WEB Manual de Vida BARI

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las costumbres de dichos pueblos en la materia.
ARTICULO 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos
deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Ante el derecho de autonomía que nos favorece, para el Pueblo Barí es fundamental que la Ley Propia y el
ordenamiento jurisprudencial del territorio sea una obligación para todos los que de una u otra forma están
en el territorio en este momento, sea que hayan invadido, mientras se realiza el proceso de saneamiento, o
estén de forma transitoria, porque por cosmovisión propia el territorio tiene una reglamentación ancestral
que cuando no se respeta forma desequilibrios que atentan contra el pueblo y contra todo lo que hay dentro
de Ishta. En el territorio la aplicación de la justicia no es la misma para Barí como para no Barí, Sabaseba
estableció que una función de nosotros el Barí, es la defensa territorial y el respeto hacia este, para esto debe
regular que el ordenamiento propio se cumpla. Para el ejercicio de la jurisprudencia hay tres instancias
tradicionales que se pueden identicar: Los Ñatubay, Los Sadou y los Yeanumain.
Guerreros sí tenemos. Los guerreros guían a la gente Barí, las sombras les avisan que los
lábados vienen a quitarnos territorio y ellos se alistan y deenden nuestro territorio. Así
nos avisaron cuando vinieron a invadir Socbakayra (Álamos I) (comunidad Suerera).
Hay que recordar que la Ley propia se aplica territorialmente para todos, pero en otras instancias dejamos
que la justicia hermana del Estado Colombiano aplique sobre los que no son indígenas y estén afectando
nuestras aspiraciones territoriales.
Para el año 2014 el estado reconoce estos derechos jurisprudenciales a través del Decreto 1953:
“TÍTULO VI : MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA
Artículo 95. Reconocimiento, respeto y Alcance de la Jurisdicción Especial Indígena. Los operadores jurídicos
deben reconocer y respetar la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas dentro de su ámbito
territorial para establecer sus propias normas jurídicas de conformidad con la Ley de origen, el derecho mayor y
el derecho propio, y para ejercer de manera preferente la propia jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto
por la Constitución Política, la Ley, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
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