proporcione
a la CBP la información precisa sobre admisibilidad, clasificación arancelaria,
valor y origen de las mercancías importadas. El importador también es responsable
de proporcionar cualquier otra documentación o información necesaria
para que la CBP pueda confirmar que se cumplen todos los requisitos
de importación. Bajo esta ley, el importador es el sujeto responsable por la
importación del producto.

en 2009, los tribunales revocaron el fallo anterior y resolvieron
que los contenedores que ingresan a los Estados Unidos de
Norteamérica no pueden considerarse vacíos después de una
exportación. Un programa de pruebas, creado en 2013, indicó
que si los contenedores tenían una serie de residuos de 3 – 7 %,
éstos no tenían que ser declarados.
La ley ahora confirma expresamente que, si el residuo importado
no excede del 7% del total de la carga, no tiene valor o tiene el
mínimo valor y fue previamente exportado desde los Estados
Unidos de Norteamérica, entonces ese residuo no tiene que ser
declarado. Este cambio se hizo efectivo en forma inmediata.
PROCESO DE DEVOLUCIÓN.
En la Ley de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica,
una solicitud de devolución es un mecanismo por el cual
un exportador de mercancías importadas puede solicitar
la devolución de sus impuestos, sean impuestos internos
u otros cargos pagados durante la importación de los
productos, que por último serán exportados desde los
Estados Unidos una vez que la exportación se realizó.
En general, la devolución debe ser solicitada dentro de
los siguientes tres años después de la exportación o la
destrucción de los productos. Una vez que la CBP determina
que la solicitud de devolución es satisfactoria, se concede el
reembolso al importador.
La ley ahora simplifica el proceso y las solicitudes de
devolución para todo tipo de productos son aceptables
hasta con cinco años de antigüedad contados desde la fecha
de importación, en lugar de tres años. También establece
que el apoyo a los registros de devolución puede incluir los
que se mantienen en el curso normal del negocio o a través
del sistema automatizado de exportación (AES). Este nuevo
sistema de devolución entrará en vigor dentro de dos años.
MANO DE OBRA CONTRATADA.
La Sección 902 de la ley, actualmente prohíbe la importación
de bienes fabricados totalmente o en parte, con trabajo
penitenciario, trabajo forzoso o trabajo forzado. Anteriormente,
los importadores tomaban ventaja de la laguna en la Ley
Arancelaria de 1930, que prohibió la importación de dichos
bienes, otorgando exenciones cuando la producción nacional
no cumplía con la demanda del producto (“exención por la
demanda de consumo”). Este cambio entró en vigor el 10 de
marzo de 2016.
Olga Torres
Managing Member
Torres International Law, PLLC
olga@torrestradelaw.com
Estados Unidos
LOS VALORES MÍNIMOS DE LOS PRODUCTOS.
En cuanto al valor de los bienes o los niveles mínimos de valor
(de minimis), si la mercancía importada resulta estar debajo
del precio especificado, ésta puede ser introducida dentro
de los Estados Unidos de Norteamérica informalmente. En
otras palabras, no tendrán que realizarse los pedimentos
formales para la importación y no se le aplicará ninguna
tasa o impuesto a la mercancía. Esta ley plantea el nivel de
valor mínimo de los artículos ingresados informalmente a los
Estados Unidos de Norteamérica y los cambios efectuados
por esta ley incrementan el monto del valor mínimo, de
minimis.
Cabe destacar que, desde el 10 de marzo de 2016, la nueva
ley incrementa el valor mínimo de $200 a $800 dólares
americanos.
RESIDUOS DE LA CARGA A GRANEL.
Se define como residuo a la carga que permanece en el
instrumento de tráfico internacional. La pregunta que solía
surgir es si éste residuo requería ser declarado. En 1994,
la corte determinó que los contenedores que regresaran a
los Estados Unidos de Norteamérica después de la exportación
podrían considerarse como vacíos. Sin embargo,
17

Nueva Regulación Aduanera
aduanas cambios Tributos
Erwin Blanco Nagle
Director
Aduanas Cambios Tributos – ACT
erwinblanco@sarmientoconsultores.com
+57 3124601758
www.aduanascambiostributos.com
Colombia
@actforeigntrade
ErwinBlancoACT
Erwin Blanco