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GUÍA DE EQUIVALENCIAS PRL ENTRE PAÍSES
ITALIA - ESPAÑA
Además de estas principales sanciones y penas de prisión, existe una larga lista de
sanciones imponibles al empresario e incluidas en los artículos 55.4 y siguientes
del Decreto Legislativo nº 81 de 2008. La cuantía de estas multas puede alcanzar
los 10.000€ y una privación de libertad de hasta 8 meses.
El 4 de julio de 2001, entró en vigor el Decreto Legislativo nº 231/2001, por el que
se establece el «Reglamento sobre la responsabilidad administrativa de las personas
jurídicas, compañías y asociaciones con o sin personalidad jurídica». Esta
norma estipula una serie de delitos que conllevan responsabilidad administrativa,
ya no sólo para la figura del empresario, sino también para cargos de representación,
de administración e incluso para unidades de negocio con autonomía financiera
y de poder de decisión y gestión.
— Prohibición del trabajo con la administración pública.
— La exclusión de las subvenciones, financiación, contribuciones u otros soportes
y retirada de la que se haya concedido.
— Prohibición de bienes o servicios de publicidad.
Otra diferencia destacable respecto de nuestro país es que el trabajador tampoco
está exento de responsabilidad, pudiendo tener que hacer frente a sanciones de
200 a 600€ y un posible arresto de hasta un mes por incumplir con las responsabilidades
u obligaciones a él asignadas en el citado decreto legislativo. Se prevé
también una multa de 50 a 300€ en los casos en los que trabaje en régimen de
subcontratación y no ostente la tarjeta de identificación obligatoria.
Dentro de los delitos citados en la norma, uno de ellos lo constituye la materialización
de un accidente de trabajo grave o mortal como consecuencia del incumplimiento
de la normativa italiana en materia de prevención de accidentes y seguridad
y salud en el trabajo.
El artículo 9 del mencionado decreto dispone las sanciones a las que pueden hacer
frente los sujetos responsables por la comisión del incumplimiento, siendo éstas
las siguientes:
A Sanción económica de hasta 1.549.370,69€ (con posibilidad de embargo preventivo).
A Sanciones prohibitivas (de 3 meses a 2 años):
— Prohibición de ejercer actividades comerciales.
— Suspensión o retirada de autorizaciones, licencias o permisos relacionados
con el delito cometido.
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