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ocho. Las 1ª y 6ª trabajaron, fundamentalmente, en el Canal del Bajo Guadalquivir; la 2ª en
las obras del canal de Montijo en Badajoz; las 3ª y 4ª en las localidades toledanas de Talavera
de la Reina y Añover de Tajo encargadas de los trabajos de los canales del Alberche y
Rosarito, en la margen derecha del río Tiétar; la 5ª en Toledo construyó el nuevo edificio para
Academia de Infantería; la 7ª efectuó diversos encargos del Instituto Nacional de
Colonización en Aragón y Cataluña y la 8ª en las obras del ferrocarril minero de Samper de
Calanda a Andorra en la provincia de Teruel. Además, el SCPM disponía unas oficinas que
acogían a los servicios administrativos centrales en Madrid y de un Parque o Almacén
General en la localidad madrileña de Alcalá de Henares (16) .
Los 29 penados que entraron a trabajar en enero de1940, eran más de 5000 a
mediados de 1943. Después, el número fue disminuyendo hasta llegar a ser en 1953 menos de
20 y, en noviembre de 1957 sólo cuatro (17) . Sin embargo, el SCPM no detuvo sus trabajos.
Los presos fueron sustituidos por trabajadores “libres”. Los “libertos” en argot, que, como
indica el término, en muchas ocasiones, eran los mismos que hasta entonces habían redimido
pena. Presos que tenían los más variados oficios. Todos ellos necesarios para el tipo de obras
que realizaba el Servicio. Así había ingenieros, arquitectos, peritos, topógrafos, médicos,
farmacéuticos, practicantes, contables, capataces, listeros, carpinteros, herreros, electricistas,
hormigoneros y, sobre todo, peones (18) .
Era un inmenso negocio que movía cientos de millones de pesetas y que, en 1957, era
en realidad
“(…) un organismo ejecutor de obras del Estado, sin concurrir a subasta ni concurso, y
que viene realizando aquellas que no interesan mayormente a los contratistas privados” (19) .
Hecho que no obviaba que, en numerosas ocasiones, parte de estas obras adjudicadas
de forma directa, “por administración” fueran subcontratadas a empresas privadas. Es lo que
ocurrió con la empresa “Construcciones Gil Grávalos” en la provincia de Sevilla. Aunque,
mientras que hubo un número suficiente de penados, éstos fueron preferidos porque, como se
escribió para el Canal del Bajo Guadalquivir, su rendimiento solía superar al de los obreros
contratados (20) .
Máximos rendimientos y beneficios. A las prerrogativas que el SCPM tenía por ley,
como las de que se le adjudicaran las obras que se creían convenientes o la autorización para
funcionar como cualquier otra empresa privada, hay que sumar el sistema de financiación.
Como se ha dicho, el personal penado era pagado por el ministerio de Justicia y el del
Ejército se hacía cargo de los haberes de los oficiales y soldados destacados en las
agrupaciones. El SCPM debía hacer frente al alojamiento y mantenimiento de los batallones
de las agrupaciones. Para ello, el precio de la contrata era aumentado en un 16%. La mitad
para hacer frente a estos gastos y la otra mitad para atender a los gastos originados por las
remuneraciones para las direcciones y mutualidad de Obras Públicas, investigación y gastos
generales. Lo que no obviaba que en caso de que hubiera que ajustar los precios acordados
con el coste real de las obras se redactara el oportuno “reformado de precios”.
Existe una fecha clave en la vida del SCPM: el año 1943. Hasta esa fecha los consejos
de guerra habían proporcionado la posibilidad a casi catorce mil condenados tanto de escapar
a las lamentables condiciones de vida en las cárceles, como de conseguir la reducción de las