INFORME DEFENSORIAL

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SOBRE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CAPITANÍA TAKOVO MORA,PERTENECIENTE AL PUEBLO INDÍGENA GUARANÍ
• El desarrollo jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, establece
que tratándose de casos que impliquen
planes de desarrollo o de inversión a
gran escala y que tendrían un mayor impacto
dentro del territorio de un pueblo indígena,
es obligación del Estado a través de
la consulta obtener el consentimiento libre
e informado. Asimismo, el Tribunal Constitucional
de Bolivia, ha expresado mediante
la Sentencia Constitucional 0110/2010-R,
10 de mayo del 2010, que las decisiones
emanadas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se constituyen en parte
del bloque de constitucionalidad y en consecuencia
son de aplicación preferente de
acuerdo al Art. 256.I de la Constitución Política
del Estado.
Así, se puede concluir que en el caso de las
actividades hidrocarburíferas que desarrolla
YPFB en los predios El Dorado y Chivatos,
debió aplicarse por parte del Estado la consulta
previa libre e informada al pueblo indígena
guaraní Takovo Mora, en el momento en que se
determinó, iniciar el proyecto “Perforación de los
pozos DRO-X1003, DRS-X1007, DRS-1008 y
DRS-1009 – Bloque el Dorado”.
El proceso de consulta previa, de buena fe y
obligatoria fue omitido, aspecto que determinó
la adopción de una decisión unilateral, arbitraria,
ilegal e inconstitucional por parte del Estado,
impidiéndose la posibilidad de entablar procesos
de diálogo y deliberación encaminados a
construir consensos.
Finalmente, resaltar la falta de coordinación para
la realización de actividades hidrocarburíferas
en los territorios reclamados por la TCO Takovo
Mora, incluso a nivel estatal, ya que pese a existir
una demanda de sobreposición no resuelta desde
hace casi veinte años, ni YPFB ni las autoridades
ministeriales competentes, realizaron la consulta
sobre el estado del proceso de saneamiento
ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria,
así lo señala la respuesta 7 del Informe remitido
por la Dirección Departamental del INRA Santa
Cruz, mediante nota DDSC-COR-N°2406/2015
de 16 de diciembre de 2015:
“En el INRA, no existe ninguna solicitud de
YPFB sobre los trabajos proyectados en el
área cuestionada por la TCO Takovo Mora”
En mérito a todo lo anteriormente expuesto,
se puede concluir manifestado que el Estado
vulneró el derecho a la participación reconocido
en el Art. 21.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; los Arts. 5 y 25 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Art. 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Art. 11, Pár. II; Núm.
1, de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia. Asimismo, violó el
derecho a la consulta a los pueblos indígenas,
establecido en el Art. art. 6.1 del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo,
aprobada Ley 1257 de 11 de julio de 1991; Art.
19 de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
incorporada a nuestro ordenamiento jurídico
mediante Ley 3760 de 7 de noviembre de 2007;
y el Numeral 15 del parágrafo II del Art. 30 de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia.
VI. CONCLUSIONES
1. La Capitanía de Takovo Mora, es una de las
39 capitanías afiliadas que forma parte de la
Asamblea del Pueblo Guaraní, está ubicada en
el municipio de Cabezas, provincia Cordillera del
departamento de Santa Cruz. Sus autoridades
afirman que hace 19 años han demandado
la titulación de ese sector como una Tierra
Comunitaria de Origen (TCO), pero el proceso de
saneamiento no avanza en el Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA). Así, señalan que
durante estos años sólo se sanearon 45 mil
hectáreas a favor de los indígenas de un total de
271.000 hectáreas.
2. El Estado boliviano durante las gestiones 2014