Dossier

“(…) una autoridad moral en el conjunto de la población reclusa que garantizase la
existencia y mantenimiento de una economía identitaria (…) un sistema de administración
de bienes y recursos morales que les hacían sentirse seres humanos y daba sentido a la
permanente actitud vindicativa en su diferencia e irredentismo en un cautiverio
homogenerizador y redencionista” (8) .
Esa permanente actitud vindicativa y militante de las presas políticas llegaría a
adquirir en ocasiones tintes heroicos: desde plantes colectivos en protesta por el rancho o las
condiciones de la prisión —en ocasiones en colaboración con presas comunes — hasta fugas
organizadas o episodios de resistencia como los protagonizados por las presas del taller textil
de Ventas a mediados de los cuarenta, según refiere el testimonio de Antonia García, “La
Toñi”:
“Entonces era cuando estaban las guerrillas y nosotras nos organizamos en los talleres de
modo que sacábamos prendas de todas las piezas que hacíamos para el ejército. Sacábamos
para las guerrillas, casi todos los días, bastantes prendas. (...) La primera pieza que hacían
la cosían delante de la funcionaria y se calculaba el tiempo y el hilo que se necesitaba.
Después ya no intervenía la funcionaria en ese aspecto. Las cortadoras colocaban de otro
modo la pieza para que en cada una saliera prenda y media, así que de cada dos piezas
nosotras sacábamos otra pieza, dando el resultado de que si nosotras hacíamos doscientas
piezas para intendencia [militar], y cien eran para nosotras, y las teníamos que sacar” (9) .
Las situaciones personales de cada presa, sin embargo, eran diferentes, y el vía crucis
de las reclusas más arriba descrito se multiplicaba para las madres que tenían a sus hijos a su
lado. Desde una perspectiva depuradora que combatiera la “propensión degenerativa de los
muchachos criados en ambientes republicanos”, el Nuevo Estado creó toda una maraña legal
de carácter ideológico que amparó el secuestro violento de los hijos de las exiliadas, fusiladas
y encarceladas cuando no eran recogidos por familiares directos. Pasaron a ser tutelados, a
partir de la orden de 30 de marzo de 1940, por las Juntas Provinciales de Protección a la
Infancia, que los ingresaron en escuelas regentadas por religiosos, y en no pocos casos
terminaron siendo entregados en adopción -de forma irregular- a familias afectas al régimen
franquista.
El drama tuvo que ser especialmente doloroso para las reclusas que daban a luz en la
cárcel, sabiendo que al cabo de los tres años se verían separadas de sus hijos, y no
precisamente para que los recogieran sus familiares en el exterior. A las duras condiciones de
vida del presidio —-reclusión, hacinamiento, miseria y enfermedad —, más intensas, si cabe,
al verse sin leche o comida adecuada para sus criaturas, se añadía una amarga y forzada
despedida. Según refiere el testimonio de Josefina Amalia Villa,
“(…) la tragedia de los menores de tres años que acompañaban a sus madres aumentaba al
máximo la dureza de la prisión: pasar hambre es duro, ver a los hijos hambrientos es
definitivamente más duro. Aquellas mujeres agotadas, sin leche para criarlos, sin comida
que darles, sin agua, sobre míseros petates, sin ropa, sin nada, sufrían doble cárcel” (10) .