Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
la población en edad de trabajar. Esta etapa es muy favorable para el desarrollo, debido a que se incrementa la
viabilidad del ahorro (por ejemplo, con las contribuciones a la seguridad social) y pueden crecer la productividad
y la inversión y mejorarse los niveles de bienestar de la población (CEPAL/UNFPA/OIJ, 2012, pág. 28; Cecchini y
Uthoff, 2008), siempre y cuando existan políticas, mercados e instituciones que apoyen y fomenten dicho crecimiento.
La mayoría de los países latinoamericanos aún transitan por esa etapa. Sin embargo, el bono demográfico está
acotado temporalmente. El descenso de la fecundidad se acompaña del aumento de la longevidad, que provoca
un incremento del peso relativo de la población de edad avanzada. Así, la relación de dependencia entre niños y
adultos mayores frente a la población en edad de trabajar volverá a aumentar. En ese contexto, habrá una tendencia
al aumento de las demandas de atención de la salud, así como de seguridad económica y protección social, entre
otras, mientras que se reducen los ingresos contributivos y fiscales para la protección social al disminuir el número
de personas activas en el mercado laboral.
El cambio estructural implica modificar y diversificar la estructura productiva de las economías de la región, con
fuertes innovaciones tecnológicas y fomento de sectores de alta productividad. El desarrollo de capacidades de las
nuevas generaciones es uno de los pilares básicos para sustentar el camino hacia la igualdad y requiere aprovechar
mejor el bono demográfico, especialmente el potencial que representan los jóvenes. A tal efecto, hay dos grandes
ámbitos clave: la educación y el trabajo, que conforman los grandes eslabones del desarrollo y del avance hacia la
igualdad (CEPAL, 2015d).
Para asegurar la sostenibilidad del desarrollo en el largo plazo y para poder impulsar el cambio estructural
requerido, es necesario contar con una vasta población joven que tenga un mayor nivel educativo, aprendizajes
pertinentes, capacidades de innovación y manejo de la sociedad del conocimiento y esté mejor preparada para
el aprendizaje a lo largo de toda la vida (CEPAL/OIJ, 2004) . A fin de potenciar este eslabón, se deben mejorar las
oportunidades de inserción laboral en empleos de mayor calidad, productividad e innovación y que fortalezcan la
inclusión social (Rico y Trucco, 2014).
Como se verá en la sección G, gran parte de los países de la región está cerca de lograr la cobertura universal
del ciclo primario. Pero el aumento de la cobertura y la calidad de la educación secundaria es aún un gran desafío
(CEPAL, 2009). Además, los avances registrados en el ámbito educativo en las últimas décadas no se han plasmado
en una mejor incorporación al mercado de trabajo en la misma proporción y en un aprovechamiento suficiente de
las nuevas capacidades que han adquirido los jóvenes (CEPAL/OIJ, 2004).
Junto con el factor socioeconómico, variables como el género, la raza, la etnia y las condiciones de salud restringen
las posibilidades de acceso de los jóvenes a distintos espacios; las mujeres, los jóvenes indígenas o afrodescendientes
y las personas con discapacidades se cuentan entre los más afectados por distintas (y con frecuencia superpuestas)
formas de exclusión. Sumado a lo anterior, son claras las desventajas de los jóvenes en su conjunto en comparación
con las personas de 30 años y más, especialmente en lo que se refiere a las oportunidades de trabajo decente. Por
ejemplo, la relación entre las tasas de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años de edad y las de los adultos, que en
el año 2000 se situaba en 2,5 veces, aumentó gradualmente hasta situarse más recientemente en 2,8 (OIT, 2013a) 24 .
En América Latina, la tasa de participación laboral de los jóvenes aumenta conforme se avanza en la edad.
Alrededor de 2012, las personas de 15 a 19 años tenían una tasa de participación laboral del 39%, que en el tramo
de 20 a 24 años se elevaba al 69% y en el de 25 a 29 años al 80%. Por otra parte, la tasa de empleo era del 32,8%
en el segmento de 15 a 19 años, del 62,3% en el de 20 a 24 años y del 74% en el grupo de 25 a 29 años (véase el
gráfico I.13B). Por otro lado, la tasa de desempleo presenta una tendencia inversa a la de la tasa de participación,
ya que tiende a descender conforme se eleva la edad.
24
Aunque la definición oficial de las Naciones Unidas respecto del grupo etario considerado joven comprende a las personas de 15 a
24 años de edad, el análisis acá presentado incluye en ocasiones a las personas de 25 a 29 años de edad, porque el examen de los
tres tramos de edad (15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29 años) permite una mejor visión de las trayectorias educativas y laborales y porque esta
definición ampliada coincide de mejor manera con las delimitaciones establecidas en las legislaciones nacionales sobre juventud en
la región. Cabe señalar que, aunque todas las encuestas comienzan a medir la actividad laboral a los 15 años o incluso antes, en la
Argentina y el Brasil la edad mínima para el trabajo se define a los 16 años, lo que significa que el trabajo entre los 15 y 16 años es
considerado trabajo infantil que debe ser abolido, excepto en situaciones muy especiales, como aquellas protegidas por la Ley de
Aprendizaje en el caso del Brasil.
Capítulo I
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