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sentencia de la Corte Interamericana encontró que las actuaciones del gobierno
restringieron indirectamente el derecho a la libertad de expresión, y ordenó al
Estado restaurar los derechos de la víctima.
­ Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Este caso se
refiere a un periodista que había publicado varios artículos reproduciendo la
información de algunos periódicos europeos sobre presuntas actuaciones ilícitas de
un diplomático de Costa Rica. El Estado condenó al periodista por cuatro cargos de
difamación. La Corte Interamericana entendió que la condena era desproporcionada
y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión, y requirió, entre otros puntos,
la anulación de los procedimientos criminales contra el comunicador.
­ Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Durante la
campaña presidencial de 1993 en Paraguay, el candidato Ricardo Canese hizo
declaraciones a los medios de comunicación contra el candidato Juan Carlos
Wasmosy, a quien acusó de estar envuelto en irregularidades relacionadas con la
construcción de una planta hidroeléctrica. Canese fue procesado y sentenciado en
primera instancia a cuatro meses de prisión, entre otras restricciones a sus derechos
fundamentales. La Corte Interamericana encontró que la condena era
desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Además,
destacó la importancia de la libertad de expresión durante las campañas electorales,
en el sentido de que las personas deben estar plenamente habilitadas para
cuestionar a los candidatos, de manera que los votantes puedan tomar decisiones
informadas.
­ Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Palamara,
ex oficial militar chileno, había escrito un libro crítico de la Armada Nacional. El libro
dio origen a un proceso penal militar por “desobediencia” y “quiebre de los deberes
militares” que condujo a que el Estado retirara de circulación todas las copias físicas
y electrónicas existentes. La Corte Interamericana ordenó una reforma legislativa
que asegurara la libertad de expresión en Chile, al igual que la publicación del libro,
la restitución de todas las copias incautadas y la reparación de los derechos de la
víctima.
­ Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Este caso
se refiere a la negativa del Estado de brindar a Marcelo Claude Reyes, Sebastián Cox
Urrejola y Arturo Longton Guerrero cierta información que requirieron al Comité de
Inversiones Extranjeras, relacionada con la empresa forestal Trillium y el proyecto
Río Cóndor. A través de esta sentencia, la Corte Interamericana reconoció que el
derecho de acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo
13 de la Convención Americana.
­ Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. El periodista Eduardo
Kimel fue condenado por haber criticado en un libro la actuación de un juez penal
encargado de investigar una masacre. El juez inició un proceso penal en defensa de
su honor. La Corte Interamericana encontró que la sanción al periodista era
desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de expresión de la
víctima. En esta decisión, la Corte Interamericana ordenó al Estado, entre otras
medidas, reparar a la víctima y reformar la legislación penal sobre protección a la
honra y la reputación por encontrar que vulneraba el principio de tipicidad penal o
estricta legalidad.
­ Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de enero de 2009. Esta sentencia se
refiere a la proporcionalidad de las sanciones impuestas a un abogado condenado
por los delitos de difamación e injuria, por haber asegurado en una conferencia de
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