Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
confieren a la pobreza un carácter volátil, en el sentido de que un alto porcentaje de personas y hogares no pobres
presentan elevados riesgos de caer en situación de pobreza a lo largo del ciclo de vida, como resultado de choques
asociados a la situación económica, el empleo y las actividades productivas de las personas, la ocurrencia de eventos
catastróficos, cambios en la composición de los hogares o problemas de salud que originan gastos ruinosos o pueden
limitar temporal o permanentemente la capacidad de generar ingresos. Dado el carácter multidimensional de la
pobreza en la región, para superarla se requieren, además de un nivel adecuado de ingreso, avances simultáneos
en el acceso a salud, educación, viviendas dignas y servicios básicos y sociales, en particular en los países donde
existen mayores rezagos.
El Objetivo 2, que se refiere al hambre, la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, es
fundamental para América Latina y el Caribe, pues tiene implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. Entre
estas implicaciones, pueden destacarse en particular las siguientes: i) la seguridad alimentaria está consagrada como
un derecho humano fundamental; ii) su logro posibilita el desarrollo psicológico, físico e intelectual de las personas,
con lo que abre espacios de inclusión y cohesión positivos para el desarrollo humano y social; iii) conlleva ahorros
y beneficios económicos directos, a través de la disminución de los costos en salud y ganancias en productividad, y
iv) la conculcación de un derecho fundamental, como el derecho a la alimentación, limita la capacidad de ejercicio
de los derechos políticos y el desarrollo de una democracia participativa.
Más aún, pese a que América Latina y el Caribe es superavitaria en la producción de alimentos y cumplió la
meta de los ODM relativa a la reducción del hambre, el Objetivo 2 sigue siendo relevante para la región, en virtud
de la prevalencia de problemas de subalimentación en varios países y del incremento de problemas de obesidad
por mala alimentación en otros. Por eso, se considera que, en una perspectiva regional, el abordaje debe hacerse
desde el derecho a la alimentación y la nutrición, más que desde la seguridad alimentaria o el hambre. Los énfasis
en cada país dependerán del peso relativo de los diferentes problemas (producción de alimentos y acceso a ellos;
hambre y subalimentación; malnutrición por carencias de alimentos o por consumo excesivo de alimentos que
no proporcionan la nutrición adecuada). Las asimetrías en la producción de alimentos también abren un espacio
importante para acciones orientadas a promover el incremento del comercio intrarregional de alimentos. Asimismo,
el Objetivo 2 es consistente con lo planteado en el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
Hambre de la CELAC 2025, aprobado en la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en Costa Rica, en enero de 2015 (CELAC, 2015).
El Objetivo 3 es muy pertinente para América Latina y el Caribe porque, si bien en los últimos años se han registrado
logros significativos en salud en términos de resultados y de cobertura, estos han sido insuficientes y desiguales,
por lo que será importante disponer en la región de indicadores adecuados, medibles y alcanzables, que permitan
realizar progresos notorios en la salud y el bienestar de las personas, de cara a los próximos 15 años. La adopción de
las metas de este objetivo dentro de los planes y programas de los países de la región representaría un gran avance
en aspectos que son esenciales para erradicar las muertes maternas evitables, para acabar con las muertes evitables
de recién nacidos y de menores de 5 años, poner fin a epidemias y varias enfermedades transmisibles y reducir la
mortalidad por enfermedades no transmisibles. Con respecto a la mortalidad materna, la meta 3.1, de reducir la tasa
mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos, fija un nivel poco desafiante para
muchos países de la región, de modo que probablemente se requerirá de compromisos más exigentes y adaptados
a las necesidades de América Latina y el Caribe.
Asimismo, los avances entre los países de la región y dentro de ellos en materia de salud y bienestar han sido
heterogéneos, y en este ámbito se requiere de un análisis más profundo que el realizado hasta ahora. Por ejemplo,
con respecto a la meta 3.7, referente a garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, se
observa que ha habido un descenso de la fecundidad en la región. Sin embargo, aún se reporta una alta fecundidad
no deseada y una alta fecundidad en adolescentes, particularmente entre quienes pertenecen a hogares situados en
los quintiles más bajos de la distribución del ingreso, lo que evidencia limitaciones en el ejercicio de los derechos
reproductivos y contribuye a la reproducción de la pobreza y la desigualdad en la región. Dentro de los países, las
brechas en materia de fecundidad y las relativas a la mortalidad infantil son particularmente amplias en el caso de la
población indígena. Aunque en este último caso se han registrado avances en la última década, “las desigualdades
en la mortalidad infantil y en la niñez reflejan las inequidades estructurales que sufren los pueblos indígenas en la
región, y por tanto no se eliminarán si la salud de la niñez indígena no se aborda de forma sinérgica con el resto de
políticas sectoriales” (CEPAL, 2014c, pág. 87).
Capítulo V
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