INFORME DEFENSORIAL

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También existen sentencias emanadas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
donde se establecen con alto nivel de detalle los
casos susceptibles de realización de la consulta;
a su vez, disponen que, en algunos casos, se
debe ir más allá de la consulta y, por tanto, se
necesita la obtención del consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas; en
estas sentencias también es posible encontrar
el desarrollo del concepto del territorio para
las comunidades indígenas de acuerdo con su
espiritualidad y cultura; entre otros aspectos,
estas disposiciones desarrollan el tema de
reparaciones a la afectación de los pueblos
indígenas, a través de la orden de devolución
de tierras y otras formas de reparaciones no
pecuniarias, así como las indemnizaciones.
APLICACIÓN AL CASO EN CONCRETO
El derecho colectivo a la consulta de los pueblos
indígenas, nace fundamentalmente del derecho
internacional de los derechos humanos, cuyo
hito está marcado por el Convenio 169 de la
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, ratificado por Bolivia
mediante Ley 1257 de 11 de julio de 1991. Así,
en el marco de dicho instrumento internacional
nuestro Estado, se encuentra comprometido a
consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular
a través de sus instancias representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas
o administrativas susceptibles de afectarles
directamente. Asimismo, las consultas llevadas
a cabo en aplicación de este Convenio deben
efectuarse de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.
En ese mismo sentido, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, ratificado a través de la Ley
3760 del 07 de noviembre de 2007, determina
para el Estado boliviano la obligación de celebrar
consultas de buena fe con los pueblos indígenas
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y
administrativas que los afecten, para obtener su
consentimiento libre, previo e informado.
Ahora bien, cabe destacar que las normas del
derecho internacional de los derechos humanos,
precedentemente citadas, de acuerdo a lo
establecido por el art. 410.II de la Constitución
Política del Estado, forman parte del bloque
de constitucionalidad, al haber sido ratificadas
por Bolivia, expresando de esta manera su
compromiso por la promoción y protección de
los derechos de los indígenas.
Por su parte, el constituyente ha incorporado
expresamente el derecho a la consulta en la
Norma Constitucional, como un derecho de
las naciones y pueblos indígena originario
campesinos en el art. 30.II. 15, que señala:
“En el marco de la unidad de Estado y de
acuerdo con esta Constitución las naciones y
pueblos indígena originario campesinos gozan
de los siguientes derechos:
15. A ser consultados mediante procedimientos
apropiados, y en particular a través de sus
instituciones, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles
de afectarles. En este marco, se respetará y
garantizará el derecho a la consulta previa
obligatoria, realizada por el Estado, de buena
fe y concertada, respecto a la explotación de
los recursos naturales no renovables en el territorio
que habitan”.
Asimismo, el art. 352 de la CPE, prescribe:
“La explotación de recursos naturales
en determinado territorio estará sujeta
a un proceso de consulta a la población
afectada, convocada por el Estado, que
será libre, previa e informada. Se garantiza
la participación ciudadana en el proceso
de gestión ambiental y se promoverá la
conservación de los ecosistemas, de acuerdo
con la Constitución y la ley. En las naciones