Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Como ya se mencionó, la CEPAL ha sostenido que el empleo es la llave maestra de la igualdad (CEPAL, 2010a,
2012, 2014b). Por ello, es un acierto la relevancia que se otorga en los ODS al mundo del trabajo y, en particular, que
el Objetivo 8 esté acompañado de metas consistentes con su propósito central, como la meta 8.5, en que se propone
para 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
En este contexto, la inversión —pública y privada— desempeña un papel central, tanto por su contribución
inmediata a la demanda interna, como por su efecto en el crecimiento futuro, a través del aumento de la capacidad
productiva y del crecimiento de la productividad asociado. De hecho, la inversión representa uno de los principales
canales de la transformación productiva, por la incorporación del progreso tecnológico y el conocimiento científico
que posibilita.
En la actual fase de desaceleración del ciclo económico, fortalecer el componente de inversión pública como
eje central de la arquitectura financiera contracíclica es el principal puente entre los desafíos del ciclo económico y
el crecimiento y desarrollo de mediano y largo plazo. América Latina y el Caribe presenta una inserción deficiente
en el comercio internacional, marcada por una fuerte dependencia de las exportaciones de materias primas y de
manufacturas de ensamblaje con escaso valor agregado local. Ello se refleja, a su vez, en la alta concentración de
sus exportaciones, tanto por productos como por empresas. Avanzar en el proceso de diversificación exportadora es
un desafío fundamental para promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable.
Además, como se ha planteado en el capítulo I, un mejor acceso de las personas y las empresas a los servicios
financieros formales, a la formación y a la protección laboral (incluido el aprendizaje continuo), con un enfoque
especial en los jóvenes, es indispensable para alcanzar un crecimiento inclusivo y empleo digno y productivo para
todos. En la región, la gran mayoría de los jóvenes que no están insertos en el sistema educativo y no tienen trabajo
remunerado son mujeres que cumplen responsabilidades domésticas y de cuidado, y carecen de alternativas para
conciliar estas tareas con la inserción en el trabajo o el estudio, lo que plantea un desafío que se requiere incorporar
a las estrategias de las políticas laborales y educativas (CEPAL, 2014a). En suma, se trata de una asignatura pendiente
de la región que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible permite poner en el centro.
8. La igualdad como factor de un desarrollo sostenible
La igualdad como aspiración explícita de la nueva agenda para el desarrollo constituye una de las innovaciones
más llamativas hacia 2030. Al respecto, las metas específicas del Objetivo 10 (referente a “reducir la desigualdad
en los países y entre ellos”) giran en torno a cinco grandes ámbitos, que cumplen un rol importante para el logro
de un desarrollo con mayor igualdad y sostenibilidad. Estos son: i) los mercados laborales y la protección social;
ii) la inclusión, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de resultados, sobre la base de los derechos
económicos y sociales; iii) la política fiscal; iv) la gobernanza económica y financiera mundial, y v) los flujos de
financiamiento externo, en particular la asistencia oficial para el desarrollo y la inversión extranjera directa, junto
con la facilitación de las remesas de migrantes.
Constituye un muy importante avance conceptual la meta 10.3, en que se plantea “garantizar la igualdad de
oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias
y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto”, ya que permite superar el paradigma
dominante de la igualdad de oportunidades, un principio necesario pero insuficiente para una reducción significativa
de las desigualdades. El principio de la igualdad de resultados, en efecto, abre el espacio para introducir enfoques
orientados al cierre de brechas sustantivas y llama a incorporar la complejidad de los procesos de movilidad social,
en una región donde la estructura inicial o heredada de resultados determina esencialmente la estructura de las
oportunidades presentes y futuras, y no a la inversa.
A diferencia de los ODM, el Objetivo 10 aborda varias dimensiones de la desigualdad, un tema central para la
región (véase el capítulo I). América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, ha registrado un cierto
progreso —si bien de una forma muy heterogénea entre los países— en la disminución de las desigualdades más
básicas, cubiertas de manera implícita en los ODM (en aspectos como la reducción de la pobreza extrema y el
acceso universal a la educación primaria). No obstante, en términos de inclusión económica, social y política queda
mucho por hacer y la igualdad basada en derechos todavía está lejos de hacerse realidad.
Capítulo V
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