Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
En el mismo gráfico se observa que la existencia de ministerios especializados en la política de desarrollo
social se ha difundido de manera significativa y hoy casi la totalidad de los países disponen de esta instancia 2 . No
obstante, cabe destacar que no todos cuentan con una ley que los ampare, sino que algunos se sustentan en un
decreto administrativo de la Presidencia.
Así, 18 países tienen un ministerio de desarrollo social o equivalente, a saber: Antigua y Barbuda (Ministerio
de Transformación Social y Desarrollo de Recursos Humanos del Gabinete Ministerial), Argentina (Ministerio de
Desarrollo Social), Bahamas (Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo de la Comunidad del Gabinete Ministerial),
Barbados (Ministerio de Cuidado Social, Empoderamiento Constituyente y Desarrollo Comunitario), Belice (Ministerio
de Desarrollo Humano, Transformación Social y Alivio de la Pobreza), Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ministerio de
Planificación del Desarrollo), Brasil (Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre), Chile (Ministerio de
Desarrollo Social), Costa Rica (Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social/Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS)), Dominica (Ministerio de Servicios Sociales, Familia y Asuntos de Género), Ecuador (Ministerio de Inclusión
Económica y Social), Guatemala (Ministerio de Desarrollo Social), Honduras (Secretaría de Desarrollo e Inclusión
Social), México (Secretaría de Desarrollo Social), Panamá (Ministerio de Desarrollo Social), Perú (Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social), Trinidad y Tabago (Ministerio del Pueblo y Desarrollo Social) y Uruguay (Ministerio
de Desarrollo Social).
Por su parte, en seis países existe una instancia que tiene el mandato formal de ocuparse del desarrollo social, en
general adscrita a la Presidencia, la Vicepresidencia o la oficina del primer ministro. Se trata de Colombia (Departamento
para la Prosperidad Social), El Salvador (Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República y Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia), Jamaica (Fondo de Inversión Social de Jamaica de la Oficina del Primer
Ministro), el Paraguay (Secretaría de Acción Social de la Presidencia de la República) la República Dominicana
(Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia) y Venezuela (República Bolivariana de)
(Segunda Vicepresidencia para el Área Social de la Presidencia de la República) 3 .
En Nicaragua no se identificó una entidad ministerial o dependiente de la Presidencia o de la oficina del primer
ministro exclusivamente dedicada al desarrollo social (véase el cuadro III.A1.1 del anexo).
La multidimensionalidad de los fenómenos asociados con la pobreza ha favorecido tanto la idea de una entidad
que coordine los esfuerzos dirigidos a su superación y a la protección social de poblaciones específicas, plasmada en
ministerios o secretarías específicas, como la conformación de instancias interinstitucionales, destinadas a construir
sinergias y a coordinar esfuerzos entre diversas áreas de gobierno. Así, ya desde la década de 1980, varios países
también han establecido diversas figuras coordinadoras del conjunto de las políticas sociales como, por ejemplo,
los gabinetes sociales. Estas instancias en su mayoría están dedicadas a la lucha contra la pobreza y el desarrollo
social o articulan su cometido en torno a segmentos específicos de población, en especial las mujeres o la juventud.
Con respecto a su composición, en 14 países los gabinetes y consejos de ese tipo incluyen instancias ministeriales
y de otra índole (entidades subministeriales y/o de la sociedad civil); en diez de estos países, estas entidades tienen
más de diez instituciones participantes. En general, estas instancias fueron creadas a partir de la década de 2000,
lo que revela que el objetivo de lograr una mayor intersectorialidad para abordar las temáticas de la política social
es más bien reciente.
En efecto, un gran reto de la institucionalidad social vigente consiste en garantizar una coordinación intersectorial
que se ha denominado “de alta intensidad” (Repetto y Potenza, 2015), no solo de los programas sociales que conforman
la protección social no contributiva, sino además en lo referente a su articulación territorial, operativa y financiera
con los componentes contributivos de la seguridad social, con la regulación del mercado laboral y con la garantía
universal de derechos y mayores niveles de bienestar para el conjunto de la población. A ello se suma el imperativo de
profundizar la articulación entre la institucionalidad de la política social y la de la política económica, para potenciar
un crecimiento económico inclusivo, que genere empleo productivo y trabajo decente como principio básico del
desarrollo. Para potenciar el logro de los impactos perseguidos con la política, es preciso que esta coordinación no
2
Hay cinco países que cuentan con un ministerio de este tipo pero que no se incluyen en el gráfico porque no se dispone de la fecha
de creación de esa entidad.
3
En el caso de Haití, debe mencionarse que el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, además de desempeñar tareas características
de los ministerios del trabajo en torno a la regulación del mercado laboral formal y la seguridad social contributiva, históricamente
fue sumando funciones formales de asistencia social, por ejemplo, la entrega de transferencias, así como la atención a segmentos
específicos de población, como las personas con discapacidad.
Capítulo III
98