Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Recuadro V.3 (conclusión)
urbano o rural, con adecuadas condiciones e infraestructura. Debe
superar cualquier obstáculo, sea este de naturaleza geográfica,
económica o cualquier otra;
7. La educación debe ser inclusiva y no discriminatoria,
reconociendo y valorando las diferencias y diversidades,
promoviendo la superación de las desigualdades y la construcción
de nuevas formas igualitarias de relación entre las personas. Los
centros educativos deben existir como espacios de encuentro,
de ejercicio de la democracia, de cumplimiento de los derechos
humanos y de una cultura que destierre la violencia, promoviendo
aprendizajes y vivencias que sean significativas para la vida de
cada individuo y comunidad;
8. La educación debe contar con currículos y planes
político-pedagógicos construidos colectivamente, con maestros
y maestras bien formadas/os y remuneradas/os y con sistemas
de evaluación holísticos y formativos, desarrollados a la luz
de parámetros nacionales y fundamentados en los derechos
humanos, y con la participación de los sujetos de la comunidad
educativa, respetando las particularidades al interior de cada país;
9. La educación pública debe ser financiada con recursos
públicos en cantidad suficiente que permitan la plena realización
del derecho;
10. La gestión de la educación debe ser democrática,
contando con la amplia participación de la sociedad civil y los
sujetos de la comunidad educativa, desde el nivel micro hasta
la definición de la política educativa y en su seguimiento así
como en el acompañamiento de la ejecución presupuestaria.”
En relación con el sexto punto, en la región hay experiencias
en países como el Brasil, que cuentan con políticas activas de
promoción de la igualdad, como acciones afirmativas a nivel de
la educación terciaria privada y pública, así como en la formación
profesional y la calificación para el trabajo.
A nivel mundial, en mayo de 2015 se llevó a cabo el Foro
Mundial sobre la Educación 2015, en Incheon (República de
Corea), en que se reunieron ministros de más de 130 gobiernos,
altos funcionarios gubernamentales, premios Nobel, directivos de
organizaciones internacionales y no gubernamentales, académicos,
representantes del sector privado y otras partes interesadas. En
la ocasión se aprobó la Declaración de Incheon, en que se insta
a los países a proporcionar a todo el mundo una educación de
calidad, inclusiva y equitativa y oportunidades de aprendizaje a
lo largo de toda la vida. El texto constituye una de las bases de
las nuevas metas en materia de educación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Además, se reafirma el papel clave de la
educación en la paz y el desarrollo sostenible a nivel mundial.
La Declaración de Incheon se aplicará mediante el Marco de
Acción de la Educación 2030, una hoja de ruta que los gobiernos
adoptarán a fines de 2015 y que servirá de guía para poner en
marcha marcos legales y políticos efectivos para la educación,
con principios de gobernanza basados en la rendición de cuentas,
la transparencia y la participación. Para su aplicación efectiva
se requerirá un alto grado de coordinación regional, así como
un seguimiento y evaluación rigurosos de la agenda educativa.
También se necesitará un mayor financiamiento, especialmente
en el caso de los países que están más lejos de poder ofrecer
una educación inclusiva y de calidad. Mediante la Declaración
de Incheon y su Marco de Acción, se instará a los países a
establecer a nivel nacional objetivos de inversión adecuados y
a aumentar la asistencia oficial para el desarrollo destinada a
los países de bajos ingresos.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de UNESCO/UNICEF, “Más allá de 2015: la educación que queremos”
[en línea] http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/BEYOND2015-TheEdWeWant_Final_Brochure-SPA.pdf; Campaña
Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), “Posicionamientos públicos” [en línea] http://www.campanaderechoeducacion.org/v2/es/
publicaciones/clade/posicionamientos-publicos.html; Declaración de Incheon, mayo de 2015 [en línea] https://es.unesco.org/world-education-forum-2015/
about-forum/declaracion-de-incheon.
A pesar de los significativos avances económicos y sociales recientes, en América Latina y el Caribe las desigualdades
de género siguen siendo un eje estructurante de la matriz de la desigualdad social. Las desigualdades de género
acentúan otras desigualdades, como las económicas, étnicas y raciales o territoriales, poniendo de manifiesto que la
igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas (Objetivo 5) es inaplazable para alcanzar la igualdad
en la región.
Reconocer la centralidad de la igualdad de género en los debates sobre el desarrollo implica considerar tanto
la dimensión productiva como la reproductiva. La discusión sobre la dimensión reproductiva recupera aspectos
fundamentales para el desarrollo, como la necesidad de reconfiguración de la división sexual del trabajo en un
modelo que concilie la vida productiva y reproductiva y la distribución del cuidado entre el Estado, las familias (y,
dentro de ellas, entre hombres y mujeres) y el mercado, la crianza de los hijos y la formación de patrones de vida
(consumo, producción, reproducción y cuidado). Asuntos como la violencia y la discriminación contra las mujeres
evidencian que hoy miles de mujeres en la región no pueden tomar decisiones oportunas, libres ni seguras sobre su
reproducción, lo que les impide salir del círculo de pobreza, marginación y desigualdad. El Objetivo 5 es, por lo tanto,
fundamental para la región, en razón de la existencia de marcos vinculantes de los derechos humanos, en particular
de los derechos humanos de las mujeres. Dentro de estos marcos, se destacan la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979), la Convención de Belém do Pará
y el Protocolo de San Salvador (OEA, 1988), entre otros, cuya garantía y cumplimiento pueden impulsarse mediante
una implementación eficaz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Objetivo 8, en que se llama a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos, es crucial para la región, que transita actualmente por una senda
Capítulo V
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