Revista Agropecuaria Nuevo Siglo Númeo 142 - Abril 2016

DEBATE
LEY DE SEMILLAS
Número 142 || Revista Agropecuaria y de Producción - Página 02
El tratamiento de una nueva Ley Nacional de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas, largamente demandada, es el tema de este artículo
escrito por Roque Mario Craviotto, profesional que desarrolla su
actividad en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros del
INTA.
Se debe pagar por la creación de
cualquier variedad y/o cultivar vegetal
cuya comercialización haya sido
aprobada por los organismos nacionales
competentes. Desconocer la obligación
de contribuir al crecimiento de la Industria
Semillera, sea esta nacional o
internacional, atenta contra el
sostenimiento de la propia producción del
país.
Según algunas estimaciones, en soja solo el 30% del
mercado está dentro de la legalidad, ya sea con semilla
fiscalizada o regalía extendida.
Tratándose de semillas de especies
autógamas como soja y trigo, una muy
pequeña porción del área sembrada en el
país proviene de Semilla Fiscalizada.
Pagar lo justo por el conocimiento, en
nuestro caso las correspondientes
regalías por las nuevas
variedades/cultivares que son puestos a
disposición de la producción nacional,
constituye una obligación indiscutible e
indelegable por parte del usuario. Bajo
esta perspectiva, a cada kilogramo de
simiente adquirido le corresponde un
pago específico relacionado con el valor
del conocimiento acumulado, portado y/o
vehiculizado por la innovación
tecnológica lograda por el obtentor.
Ahora bien, si como obtentores de la
nueva variedad/cultivar quisiéramos
cobrar en el grano lo que debería
imputarse a la semilla, pronto nos
daríamos cuenta de la profunda
distorsión que estaríamos provocando.
Creo que esto último no estuvo nunca en
la mente del que quiere
cobrar por su
conocimiento, sino que
se insiste en tomar
numerosas vías
alternativas, que si bien
son de resultados
medianamente
satisfactorios, nunca
llegan “per se” a valorar
el papel que merece
otorgarse a la figura
legal del verdadero
obtentor.
No obstante, no me
parece desacertada la
búsqueda de vías
alternativas de cobro de
lo que es justo y
acordado entre una
Empresa Semillera y un
Usuario (dueño/arrendatario de campo)
y/o una macroempresa dedicada a la
siembra de grandes extensiones de
campo. En este sentido, considero de
cierto interés el intentar explorar vías
menos agresivas, pero no por ello menos
sólidas, para alcanzar metas posibles y
que tiendan a lograr un enfoque de
mutuo beneficio por parte de los
involucrados en esta antigua querella.
Las acciones proactivas de carácter
persecutorio no han posibilitado mayores
avances en el tema del cobro de las
regalías y han creado un mar de
sospechas y gran malestar entre las
partes.
Sobre el Uso Propio
“Protegido” de la semilla
El derecho de Uso propio debería ser
fortalecido con otro vocablo, como por
ejemplo protegido. De tal manera que el
Uso Propio Protegido pasaría a tener una
intencionalidad muy diferente al verse el
usuario convertido en un sujeto
amparado por la misma Ley de Semillas.
Derechos y obligaciones claramente
definidas pueden ayudar a entender un
poco mejor el enfoque presentado.
Podría llegar a decirse que el término
Uso Propio, expresado en la actual Ley
de Semillas, pretende la “protección del
usuario como agente primario” encargado
de contribuir al sostenimiento de su
propia producción como así también a un
porcentaje de la producción total del país.
No obstante ello, y teniendo en cuenta
la importancia de los grandes cultivos
sobre la economía nacional, es que debe
preservarse la temática de calidad como
factor primordial al inicio de cualquier
ciclo agrícola-productivo. La calidad de la
simiente de trigo y soja que se siembra
en Argentina, no se encuentra en la
actualidad en manos de los Productores
Profesionales de Semillas sino que está a
cargo de Productores no Profesionales,
que usufructuando el enorme beneficio
de contar con variedades/cultivares
mejorados, logran alcanzar grandes
producciones comercializables.
Esta cara de la moneda es de innegable
beneficio para nuestra economía
nacional. Pero la contracara de la misma
moneda nos ilustra el hecho que estas
producciones no están únicamente
representadas por granos con destino a
industria sino también por semillas con
alto valor tecnológico agregado. De esta
manera, con el doble ingreso (venta de
grano + venta de semilla) obtenido por
los productores no profesionales, la
verdadera empresa semillera se ve
despojada de la posibilidad de venta de
nueva simiente en las sucesivas
campañas de siembra. La primera
consecuencia de esta problemática es
tener un mercado nacional inundado de
simiente de calidad dudosa. Con todo
esto, sin embargo, no siempre nos
damos cuenta que junto con la bolsa de
semillas producida profesionalmente, va
una serie de conocimientos asociados
directamente a la innovación (indicación
de grupo de madurez, fecha óptima de
siembra, manejo apropiado del cultivo,
recomendación de tratamientos, etc.),
que si bien no son tangibles, sí son un
gran cúmulo de conocimientos cuya
adquisición representó un alto costo.
En base a lo anteriormente dicho,
podríamos afirmar que si bien la “calidad”
tiene un costo, el costo de la “no calidad”
es por lejos mucho mayor. Las miles de
hectáreas resembradas a lo largo del
tiempo pueden servir de ejemplo para
graficar esta problemática, cuyas
implicancias económicas y productivas
son vitales para el propio usuario.
Es por ello que, y volviendo al concepto
de "Uso Propio Protegido", el mismo
Roque Mario Craviotto,
Participante en
Proyectos del Conicet,
Universidad Nacional de
Rosario y Universidad
Nacional de Mar del
Plata. Co-Director del
Laboratorio de Análisis
de Semillas de la EEA
de Oliveros del INTA,
habilitado a nivel del
Mercosur.
debería reafirmarse con
hechos que permitan al
usuario que desea
producir su propia
semilla, lo pueda hacer
con toda libertad y con el
correspondiente
beneficio que le provea
su condición particular.
Este concepto le daría
derecho a disponer la
siembra de semillas de
la variedad/cultivar para
la cantidad de hectáreas
declaradas de su explotación sin que
medie, a excepción de la primera compra,
ningún tipo de exigencia por parte de la
empresa semillera. Y como a todo
derecho le corresponde un deber, en este
caso le estaría restringida la venta de
cualquier excedente de semilla de su
propia producción.
Retomando la idea de pagar por el
conocimiento mediante una posible vía
indirecta, no se debería descartar la
posibilidad que entre en juego uno de los
actores fundamentales en esta trama, y
más cuando el objetivo es asegurar el
exitoso comienzo de cualquier nueva
campaña agrícola-ganadera: el Estado.
Es en este sentido que aún no se han
explorado acabadamente las enormes
posibilidades que la industria semillera
nacional está en condiciones de aportar
en términos de recursos financieros
concretos.
¿Qué rol podría
cumplir el Estado?
Cuando hacemos referencia al Estado,
no estamos especificando si debe ser el
nacional o el provincial. Particularmente y
con mención a las acciones que hasta el
presente han venido realizando las
instituciones nacionales competentes,
bien podría aclararse que ha sido
permanente el deseo de solucionar la