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B. Evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en los Estados miembros
1. ARGENTINA
A. Avances
7. El 5 de febrero, la Suprema Corte provincial de Buenos Aires condenó a la Dirección General
de Cultura y Educación de la provincia a brindar información sobre la cantidad de días de clase no dictadas en
36 escuelas de diferentes distritos por la no asistencia de los docentes. En el marco de una causa iniciada por
la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Justicia consideró que la falta de respuesta por parte de la
autoridad administrativa era “ilegítima y violatoria del derecho de acceso a la información”, y ordenó al
organismo a que en un plazo de 15 días ponga a disposición de la asociación la información requerida 37 .
8. El 4 de junio, la Sala V de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un
amparo iniciado por el diputado Manuel Garrido y condenó a la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a brindarle información que solicitó
sobre la actividad del organismo y la designación de su director 38 .
9. En julio, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal falló a favor de las organizaciones
Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación
Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, en una acción de amparo iniciada en febrero ante la falta de
respuesta a varios pedidos de información pública realizados a la Cámara de Diputados y al Senado de la
Nación. El fallo ratifica que la información solicitada por las organizaciones es “información de carácter
público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola
condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”, y ordena al Senado
entregar la información solicitada en el plazo de 15 días 39 .
10. El 1 de septiembre la Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad un recurso
presentado por el Estado nacional contra las sentencias de primera y segunda instancia que hicieron lugar a
un pedido de la diputada opositora Margarita Stolbizer y le ordenaron al Ministerio de Justicia proporcionar
información sobre un programa implementado por esa oficina. La Corte hizo mención a fallos precedentes
(“Asociación Derechos Civiles c/ EN – PAMI”, “CIPPEC” y “Oehler”) en los que estableció que cuando se trata
de información pública el Estado Nacional está obligado a permitir a cualquier persona acceder a ella, así
como a promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público y de actuar con la debida
diligencia en la promoción del acceso a esa información 40 .
11. El 10 de noviembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una acción iniciada
por el senador Héctor Rubén Giustiniani y ordenó a la compañía YPF SA que haga públicas las cláusulas del
Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos
no convencionales en la provincia de Neuquén. La acción fue iniciada luego de que YPF SA se negara a brindar
al legislador información sobre ese proyecto de inversión. El fallo recuerda que el derecho de buscar y recibir
información está consagrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana también ha desprendido del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención, el
derecho al acceso a la información. La sentencia determinó que dado que el Poder Ejecutivo Nacional dispone
alumnos secundarios.
37
Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 6 de febrero de 2015. La Corte bonaerense obliga a informar los días sin clases de
38
Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 4 de junio de 2015. La justicia obliga a la dirección de datos personales a dar
información sobre su funcionamiento.
39
Asociación por los Derechos Civiles (ADC). 24 de julio de 2015. La Justicia obligó al Senado a dar información pública
solicitada por varias ONG.
40
Centro de Información Judicial. 1 de septiembre de 2015. La Corte Suprema reitera que el Estado Nacional se encuentra
obligado a garantizar el acceso a la información pública.
36