ABREVIATURAS

No. Registro: 2003937
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Décima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2
Tesis: I.4o.A.58 A (10a.)
Pag. 1357
COMPETENCIA ECONÓMICA. DURANTE LA FASE DE INVESTIGACIÓN QUE
REALIZA LA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA, IGUAL QUE EN LA
AVERIGUACIÓN PREVIA A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO, NO RIGE EL
DEBIDO PROCESO LEGAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 14, 16, 19 Y 20
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
La finalidad que se persigue tanto con la integración de una averiguación previa por el
Ministerio Público, como con la fase de investigación que lleva a cabo la Comisión Federal
de Competencia Económica es, sustancialmente, prevenir y proteger el interés general, en el
primer caso, mediante la conservación del orden público y la seguridad de los gobernados a
través de la prevención y el castigo de los delitos y, en el segundo, proteger el proceso de
competencia y libre concurrencia en los mercados de bienes y servicios, con el fin de permitir
el libre acceso de consumidores y productores en condiciones de igualdad en beneficio de la
colectividad, sancionando severamente prácticas monopólicas. Correlativamente, una vez
acreditadas e imputadas las conductas configuradoras del ilícito, se abre una segunda etapa,
esta vez ante un órgano distinto, de carácter sancionador que, eventualmente, puede emitir
un acto de privación, el cual requiere como antecedente de legitimidad, seguir un
procedimiento en forma de juicio donde se respete el debido proceso legal con el fin de
asegurar un auténtico, real y funcional derecho de defensa para rebatir las imputaciones. Así,
el Estado, para conseguir los objetivos del procedimiento de investigación, lleva a cabo un
sinnúmero de actos que pueden implicar molestias o, excepcionalmente, intervenciones que
constituyen límites y restricciones al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a la
necesidad de ejercer las pesquisas con la mayor eficiencia, siempre que se consideren
inevitables y justificadas en razón de existir intereses sociales así como otros derechos, fines
o bienes constitucionales que también merecen tutela y eficacia; única razón susceptible de
generar la limitación de derechos, en cuanto condición para promover el bienestar general.
En este orden de ideas, la afectación que pudieran ocasionar los actos llevados a cabo durante
la investigación administrativa o la averiguación previa, será hasta que concluya la fase de
investigación y, a partir del momento en que se emita el oficio de probable responsabilidad
o se consignen los hechos ante la autoridad judicial, será posible verificar un acto de
privación, pues en esa fase es donde se determina la conducta o los hechos que configuran
presuntivamente un delito, una práctica monopólica o concentración prohibidas, así como la
identificación del probable responsable. Lo anterior lleva a concluir que durante la fase de
investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia Económica, igual que en la
averiguación previa a cargo del Ministerio Público, no rige el debido proceso legal en
términos de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, porque durante esos periodos no se efectúan actos tendentes a disminuir o privar
de manera definitiva de sus derechos a los agentes económicos involucrados o al indiciado.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
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