Dossier

Los privilegios que se le daban al SCPM, como instrumento de la función tutelar de la
industria por el estado, podían despertar “una suspicacia excesiva o un interés egoísta”. Se
pensaba en la competencia que significaría para los empresarios privados. Porque de hecho,
el SCPM supuso un gran negocio para la Presidencia del Gobierno de la que dependió
directamente. Hasta 1958, fueron más de quinientos millones de pesetas el importe total de
las obras que realizaron las diversas agrupaciones (8) .
La ley de 8.9.1939 disponía que el servicio dependería de Presidencia del Gobierno,
aunque tendría una organización militar y estaría íntimamente conectado con el ministerio de
Justicia, a través del Patronato de Redención de Penas, que le facilitaba los trabajadores; con
el del Ejército que le proporcionaría no sólo el tipo de organización, sino también los mandos
y tropa necesarios para ejercer la custodia y vigilancia de las agrupaciones que dependerían
orgánicamente de los Jefes de la Regiones Militares en las que se encontraran. Finalmente, el
SCPM estaría coordinado con el ministerio de Obras Públicas que tenía la obligación de
informarle de las obras que pensaba sacar a concurso o subasta para que le comunicara las
que podía ejecutar y, por tanto, retirar de la licitación pública.
A cambio, el SCPM debería alimentar, vestir, proporcionar asistencia médica y alojar
a los penados. Además de abonar a los familiares el subsidio previsto por el Patronato de
Redención de Penas por el Trabajo (9) . El ministerio de Justicia, si bien proporcionaba los
trabajadores y se hacía cargo de sus salarios, también proveía a las agrupaciones del vestuario
y cuanto material pudieran fabricar los talleres penitenciarios existentes. Por su parte, el
ministerio del Ejército se encargaba de facilitar, a un precio a convenir, los medios de
transportes y otro tipo de material que no pudieran facilitar los talleres penitenciarios. La ley
disponía que se abriera un crédito de 500 mil pesetas para poner en funcionamiento el
servicio (10) . Se iniciaba así la historia de una institución que viviría dos décadas (11) , llegaría a
tener a más de cinco mil penados trabajando y ejecutaría obras por valor de unos dos mil
millones de pesetas de 1958 (12) .
Como bien ha señalado Isaías Lafuente, la creación del SCPM no puede separarse de
los planes de obras públicas previstos por el régimen franquista (13) . Sobre todo de las
hidráulicas. No fue casualidad que la gran mayoría de los trabajos que realizaron las
agrupaciones durante el primer año de funcionamiento fueran la construcción de grandes
canales de riego en Andalucía, Extremadura y Castilla. En realidad, como hemos visto, no era
nada nuevo. Ahora, se elevaba a la categoría de “plan nacional” para afrontar, con el menor
coste, unas obras consideradas de “interés general”. Una finalidad que permaneció inalterable
durante toda su existencia. Incluso en el momento de disolución. Entonces, desde las
máximas instancias gubernamentales franquistas, José Antonio Suanzes y el almirante Luis
Carrero Blanco, como subsecretario de la Presidencia y jefe del gobierno de hecho,
estudiaron la posibilidad de que el INI transformara al SCPM en una empresa constructora
filial que se haría cargo de la construcción de las obras previstas en la cuenca del río Cinca en
Aragón (14) .
El SCPM comenzó inmediatamente a andar. Lo hizo, como veremos detalladamente
más adelante, en la provincia de Sevilla. El 20 de enero de 1940, llegaron al campamento de
La Corchuela los primeros treinta presos que iban a trabajar en la construcción del canal que
trasformaría las sedientas comarcas de la campiña sevillana en un vergel (15) . Había nacido la
1ª Agrupación a la que, en los años sucesivos se le sumarían otras hasta completar un total de