PARAGUAY

90 ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE SERVICIOS DEL PARAGUAY
Concienciación de los
consumidores acerca de la
importancia de sistemas eficaces
de control de la garantía de
calidad y acerca de los servicios
educativos existentes
Tratamiento de las cuestiones
que afectan a la calidad de la
educación
Fortalecimiento de los marcos
reglamentarios para garantizar la
calidad
Fortalecimiento de los marcos
institucionales para asegurar la
garantía de calidad
• Concienciación de la opinión pública y de las empresas
acerca de las ventajas de las acreditaciones en el sistema
educativo. Realización de campañas en los medios de
comunicación para influir en la opinión pública a fin de
generar una presión ciudadana para el rechazo de los
títulos no acreditados.
• Establecimiento de la obligación de publicar información
sobre carreras y universidades acreditadas. Difusión de
esta información, y amplia divulgación para informar a los
consumidores.
• Establecimiento de una obligación de tener títulos
acreditados para carreras tales como la de funcionarios
en las categorías profesionales. Establecimiento de una
obligación similar para licitaciones y concursos públicos
en el caso de empresas unipersonales y también para ser
miembro del Consejo de la Magistratura.
• Centralización de la información, que actualmente está
dispersa y sin actualizar, con respecto a la nomenclatura
de las carreras y la enseñanza, bajo la dirección del
CONES. Esto permitiría mejorar la supervisión, la
información a los consumidores y el mantenimiento
de un registro de los programas de titulación y las
oportunidades de trabajo, dando continuidad al actual
proceso de elaboración del Mapa Educativo Nacional, a
cargo del MEC.
• Mejora de la infraestructura (laboratorios, bibliotecas)
y de los programas de capacitación del profesorado.
Evaluación del desempeño de los maestros y de los
requisitos de calidad en la formación de los maestros
(es decir, títulos superiores para los profesores a tiempo
completo en las universidades).
• Rechazo del proyecto de ley que tiene por objeto
modificar la Ley núm. 4995/13, a fin de eliminar el
requisito de que exista una decisión del Consejo de
Universidades para crear universidades.
• Reglamentación de la enseñanza a distancia a fin de
establecer normas mínimas de calidad, de modo que los
programas en línea puedan ser acreditados.
• Refuerzo de las disposiciones sobre la prevención y
penalización de la negligencia profesional, por medio
de la mejora del proyecto de ley sobre la práctica
profesional, mediante un reglamento o un código de ética
profesional.
• Participación del sector privado (especialmente los
sindicatos) de manera más activa en la aplicación de la
Ley de Educación Superior, en lo tocante al diseño y la
ejecución de los mecanismos de control de calidad.
• Mejora del control de los registros profesionales
gestionados por el Estado, en los que se inscriben los
títulos profesionales emitidos por instituciones educativas
acreditadas y los programas de titulación, a fin de
salvaguardar la calidad de la educación.