Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
A. Marcos jurídico-normativos e institucionalidad social
Los principales instrumentos internacionales en que se establecen mandatos y objetivos para los gobiernos constituyen
un punto de referencia fundamental para analizar la institucionalidad del desarrollo social en la región. En primer
lugar, destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948. Le siguen otros instrumentos de alcance
mundial y regional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio
sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100), el Convenio sobre la Seguridad Social (Norma Mínima), 1952
(Núm. 102), el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (Núm. 111) y el Convenio sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (Núm. 169); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), de 1966; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador), suscritos en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 1969 y 1988, respectivamente.
Otros instrumentos internacionales también han servido de referente para propiciar avances en las legislaciones
nacionales, por ejemplo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), en materia de igualdad de género,
suscrita por 31 países de la región, o la Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001), relativos a la lucha
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el plano nacional,
regional e internacional, firmada por 28 países 1 .
Aunque dichos instrumentos parezcan algo remotos en el tiempo, han tenido un efecto central en la política
social de la región en el presente siglo. Sumados al impulso que en su momento les imprimieron la Declaración
de Copenhague sobre Desarrollo Social (1995) y la Declaración del Milenio de 2000, junto con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), estos instrumentos y compromisos han permitido dar una importancia creciente a la
lucha contra la pobreza y la disminución de desigualdades en salud, educación, trabajo, vivienda y por razones de
género y raza y etnia. Estos esfuerzos adquieren hoy un renovado impulso con la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que impone nuevos compromisos y desafíos a los países y a la institucionalidad de las políticas sociales
a nivel nacional y regional.
Un indicador del grado de profundidad formal con que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
están presentes en los países y, por tanto, de la institucionalización legal de sus compromisos, es el número de países
que han adherido a distintos convenios y pactos orientados a expandir el goce efectivo de estos derechos. Como
se muestra en el gráfico III.1, de los 33 países de la región, 27 han adherido (explícita o implícitamente) al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), pero solo en 14 de ellos dicho instrumento
ha sido firmado y ratificado por el poder legislativo. En tanto, al Protocolo de San Salvador, sobre derechos humanos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, solo han adherido 20 países.
Las convenciones internacionales específicas con mayor adhesión por parte de los países de América Latina y el
Caribe son la Convención sobre los Derechos del Niño (que cuenta con la ratificación de 33 países) y la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (que cuenta con la ratificación de
26 países y la adhesión de otros 7 países). Destaca también la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que cumplirá diez años en 2016 y cuenta con la ratificación de 22 países. Asimismo, 20 países han
ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros 12
han adherido a ella.
En lo referente al ámbito laboral, como se muestra en el cuadro III.1, el Convenio sobre la Discriminación
(Empleo y Ocupación), 1958 (Núm. 111) de la OIT ha sido ratificado por la gran mayoría de los países de la región.
Este Convenio es considerado el primer instrumento internacional relacionado con la discriminación y protege a
todos los trabajadores ante la discriminación basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional, origen social y otros criterios que puedan ser especificados por cada Estado. Además, los
países que lo ratifican asumen el compromiso de desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades
y de trato en esas áreas.
1
Aprobadas, respectivamente, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban
(Sudáfrica) en 2001. Véase [en línea]: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf y
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/aconf189_12.pdf.
Capítulo III
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