Revista Agropecuaria Nuevo Siglo Númeo 142 - Abril 2016

Número 142 || Revista Agropecuaria y de Producción - Página 03
CLÁUSULA MONSANTO
temática en cuestión. No obstante,
parecería que los resultados obtenidos, a
pesar de haberse mantenido el diálogo
de forma permanente, no han permitido
arribar a soluciones satisfactorias.
De tal manera que, sin dejar de trabajar
proactivamente a nivel nacional, bien
podría ser este el momento de dar más
impulso a aquellas acciones que tengan
su origen en los Estados Provinciales, en
los que la problemática represente un
perjuicio importante para los semilleros
radicados en sus respectivos territorios.
Los intereses territoriales deberían, a mi
modesto entender, ser tenidos en cuenta
si se desea alcanzar un compromiso
claro en el sistema Estado-Empresa
Semillera-Usuario.
Integrar a economistas especializados
sería de vital importancia en la tarea
necesaria para desmenuzar a fondo el
tema. Es así que algunos ítems
recaudatorios que tengan directa relación
con la producción agroindustrial, podrían
servir como plataforma de recepción de
recursos para hacer real el pago del
conocimiento. Esta propuesta puede
significar un monto no despreciable al
que podría acceder tanto el sector
público como la industria de la semilla.
Es imprescindible recordar que la
semilla no es un alimento. En cambio, sí
podemos afirmar que la semilla,
propiamente llamada simiente, constituye
la entidad biológica cuya calidad es
imprescindible e insustituible para
generar alimentos (granos y/o forrajes)
en cantidad y calidad suficiente para
nuestro sustento como sociedad.
Hoy, nos encontramos ante una
situación más que interesante para
abordar el tema del pago del
conocimiento (justa retribución al
generador de la innovación), como
consecuencia de la coexistencia de
importantes organizaciones que hacen
sentir su voz. A la presencia de
organismos como la Cámara Argentina
de Semilleros Multiplicadores (CASEM) y
la Asociación de Semilleros Argentinos
(ASA), se ha sumado la del denominado
Clúster de la Semilla, como un fruto
lógico del autoreconocimiento por parte
de los numerosísimos integrantes del
mundo semillero nacional. Como
podemos apreciar, no nos encontramos
“faltos de actores” para poder abordar
una vez más este problema de años.
Regular la ambición de los diferentes
involucrados es siempre una gran tarea,
que además de exigir la participación de
todos los actores que habitan un mismo
territorio, demuestra la verdadera
voluntad para dar soluciones largamente
esperadas. El no intentar realizar un
estudio serio entre el sector público y los
productores de innovación, es seguir
mirando para un costado.
La decisión por parte de la empresa
Monsanto de cobrar un canon
tecnológico a puesto en pie de lucha a
las entidades gremiales del campo.
Se trata de una cláusula que, en caso
de haber sido aceptada por los
productores, le permite a la compañía
analizar si la tecnología RR2 PRO
(Intacta) se encuentra presente en la
soja; en caso de que así sea, puede
exigir el pago en la entrega de grano, se
habla de 1 5 dólares por tonelada.
Según el contrato que estableció la
empresa con los productores, los granos
que contengan la tecnología en cuestión
que no hayan pagado la licencia
deberán hacerlo antes de ser
exportados.
La disposición generó el rechazo
unánime por partes de las entidades que
conforman la Mesa de Enlace. Desde
Confederaciones Rurales Argentinas
afirmaron que la cláusula "modifica
reglas, usos y costumbres tradicionales
en el comercio de granos, que obliga al
productor a autorizar al comprador a
realizar un análisis diseñado por
Monsanto de la soja entregada para
detectar el contenido de tecnología
Intacta y retener un importe arbitrario en
concepto de regalías".
En la misma dirección se pronunció
Sociedad Rural Argentina y la que más
se mueve mediaticamente es la
Federación Agraria Argentina que ya
critica al gobierno de Macri por tomar
una participación activa en el conflicto.
Monsanto alega que es el poseedor de
la patente correspondiente a su método
de transgénesis, que es justo que quiera
cobrar por su invención y que no tiene
inconveniente alguno en enfrentar a las
organizaciones en cualquier tribunal
local, de ser necesario.
"Esto es muy simple: hay productores y
empresas que no quieren pagar por
nuestra tecnología, luego de que la
compañía ha invertido mucho para
lograr este tipo de avances. Además, la
compra de Intacta es opcional. Es decir
que si no están de acuerdo con abonar
una tasa por el uso de nuestra
invención, tranquilamente pueden usar
otras semillas", afirmó a la prensa
nacional Fernando Giannoni, director de
Asuntos Corporativos de la
multinacional.
"El inconveniente lo tienen algunos
líderes del sector, porque las bases sí
aceptan el mecanismo. En la campaña
pasada, más del 75% de nuestros
clientes pagaron la semilla por
adelantado bajo esa pauta. Y para esta
ya llevamos una cifrar similar, que
alcanza al 70% de los productores que
optan por elegirnos", completó.
El directivo expresó que La Rural y
otras entidades quieren adquirir la
tecnología y luego no volver a pagar,
una postura que no es convalidada por
la empresa. "Lo curioso del reclamo de
la Rural es que la mayoría de sus
miembros ni siquiera hace agricultura,
son mayormente ganaderos", afirmó
Giannoni.
“Tal como ya expresamos, los
productores, las cooperativas y todos los
integrantes de la cadena estamos
afectados en el inicio de esta cosecha
de soja. Pero también estamos
preocupados porque el accionar
inescrupuloso de esta empresa pone en
riesgo la economía de todo nuestro país.
Porque en este escenario de alta
restricción económica, peligra el ingreso
de divisas a raíz del capricho de un
privado que insiste ciegamente con un
reclamo que no tiene asidero legal y
pretende que los agricultores y la
cadena le transfieran millones de
dólares”, agregó el titular de FAA en la
audiencia convocada por la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia,
en el marco de la denuncia que realizara
esta entidad contra Monsanto donde no
hubo acercamiento entre las partes.
La presión se intensifica contra la
administración de Macri ya que no se
han dado acciones para lograr un
equilibrio en esta disputa, más allá de
que en declaraciones a la prensa se dijo
aceptar como válidos los reclamos de
las entidades gremiales del campo.