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eclusos y reclusas —medida obligada por la extremada congestión de los centros
penitenciarios, a través de sucesivos indultos — no era otro que la concesión del derecho de
redención de pena por trabajo. A la hora de concederlo, se imponía el primer filtrado: el
presunto derecho quedaba reservado a priori a las condenadas a penas leves, y limitado en
ocasiones a presas alfabetizadas que habían recibido adoctrinamiento religioso dentro de la
cárcel. Y ello teniendo en cuenta que dicho derecho podía ser suspendido —e incluso anulado
el tiempo redimido de condena —en caso de que se cometiera alguna infracción grave,
mediante sanción impuesta por la Dirección General de Prisiones.
El siguiente paso era la emisión de los informes favorables de las autoridades de la
cárcel: médico, maestro, capellán y madre superiora. Sólo entonces, y siempre que se
cumplieran las condiciones establecidas, eran elevadas las solicitudes a las comisiones
provinciales de libertad condicional del Patronato Central de Redención de Penas por el
Trabajo (PCRPT), verdadera columna vertebral del núcleo duro del universo penitenciario
franquista. Quedaba así de manifiesto que una cosa era que el Nuevo Estado se viera obligado
a descongestionar cárceles, y otra muy distinta que tuviera que liberar, por obligación o
negligencia, a los más peligrosos.
Pero, y he aquí un primer rasgo diferenciador, las presas que sí podían aspirar a
redimir veían mucho más limitadas sus posibilidades de trabajo que sus compañeros varones,
ya que el Nuevo Estado invertía poco y mal en instalaciones laborales en los centros
femeninos.
Al contrario que los presos, las presas nunca salieron a trabajar fuera de la cárcel. La
infraestructura laboral más frecuente, por ser la más coherente con el papel doméstico
asignado a las mujeres en el reparto socio-sexual franquista de roles, fue la de los talleres
textiles, aunque curiosamente resultó ser llamativamente escasa.
Por citar un ejemplo significativo, en la cárcel femenina de las Ventas en Madrid, la
más poblada de la historia de España, el taller textil se creó en una fecha tan tardía como
mediados de 1941, y el taller de manipulado de papel hubo de esperar cinco años más (12) . En
la prisión provincial de Les Corts, en Barcelona, ocurrió otro tanto de lo mismo: el taller
mecanizado de costura se remontaba a principios de la década de los cincuenta, si bien es
cierto que ya desde 1939 las características peculiares de este centro como antiguo conventoasilo
hacían posible la explotación de un número nunca muy elevado de reclusas —siempre
sociales, nunca políticas — en la extensa granja-huerto. Claro está que en este somero análisis
obviamos los “destinos” o “cargos” de la prisión: portería, oficinas, paquetería, cocinas,
“mandantas” o escuela, puestos que desempeñaban siempre las reclusas condenadas a las
penas de cárcel de menor duración (13) .
¿Se ha de entender por todo lo anterior que las presas se hallaban mucho menos
explotadas que sus compañeros varones en los centros franquistas? Si la historia no se
sirviera, una vez más, del hilo-guía de la memoria, o si cediéramos a la pretensión historicista
de no recurrir más que a las fuentes documentales escritas y a las oficiales, habría que
responder que sí. Pero, a la luz de los testimonios, la realidad es muy diferente, y nos señala,
de paso, una última variable singularizadora de la experiencia femenina en las cárceles
franquistas, no menos importante que todas las anteriores.
Los testimonios conservados, sobre todo los de las militantes de la memoria, hablan de
un uso intensivo del tiempo en prisión dedicado a una modalidad de trabajo consentida por las