ABREVIATURAS

La presente iniciativa faculta a la Comisión para emitir opiniones no vinculantes respecto de
los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por las autoridades públicas, así como
respecto de los anteproyectos de disposiciones, acuerdos y demás actos administrativos de
carácter general que pretendan emitir dichas autoridades, cuando puedan tener efectos
contrarios al proceso de competencia.
Asimismo, podrá opinar sobre la incorporación de medidas protectoras en los procesos de
desincorporación de entidades o procedimientos de licitaciones, concesiones o permisos
cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos.
6. INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO
Como fue expuesto anteriormente, la reforma constitucional ha mandatado un sistema de
control al interior de la Comisión, consistente en la separación entre la autoridad
investigadora y la que resuelve.
En esta tesitura, la iniciativa que se somete a consideración conceptualiza a una autoridad
investigadora y acusadora en un procedimiento adversarial frente al agente económico
probable responsable, el cual es sustanciado en diversas etapas que aseguran el respeto a los
derechos de audiencia y de seguridad jurídica.
La autoridad investigadora adquiere el carácter de parte en el procedimiento y está facultada
para solicitar al Pleno en cualquier momento la emisión de medidas cautelares relacionadas
con la materia de la investigación que considere necesarias para evitar un daño de difícil
reparación o asegurar la eficacia del resultado de la investigación y resolución del
procedimiento. También se prevé que el denunciante será coadyuvante en el procedimiento.
7. REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
En cumplimiento de su finalidad, la Comisión puede imponer multas y otras medidas
punitivas a los agentes económicos que infrinjan las normas de competencia económica
incurriendo en una práctica monopólica o concentración ilícita.
Mientras que el objetivo de las sanciones pecuniarias por violaciones a la ley pretende ser
disuasorio, el de las reclamaciones por daños y perjuicios tiene por finalidad reparar el daño
causado por una práctica monopólica o concentración ilícita.
Sin embargo, la cuantificación de los daños y perjuicios provocados por dichos actos ha
demostrado ser un reto, tanto para los actores como para las autoridades judiciales encargadas
de conocer de la acción indemnizatoria.
Conforme a nuestro marco jurídico vigente, actualmente es posible iniciar una acción
indemnizatoria derivada de actos ilícitos, tales como las prácticas monopólicas y las
concentraciones ilícitas. Sin embargo, se corre el riesgo de que la acción prescriba mientras
se sustancia el procedimiento respectivo ante la autoridad de competencia económica,
además de que los tribunales del orden común generalmente no cuentan con especialización
en la materia.
Por ello, el artículo 38 de la Ley Federal de Competencia Económica vigente dispone al
respecto que: "Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica
monopólica o una concentración prohibida podrán interponer las acciones en defensa de sus
derechos o intereses de forma independiente a los procedimientos previstos en esta Ley. La
autoridad judicial podrá solicitar la opinión de la Comisión en asuntos de su competencia."
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